Las recientes declaraciones del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acerca de que los actos de corrupción en la Sedesol y Sedatu, exhibidos bajo la gestión de Rosario Robles, son “un circo” y que ella es “un chivo expiatorio”, han provocado una serie de reacciones negativas en la opinión pública que ponen en entredicho una de las máximas de su campaña: acabar con la corrupción en México. 

Politólogos consultados por SinEmbargo coincidieron en que si en dos años no vemos avance en casos emblemáticos de procuración de justicia como lo son Ayotzinapa, Odebrecht, la Estafa Maestra, entre otros, su credibilidad y la de su movimiento tocarán fondo.

Alargar el pacto de impunidad que vivimos con las pasadas administraciones priistas y panistas sería una completa “traición” a los electores que confiaron en Andrés Manuel, dijeron. “No habrá una cuarta transformación mientras la impunidad sea la madre de todos los problemas del país”, explicó el doctor Juan Luis Hernández, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Para Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara, AMLO “comete un error muy claro al confundir dos cosas. Una es no utilizar la justicia a tu favor y otra es no castigar casos que todo indica son actos de corrupción”.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el presunto desvío de recursos públicos de Rosario Robles Berlanga reflejan la ambigüedad que aún existe en su discurso de justicia y genera incertidumbre sobre su estrategia para combatir la corrupción y la impunidad en México, dijeron politólogos consultados.

En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que durante la gestión de Robles como titular de las secretarías de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-presente) hubo simulación de contratos gubernamentales con 76 empresas, para el desvío de 1 mil 900 millones de pesos del erario público federal.

Poco más de siete meses después, una investigación del diario Reforma revivió el caso señalando que, entre 2014 y 2017, parte de ese dinero (708.2 millones de pesos) fue transferido en efectivo a diversas empresas fantasma a través de los servicios de transporte de Tameme, Cometra y Panamericano.

Cuando surgió la investigación de la ASF a principios de año, López Obrador apremió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación (de la Sedesol) y procediera conforme a la ley. Sin embargo, el 16 de septiembre dijo que Rosario Robles era un “chivo expiatorio” y que las acusaciones difundidas en medios de comunicación eran un “circo”.

Asimismo, explicó que durante su administración sí habrán procesos en contra de funcionarios públicos pero que eso “no corresponde al [Poder] Ejecutivo” sino al Poder Judicial. Y detalló que “no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción”.

En la imagen, Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, dependencia que ha sido señalada de desvío de recursos junto con la Sedesol. En ambos casos los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo bajo la gestión de la funcionaria. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

En esta coyuntura, AMLO ha sido señalado por integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de defender a Robles, e inclusive, integrantes de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República –como Lilly Téllez y Ricardo Monreal Ávila– han contestado diciendo que sí impulsarán la investigación desde la Cámara Alta porque “al menos Robles es cómplice en los actos de corrupción exhibidos”.

Para Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lo que AMLO hizo es deslindarse de las prácticas de justicia política (cuando se castiga a los enemigos y se protege a los aliados) y de justicia selectiva (cuando el gobernante decide contra quién serán iniciados los procesos de investigación) por parte del Ejecutivo federal. En ese sentido, dijo, López Obrador “acertó”.

No obstante, Toussaint advirtió que “el hecho de separarse de la politización y selectividad de la justicia no significa darle borrón y cuenta nueva a todos los procesos previos” sino que, contrario a ello, debe de dejar correr las investigaciones por parte de las fiscalías para que después los jueces determinen quién es y quién no es culpable.

Los politólogos consultados por SinEmbargo concordaron en que el problema de fondo radica en la confusión que AMLO genera con sus declaraciones y que en apariencia parecen contradictorias. Algo muy similar a lo que sucedió en enero de este año, cuando el político tabasqueño fue criticado por ofrecer amnistía a quienes hubieran incurrido en un ilícito y evitar hacer “cacería de brujas” con la finalidad de iniciar un proceso de pacificación del país.

“Hicieron todo un escándalo con eso de la amnistía. Hice un planteamiento que sostengo, de que vamos a buscar todas las posibilidades para conseguir la paz en México. Pero entonces, los de la mafia en el poder dijeron: ‘¡Claro, ahí está! Andrés Manuel va a perdonar a los delincuentes’. Son muy perversos, hay que ver la propuesta integral, no sólo retazos”, dijo el 5 de enero en el estado de Morelos.

