PEMEX: EL CLUB VIP DE LA BUROCRACIA

07/08/2014 - 12:00 am

En el universo laboral de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) parece una república independiente: beneficios como ayudas para rehabilitación en alcoholismo y drogadicción, cirugías estéticas, bonos en miles de pesos por asistir a trabajar, la posibilidad de crear empresas para brindar servicios a la misma paraestatal, además de viajes, becas, servicios médicos y equipos deportivos.

El Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) de los petroleros mexicanos es un modelo de conquistas laborales en el mundo. Pero sus sombras se imponen: es también el eje del poderío del Senador priista, Carlos Antonio Romero Deschamps, quien no sólo ha conseguido millonarias sumas para sostenerlo, sino que bajo su amparo ha logrado convertirse en socio inversionista de empresas contratadas por la paraestatal.

Desmantelar al CCT significaría destruir el instrumento político, económico y social del dirigente. Por eso se entiende que en el debate de la Reforma Energética, el hombre fuerte de los petroleros haya pasado una madrugada en el intento de defenderlo ante los legisladores. Lo salvó, como siempre. Y, otra vez, dijo que en su persona los petroleros tendrían por siempre a “un luchador incansable de sus derechos”.

El líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps ha sido señalado en distintas ocasiones de encabezar una red de corrupción al interior de Pemex. Foto: Cuartoscuro
Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero mexicano que defiende los “derechos humanos sindicales” de los trabajadores de Pemex. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Es un guión consabido: cada dos años, previa amenaza de huelga, Carlos Antonio Romero Deschamps, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se presenta a negociar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con el cual –bajo el amparo de la figura de “derechos humanos sindicales”– logra hacer crecer una lista de prestaciones que en el universo laboral mexicano resulta atípica.

Consigue un contrato laboral digno de emulación por otras organizaciones sindicalistas en el mundo, porque en algunas cláusulas supera a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consigue también millonarias sumas que, para el ejercicio de los beneficios, sólo puede recibir él mismo como secretario general. Y, como escena imprescindible del mismo guión, gana el derecho a usar las partidas con discrecionalidad y sin ninguna obligación de brindar informes detallados.

Los trabajadores petroleros mexicanos tienen derecho a atenderse en “instituciones especializadas de reconocido prestigio” y con “un permiso especial” el alcoholismo y/o la drogadicción; tienen acceso a cirugías plásticas, estéticas y/o cosméticas; y pueden gozar de seis semanas de descanso si adoptan un hijo.

Si así lo deciden, están en posibilidades de organizar empresas para brindar servicios a la misma paraestatal aunque ello contradiga a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 8.

Hay otros beneficios como pagos por “asistencias” a trabajar, el Tiempo Extra Ocasional (TEO), el Tiempo Extra Adicional (TEA) y el Tiempo Extra Medido (TEM). Se agregan los pagos por productividad, compensación e incentivo al desempeño, incentivo por rendimientos, servicio médico integral, vivienda; préstamos administrativos, gastos funerarios, pagos por riesgo de trabajo, canasta básica, gas y gasolina… La lista es larga…

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Eje de su poderío, el STPRM se aferró a las prestaciones obtenidas a lo largo de las décadas. El CCT ni siquiera fue rozado por el debate en torno al pasivo de pensiones y jubilaciones inmerso en la discusión de la Reforma Energética.

El 21 de julio, de última hora, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) modificaron el dictamen de la Ley de Pemex para garantizar que el contrato sindical se quedara tal cual. Carlos Antonio Romero Deschamps, el secretario general del sindicato, trabajó durante la madrugada en un discurso para defenderlo. El gremio quedó a salvo. Sus históricas prestaciones fueron intocadas. Otra vez, el triunfo indiscutible. Para ello, bastó incluir un artículo transitorio que a la letra dice: “Pemex no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni sus jubilados ni pensionados”.

