Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– A un mes de que los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco, las mentiras, testigos y contradicciones sobre la muerte de un niño de 13 años que resultó herido en la protesta y que posteriomente perdió la vida, colocan al Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en su peor momento político.
El pasado 9 de julio, los pobladores de Chalchihuapan bloquearon esa carretera. Exigían la restauración del Registro Civil a las presidencias de las Juntas Auxiliares. Un operativo a cargo del Secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, pretendía dispersar la manifestación; sin embargo, el operativo terminó en un enfrentamiento violento.
Elementos de la Policía Estatal lanzaron gas lacrimógeno y otros artefactos, como balas de goma y proyectiles, en contra de los habitantes. Cinco personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas, el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien recibió un impacto en la cabeza. Él sólo iba de paso, pues acababa de salir de la secundaria y para llegar a su casa tenía que atravesar la autopista, pero, según los testigos, fue alcanzado por una bala de goma.
Desde entonces, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha tratado de deslindarse de la responsabilidad de la muerte del menor. A través del Procurador Víctor Carrancá Bourget y el propio Rosas Rosas han reiterado que no se hizo uso de balas de goma durante el operativo, y que la muerte el menor la provocó una onda expansiva que resultó de un cohetón que dispararon los propios habitantes de Chalchihuapan.
Las propias versiones oficiales han caído en contradicciones, además de que las investigaciones de los medios críticos locales han desmentido y evidenciado una y otra vez al gobierno.
La madre del menor, Elia Tamayo, denunció que recibió presiones para firmar documentos que culpaban a los habitantes de Chalchihuapan de la muerte de su hijo. Sin embargo, no firmó nada. No ha sido la única en denunciar acoso de las autoridades del estado. Medios y opositores han denunciado hostigamiento por publicar los hechos con veracidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está realizando una investigación sobre el caso. A pesar de que la instancia presidida por Raúl Plascencia Villanueva avaló la propia Ley Bala, propuesta por el mandatario Valle Rosas y aprobada por el Congreso poblano, ahora afirma que sus recomendaciones serán imparciales y apegadas a la realidad. Sus peritos también trabajan para determinar qué fue lo que causó la muerte de José Luis.
A un mes de los hechos, organizaciones, líderes políticos, asociaciones, activistas y ciudadanos en general realizarán una marcha apartidista por las principales avenidas de la capital de Puebla, hasta llegar al centro histórico, para manifestar su rechazo a Rafael Moreno y la represión que ha mantenido en contra de las personas que critican su gobierno. La cita está planeada para iniciar a las 10:00 horas y saldrán de la Fuente de los Frailes con rumbo al Zócalo de la ciudad.
Moreno Valle enfrenta su peor crisis de gobierno a poco más de tres años de comenzar su mandato como representante de la alternancia. A pesar de tener un manejo de imagen muy fuerte en el que incluso algunos medios publican sólo las versiones oficiales, la sociedad muestra descontento con su Gobernador.
9 DE JULIO
Habitantes de siete poblaciones salieron a manifestarse en distintos puntos de Puebla para exigir el regreso de las oficinas de Registro Civil a las presidencias de las Juntas Auxiliares, pues con la Ley Orgánica Municipal, aprobada el 3 de diciembre del año pasado, se les quitó la facultad de operar el servicio.
En la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, se implementó un operativo bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, con el fin de dispersar la manifestación, basándose en la Ley Bala.
Poco después de iniciar el operativo comenzó un enfrentamiento entre los habitantes por lo que los elementos de la SSP estatal lanzaron diversos proyectiles como gas lacrimógeno y otros artefactos, que, de acuerdo con los pobladores, también eran balas de goma.
Al término del enfrentamiento, cuatro personas fueron detenidas y se les imputaron cargos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.
11 DE JULIO
La Diputada Roxana Luna publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de fotografías que muestran los artefactos que recolectaron los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan tras el conflicto del 9 de julio. Al menos dos costales llenos de cartuchos de gas lacrimógeno, así como de balas de goma y proyectiles se podían ver en las imágenes.
