Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Unas 38 organizaciones de la sociedad civil, así como 65 ciudadanos, emitieron un comunicado en el que exigen a la Policía de Puebla, cuyo titular es Facundo Rosas Rosas, que entregue un informe público sobre los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, cuando habitantes de esta comunidad y de otros 11 poblados fueron agredidos con balas de goma por agentes estatales mientras demandaban que se regresara a su poblado las oficinas del Registro Civil.
En el documento piden sanciones para los responsables, así como las medidas de no repetición para evitar que se vuelvan a presentar abusos por parte de las policías que operan en la entidad.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Causa Común, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, y más.
Otra de las peticiones es que se abrogue la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, mejor conocida como “Ley Bala”, “cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones”.
También piden “que se proceda penalmente contra la o las personas que agredieron al menor, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo [quien falleció este sábado tras resultar herido en el operativo policial de hace dos semanas], y se deslinden responsabilidades de la cadena de mando”.
Solicitan a la Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la del Estado de Puebla que inicien una investigación sobre las violaciones a las garantías individuales.
Se pronuncian porque “el uso de la fuerza pública debe ser el último recurso del Estado para restablecer el orden contra una persona que sea sorprendida en flagrancia cometiendo algún delito violento que ponga en riesgo a terceros, no contra la manifestación; y conforme a principios de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad”.
“Es urgente suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, el uso de lanza granadas, proyectiles, municiones de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia”, indican.
También establecen que “es urgente que se implementen protocolos de actuación policial para evitar que la contención de grupos de manifestantes se conviertan en batallas campales que en nada contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos”.
Piden “la instauración de un mecanismo externo de supervisión que coadyuve con la institución policial a que ésta guarde un equilibrio entre sus responsabilidades y el uso efectivo de sus poderes, garantizando así el acotamiento de sus acciones discrecionales y una mejora en su desempeño”.
Y finalmente aseguran que “es impostergable la profesionalización de la policía, mediante el establecimiento de estándares de actuación y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión interna y civil. Además de capacitación sobre el uso racional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos”.
Además de las peticiones, explicaron algunos elementos de preocupación en la “Ley Bala”, pues incluye artículos imprecisos o con ambigüedades que limitan “los derechos de los ciudadanos”, como es el capítulo X, artículo 47, fracción V, donde indica:
En caso de uso de armas de fuego, se deberá especificar:
a) Las circunstancias espaciales por las cuales fue necesario el uso del arma de fuego;
b) Marca, modelo y matrícula de serie del arma de fuego utilizada;
c) Número de cartuchos percutidos
d) Nombre de las personas lesionadas o privadas de la vida; y
e) Daños materiales causados.
Finalizan indicando que si la ley prosigue como tal, sólo se “genera un ambiente intimidatorio e inhibitorio del ejercicio de derechos”.
Firmantes de la petición:
Alternativas y Capacidades, A.C.; AMPEE A.C.; Arena Ciudadana, A.C.; ARTICLE 19; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Bordados por la Paz, Puebla; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Propuesta Cívica, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.; Causa en Común, AC.; Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA); Cohesión Comunitaria e Innovación Social, A.C.; Colectivo Utopía Puebla; Contingente Mx; Contingente Puebla; El Taller, A.C.; Fundación y Quién Habla Por Mí, A.C.; Gente Diversa De Baja California, A.C.; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C; Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO); Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C ( INSYDE); Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C.; México Infórmate; Mexico Unido Contra la Delincuencia; Mujeres y Punto, A.C.; Nodo de Derechos Humanos; Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos Proeducación, IAP; Puebla Vigila, A.C.; Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva; Red Puebla de Periodistas; The Hunger Project, México; Universidad de la Tierra en Puebla.
