México aplica pocas pruebas para detectar casos de COVID-19 y aunque al menos 11 entidades federativas planean aumentar su uso, la falta de esos análisis aún limita lo que las autoridades saben del comportamiento de la pandemia en el país y restringe, también, la generación de políticas públicas adecuadas, opinan especialistas.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Modelo Centinela podría estar rebasado¹ y hay proyecciones que indican que el pico de infectados en México tendrá lugar a finales de julio de 2020². Los distintos niveles de gobierno desconocen la magnitud real del problema y el país, obligado por la necesidad, comienza una reapertura de actividades sociales y económicas conocida como el “regreso a la nueva normalidad”.

En este contexto de riesgo sanitario, expertos, analistas y políticos han reconocido la urgencia de aplicar más pruebas de COVID-19, que tienen tres principales funciones. Primero, saber la cantidad de personas infectadas; segundo, tener información menos sesgada sobre la prevalencia del virus en un determinado territorio; y tercero, contar con datos de calidad que permitan decisiones gubernamentales efectivas para enfrentar la emergencia de salud pública.

De acuerdo con la Universidad de Oxford de Inglaterra, México aplicó 325 mil 416 pruebas de coronavirus entre el 1 de enero y el 7 de junio de este año; una cantidad equiparable a 2 mil 9 muestras diarias, o a 2.6 pruebas acumuladas por cada mil habitantes, en los últimos cinco meses.

La cantidad de pruebas aplicadas en el país no sólo es la más baja entre los 37 países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para la casa de estudios inglesa, también es una de las más bajas entre los países del Continente Americano.

México se queda corto, por ejemplo en comparación con Chile, que es el país de América que más pruebas per cápita realiza después de Estados Unidos. Mientras que en suelo mexicano, desde inicios de la pandemia fueron realizadas 2 mil 9 pruebas diarias, en el país andino hubo 10 mil 848 por día. Aquí, la relación de pruebas diarias por cada mil habitantes es de 0.002; y allá es de 1.1. Asimismo, a la par que México aplicó menos de tres pruebas acumuladas por cada mil habitantes a partir de enero, Chile aplicó 40.

Las cifras disponibles indican que la capacidad de aplicación diaria de pruebas de COVID-19 en México, además de ser inferior a la de países americanos como Estados Unidos y Chile, es inferior a la de Canadá, El Salvador, Panamá, Colombia, Cuba, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, Bolivia y Costa Rica (en ese orden). Asimismo, es la más baja entre más de 60 países en cinco continentes analizados y comparados por la Universidad de Oxford.

Pese al bajo nivel de aplicación de pruebas, los datos refieren una tendencia al alza en México.

El número de pruebas diarias de coronavirus por cada mil habitantes aumentó de manera paulatina entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2020. A partir de ésta última fecha, que es cuando la proporción relativa alcanzó su mayor nivel, la cifra comenzó a caer hasta tocar niveles no observados desde el pasado 22 de marzo. Sin embargo, el comportamiento de éste indicador en los últimos cinco meses supone que la caída más reciente tendrá un ciclo de repunte.

LA ESTRATEGIA EN LOS ESTADOS

En la última semana, 11 entidades federativas dieron a conocer que reforzarían su esquema de aplicación de pruebas para detectar casos activos de COVID-19, en un contexto de “nueva normalidad” que supone un riesgo de repunte de casos, máxime si no son adoptadas medidas preventivas suficientes, más allá del aislamiento social y de la sana distancia.

Los gobiernos de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, del priista Miguel Ángel Riquelme Solís y del independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón le apuestan, por ejemplo, a incrementar el número de muestras diarias.

En la Ciudad de México, las autoridades buscarán aplicar el equivalente a 81 mil pruebas mensuales, o bien, 35 por ciento más que el promedio de pruebas aplicadas durante la primera semana de junio; en Coahuila, el plan es aplicar el equivalente a 30 mil pruebas mensuales, que supone casi seis veces más pruebas que la capacidad de aplicación registrada hasta inicios de éste mes; y en Nuevo León, el Gobierno aplicará 20 mil pruebas más, lo que equivale al 55 por ciento de las pruebas efectuadas en el estado (44 mil 34) desde enero, hasta la primera semana de junio.

COVID-19

El 11 de junio, la Unidad de Biología Molecular en Nuevo León habilitó un laboratorio de pruebas que puede tener resultados de hasta 2 mil 200 muestras diarias. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro.

En cambio, las administraciones de Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas optarán por la vía de las pruebas rápidas de coronavirus.

La Secretaría de Salud guanajuatense informó que a partir del 8 de junio comenzaría a realizar pruebas serológicas al personal de instituciones públicas de salud, que está en contacto con pacientes infectados. Asimismo, hace una semana el Gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció la compra de 20 mil pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

Algo similar ocurrió en Jalisco, donde la administración del Gobernador independiente Enrique Alfaro Ramírez planea la aplicación de 26 mil pruebas rápidas. En cambio en Quintana Roo y Tamaulipas serán aplicadas pruebas rápidas, pero a los extranjeros.