También reveló una foto de Filemón Pacio Grande, habitante de San Martín Tlamapa, quien recibió un impacto en el costado derecho de su cuerpo. Además, dijo, el menor, José Luis, “se debate entre la vida y la muerte”.
15 DE JULIO
Luis Maldonado Vengas, Secretario General de Gobierno de Puebla, ofreció una conferencia de prensa en la que justificó el operativo, pues los manifestantes “interrumpieron el flujo vehicular por más de cinco horas e incurrieron en acciones violentas”.
“El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada, de franca provocación y agresión”, dijo.
Negó el uso de balas de goma y por el contrario resaltó que los manifestantes iniciaron la pelea contra los granaderos e hicieron uso de diversos “objetos contundentes” como bombas molotov, palos, tubos y “piedras de gran calibre”.
También comenzaron a circular en las redes sociales, videos y fotografías del enfrentamiento, entre ellos uno donde se observa al menor José Luis luego de recibir el impacto en la cabeza.
16 DE JULIO
El movimiento Los de Abajo publicó un desplegado en diarios nacionales donde exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que detenga “la nueva Ley Bala que el gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha instaurado contra los habitantes de Puebla”.
También pidieron la renuncia inmediata de Facundo Rosas, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, “por intento de homicidio colectivo en contra la población de San Bernardino Chalchihuapan”.
Ese mismo día, habitantes y presidentes de las juntas auxiliares de San Martín Tamapa y de San Berbardino Chalchihuapan, José Salomé Pacio Grande y Javier Montes, respectivamente, acudieron al Senado de la República, donde solicitaron el apoyo de los legisladores para resolver sus peticiones además de pedir justicia tras el desalojo de la manifestación del 9 de julio.
La madre de José Luis, Elia Tamayo, también se presentó. Entre lágrimas pidió al Gobernador Rafael Moreno Valle que “no mienta más” y exhortó a los legisladores a darle seguimiento al caso de su hijo. Les pidió que manden “un médico para que esté valorando a mi hijo y le de seguimiento.”
La Diputada Alliet Bautista Bravo presentó un punto de acuerdo a nombre de la legisladora Roxana Luna, donde se pide que la Comisión Permanente de seguimiento a la probable violación de derechos humanos en el estado de Puebla.
18 DE JULIO
El médico José Antonio Martínez García, director del Hospital General del Sur, anunció en conferencia de prensa que José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo presentó muerte cerebral.
Martínez García detalló que el diagnóstico se determinó tras realizarle un electroencefalograma, donde se observó la ausencia completa y permanente de conciencia y la ausencia permanente de respiración espontánea.
19 DE JULIO
Elia Tamayo denunció que las autoridades médicas del Hospital General del Sur nunca le informaron sobre el estado de salud de José Luis. Explicó que se enteró del diagnóstico de muerte cerebral a través de los medios de comunicación.
Más tarde, el Secretario de Seguridad, Facundo Rosas, ofreció una conferencia de prensa donde negó que agentes de su corporación hayan usado balas de goma en el desalojo de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Leyó un comunicado y no aceptó preguntas. Mostró un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde detalla que el gobierno de Moreno Valle Rosas no tiene en su poder balas de goma.
“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas.
Más tarde, José Luis murió.
Una vez más, el gobierno decidió dar la noticia primero a los medios de comunicación. A través de un boletín planteó: ”La Secretaría de Salud del Estado de Puebla informa que el día de hoy sábado 19 de Julio de 2014 a las 18:30 horas el menor José Luis Tlehuatle Tamayo presentó paro cardiorespiratorio irreversible, en el área de terapia intensiva del Hospital General del Sur”.
Elia, la madre del niño, otra vez se enteró por los medios. Al arribar al Hospital General Sur para reconocer el cuerpo de José Luis, le informaron a través de un papelito que su hijo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forensa (Semefo). Se trasladó al lugar, pero no le permitieron ver al menor.
