Alrededor de medio centenar de familias palestinas de la zona de Sussia, que recibieron la demanda de evacuación hace más de un año, han apelado a la Justicia israelí a través de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos.

Según el diario, los habitantes piden la anulación de 64 órdenes de demolición contra sus viviendas y alegan que el mismo Estado israelí reconoció parte de las tierras como propiedad privada palestina.

“Durante años el Ejército ha prohibido a los pobladores el acceso a agua, electricidad y desagües y ahora sostiene que la evacuación es por su propio bien”, se quejo al diario el abogado Kamar Mishraki-Asad, que defiende el caso ante el Tribunal Supremo.

El Estado israelí argumentó ante los jueces que estudian la causa que la tierra en la que viven está considerada zona arqueológica -lo que anula cualquier derecho de permanecer en ellas- y no reconoce que Sussia sea un aldea antigua palestina, sino más bien un conjunto de viviendas temporales.

Por ello, propuso trasladarlos a una zona cerca de la vecina localidad palestina de Yatta para la que ya ha destinado las tierras.

El diario Haaretz destaca que detrás de la petición de evacuación hay una organización arqueológica regentada por los colonos y financiada por grupos de derechas, cuyo único interés es extender el parque arqueológico que ya hay en la zona para apropiarse de las tierras palestinas.