México, 5 Feb (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) pidió al Estado mexicano aceptar la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar solicitudes individuales.
Esa acción contribuiría al combate de dicha práctica, consideró en un comunicado el organismo local, que se sumó a las preocupaciones planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la sociedad civil ante ese comité.
En ese sentido informó que se mantendrá atenta a la emisión de las recomendaciones de dicho comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México para darle seguimiento, en el marco de sus competencias.
Adelantó que estará atento al proceso de elaboración y aprobación de la ley general en materia de desaparición forzada, anunciada para el próximo junio por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez-Robledo.
El organismo público autónomo consideró que a la brevedad se debe contar con dicha ley, que deberá incluir la declaración de ausencia para proteger los derechos de las víctimas y sus familias, así como la tipificación del delito de desaparición de personas cometida por particulares.
También la articulación tanto en los sistemas como en los procesos de registro y búsqueda de personas desaparecidas entre autoridades federales y estatales.
Las diferentes entidades federativas, además, deberán armonizar su legislación local de acuerdo con dicha ley; sobre este tema la CDHDF reconoció los esfuerzos realizados en la materia al impulsar la creación de una ley en el Distrito Federal.
Sin embargo ésta deberá adecuarse al marco federal que se proponga, contener estándares internacionales de los organismos de protección de derechos humanos e integrar las mejores prácticas de búsqueda de personas desaparecidas desarrolladas en otros países.
Para que la normatividad sea eficaz es importante que incluya acciones efectivas para investigaciones, diligencias, prevención, homologación de registros y bases de datos, medidas de protección para víctimas indirectas y testigos, así como mecanismos de reparación.
Habrá igualmente que diferenciar los casos, a fin de distinguir cuáles son desapariciones, extravíos o ausencias, y contar con un panorama del diagnóstico de aquellos en los que presuntamente hayan intervenido servidores públicos o terceras personas, añadió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
