El Presidente concretó este lunes dos de sus promesas de campaña: iniciar la venta del avión presidencial y crear la Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa. De una muestra de 33 proyectos prioritarios hecha por SinEmbargo, 13 tienen “avances”, seis más están “en proceso” de resolución y 14 están “pendientes”.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- “No les voy a fallar”, repitió (una y otra vez) Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en tiempos de campaña política y posterior a ello. Las altas expectativas generadas por el morenista lo convierten, para los más pesimistas, en un “administrador de decepciones”; o en un “administrador de esperanza”, para los más optimistas.
El sábado el tabasqueño tomó posesión de la Presidencia, después de dos intentos fallidos, y repitió su compromiso con la sociedad mexicana, particularmente con los más desprotegidos.
Su capacidad de operación política –a reserva de los resultados– ya generó procesos de articulación para el cumplimiento de promesas, posible (en parte) por el apoyo de su base social (30.1 millones de electores con una penetración en el 91.3 por ciento de los 300 distritos electorales a nivel nacional) y su mayoría en el Congreso de la Unión (62.8 y 54.7 por ciento de las curules en las cámaras Baja y Alta, respectivamente, incluidos sus aliados políticos).
Prueba de ello es que, de una muestra de 33 propuestas básicas de AMLO, según el Proyecto de Nación 2018-2024, 13 tienen “avances”, seis más están “en proceso” de resolución y 14 están “pendientes”, de acuerdo con una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Este lunes, el tabasqueño concretó otras dos de sus propuestas: iniciar la venta del avión presidencial y crear la Comisión de la Verdad para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tras más de cuatro años sin saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, el caso Ayotzinapa tomó hoy un nuevo impulso con el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a indagar en las líneas de investigación hasta ahora no exploradas.
El Mandatario firmó en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, el decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, el primero desde que el pasado sábado arrancara su Administración.
Además de la venta del avión y la Comisión de Ayotzinapa, antes de asumir la Presidencia, algunas propuestas del morenista fueron impulsadas por los legisladores, “avaladas” por consultas ciudadanas –a reserva de su validez y rigor– y/o están en proceso de negociación política.
Lo anterior es importante si consideramos que el 62 por ciento de la población cree que con López Obrador mejorarán las circunstancias que deja la administración del otrora Presidente Enrique Peña Nieto; o que el 63.3 por ciento piensa que AMLO tiene la capacidad de resolver los principales problemas nacionales (corrupción, inseguridad, economía y desempleo), según los resultados de una encuesta (2018) del Gabinete de Comunicación Estratégica.
El ejercicio demoscópico arrojó también que, en promedio, el 87.12 por ciento de los encuestados está de acuerdo con programas prioritarios como garantizar la atención médica universal, reforestar un millón de hectáreas, pensionar a un millón de personas con alguna discapacidad, duplicar las pensiones de adultos mayores, otorgar becas a 2.6 millones de jóvenes, acceso a Internet en todo el país, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la construcción del Tren Maya y reactivar el Istmo de Tehuantepec.
LOS AVANCES
Entre los 13 proyectos que presentan algún avance, están las enmiendas para la creación de comisiones de la verdad; el Plan de Austeridad Republicana; modificaciones a diversas leyes que implican, entre otros, la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de las secretarías de Bienestar y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la eliminación de pensiones y del fuero presidenciales, además de la revocación de mandato y las compras consolidadas del Gobierno federal.
A principios de septiembre, a dos meses de las elecciones presidenciales, el Senado de la República aprobó, por unanimidad, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las medidas de austeridad presupuestal para limitar los recursos –humanos, materiales, económicos y de trabajo legislativo y parlamentario– de la Cámara Alta.
Dicha medida prevé un ahorro de 30 por ciento para este (600 millones de pesos) y el siguiente año (1 mil 500 millones de pesos).
Una semana y media después, el 14 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó (con 433 votos a favor) el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) y adiciones al Código Penal Federal, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
La medida pretende ajustar y aplicar lo establecido en los artículos 75 y 127 constitucionales, para que ningún servidor público tenga ingresos superiores a los del Presidente, que según lo anunciado por AMLO, serán 40 por ciento menor (108 mil pesos brutos) al salario mensual percibido por Enrique Peña Nieto.