Mientras que en el sureste mexicano el Gobierno del ex priista Carlos Manuel Joaquín González evalúa la necesidad de aplicar pruebas a turistas en aeropuertos como los de Cancún, Chetumal y Cozumel, donde la ocupación hotelera está al 12 por ciento de su capacidad, la administración del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca urgió la necesidad de obligar a los extranjeros a someterse a una prueba para ingresar al estado.

También está el caso de Chihuahua. Allá, en el norte de México, la última propuesta no surgió de la administración del panista Javier Corral Jurado, sino del sector privado, que anunció que aplicará pruebas rápidas en las maquilas, donde el 70 por ciento de la planta laboral está en activo. Con dicha medida, la industria maquiladora acataría lo establecido en los protocolos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para empresas que tienen más de 200 trabajadores laborando por turno.

Más allá de los casos individuales, las entidades federativas de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas acordaron aplicar una nueva estrategia de salud, que entre otras cosas, incluye reforzar el modelo de aplicación de pruebas de COVID-19 y “establecer la obligación de hacer pruebas en las empresas y en otras actividades económicas”, de acuerdo con la estrategia interestatal “Nueva Convivencia Social”.

EL RETO DE MÉXICO

Para científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el problema no sólo es la cantidad de pruebas aplicadas, sino también la calidad de la aplicación y de la interpretación de los resultados.

Por un lado, existen limitantes como la disponibilidad de insumos, equipo, instalaciones y personal capacitado para efectuar la toma de muestras. A ello se suman los cuellos burocráticos de botella.

“Existe un procedimiento de validación que corre a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos [Indre] para que los laboratorios encargados de realizar las pruebas, lo hagan correctamente. Esto incluye la capacitación, certificación y sobre todo, distribución de los reactivos y estándares para la prueba. Desgraciadamente, todo esto no resulta ser un proceso homogéneo en el país; y en algunos lugares, esto no sucede con la misma velocidad o bien, no se tienen la misma cantidad de recursos e infraestructura”, dijo en mayo a SinEmbargo el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador en jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

Por otro lado está el gran reto de México, que es la optimización de las pruebas de laboratorio; es decir, “que las que sí haya, las que sí se puedan usar, las que sí estén disponibles, que se usen bien, que se procesen bien”, explicó el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM.

De acuerdo con el también profesor-investigador de la Facultad de Medicina, la mejor forma de aprovechar las pruebas es aplicándolas a grupos de pacientes de alto riesgo. Esto implica racionalizar el uso de pruebas para estudiar con mayor detalle los casos en que haya más complicaciones de salud a causa de la enfermedad, “porque te permite diferenciar para dar prioridad a pacientes”, o bien, salvar más vidas.

Acerca de las pruebas de coronavirus en el sector privado, Rodríguez Álvarez dijo a SinEmbargo que “se han convertido en un instrumento comercial porque se abrió el acceso para que la gente vaya directamente a hacerse pruebas de lo que quiera sin requisitos médicos”.

Para el especialista en microbiología y parasitología de la UNAM, lo anterior tiene “implicaciones importantes” que van desde el costo, hasta la falta de procedimientos homologados entre los sectores público y privado, que pudiera dificultar la obtención de resultados clínicos confiables.

Asimismo, el médico explicó que la falta de requisitos previos para la aplicación de pruebas, aunque no es grave y responde a la disponibilidad de recursos, pudiera indicar que no se están tomando en consideración todas las disposiciones legales y/o avaladas por las autoridades sanitarias y que, como consecuencia, no existe garantía de cumplimiento de procedimientos en toda la cadena de detección de casos.

Por lo anterior, Rodríguez comentó que “el riesgo más alto [para la salud de los mexicanos] es que se involucren intereses económicos” en momentos de pandemia. Lamentablemente, abundó, las pruebas no solucionan todo, hay deficiencias en el Sistema de Salud y los laboratorios privados terminan siendo, al fin y al cabo, un negocio que no embona y que no está coordinado con el Sistema de Salud Pública, aún cuando debería estarlo.

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¹ El 28 de abril de 2020, integrantes de la Comisión de COVID-19 de la UNAM expusieron que el Modelo Centinela, con que la Secretaría de Salud (SSA) mide la prevalencia del coronavirus en México, no refleja las cifras reales de la epidemia y que por tanto, “no sabemos en qué lugares del país y sectores de la población se está escondiendo el virus”. Por ello, la Comisión determinó que el número real de casos, según los datos disponibles, podría ser entre ocho y 25 veces superior a la cantidad de casos confirmados por la SSA.

² De acuerdo con la plataforma COVID19-Projections, el día 27 de julio de este año, México alcanzará su mayor nivel de casos activos desde que inició la pandemia, con una proyección media de 2 millones 30 mil 100 infectados, pero con rangos inferior y superior de 1 millón 106 mil 499 y 2 millones 394 mil 953 casos, respectivamente.