Abigail Gisela Martínez Miguel, Abiram Hernández Fernández, Aldo Jiménez Calleja, Alejandra Corona Flores, Aranzazú Ayala Martínez, Carlos Francisco Valverde Diaz de León, Carlos Mejía Reyes, Christopher Eduardo Herrera Guerrero, Cuauhtémoc Cruz, Daniel Alejandro Valdés Amaro, Daniel Gershenson, David Méndez Márquez, Diego Enrique Hernández Gonzales, Dora Luz Sánchez Valencia, Dr. Carlos Figueroa Ibarra, Dr. Juan Carlos Gómez Leyton, Director Doctorado en Estudios Políticos y Sociales en América Latina, EPSAL, Universidad Central de Chile, Dr. Octavio Moreno Velador, Dra. Gloria Marroni, Eduardo Martínez Martínez, Ernesto Aroche Aguilar, Guillermo Márquez Lezama, Hiram Reyes Cordero, Iliana Galilea Cariño Cepeda, Iván Bello García, Jaime Netzáhuatl Jiménez, Jesús Alejandro Ortiz Cotte, Jesús Robles Maloof, Jorge Machuca Luna, Jorge Méndez Spinola, José Ayala Rodríguez, José Cervantes, José Manuel Rodoreda Artasanchez, Juan Luis García Hernández, Juan Luis Hernández Avendaño, Kathia Elena Salinas Ponce, Leonardo Herrera, Lilia Vélez Iglesias, Lorena Martínez Zavala, Marcela Ibarra Mateos, Marcos Eduardo Villa Corrales, Maria Aurora Berlanga Álvarez, María Covadonga Cuétara Pride, María Elena Morera, María Guadalupe Chavez Ortiz, María Rosa Márquez Cabrera, Mariana Sánchez López, Mely Arellano Ayala, Mercedes del Valle, Miriam Carrilo Ruiz, Misraim Hernández Fernández, Monica Tapia A., Noé Agustín Castillo Alarcón, Olga Matilde Palacios García, Oscar Desiderio Soto Badillo, Rafael G. Hernández Gracía Cano, Rebeca Maltos, Roberto Alonso, Rosalba Zambrano Velasco, Roy Campos, Samantha Páez Guzmán, Sergio Aguayo Quezada, Simón Hernández León, Tamara Abigail Cervantes Villegas, Vianeth Rojas Arenas
LA PROTESTA
El pasado 9 de julio, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, junto con 11 comunidades más, se manifestaron en distintos puntos del estado donde expresaron su inconformidad tras la derogación a la Ley Orgánica Municipal donde se les quitó a las juntas auxiliares sus facultades en materia de Registro Civil, por lo que las oficinas se trasladaron a distintos puntos lejanos a las comunidades.
“Nosotros estamos exigiendo que el Registro no se nos quite porque sabemos que no vamos a poder llegar hasta allá. Si a veces aquí uno no lo puede registrar, ahora imagínese ir hasta allá. Nosotros no tenemos esos recursos. Nosotros necesitamos nuestros pasajes, necesitamos a dos testigos. No creo que nos los vayan a dar [los papeles] sin testigos. Tenemos que ir, no tenemos los recursos; si apenas nos está alcanzando para comer, ¿cómo vamos a ir? Yo le digo a mi esposo: ‘me siento mal porque somos como dice él [el Gobernador Rafael Moreno Valle], unos ignorantes’. Puede decir lo que él quiera, pero cuando quiere los votos, nos viene a ver. Los ignorantes servimos para algo pero ya ahorita no nos hace caso. Ni siquiera nos está tomando en cuenta”, dijo una habitante.
La protesta en la vía Atlixcáyotl, en San Bernardino Chalchihuapan fue la única donde elementos de Policía Estatal acudieron para dispersar la manifestación. Aplicaron la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
Luego del arribo de los uniformados se desató un conflicto pues lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma. Los pobladores se defendieron con piedras que recogieron de los terrenos ubicados a los costados de la vía.
Cinco personas resultaron heridas de gravedad: José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años, que perdió la vida el sábado pasado; Gilberto Varela Tecalero, de 16, ambos fueron atendidos en el Hospital General Sur; Martín Romero Montes, de 65 años, que presenta una perforación en el pómulo izquierdo por el impacto de una bala de goma; Hugo Jiménez Varela, de 26 años, quien se sometió a una reconstrucción del ojo izquierdo, y Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, estudiante de bachillerato quien padece un traumatismo cráneo-encefálico, también por el impacto de una bala de goma. A estos tres últimos se les negó el acceso a atención médica pues la instrucción del gobierno era que no los atendieran.
JOSÉ LUIS TEHUATLE
José Luis Tehuatle Tamayo, un menor de 13 años, salía de la secundaria Ricardo Flores Magón y se dirigía a su casa. En el camino tenía que atravesar la vía Atlixcáyotl al mismo tiempo que ocurría el conflicto entre los estatales y los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. El menor recibió un impacto de bala de goma en la cabeza que lo dejó herido de gravedad y fue internado en el área de terapia intensiva en el Hospital General Sur.
Diez días después, el director del hospital, José Antonio Martínez García, informó que se le realizó un electroencefalograma y se le detectó ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos.
“Se concluye conforme a la Ley General De Salud que lamentablemente a José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica. Consultaremos a la familia sobre los siguientes pasos a seguir”, dijo el doctor al leer el comunicado ante los medios de comunicación. Sin embargo, nunca se comunicaron con Elia [la madre]. Ella se enteró por la prensa.