20 DE JULIO
Después de 26 horas de anunciar la muerte de José Luis, las autoridades forenses entregaron el cuerpo del menor de 13 años a su madre, mismo que fue trasladado a la Junta Auxiliar de Chalchihuapan donde fue velado toda la noche en la explanada principal.
Además, comenzó a circular un video con el testimonio de un oficial que resultó herido tras el enfrentamiento. El audiovisual titulado “Chalchihuapan la otra cara del 9 de julio”, se difunde desde la cuenta “Chalchihuapan Nuestra Historia”. Es el único que tiene, y la cuenta fue creada a partir de los eventos vinculados de Puebla.
El policía narra: “Llevábamos escudos, cascos, tonfas [bastones policiales] y el equipo de gas, para dispersar nada más a la gente y desalojarlos de la autopista, la gente no se quiso retirar y se puso más agresiva”.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso de José Luis Alberto e informó que había enviado visitadores adjuntos para verificar el estado de salud de las personas que se encontraban en el lugar.
Mientras que el periódico Central reveló una reunión del Gobernador con directores y periodistas de medios de comunicación afines a su administración para exponer el caso Chalchihuapan. Dicha información fue reproducida por los mismos que acudieron a la junta.
21 DE JULIO
Al menos 38 organizaciones y 64 ciudadanos emitieron un comunicado donde exigieron un informe público de la SSP estatal sobre el operativo en San Bernardino Chalchihuapan. Pidieron sanciones a los responsables, así como medidas de no repetición para evitar posibles abusos de policías estatales.
También exigieron la abrogación de la Ley Bala y una investigación por parte de la CNDH y la Comisión del estado de Puebla.
Ese mismo día, el activista Misraín Hernádez Fernandez mostró algunos de los artefactos usados en contra de los habitantes en el operativo del 9 de julio.
Denunció que el gobierno del estado de Puebla “se ha empeñado en decir que no se utilizaron balas de goma, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bernardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos”.
Por la tarde, el Gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa a su Congreso para abrogar la Ley Bala.
Mientras, en Chalchihuapan, los habitantes del pueblo colocaron una manta en la que acusan a Moreno Valle de asesino y pintaron en diversos puntos la leyenda: “Moreno Valle asesino”.
En Nueva York, manifestantes expresaron su rechazo Moreno Valle en el Consulado de México. A través de pancartas, lo acusaron de asesino, pidieron su renuncia y exigieron justicia para los familiares de José Luis.
22 DE JULIO
Se realizó una misa de cuerpo presente en memoria de José Luis en la plaza principal de Chalchihuapan a la que acudieron representantes de al menos 50 juntas auxiliares, organizaciones y asociaciones para mostrar su solidaridad con Elia Tamayo y expresar su enojo en contra del Gobernador Moreno Valle.
Al medio día comenzó el movimiento de los pobladores rumbo al panteón de Chalchihuapan donde todos caminaban en silencio. Los presidentes de las juntas auxiliares de San Martín Tamapa y de San Bernardino Chalchihuapan, José Salomé Pacio Grande y Javier Montes, ayudaron a sepultar a José Luis.
Por otra parte, un nuevo cónclave ante medios pero en el Distrito Federal, fue dado a conocer por el periodista Alejandro Mondragón, quien a través de su cuenta de Twitter explicó que la reunión se llevó a cabo en la Torre IUSA y el mandatario poblano insistió en que el niño José Luis fue herido por un cohetón lanzado por los manifestantes.
23 DE JULIO
Víctor Carrancá Bourget, Procurador General de Justicia del estado de Puebla, aseguró en entrevista radiofónica en MVS Noticias que la muerte del menor se debió a que fue impactado por un objeto que generó una “onda expansiva”, lo que provocó el desprendimiento de hueso.
24 DE JULIO
Habitantes de otras regiones acudieron al Senado de la República para pedir que se frenen las agresiones en su contra por parte del Gobernador Moreno Valle.
