La expresión clásica de Tomasi de Lampedusa de cambiar para seguir igual, viene como anillo al dedillo. No se trata de profundizar en la ciudadanización sino refrendar una constante  en la integración de los organismos electorales que es sostener el sistema de cuotas partidarias en función del peso específico que tiene cada partido o coalición.

Así en un país de dos partidos y medio fuertes, qué hasta ahora absorben prácticamente el 80 por ciento de los votos, más una gama de partidos pequeños con una presencia dispersa, localizada o varios de ellos francamente testimoniales es de esperar que esto así suceda y siga sucediendo hasta las calendas griegas.

Pero, pregunto, ¿ese fue el espíritu de las sucesivas de reformas electorales en la materia? ¿Acaso no se trataba de que llegaran a los organismos electorales profesionales en la materia y que con una vocación ciudadana organizaran los comicios en los ámbitos de su competencia? ¿Qué no hubiera de su honorabilidad?

Al menos eso ha sido el discurso oficial que ha prevalecido tanto entre los funcionarios electorales, como de los políticos, que han sido parte de la construcción de este entramado institucional.

Y viene a cuento esto, por la reciente designación de consejeros que organizaran elecciones en varios estados durante los próximos años.  Hay señalamientos muy severos desde el mundo de la academia dedicada a estos temas qué es conveniente atraer a la plaza pública para prever sus posibles efectos.

Mencionemos la opinión de dos miembros de esta comunidad: Uno es Pablo Vargas, un académico reconocido en el campo de los estudios electorales y que se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma de Hidalgo, quien después de participar de la convocatoria levantó la voz  a través de un texto que lleva por título: INE-OPLES: Ciencia, Teatro y Farsa en Hidalgo, en el expone su intento de alcanzar un asiento del Consejo General del Instituto Estatal Electoral  de Hidalgo y hace cinco cuestionamientos dignos de atención:

1) Para el investigador no se respetaron las reglas básicas del juego establecidas en la misma convocatoria y el CG del INE se alejó de los principios de objetividad, imparcialidad y máxima publicidad;

2) La evaluación realizada por el CIDE que resultó un filtro determinante eliminó la diversidad de perfiles y solo permanecieron abogados electorales y personal profesional con experiencia electoral (IEEH/INE);

3) Luego vino la teatralización de las entrevistas cuando algunos consejeros/as se abalanzaron a descalificar a los aspirantes; en unos casos se hizo énfasis en la militancia partidaria y en la mayoría no se objetó ni se investigó, en general las/os entrevistadas/os se defendieron y no había grandes diferencias. A la par de esto, sostiene, que varios aspirantes cabildearon ante los dirigentes de partidos y funcionarios electorales y aseguraron una posición;

4) No dejaron claridad las calificaciones, ni la valoración curricular, no se basó en la objetividad de las evaluaciones previas, ni de una real evaluación y;

 5) De las siete personas designadas se desprende (currículo público y oculto) que fue una decisión política más que técnica o racional: Nuevamente se dio gusto al gobierno local y los tres partidos más importantes (PRI, PAN PRD); de los cuatro “nuevos integrantes” dos fueron “cuota partidaria” en el anterior IEEH y dos más son alineados al gobierno local.

Convoca e invita, finalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, a pueblos y comunidades organizadas a generar proyectos de observación de las instituciones locales, y a formular y estrategias en defensa de los derechos ciudadanos, inclusive a proponer candidatos sociales y populares no partidarios.

Pablo Xavier Becerra, otro destacado académico pero este de la UAM Iztapalapa, quien también participó de la convocatoria emitida por el INE, buscaba al igual que Vargas un asiento del Consejo General del IEDF, llegó incluso a impugnar ante el TEPJF su integración porque resultaron designadas: “Una ex asesora de Marco Antonio Baños, un ex colaborador del IEDF y del TEDF cercano al Consejero Javier Santiago, un ex colaborador de una magistrada del TEPJF, un ex funcionario de la Delegación Coyoacán, etc.”. Los argumentos son igualmente contundentes:

1) Varios colegas académicos de las ciencias sociales fueron quedando fuera ante un examen y un ensayo que estaban pensados para abogados y para quienes ya habían trabajado en el IFE o en los institutos locales;

2) Hay la impresión de que ningún consejero se tomó la molestia de leer mínimamente los currículos de los aspirantes y solamente negociaron el nombramiento en función de las necesidades de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), de los gobernadores y de la necesidad de colocar a sus amigos y colaboradores o ex colaboradores en los OPLEs;

3) Los consejeros del INE, propuestos por los tres partidos, han negociado los nombramientos en función de la fuerza relativa de cada partido en los estados;

4) La promesa de la reforma de que se eliminaría la influencia de los gobernadores y los partidos en el nombramiento de los titulares de los OPLEs resultó ser un espejismo.

Y concluye: mientras no se le quite a los partidos el control del nombramiento de los consejeros del INE seguiremos viendo el mismo lamentable espectáculo que hemos presenciado estos dos últimos años.

Quien escribe aspiró a formar parte del OPLE de Sinaloa quedando fuera en la primera etapa. En mi experiencia académica obran varios estudios en materia electoral, entre ellos algunos que fueron publicados por el desaparecido IFE, no tengo argumentos para afirmar que fui excluido bajo criterio político, pero al leer los escritos de los colegas y amigos Vargas y Becerra no puedo menos que empezar a dudar de los procedimientos de selección, que dejan fuera a académicos que durante décadas, han sido promotores de los estudios electorales creando instituciones y generando una vasta bibliografía sobre estos estudios.

En sus conclusiones, ambos tienen razón si lo vemos en clave ciudadana, pero es insuficiente si lo vemos en clave política. El problema es que las reglas dejan márgenes amplios a la política y los consejeros hacen política. Pedir que los miembros del Consejo General del INE  no actúen en consecuencia, cuando son resultado de la misma práctica que ellos aplican a los aspirantes de los estados, es pecar de cierta ingenuidad insostenible a estas alturas.

Ellos razonan sus decisiones en clave política, ahí radica el problema de sus decisiones. La solución que nos ofrece Pablo Xavier de cambiar las reglas para quitar el control a los partidos es maravillosa pero es tan difícil de operar pues es como querer quitar una paternidad a una familia de poderosos o que ella se haga el hara kiri cediendo sus bienes (aunque estos sean púbicos).

¿Me explico?, pregunta Lampedusa, cuando cierra aquella sí maravillosa expresión.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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