La advertencia de Lydia Cacho sobre la posible complicidad de la Jueza Nava Ortega para favorecer a Mario Marin Torres llega un mes después de que al exgobernador de Puebla se le dictara auto de formal prisión por el delito de tortura en agravio de la periodista.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– La periodista Lydia Cacho Ribeiro alertó que Ana Maria Nava Ortega, Jueza Tercera de Distrito en Quintana Roo y quien es “conocida por su alianza de corrupción con Roberto Borge”, exgobernador de esa entidad, favorece a Mario Marín Torres en la búsqueda de un amparo para salir libre.
Cacho Ribeiro se refirió a la Jueza Nava Ortega, quien es exhibida en el Diario Respuesta, que se publica en Quintana Roo, por lograr darle impunidad a su hijo, quien salió en libertad de la cárcel luego de propinarle una golpiza a una joven de 20 años de edad.
Además, desde su cuenta de Twitter la periodista denunció que el Poder Judicial “sigue en guerra entre las viejas practicas y la búsqueda de construcción del estado de derecho. Tarea casi imposible frente a la abrumadora cantidad de jueces entregados a mafias de tratantes y delincuencia organizada”.
Es bien conocida por sus alianzas con el ex gobernador @robertoborge para corromper al poder judicial y defender los despojos de tierras y hoteles en #QuintanaRoo ahora dificulta mi acceso a mi propio expediente por tortura. pic.twitter.com/udORrYXubo
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) March 12, 2021
Esta nueva denuncia contra la presunta corrupción de los jueces en México se da en el marco de los señalamientos que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho recientemente contra los enjuiciadores, luego de que Juan Pablo Gómez Fierro, Juez de Distrito, detuviera la reforma a la Ley Eléctrica de AMLO sólo 24 horas después de ser aprobada.
“Estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo el Presidente de México en su conferencia de prensa del pasado viernes en Palacio Nacional.
Tras ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito defendió que su único compromiso es con la Constitución y la independencia, esto luego de de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al Juez que ordenó la suspensión de la llamada Ley Eléctrica.
La asociación opinó en un breve comunicado que las expresiones del mandatario federal ponen en duda la actuación de las y los juzgadores federales.
“La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho”, señalaron las y los juzgadores.
El único compromiso de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de Derecho. pic.twitter.com/2pxEe5UoFh
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) March 12, 2021
La asociación que le respondió ayer al Presidente está conformada por 65 por ciento de los juzgadores del país, según informó el director nacional Ariel Alberto Rojas Caballero, Juez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en una entrevista que dio en octubre de 2020 a la revista de actualidad jurídica El mundo del abogado.
EL “GOBER PRECIOSO” EN PRISIÓN
La advertencia de Lydia Cacho sobre la posible complicidad de la Jueza Nava Ortega para favorecer a Marin Torres llega un mes después de que al exgobernador de Puebla se le dictara auto de formal prisión por el delito de tortura en agravio de Cacho.
Ese día, la organización internacional Artículo 19 y la propia periodista mexicana alertaron que la justicia no será plena hasta que “el exgobernador de Puebla sea condenado y junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos”.
Mario Marín Torres, el llamado “Gober Precioso”, duerme en el centro penitenciario de Cancún, Quintana Roo, desde el pasado 3 de febrero. Ese mismo día fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la casa de su hermana, ubicada sobre la calle Citlaltepetl, en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero.
La detención derivó de una orden de aprehensión que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró en su contra el 11 de abril de 2019 por el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho.
Ya frente al Juez, su defensa solicitó arraigo domiciliario para evitar que dentro de prisión se contagiara de coronavirus debido a que, por su edad, lo consideraron población en riesgo; sin embargo, dicha solicitud les fue negada.
Aracely Andrade, la abogada de Cacho, declaró que tanto ella como la periodista esperan, por lo menos, 12 años de prisión para el exgobernador, cuando el proceso llegue a esta etapa.