Jesús Gutiérrez Valencia, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), condenó la actitud del Gobernador Rafael Moreno Valle porque “no ha tenido la más mínima voluntad política ni sensibilidad social para atender y resolver la gran impunidad social que se vive en el estado de Puebla”.
25 DE JULIO
Se reveló una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH-Puebla) en 2011, donde se plantea que se utilizaron petardos, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar una manifestación en Ciénega Larga, Chignahuapan, el 23 de agosto de ese año.
27 DE JULIO
Los abogados de Elia Tamayo mostraron fotografías de la prueba pericial del menor, con permiso de la familia, donde se revela que la herida de José Luis no fue provocada por un cohetón, como manejaron las autoridades estatales.
Los defensores exigieron que el Gobernador, el panista Rafael Moreno Valle, solicite licencia al cargo para garantizar transparencia e imparcialidad en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, pues aseguraron que desde el día en el que José Luis fue internado en el Hospital General Sur, las autoridades han intentado manipular los hechos.
28 DE JULIO
Al menos 10 mil personas de diversas Juntas Auxiliares de Puebla realizaron una caravana hacia el Distrito Federal para exigir el esclarecimiento de la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie y expresar sus demandas ante legisladores en la Cámara de Diputados.
Una comitiva de al menos 20 presidentes de juntas auxiliares ingresaron a San Lázaro, donde hablaron sobre las nueves leyes que está aprobando el Congreso local y está afectando sus derechos.
Ese mismo día, activistas en la Ciudad de México denunciaron que el gobierno de Moreno Valle ha comprado a medios y periodistas, además de montar una campaña en Twitter, Facebook y Youtube para “sostener mentiras” contra los pobladores y familiares de José Luis.
“Están obligando a los medios de comunicación a que den otra información”, dijeron.
También se publicó en medios locales que el policía que aparecía testificando en un video es Mario Tomás González Ricaño, un oficial que en 2011 fue detenido tras un par de operativos en donde fueron rescatadas 11 víctimas de explotación sexual de menores y trata de personas.
30 DE JULIO
La Procuraduría General de Justicia de Puebla dio a conocer el desahogo de las diligencias y el análisis técnico-científico del desalojo en San Bernardino Chalchihuapan. Carrancá Bourget reiteró que la onda expansiva de un cohetón es lo que podría haber provocado una lesión de las características que presentó José Luis y no una bala de goma.
Carrancá detalló que el análisis fue realizado por peritos en 12 especialidades, pruebas físicas y recreaciones que se hicieron con monitores en los que se denotaron todos los artefactos utilizados el día de los hechos, en tejidos blandos.
31 DE JULIO
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en la que asegura que investigaba probables violaciones graves en el caso del desalojo registrado el pasado 9 de julio.
Además acordó tramitar el expediente como Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, facultad con la que cuenta la Comisión y que aplica cuando lo considera conveniente o a petición del Ejecutivo federal, gobernadores, o Legislaturas.
1 DE AGOSTO
Artículo 19 emitió una alerta por el ataque informático del que ha sido víctima el Diario Cambio de Puebla durante tres días y que inhabilitó la página del sitio.
Cambio es uno de los medios de comunicación en Puebla que ha realizado más señalamientos críticos contra la administración que encabeza el Gobernador panista Rafael Moreno Valle y a su Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales, mejor conocida como “Ley Bala”.
Artículo 19 ha documentado, de 2007 a la fecha, 52 agresiones a la prensa de Puebla, siendo los funcionarios públicos los responsables de 33 ataques.
4 DE AGOSTO
Domingo, un poblador del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, aseguró en entrevista para Radio Fórmula que la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue por el disparo de los policías estatales que se encontraban sobre la autopista.
“El disparo que le dio al niño no vino de arriba del puente, vino de los granaderos que había sobre la autopista, los disparos vinieron sobre la autopista que estaba del lado sur”, dijo.
Ese mismo día, la CNDH emitió un comunicado anunciando que citararía a comparecer a Facundo Rosas por el operativo del 9 de julio. El citatorio corresponde a la investigación por Violaciones Graves a los Derechos Humanos que realiza la Comisión.