Lo anterior implica que habrá 35 mil funcionarios que tendrán que reducir sus ingresos por cargo público, en igual proporción (y hasta en un 50 por ciento).
Pese a los avances en materia de austeridad, empero, la Cámara de Diputados no prevé una reducción presupuestaria acorde al Plan de Austeridad, según lo anunciado el 10 de septiembre pasado, por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja.
No obstante, el día 5 de noviembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la LFRSP, misma que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con que los ex presidentes de la República Mexicana dejarán de recibir pensiones.
A este avance en materia de austeridad presupuestaria, se suman las modificaciones aprobadas por el Senado entre el 10 y el 27 de noviembre de 2018, que impulsan la consecución de los primeros peldaños para materializar algunas propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El día 23, el Senado aprobó las modificaciones al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para facultar al Ejecutivo federal a constituir comisiones consultivas (con determinaciones no vinculantes) y presidenciales que permitan “el mejor despacho de los asuntos a su cargo”. Es decir, se avalan las disposiciones para la creación de las denominadas “comisiones de la verdad”.
Según el decreto, las comisiones consultivas serán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, designados por el Presidente de la República. Y las comisiones presidenciales de investigación, seguimiento y fiscalización de casos estarán, además, compuestas por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno.
El día 27, el Congreso de la Unión dio luz verde a varias de las propuestas de López Obrador. Ese día, fueron aprobadas las modificaciones a los artículos 8, 14, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como sus artículos transitorios 5,6,17 y 19.
Con dichas enmiendas –que según los legisladores no solucionan los problemas de fondo que buscaban abatir– la Cámara de Diputados avaló la creación de las secretarías de Bienestar (en sustitución de la de Desarrollo Social) y de Seguridad y Protección Ciudadana (que se encargará de la seguridad pública, interior y nacional que hoy en día corresponden a la Secretaría de Gobernación), así como la creación de la figura de los “superdelegados” (que sustituirán a muchos de los 2 mil 300 actuales con 266 regionales y 32 estatales).
También, aumentaron las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evitar el deterioro ambiental; dieron potestades a la Oficina de la Presidencia de la República para conducir –junto con la Secretaría de Gobernación– la planeación, ejecución y evaluación de la política de comunicación social; y cambiaron la figura de Procurador General de la República por la de Fiscal General de la República.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estará a cargo de la compra de bienes y contratación de los servicios a nivel nacional, podrá implementar, con las modificaciones legales, las compras consolidadas del Gobierno federal.
El 27 de noviembre los diputados federales aprobaron (en lo general y en lo particular) el proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales para modificar la figura de la consulta popular (que requerirá, entre otros aspectos, del uno por ciento de la lista nominal para efectuarse) e introducir la figura de la revocación de mandato (una por sexenio).
La propuesta para eliminar el fuero de funcionarios públicos, sin embargo, sólo fue aprobada en lo general. Ahora, según las modificaciones al Artículo 108 constitucional, el Presidente de la República podrá ser acusado de delitos en términos del artículo 111 de la Carta Magna, que junto con los artículos 38 y 112, no fue modificado por falta de acuerdo mayoritario (lo que por tanto, detiene la efectividad de la revocación del fuero presidencial).
En las primeras tres semanas de noviembre, los diputados también aprobaron los últimos cambios del Senado para expedir la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se envió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Instituto iniciará funciones al día siguiente de la publicación en el DOF, y tendrá autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa para poder atender las exigencias que los pueblos originarios expresen al Gobierno federal, a través de sus representantes locales.
Por su parte, el Senado de la República aprobó, en los primeros 20 días de noviembre, modificaciones a los artículos 19 y 22 de la LOAPF para la extinción de dominio (que permitirá al Gobierno, en cuanto los diputados lo avalen, recuperar bienes materiales ligados a la delincuencia organizada) y para la administración de peajes en la red federal de vialidades (que especifica que, cuando una concesión concluya el pago de la inversión inicial, pasará a manos del Gobierno).
De igual manera, el 15 de noviembre, el Senado aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, institución que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR).