AMLO “comete un error muy claro al confundir dos cosas. Una cosa es no utilizar la justicia a tu favor y otra es no castigar casos que todo indica que son escándalos de corrupción”, señaló Toussaint, quien dijo que a pesar de todo, el próximo Presidente de la República está obligado a dar resultados en materia anticorrupción, que fue uno de los principales motivos por los que la ciudadanía votó por él.

Los especialistas concordaron en que AMLO puede ser ambiguo pero que, si en dos años no vemos avance en casos emblemáticos de procuración de justicia como lo son Ayotzinapa, Odebrecht, la estafa maestra, entre otros, su credibilidad y la de su movimiento tocarán fondo.

Alargar el pacto de impunidad que vivimos con las pasadas administraciones priistas y panistas sería una completa “traición” a los electores que confiaron en Andrés Manuel López Obrador la principal demanda nacional –después de la violencia– que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. “No habría una verdadera transición de régimen y una cuarta transformación nacional mientras la impunidad sea la madre de todos los problemas del país”, explicó el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Para el académico, en el peor de los casos las declaraciones de AMLO refleja lo que ha venido sucediendo en América Latina en las últimas décadas. Procesos de transición política en los que hubo la necesidad de pactar con el viejo régimen para dar paso a un nuevo. Y para lo cual, fue “siempre necesario que hubiera esta suerte de mirada hacia adelante y no hacia atrás”.

En ese sentido, Avendaño mencionó que el problema es que no sabemos si las declaraciones del tabasqueño sólo son parte de una estrategia política de transición “para no enturbiar la llegada del nuevo gobierno”, o si es la antesala de lo que será la dinámica durante todo su sexenio.

De cualquier modo, dijo, “plantar impunidad” al Gobierno saliente es una “clara traición a los más de 30 millones de electores” que votaron por él, máxime considerando que el mensaje de la ciudadanía en las urnas –el 2 de julio pasado– fue “la necesidad de castigar el saqueo institucional” que protagonizó la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

¿ANTICORRUPCIÓN BASE CERO?

Rosario Robles, además de estar involucrada en el desvío de recursos de la Sedesol y de la Sedatu, entre 2003 y 2004 estuvo involucrada en el uso indebido de recursos públicos por parte de su entonces pareja sentimental, el empresario Carlos Ahumada. Aunque Rosario Robles no fue inculpada, en medios de circulación nacional corrió la noticia de que ella, en calidad de presidente del PRD, introdujo a Ahumada al círculo político perredista, por lo que lejos de ser inocente era, en efecto, cómplice del crimen.

Los señalamientos en contra de Robles no dejan de levantar sospecha. Y las declaraciones de López Obrador en un momento crítico como lo es el periodo de transición de gobierno, o son “infortunadas” o son el portento de una “tragedia” por venir, lamentaron algunos de los analistas.

Según el doctor José Fernández Santillán, analista político de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), AMLO “está sacando el cobre priista y está mostrando su verdadera naturaleza”. Su problema, explicó, “es que está rodeado de una serie de maleantes que no pueden ocultar su pasado” –como Manuel Bartlet, Napoleón Gómez Urrutia, Marcelo Ebrard, Rigoberto Salgado, entre otros– y que “ahora han lavado sus pecados por estar o haberse doblegado ante el gran jerarca” (AMLO).

En su opinión, si López Obrador en verdad está planteando dejar lo del pasado en el pasado y velar por el cumplimiento de la ley desde el 1 de diciembre en adelante, nos enfrentamos al riesgo de de un “gravísimo retroceso para nuestra democracia”, ya que estaría incurriendo en “una falta de respeto para las instituciones de la República, un engaño para sus votantes y un […] ejercicio del poder de acuerdo a criterios de conveniencia y oportunidad”.

En muchos procesos políticos y sociales, dijo Juan Luis Hernández Avendaño de la Universidad Iberoamericana Puebla, sucede lo que se conoce como “arrancar de cero” con nuevas reglas. A pesar de que es una práctica válida en muchos Estados, no obstante, en la lógica práctica de México, el hecho de dejar impune los saqueos institucionales y gubernamentales en la actual coyuntura nacional “haría muy poco creíble el esfuerzo del nuevo Gobierno de echar a andar una verdadera política anticorrupción”.

Santillán, por su lado, añadió que esto se debe a que la gente que votó por el tabasqueño “no quiere borrón y cuenta nueva” sino que la nueva administración acabe con la lógica de corrupción e impunidad de los últimos sexenios, lógica sin la cual no se entendería la abrumante victoria de AMLO en las urnas.