No es una historia de sorpresas, ni de suspenso. Desde los años 50, ha ocurrido esta negociación colectiva que arroja una lista de prestaciones cada vez más larga y más fuerte. El abogado Rodrigo Olvera Briseño, experto en Derecho Laboral y uno de los protagonistas de la formación de la disidente Alianza Nacional Democrática en 2001, expone una razón histórica para que este contrato subsista con estas características: “Hay un pacto político signado desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés, en el periodo llamado Desarrollo Estabilizador. El sindicato debe controlar a los trabajadores y a cambio, el gobierno les da mejores prestaciones. Así, la lista de beneficios se extiende. En el intercambio hay algo que se sacrifica: la democracia. Por eso, el sindicato de Pemex jamás ha elegido a su líder Carlos Romero Deschamps en público”.

Bajo la visión de los derechos humanos, el CCT del sindicato petrolero es un modelo. Rodrigo Olvera Briseño reconoce que, incluso, supera parámetros mínimos de la OIT. Pero admite: “Es un CCT con sombras. Las de la corrupción y la falta de democracia. Tanto como con el dinero, hay un manejo discrecional y corrupto de los derechos de los trabajadores petroleros mexicanos”.

Ahora bien, ¿cuánto le cuesta a los mexicanos este luminoso contrato? Sólo su última revisión fue de 129 millones 516 mil pesos cuando la anterior –en 2011– había sido de 121 millones de pesos. Pemex se permite tal erogación cuando tiene una deuda de dos billones 295 mil 249 millones de pesos, poco más de la mitad de su pasivo en pensiones.

Desde su expertisse en Actuaría, el director de Marpex consultores, Pedro Vázquez Colmenares, autor de Pensiones en México. La Próxima Crisis, abona con la paradoja de las prestaciones de los petroleros: “El sindicato de Pemex ha sido exitoso en ampliar el terreno de las prestaciones. Y no está mal cuidar a los trabajadores y tener una plantilla de petroleros estable. Eso es un gran valor. El problema es el fondeo de los beneficios, el de la corresponsabilidad de participar en esos beneficios. En ningún lado de la Constitución dice que los petroleros deban estar exentos de financiar sus propias prestaciones”.

Olvera Briseño abunda: “Antes de reformar el sector petrolero, antes de reformar el CCT y antes de reformar nada, si lo que se quiere es justicia y un buen desempeño de Pemex, hay que democratizar al sindicato. Ya con trabajadores reales y democráticos, entonces sí discutamos qué necesitamos. Sólo entonces podría verse la flexibilización y reducción de prestaciones”.

¿QUIÉN APROVECHA LAS PRESTACIONES?

El secretario general, Carlos Antonio Romero Deschamps; el tesorero Ricardo Aldana Prieto, el presidente del consejo general de vigilancia, Manuel Limón Hernández, y el secretario general de la sección 34, Héctor Sosa Rodríguez, del STPRM, saben cómo ejercer sus derechos laborales estipulados en el CCT: son socios inversionistas de empresas millonarias cuyos servicios son prestados a Pemex.

Un expediente formado con las copias de los contratos, constituido por la organización disidente Gran Alianza Nacional Petrolera, indica que los integrantes de la cúpula sindical fueron creadas con prestanombres, pero en el consejo de administración aparecen los líderes del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM.

El documento, entregado en junio pasado a la Presidencia de la República, da cuenta que las empresas creadas por los miembros de la cúpula sindical están adheridas a una nueva organización conformada por Romero Deschamps: el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (Sitrace).

Ello está permitido por el CCT del sindicato. En su negociación del 29 de julio de 2013, Romero Deschamps logró incluir en la cláusula 34 el siguiente punto: “Las empresas organizadas por los trabajadores que cuenten con la conformidad del Comité Ejecutivo General del sindicato podrán participar en los concursos, licitaciones públicas o asignación de obras, transportes o servicios con apego a las disposiciones legales vigentes, que requieran Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios, y en igualdad de condiciones se les dará preferencia frente a terceros”.