Con ello, se establecen los parámetros de designación del nuevo Fiscal, según el Artículo 102 constitucional (ya sea por el Senado o el Presidente, dependiendo el caso) y la creación de cuatro fiscalías (de derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y de asuntos internos).
PROMESAS “EN PROCESO”
Existen seis promesas “en proceso”, que aunque no tienen avances concretos, han sido objeto de consultas, acuerdos políticos, designaciones según iniciativas y promesas a punto de ser cumplidas.
En esta categoría se encuentran la creación de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, la cancelación del nuevo aeropuerto capitalino y la construcción de dos pistas aéreas en la base militar de Santa Lucía, así como la reducción de impuestos en la franja fronteriza, la consulta del Tren Maya, la construcción y modernización de refinerías y la apertura de la residencia oficial de Los Pinos al público mexicano.
El 12 de septiembre de este año, AMLO se reunió con los gobernadores de Baja California (Francisco Vega), Chihuahua (Javier Corral), Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón), Sonora (Claudia Pavlovich) y Tamaulipas (Francisco Javier Cabeza de Vaca) con la finalidad de acordar la eventual reducción del Impuesto al Valor Agregado (al 8 por ciento) y del Impuesto Sobre la Renta (al 20 por ciento), así como aumentar al doble el salario mínimo en la región norte de México. La idea es impulsar la inversión económica en 44 municipios distribuidos en seis entidades federativas.
El 28 de octubre, por otro lado, el equipo de trabajo de AMLO llevó al cabo una consulta popular en la que el 70 por ciento de los votantes se mostró a favor de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco.
Un mes después, fue realizada la consulta para 10 proyectos, entre ellos la construcción del Tren Maya (90 por ciento a favor), la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco (92 por ciento a favor) y del Tren del Istmo de Tehuantepec (90.3 por ciento a favor).
Con la consulta –de modo alguno– se dio el primer paso para determinar el futuro de grandes proyectos de infraestructura que tendrán impacto en el desarrollo nacional.
Asimismo, la última consulta ciudadana incluyó el apoyo a programas sociales como la atención médica y entrega de medicinas a personas de bajos ingresos (95.1 por ciento a favor), la plantación de un millón de árboles (95), duplicar las pensiones de adultos mayores de 68 años de edad (93.3), becar a un millón de personas con alguna discapacidad (93), ampliar la cobertura de Internet gratuito a nivel nacional (92), otorgar becas a 2.6 millones de jóvenes (91.1) y a estudiantes de bachillerato (90.1 por ciento a favor).
En cuanto a Los Pinos se refiere, a partir del sábado 1 de diciembre se abrió al público en general.
En el caso de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, sólo ha sido establecido que la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, será la presidente honoraria del Consejo Asesor del organismo que estará encargado de rescatar, concentrar, preservar y difundir materiales relativos a la historia nacional.
LOS “PENDIENTES”
Polémicos propuestas como la de la Guardia Nacional, la descentralización de las dependencias federales, un crecimiento económico anual de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), evitar “gasolinazos”, reducir el número de legisladores de mayoría relativa, transformar los consulados mexicanos en Estados Unidos en defensorías de migrantes, el desuso del Estado Mayor Presidencial, entre otros, figuran entre las promesas de que no se sabe, a cabalidad, cómo y si serán cumplidas.
En el caso de la Guardia Nacional –establecida en los artículos constitucionales 10, 31, 73, 76 y 89, así como en los artículos 5 y 6 de la Ley del Servicio Militar y 29 de la LOAPF– no sabemos qué reformas y qué condiciones serán establecidas para determinar su funcionamiento (los vacíos legales son enormes).
Este cuerpo “civil”, conformado por militares, estará encargada de encabezar la seguridad pública del país.
Según los resultados del Gabinete de Comunicación Estratégica, la Guardia Nacional haría sentir “más seguro” al 80 por ciento de los encuestados.
Sobre la propuesta para evitar que cualquier persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito ejerza como funcionario público –enmienda que complementa las modificaciones para la extinción de dominio–, no han habido avances aún.