Además, la Procuraduría estatal promovió un incidente de libertad por “desvanecimiento de datos” a favor de Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, los cuatro detenidos.
5 DE AGOSTO
Los legisladores Roxana Luna Porquillo y Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entregar fotografías y videos del enfrentamiento.
Entre las evidencias que entregaron figuran fotografías y videos que captaron los propios habitantes para demostrar el uso de armas en contra de los habitantes con el fin de reprimir la manifestación, en la que sólo pedían la restitución del servicio de Registro Civil a la presidencia de la Junta Auxiliar.
6 DE AGOSTO
Facundo Rosas compareció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para rendir cuentas sobre el violento desalojo en la autopista Puebla-Atlixco.
Durante hora y media se reunió con el presidente del organismo, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, quien al término de la comparecencia ofreció una conferencia, pues el poblano se retiró inmediatamente sin decir una palabra a medios.
Sobre el uso de balas de goma, el ombudsman aseguró que al mostrarle las fotografías Rosas manifestó: “Lo que ahí está como balas de goma no corresponde a lo que es”.
El funcionario poblano aseguró que solamente se hizo uso de cápsulas de gas y dijo, según la versión de Plascencia, que remitirá “una lista pormenorizada de todo el equipo, él manifiesta en un principio que lo que se utilizó fueron los cascos, los escudos, los bastones y también lanzaderas de cápsulas de gas lacrimógeno. No identifica y no acepta de momento que se hayan utilizado balas de goma, no obstante es sólo la información que nos proporciona”.
7 DE AGOSTO
El Diario Cambio publicó un reportaje sobre la telenovela “El color de la pasión”, de la empresa Televisa, que se ha convertido en una herramienta de publicidad del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla y se promocionan obras y logros de esa gestión, en particular luego de la condena social que generó el desalojo violento de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
En la trama de esa telenovela, que se comenzó a grabar en la capital poblana el pasado 5 de febrero, se han incorporado al guión diálogos entre los actores que promocionan y presumen la modernización del estado y la ciudad capital gracias a las obras realizadas en el sexenio de Moreno Valle Rosas, todo esto mezclado a la historia de amor entre Marcelo Escalante –protagonizado por el actor Erick Elías– y Lucía Gaxiola –interpretada por la actriz Esmeralda Pimentel–.
Diario Cambio hizo un análisis de los capítulos 85 y 87 de la serie, donde algunos de los actores mencionan que Puebla “está totalmente cambiado” con dos viaductos nuevos, además de que las obras han generado “un montón de trabajo”. En esa toma también se enfoca el logo del gobierno del estado, que está situado en el puente del Viaducto. En otra escena, los actores hablan de Los Fuertes y el Parque Lineal, además de que Puebla “es una ciudad muy segura”, mientras que del Centro Histórico se menciona: “Me encanta cómo está iluminado” y se presumen las diversas actividades culturales que se realizan en ese estado.
Además, Diputados federales de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido del Trabajo (PT), solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervengan activamente en las investigaciones y realicen una vigilancia sobre el caso de Chalchihuapan.
Los legisladores condenaron públicamente el desempeño de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y exigieron que se lleve a cabo una investigación imparcial; también hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que profundicen en las indagaciones y entreguen toda la información necesaria para aclarar el caso.
9 DE AGOSTO
Victor Antonio Carrancá Bourguet, Procurador de Puebla, también acudió ante la CNDH también para comparecer por el enfrentamiento de Chalchihuapan además de hablar del documento donde establecen que la muerte de José Luis se debió a la onda expansiva.
Plascencia Villanueva detalló que el Procurador aseguró que el dictamen que achaca la muerte del menor de 13 años al impacto de un cohete, no es definitivo y que la investigación sigue abierta.
El presidente de la CNDH planteó que, luego de analizar la información proporcionada por Rosas y Carrancá, determinarán si citan a comparecer a más funcionarios del gobierno de Puebla y no descartó la posibilidad de que comparezca el Gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, si es necesario.
