Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Al cumplir 12 días en la capital del país, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se manifiestan en contra de la  Reforma Educativa y sus leyes secundarias, realizaron manifestaciones en San Lázaro, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hasta a Los Pinos para pedir la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto en la solución de sus demandas.

Hasta ahora no han conseguido se les otorgue su petición principal, pero lograron posponer la votación de la Ley de Servicio Profesional Docente en el Congreso. También provocaron que el Presidente cambiara de día el mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno y ayer, de plano, dejara de hablar sobre la Reforma Educativa. Además, le han creado un problema político al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien ha recibido toda clase de críticas por no retirar su plantón del Zócalo ni contener sus marchas.

Ayer, la Presidencia de la República informó en un comunicado de un párrafo que el mensaje de Peña Nieto cambió de lugar y día, por tercera ocasión. Primero, se dijo, lo haría en el Auditorio Nacional, luego la ceremonia se pasó al Campo Marte y ahora se confirma que será en la residencia oficial de Los Pinos.

Eduardo Sánchez, vocero de Seguridad del gobierno federal, afirmó en entrevista para Radio Fórmula que el informe “será en la Residencia Oficial de Los Pinos, que además es el recinto oficial del Poder Ejecutivo Federal, con el propósito de que no se siga alterando la vida de la Ciudad de México, que en estos últimos días ha estado fuertemente afectada por estas marchas (de la CNTE)”.

El miércoles, Peña Nieto señaló a medios de comunicación que analizaba replantear el formato, la fecha y la hora de su mensaje, programado en un inicio para el 1 de septiembre en el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México.

El Informe del Ejecutivo será entregado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al Congreso de la Unión el domingo 1 de septiembre y el lunes 2 a las 10:00 am, Peña Nieto dirigirá a los mexicanos desde la residencia oficial de Los Pinos.

Por ley, el Presidente debe enviar al Congreso su Informe de Gobierno el 1 de septiembre, fecha en que los legisladores abren el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la actual legislatura.

por ese motivo, desde el pasado miércoles se reforzó la seguridad alrededor del recinto de San Lázaro, donde el domingo están citados a las 17:00 diputados y senadores y al que acudirá, en representación de EPN, el Secretario de Gobernación.

Ante las amenazas de los maestros, el mandatario también fijó su postura el miércoles cuando afirmó que no dará marcha atrás en su propuesta de Reforma Educativa.

“Ahora está en tránsito el materializar las leyes secundarias que consagran lo que está en la Constitución y déjenme decirles, en este esfuerzo no vamos a cejar, no vamos a claudicar, vamos firmes y decididos a que se materialicen las reformas educativas que aseguran mayor calidad en la educación”, advirtió el Jefe del Ejecutivo federal.

Sin embargo ayer, en una ceremonia en Los Pinos donde tomó protesta a los miembros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), por primera vez desde que los profesores de la CNTE se apostaron en el Zócalo capitalino, el Presidente no realizó defensa alguna de la Reforma Educativa y ni siquiera mencionó el tema.

LOS DIPUTADOS TAMBIÉN CEDIERON

Los maestros, encabezados por Rubén Núñez, de la Sección 22 de Oaxaca; Francisco Villalobos, de la Sección 9 y Juan José Ortega de Michoacán, ya lograron con sus manifestaciones, tomas de edificios y cierres de calles, doblar a los legisladores quienes tuvieron que cambiar de sedes para declarar la instalación del periodo extraordinario y sesionar; los legisladores terminaron en el Centro Banamex.

También lograron cambiarles la agenda toda vez que las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) admitieron retirar del periodo extraordinario el dictamen de la Ley del Servicio Profesional Docente, una de las principales inconformidades de la CNTE.

Otro de sus logros fue el nombramiento de una comisión legislativa para que dialogue con el magisterio.

Desde su presentación, los maestros mantienen diferencias con el gobierno federal por los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución, planteados en la Reforma Educativa. El principal punto que ha provocado las movilizaciones de esta semana en el Distrito Federal y la suspensión de clases para más de 2 millones de alumnos de Oaxaca, Michoacán y Chiapas es el establecimiento de un sistema de evaluación.

El martes 13 de agosto, el gobierno federal envió al Congreso la propuesta en la que plantea cambios en las leyes del Servicio Profesional Docente, General de Educación y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Las marchas, los bloqueos y el paro indefinido en varios estados que iniciaron el pasado 19 de agosto,  tenían como objetivo frenar la iniciativa que, entre otras cosas, estandariza la evaluación docente y mantiene cuestiones que los maestros han denunciado como una forma de precarización de su labor como los contratos a prueba con evaluaciones anuales, supervisiones permanentes a los maestros recién contratados, rescisión de contratos y sanciones discrecionales por parte por parte de las autoridades.

La iniciativa del Ejecutivo propone que los docentes sean evaluados en tres ocasiones y en caso de que su capacidad no quede comprobada, cancelar su nombramiento.

A la demanda original de los maestros se ha sumado una adicional: que el titular de la Secretaria de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, así como el Presidente Enrique Peña Nieto participen en las mesas de negociación para evaluar el tema.

MANCERA, EL TERCER AFECTADO

Aunque la Reforma Educativa es un tema de orden federal, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, es otro de los afectados por los plantones y marchas de los maestros.

Desde la semana pasada, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), como el Senador Javier Lozano Alarcón, empezaron a cuestionar la autoridad de Mancera a quién exigieron el retiro de los maestros tanto de las sedes de San Lázaro como de Reforma.

El mismo presidente del PAN, Gustavo Madero Muñoz, crítico también el actuar del mandatario capitalino.

Sin embargo, en rueda de prensa, realizada el 24 de agosto, tras el retiro de 13 mil maestros que formaban parte del contingente de la CNTE, Mancera afirmó que su gobierno había actuado de manera responsable, para evitar que pudiera generarse un enfrentamiento con los maestros que pudiera ocasionar “el derramamiento de sangre”.

Argumentó que al inicio de las manifestaciones eran 20 mil los maestros afectados y gracias a las negociaciones con el Gobierno del Distrito Federal, ahora sólo permanecen 7 mil.

Insistió en que un conflicto no solamente puede resolverse a través de la fuerza. “Si hubiéramos actuado de manera irresponsable, hoy no estaríamos hablando de la salida de los profesores, sino de otra situación”.

No obstante, Mancera no se pudo alejar de la polémica. Ayer Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que el Gobierno del Distrito Federal ha incurrido en omisiones ante las protestas que ha realizado la CNTE en la Ciudad de México.

En entrevista aseguró que su dependencia está investigando cuatro denuncias en contra de las autoridades capitalinas sobre las manifestaciones. Una de ellas es por parte del Hotel Emporio, otra de los diputados y senadores y dos más de particulares.

“Una cosa es manifestarse públicamente y otra que se cometan delitos, la autoridad debe de actuar y aplicar la ley como la mejor medida para que estos hechos no se sigan repitiendo”, dijo.