En la actualidad, la Ley vigente –los artículos constitucionales 55, 58, 82, 91, 95, 102 y 128, además del 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y del 224 del Código Penal Federal– sólo establece como requisito para ser funcionario público –en el sentido de los antecedentes penales– contar con el “ejercicio de sus derechos políticos y civiles”, “gozar de buena reputación”, “no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión”, “no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso”, no haber incurrido en delitos que lastimen “seriamente la buena fama en el concepto público”, o “estar inhabilitado” por cualquier razón.
En el caso del Estado Mayor Presidencial, López Obrador mantiene su postura de no utilizar sus servicios, aunque ha sido presionado para hacer lo contrario.
La incertidumbre de cumplimiento se extiende a sus propuestas de establecer un Gobierno itinerante –durante los días viernes, sábado y domingo– y los programas mencionados en el apartado de “Promesas en proceso”, a que habría que incluir la posible cancelación del Seguro Popular (que sería substituido por un sistema de salud universal) y el aumento salarial a 171 pesos durante el sexenio.
Esta última propuesta, sólo sería posible si lograra un aumento real del PIB, que de acuerdo con especialistas financieros, tendría que ser superior a los cuatro puntos que promete (casi de siete por ciento anual).
De acuerdo con el Banco de México, el siguiente año la economía de México crecerá a un ritmo de entre 1.7 y 2.7 por ciento. Para 2020, Banxico adelanta un aumento anual del PIB de entre dos y tres por ciento. Durante estos dos años, asimismo, prevé una inflación general promedio de tres por ciento, que inferior a la actual (4.90 por ciento).
Además de lo ya mencionado, otras propuestas indefinidas, aún, son la descentralización de las dependencias de Gobierno, la transformación de los Consulados mexicanos en Estados Unidos, la eliminación de cargos de mayoría relativa en el Congreso de la Unión y la derogación de la Reforma Educativa.
En el primer caso, no existe un plan específico para movilizar, a diferentes partes de la República mexicana, a más de 1 millón 173 mil 149 empleados de 21 dependencias gubernamentales.
Inclusive, en agosto de este año, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Estefan Chidiac, criticó la falta de información al respecto. “No tienen claro, financieramente, el tamaño de la desconcentración”, dijo entonces.
Sobre los consulados, sólo sabemos, hasta ahora, lo que ha dicho el Presidente López Obrador. Que “los cincuenta consulados que existen en Estados Unidos se van a convertir en procuradurías para la defensa del migrante”.
Este tema es particularmente importante ya que, de acuerdo con el Banco de México, el sector económico de los migrantes a través de las remesas, implica ingresos equivalentes a 2.1 por ciento del PIB (26.2 mil millones de dólares en 2017, por ejemplo).
En el caso de la eliminación de los escaños plurinominales del Congreso de la Unión, sucede lo mismo. El impulsor de la “cuarta transformación” de México sólo ha dicho que su administración está pensando una reforma para reducir el número de legisladores.
“A lo mejor también que no haya plurinominales. Que en vez de 500 sean nada más 300. Y lo mismo en el Senado y lo mismo con los regidores, para que se acabe la ambición”, dijo a finales de abril de este año durante un evento en Ixtapaluca, Estado de México.
Respecto a los “gasolinazos”, a principios de la campaña política de 2017-2018, AMLO se comprometió a reducir y congelar los precios de las gasolinas. Sin embargo, en julio de este año Carlos Urzúa, el nuevo Secretario de Hacienda, señaló que, más bien, los precios se “acomodarán” conforme a la inflación. Es decir, que se mantendrá la estrategia gubernamental a raíz de la Reforma Energética.
De la construcción de la línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Indios Verdes-Tecámac, sólo se sabe que pasará por Ecatepec, Los Reyes La Paz, Chalco y Valle de Chalco. Más allá, no hay un plan o estrategia definidos.
Por último, está la Reforma Educativa.
Aunque López Obrador ha dicho que la echará para atrás, no obstante, sus reuniones con líderes sindicales –como Alfonso Cepeda Salas y Elba Esther Gordillo– sólo permiten elucidar que bajo su gestión se fortalecerá “la educación pública, gratuita de calidad” –como dijo AMLO este mes– y que habrá una modificación al Artículo 3 constitucional “para hacer valer la educación pública, para que quede claro que no es un privilegio sino un derecho de nuestro pueblo”.
