Las reformas constitucionales permitirán aplicar la figura de extinción de dominio sobre bienes cuando no se pueda acreditar su procedencia legítima, estén relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento y otros delitos como el robo de vehículos, secuestro, trata de personas y robo de hidrocarburos. El principio se aplicará cuando los delitos hayan sido cometidos tanto por servidores públicos como por la delincuencia organizada.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución que permitirá al Estado recuperar los bienes obtenidos por delitos como corrupción, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Las reformas permitirán que dichas faltas se sumen al catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio, informó el Senado en un comunicado; el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Las modificaciones en la legislación también permiten que las personas que afectadas puedan demostrar que los bienes que se le consignaron son de procedencia lícita.
? Se aprueba en lo general y en lo particular dictamen de reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. pic.twitter.com/0vYRTyKuhx
— Senado de México (@senadomexicano) 16 de noviembre de 2018
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, aseguró durante la presentación del dictamen que los cambios a la Constitución ayudarán a combatir “la estructura financiera de la delincuencia organizada”.
El funcionario reiteró que “la extinción de dominio permitirá al Estado mexicano recuperar bienes producto de la corrupción. Los corruptos no podrán sustraerse de la acción penal y los bienes derivados de este ilícito, el Gobierno podrá recuperarlos para devolverlos a las arcas públicas”.
El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso reformar el artículo 22 para que se establezcan los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio para que el Estado disponga de su uso, “usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público”, además de que pueda y definir el destino o destrucción de los mismos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Ana Lilia Rivera, opinó que la extinción de dominio no se ha aplicado con éxito, porque la Federación “no ha logrado la recuperación deseada de activos derivados de la corrupción o del crimen organizado”.