Además, para el politólogo, el caso de Rosario Robles no se trata de una cacería de brujas ni de un circo, sino de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo que AMLO podría estar haciendo al ponerlo así, además, “es faltarle al respeto a las instituciones. Porque decir borrón y cuenta nueva y que es una persecución, es descalificar lo que ha hecho institucional e imparcialmente la ASF”.

El próximo Presidente de México quizá intentó expresar que durante su mandato no habrá corrupción e impunidad y que no se entrometerá en las investigaciones de la PGR, que por lo menos en el sexenio de Peña Nieto, ha sido señalada de simular operativos e investigaciones, por tratarse de un brazo político del Poder Ejecutivo federal.

De acuerdo con el doctor Gustavo López Montiel, director de la Facultad de Ciencias Políticas del ITESM, no son del todo ciertas las declaraciones de AMLO acerca de que los procesos en contra de funcionarios públicos no corresponden al Poder Ejecutivo, ya que a su consideración y derivado del hecho de que la PGR es un órgano que investiga los delitos del orden federal y que depende del Poder Ejecutivo, éste tiene la facultad –al igual que el Poder Legislativo– de impulsar investigaciones que pueda atraer y ser valoradas por el Ministerio Público, con la posibilidad de derivar en una acción penal.

“El tema es que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto y que, por otro lado, hemos visto que la PGR es utilizada con fines políticos y están suspendidas las averiguaciones precisamente por este uso de la PGR. Sin acciones directas desde el Ejecutivo federal, será difícil que una Fiscalía pueda, verdaderamente, procurar y aplicar la ley para hacer justicia”, comentó.

Además de los problemas mencionados, el analista político de la UdeG, Enrique Toussaint, indicó que lo más preocupante de todo es “la idea que tiene AMLO de periodismo” y que, al acusar que los medios de comunicación hicieron un circo, esté demostrando ser incapaz de “entender que buena parte de su victoria electoral se pavimentó con las revelaciones [sobre corrupción e impunidad] que hicieron los medios de comunicación”.

“Mucho de lo que explica la llegada de López Obrador a la Presidencia es el circo que hicieron los medios de comunicación […] que desnudaron lo que supuso el proyecto de Enrique Peña Nieto en materia de corrupción. Es inexplicable el ascenso de Andrés Manuel, la capacidad que tuvo para generar un discurso antisistema, la erosión del régimen de Peña Nieto y de su Gobierno, sin el trabajo y las revelaciones de la prensa”, concluyó al respecto.

EL GOLPE A MORENA

Los politólogos apuntaron que las aparentes discrepancias discursivas al interior de Morena –como aquellas diferencias entre AMLO y Monreal o AMLO y Téllez– reflejan la realidad del partido, que lejos de ser un monolito es una “coalición variopinta con distintos intereses” que no está libre de fracturas, e incluso, de la formación paulatina de tribus partidarias, refirió Hernández Avendaño.

Este tipo de circunstancias, abundó, evidencian la heterogeneidad de posturas en un partido que inició como un “movimiento social que aglutinó a muchas fuerzas políticas, sociales, civiles, partidarias y ex partidarias”, que no acaba de consolidarse del todo. El hecho de que Morena mande “mensajes encontrados” –como cuando Monreal subió a la tribuna a defender al Gobernador Manuel Velasco Cohelo y otros diputados morenistas lo criticaron– significa que, “como proyecto político, aún no tiene una consistencia institucional”, explicó Toussaint.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, anunció que iniciarán una investigación respecto a las recientes denuncias de un presunto desvíos de recursos que comprometen a Rosario Robles Berlanga. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

Para los especialistas es muy importante lo que AMLO haga de aquí en adelante, pues como dijeron, dependiendo de la forma en que gestione el legado de corrupción y de reformas de Peña Nieto, será determinada la solidez de Morena en los próximos meses. Y si López Obrador se equivoca, podría ocasionar disputas internas que afecten la operatividad institucional del partido.

“Su proyecto se puede dividir y perder mucha legitimidad política y social si [AMLO] no se atreve a encabezar acciones contundentes contra la administración anterior”, mencionó Santillán, quien también advirtió que ”sí se ven fracturas internas [en Morena], pero hay que recordar que es un partido personal. Y que a fin de cuentas la última decisión es la que toma el gran tlatoani” que es AMLO.