“Meses después del vergonzoso incidente de la sumisión de México ante Estados Unidos por la amenaza de los aranceles, se dio el escándalo de la liberación del hijo de “El Chapo” en Culiacán y la masacre de los niños y mujeres mormones en la frontera entre Sonora y Chihuahua”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

México está al borde de una nueva guerra contra las drogas o, mejor dicho, de una segunda etapa de militarización de la estrategia de seguridad en este país. Y aunque no lo quería así el Gobierno de la 4T, pareciera ser—por lo que hemos visto en días pasados y por lo que se avecina—que esta guerra será inevitable. Esta guerra no será convencional tampoco y pudiera ser una segunda fase de lo que yo llamo ‘una guerra por los recursos naturales’ de nuestro país.

En su campaña, durante el periodo de transición y al comenzar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador se desmarca de sus predecesores y promete terminar con la guerra contra las drogas que tanto ha dañado al país. En otras palabras, el ahora Presidente de México planteó en un inicio desmilitarizar la estrategia anti-narcóticos en el marco de su emblemática frase: “abrazos, no balazos”. López Obrador había incluso hablado de una “amnistía” para no criminalizar a las comunidades pobres que, al encontrarse sin oportunidades o alternativas laborales, se dedican a la siembra o al tráfico de estupefacientes. De la misma forma, promete terminar con la subyugación del país a la fallida estrategia anti-drogas de Estados Unidos, que en su afán por ‘cortar las cabezas de los narcos’ y obtener información sobre los famosos cárteles mexicanos (según la estrategia principal de la DEA), provocó en el país violencia y muerte como nunca antes.

Después de la “guerra contra las drogas” anunciada con bombo y platillo por Felipe Calderón, México quedó convertido en un gran cementerio que incluye también una gran fosa común donde siguen apareciendo los restos óseos de una enorme lista de personas forzadas a desaparecer. Andrés Manuel López Obrador parecía determinado a modificar esta mortal estrategia, dando un drástico golpe de timón para liberar al pueblo de los efectos nefastos de la militarización. Pero muy pronto, el Presidente se dio cuenta de que no podría logra su cometido pues el problema era mucho más complejo de lo que pensó en un principio.

Después de doce años de militarización de la estrategia de seguridad en México, las organizaciones criminales habían mutado y muchas de ellas ya no se dedicaban sólo a traficar droga, sino que habían diversificado sus actividades y tenían acceso a armamento de alto calibre. Muchos de estos grupos se convirtieron en células peligrosísimas que extraen rentas a la sociedad y que se van adaptando a las condiciones del mercado y de la realidad mexicana. En la jerga militar, estos grupos minúsculos se conocen como células complejas adaptativas, cuya existencia justifica una respuesta militar que desafortunadamente no se da abasto y parece no tener fin. Por su parte, las grandes corporaciones criminales regionales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúan en un proceso de expansión y especialización. Además, se les percibe en constante lucha por las plazas del pacífico y el noroeste mexicanos.

Ante esta realidad, el Presidente de México se ve forzado a dar marcha atrás a sus promesas de buscar la “seguridad sin guerra” y de lograr restablecer la paz a través de la implementación de esquemas de justicia transicional y un enfoque en la legalización de la mariguana o regulación de los mercados de otras drogas. Así, ante la crítica de sus acérrimos adversarios—pero aún en la lógica de los “abrazos”, y “no balazos”—crea la llamada Guardia Nacional. La decisión era inevitable; las condiciones del país y la existencia de grupos criminales paramilitares con acceso a todo tipo de armamento, le impidieron dar los múltiples abrazos que había prometido.

Y pronto llegarían los balazos. Pronto llegaría el terror y aparecería una “nueva generación” de paramilitares criminales para ocupar los espacios que dejaría vacíos el Estado mexicano después de doce años de estrategias fallidas, sumisión ante Estados Unidos, ineptitud, corrupción e impunidad. Además, se hizo evidente que el nuevo Gobierno no tenía bien diagnosticado el problema, no contaba con una estrategia de seguridad creíble y definida, y mucho menos tenía claro cómo le haría frente al Coloso del Norte—nuestro Talón de Aquiles de todos los tiempos. En efecto, México siempre ha sido el “Patio Trasero” de su vecino y esto quedó claro recientemente con la amenaza arancelaria de Trump, que convierte a nuestro país en una especie de Tercer País Seguro (aunque México no es seguro) y en policía fronteriza de Estados Unidos, utilizando la recién creada Guardia Nacional.

Meses después del vergonzoso incidente de la sumisión de México ante Estados Unidos por la amenaza de los aranceles, se dio el escándalo de la liberación del hijo de “El Chapo” en Culiacán y la masacre de los niños y mujeres mormones en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Aún está por verse, pero estos dos sucesos parecieran representar, por sí solos, un punto de inflexión para el Gobierno de la cuarta transformación. Estos eventos podrían marcar el inicio de una nueva etapa de militarización en el país, lo quiera o no lo quiera nuestro Presidente. Lo quiere Trump y eso basta; él lo dijo claramente al ofrecer su ayuda a México, sugiriendo que “a veces se necesita un ejército para vencer a otro ejército”.

México parece no tener salida. Los mensajes de Trump vienen acompañados por la propuesta renovada de grupos y políticos conservadores en Estados Unidos para clasificar a los denominados cárteles mexicanos como organizaciones terroristas—de forma arbitraria y sin atender a las definiciones formales de terrorismo fuera y dentro de la Unión Americana. La simple amenaza de intervención militar, en el caso de que México no coopere en la guerra contra las drogas estadounidense, parece inminente. Pero como en el caso de la amenaza arancelaria, solo basta un manoteo en la mesa y Estados Unidos abrirá la puerta a la militarización en su Patio Trasero. Le conviene a su economía por dos cuestiones: alimenta su complejo militar-industrial y, al mismo tiempo, a su sector energético.

La respuesta militar por parte del Estado a la violencia sembrada por paramilitares criminales, sólo crea niveles de violencia extremos que podrían desplazar a comunidades casi completas de sus territorios. Sólo el día de ayer, por ejemplo, casi cien personas (entre familiares y allegados de la familia LeBarón) abandonaron sus tierras del norte de México en caravana y se dirigieron hacia los Estados Unidos. Se pronostican más desplazamientos forzados en esa zona y regiones aledañas. En general, pienso en las tierras que cubren lo que se conoce como la “Cuenca de Chihuahua”, región rica en hidrocarburos y otros recursos naturales. Ahí, lo que menos abunda es el agua, por lo que podría pronosticarse la aparición de paramilitares criminales (que se dicen formar parte de grupos como la Línea, Gente Nueva, Los Salazar o Los Jaguares) precisamente en las partes de la Cuenca donde además existen reservas de agua. Ya pasó en Allende, Coahuila hace unos años. Esto bien podría continuar pasando en la región fronteriza del gran estado de Chihuahua.

Explico a detalle estos procesos en mi último libro titulado Los Zetas Inc. (University of Texas Press 2017; Planeta 2018). Es una hipótesis probable y posible dados los últimos acontecimientos que se han dado en México. Sólo este fin de semana, por ejemplo, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, en Chihuahua, arden con quemas de autos y balaceras (mal-llamadas “narcobalaceras”). Pareciera ser entonces que nos encontramos ante los albores de una “guerra inevitable”, es decir, de una guerra impuesta por el Coloso del Norte en el marco del espectáculo de las audiencias para un posible impeachment (destitución) de Trump, la contienda electoral del 2020 y una disputa por los recursos naturales de México.