Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– Carlos Fernando Almada López, quien fuera Subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será propuesto este sábado al Senado de la República como Embajador de México en Japón. En diversas ocasiones ha sido un funcionario público, pero muy pocas veces ha concluido el periodo oficial de los puestos que le han sido asignados e, incluso, se le acusó de haber formado parte de uno de los escándalos por peculado más relevantes en los últimos 15 años: el caso Pemexgate.

El 6 de diciembre de 2012, Gerardo Ruíz Esparza, titular de la SCT, anunció a los responsables de área que lo acompañarían dentro de la dependencia. Como una de sus piezas fundamentales sobresalió el nombre de Carlos Almada López, cuya experiencia en la esfera pública va desde el nivel municipal hasta el federal y el electoral.

Su llegada a la SCT fue prácticamente una resurrección en la política nacional, luego de haber sido involucrado en el Pemexgate, uno de los escándalos de peculado más grandes que se recuerden en periodos electorales en el país, lo que lo mantuvo durante cinco años prácticamente a salto de mata, hasta que los abogados Alonso Aguilar Zínser y el reconocido Marco Antonio Zazueta lo sacaron adelante. Luego se reincorporó a la actividad pública en los gobiernos estatales de Nuevo León, en la administración del priista Natividad González Parás, y con Rodrigo Medina de la Cruz, también del tricolor, con quien fue jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León y coordinador de Asuntos Internacionales de ese gabinete.

Casi dos años después de su reincorporación al gobierno federal, Almada López dejó la Subsecretaría de Transporte de la SCT para ser propuesto Embajador de México en Japón. Su experiencia diplomática incluye el haber representado al país en Portugal.

El sinaloense nacido en Guasave, es un político de la época del fallido candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, de quien se dice fue un amigo muy cercano, alcanzó el grado de Doctor en Administración Pública por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Políticas de París.

Después de haber desempeñado una serie de puestos a nivel local, Almada López ocupó entre 1981 y 1986 la Secretaría de Administración Pública del Estado de México, para después integrarse como oficial mayor de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (1986-1988).

También fungió como director ejecutivo del Registro Federal de Electores del ya extinto Instituto Federal Electoral (IFE), de 1991 a 1994; fue director Corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el periodo de 1994 y 1995, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1995 y Vocero Presidencial entre 1996-1997, durante el gobierno federal del priista Ernesto Zedillo Ponce de León.

ALMADA Y EL PEMEXGATE

Al final de la Presidencia de Ernesto Zedillo, Almada se vio involucrado en un caso de peculado que llegó hasta los tribunales y que salpicó a Petróleos Mexicanos (Pemex), al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su candidato a la Presidencia de México en 2000, Francisco Labastida Ochoa.

En 2001, el gobierno de Vicente Fox Quesada, emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y el primero de oposición en más de 70 años, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la paraestatal Petróleos Mexicanos por el presunto desvío de recursos a la campaña del candidato Labastida Ochoa, durante la campaña electoral del 2000.

La denuncia estaba fundamentada en el posible desvío de mil 500 millones de pesos y señalaba como principales responsables a Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, y a los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto.

También mencionaba a Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter González, ex funcionarios Pemex, y a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón, Carlos Almada y Joel Hortiales, como presuntos responsables de peculado.

El 5 de octubre de 2002, el juez decimotercero de distrito en materia penal, José Luis Moya Flores, con sede en el Reclusorio Sur, libró órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República contra Montemayor Seguy, Juaristi Septién, Domene Berlanga, Pindter González, Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón, Carlos Almada y Joel Hortiales, como presuntos responsables de peculado, por haber participado en el supuesto desvío de 640 millones de pesos de Pemex a la campaña de Labastida Ochoa.

En las declaraciones ministeriales de los tres testigos con los que contaba la PGR, se menciona que el dinero había sido entregado y recibido por el entonces secretario de Finanzas del tricolor, Jorge Cárdenas Elizondo, y por el subsecretario Alonso Bretón.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) encontraron elementos para probar que los priistas sabían de la procedencia ilegal del dinero, además de que también aplicaron esos recursos –sin informar al Instituto Federal Electoral– en la campaña del entonces candidato a la Presidencia, y para ocultar su origen simularon que eran ingresos del llamado “Sorteo del Milenio” y que se gastaban en la entrega de premios.

Presuntamente se estableció una lista de supuestos ganadores, que eran esposas de miembros de la directiva priista y a quienes al momento de cobrar los premios se les decía que los recursos debían ser devueltos a las arcas del partido.

Jorge Cárdenas, Alonso Bretón, Joel Hortiales y Carlos Almada se encontraban en calidad de prófugos de la justicia, y a excepción de Montemayor Seguy, a quien se le había ubicado en Houston, Texas, los demás ex directivos de Pemex no fueron sido detenidos ni localizados.

En octubre de 2002, el caso llegó al Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro en la materia y responsable de fiscalizar los recursos de los partidos. A principios de 2003, la institución concluyó que el sindicato petrolero desvió al menos 500 millones de pesos al PRI y le impuso una multa de mil millones de pesos.

El partido apeló la sanción, pero el Tribunal Electoral federal la ratificó. El PRI terminó de pagar esa deuda en enero de 2006.

Ese año, la juez federal Silvia Entrever, titular del juzgado 13 de distrito, expidió un auto de libertad en favor de Almada López, en cumplimiento a un amparo definitivo que le otorgó un tribunal federal.

Carlos Almada López no había sido visto en público desde mayo de 2002, cuando el juzgado 13 de distrito libró en su contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral, tipificado como grave por el Código Penal Federal y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza.

Fue en los primeros días del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto cuando reapareció en la escena política, para ocupar el cargo de titular de la Subsecretaría de Transporte de la SCT. Ahora, como ha sido costumbre en su carrera política, ha dejado ese puesto sin terminar el periodo oficial para, si el Senado lo aprueba, convertirse en el representante del gobierno de México en Japón.