El punto contradice a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 indica que sus obligados deben desempeñarse “sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les otorga por el desempeño de su función”. La Ley prohíbe tales beneficios a quienes tengan un interés personal, a miembros de su familia (hasta el cuarto grado de parentesco), al cónyuge o a quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios”.

Pero, como en una “república independiente”, el documento de la Gran Alianza Nacional Democrática sostiene que de 2004 a 2014 Pemex otorgó contratos de servicios por miles de millones de dólares, sin ser licitados públicamente y ocultos de manera deliberada ante la Secretaría de la Función Pública(SFP).

Los miembros de la cúpula son beneficiarios directos de otra prestación incluida en el CCT: los viajes. Hay una partida mensual de dos millones 842 mil 268 pesos mensuales etiquetados en forma exclusiva para 68 miembros del Comité Ejecutivo General en la cláusula 252, del capítulo XXVI, titulado Cuotas Sindicales y Delegados Departamentales. ¿Los usan? No se sabe. Jamás han rendido cuentas sobre ello.

Foto: Cuartoscuro.
Entre los derechos sindicales ganados por el STPRM están: tratarse enfermedades como el alcoholismo y/o drogadicción y realizarse cirugías estéticas. Foto: Cuartoscuro.

¿Y LOS DEMÁS TRABAJADORES?

A finales de 2011, lo admitió: era un adicto. Ubicado en el nivel laboral 33 de Petróleos Mexicanos, oficina en el edificio central de Marina Nacional de la Ciudad de México, 52 años, creía estar harto, frustrado y convencido de que para él no había ya ningún pedazo de la bonanza de la vida.

Las dosis de cocaína eran todos los días. Así trabajaba a veces hasta la madrugada.

Ahora que los privilegios de jubilados y pensionados ingresaron a un debate social debido a la Reforma Energética, enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, este trabajador de Pemex admite contar su historia: “Sí” –responde sin dudar. “Ser trabajador de Pemex es un privilegio. Véame a mí. Es un mundo aparte que en algo debiera ser imitado”, afirma.

Sabe que sus preguntas no influirán en las discusiones legislativas, pero las lanza: “¿No es el stress del trabajo un maltrato laboral? ¿No deben las empresas poner su mira en ello? ¿Por qué se enferma un ejecutivo en Pemex?”

“El alcohol lo conserva todo, menos el empleo” es un dicho que en ninguno de los centros laborales de Pemex se cumple. Los trabajadores tienen derecho a ser tratados cuando son enfermos alcohólicos y/o adictos a drogas en instituciones especializadas “de reconocido prestigio” con goce de salario y prestaciones. Es sólo una vez y con objetivos de “prevención”.

Curarse el alcoholismo y la drogadicción en Pemex es un derecho que se ejerce no obstante que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 indica que es causal de despido sin responsabilidad de pagar indemnización cuando el trabajador concurre a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica…”

También es una cláusula que Rodrigo Olvera, experto en Derecho Laboral, explica de esta forma: “Ocurre que en México no estamos acostumbrados a este tipo de prestaciones. Pronto, se les considera privilegios. Pero más bien se trata de cláusulas que son derechos humanos que podrían sostenerse con los recursos que se gastan en corrupción”.

Quien cuenta su historia de rehabilitación resulta un garbanzo de a libra. Al final, en este texto faltarán nombres, rostros, historias. Los de quienes han accedido a cirugías plásticas y estéticas; por ejemplo. El CCT no especifica cuánto se gasta en ello, ni presenta un cálculo de sus beneficiarios en el pasado. Pero la cláusula existe con todas sus letras.

Tampoco están los becarios. El contrato prevé un mil 500 becas para licenciatura lo que costaría al año 60 millones 548 mil 400 pesos. Para postgrado es el mismo número y se necesitarían 62 millones 299 mil 800 pesos…

Conquistas o caldo de cultivo para la corrupción, la defensa de las cláusulas del CCT del STPRM implican una amenaza de huelga en la paraestatal que administra los hidrocarburos de la Nación. Luego, se fortalecen, crecen, bajo todas las circunstancias.
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