Al día siguiente acudió al hospital con el neurólogo Luis Felipe Loría Rosado quien le confirmó la muerte cerebral de su hijo. Decidió interponer un amparo de “derecho a la vida” para que el menor no fuera desconectado. Finalmente, el sábado pasado, la Secretaría de Salud estatal emitió un comunicado de cinco líneas informando la muerte de José Luis. “…el día de hoy, sábado 19 de Julio de 2014, a las 18:30 horas, el menor José Luis Tlehuatle Tamayo presentó paro cardiorespiratorio irreversible, en el área de terapia intensiva del Hospital General del Sur”. Nuevamente a Elia nadie le dijo nada.
El Hospital trasladó, sin autorización de su mamá, el cuerpo de José Luis al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarle una necropsia. Un día horas después de la muerte de su hijo, Elia apenas pudo reconocerlo, pero ya había sido sometido a las pruebas forenses.
SSP DE PUEBLA
Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, negó el sábado por la noche que agentes de la corporación estatal usaron balas de goma durante el desalojo de los pobladores. En una breve conferencia de prensa en la que leyó un comunicado y en donde no aceptó preguntas. El titular de la dependencia, un hombre cercano al ex Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Genero García Luna, dijo que la Policía Estatal de la administración de Rafael Moreno Valle nunca ha adquirido balas de goma.
“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas.
A pesar de las declaraciones, los habitantes han mostrado constantemente balas y proyectiles de goma, así como bombas de gas lacrimógeno, mismos que recogieron luego del desalojo de la vía.
“Para aclarar cualquier duda se solicitó mediante el oficio SSP/06/09368/2014 un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional, única autoridad responsable de vender tales municiones. La respuesta, en el oficio 28003, signada por el general comandante de la vigésima quinta zona militar, fechada el día 18 de julio de 2014, confirma que durante la presente administración, la policía estatal nunca ha adquirido balas de goma”, dijo Rosas Rosas.
Y agregó: “En cumplimiento a lo anterior, informo que hemos entregado toda la información requerida por la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de Justicia estatal, instancias encargadas de realizar dicha investigación”.
“LEY BALA”
El 19 de mayo de este año se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la llamasa “Ley Bala”, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.
Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego. Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos obtuvieron dos amparos del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Puebla para suspender la Ley. En un comunicado lanzado el pasado 16 de julio, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señalaron que el juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla cuando se ejerzan los derechos de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
Dicho fallo es “muestra del compromiso con la garantía de los derechos humanos de las personas en Puebla y una clara voluntad de cumplir con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades de México tienen por el mandato constitucional”, consideraron.
Ante la “Ley Bala”, varios ciudadanos promovieron amparos en contra por dar “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos”.
Y recordaron que: “La Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, quienes exigían que los servicios del Registro Civil fueran regresados a la comunidad”, pues ahora deben trasladarse a la capital para realizar el trámite.
Indicaron que la acción policiaca se realizó bajo el marco de dicha ley y dejó medio centenar de manifestantes heridos.
PETICIONES DE LAS JUNTAS AUXILIARES
La Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip) integrada por cerca de 120 juntas auxiliares y ediles pretendían marchar este día con rumbo a la Ciudad de México para exigir una serie de peticiones a las autoridades, sin embargo, luego de enterarse de la muerte de José Luis decidieron solidarizarse con la causa.
El sábado pasado, los líderes se reunieron en la presidencia de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, para determinar las peticiones por las que marcharían y explicaron que su principal solicitud es la liberación de los 37 presos políticos que, en menos de tres meses, han sido encarcelados por manifestarse.
“Muchas comunidades tienen peticiones de diversos tipos. La principal es libertad a los presos políticos. Están detenidos por querer manifestarse. Ya es tiempo de ponerle un alto al Gobernador [Rafael Moreno Valle]. La primer petición es liberar a los presos políticos, no nada más a los de Chalchihuapan”, dijo uno de los líderes.
Otra de las peticiones a las autoridades estatales es que el gobierno haga una repartición de recursos para obras públicas equitativas. “No puede ser posible que a un municipio le den 20 millones de pesos para una obra pero a la junta auxiliar le dan medio millón o le dan un millón para una obra para como dicen, le tapen el sol con un dedo”, dijeron.
También piden que la autoridad de presidente auxiliar forme parte del Cabildo Municipal, pues dentro sólo hay regidores y éstos representan a los partidos políticos, pero no al pueblo. “El que tiene la representación del pueblo es el presidente auxiliar y no puede ser posible que no tenga voz ni voto en el cabildo donde se decide qué hacer con el recurso”, expresaron.
