El anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) no gustó a muchos; entre ellos, a la actual Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Diana Talavera. Por ello, promovió una intensa campaña para evitar su creación. Pero cuando fue aprobada la Reforma Político-Electoral y fue un hecho el INE, Talavera fue de las primeras en inscribirse en el procedimiento para seguir en su cargo. Opositores dicen que la conducción de Talavera en el IEDF ha sido al menos “sospechosa” en estos 15 años que lleva en el puesto. Su paso en el Instituto capitalino ha dejado varias denuncias, entre ellas licitaciones directas, o imposición de personal allegado a ella… y a un personaje, dicen, insospechado en esta historia: René Bejarano.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Luego de conformarse el Pacto por México, en el que se anunció la posible desaparición de los institutos electorales estatales, Diana Talavera Flores, actual Consejera presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), desestimó que la propuesta fuera a prosperar y comenzó una lucha contra ello.

Inició una serie de reuniones dentro de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas A.C. (APPICEEF) e incluso lanzó una campaña personal contra el acuerdo en el que, en teoría, estuvieron de acuerdo todos los partidos nacionales en ese momento.

Así, el 21 de julio del año pasado emitió un desplegado en el que rechazaba rotundamente la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE). Talavera Flores trabajó arduamente para hablar mal de la desaparición de los institutos electorales estatales e incluso se reunió junto con otros presidentes locales en el Senado de la República en el marco del análisis de las iniciativas en torno a la Reforma Política-Electoral. Se manifestaron en contra de la creación del INE.

La Consejera presidente del IEDF aseguró que la propuesta de distintas fuerzas políticas para crear el Instituto Nacional de Elecciones no resolvía los problemas de fondo de la democracia mexicana. Leyó un manifiesto donde señaló que la solución no era desaparecerlos sino dotarlos de fortalezas que les permitan una auténtica autonomía, especialmente la presupuestal.

Consideró desmesurado que se pretenda responsabilizar de esos problemas a algunos órganos electorales locales “por su supuesta falta de autonomía”.

Es evidente –destacó– que las consecuencias para la democracia mexicana al concentrar las funciones de todos los institutos electorales estatales en un solo órgano resultarán por lo menos “azarosas”.

Propuso fortalecer a los institutos electorales locales mediante el establecimiento de reglas y principios, adecuación y homologación de mecanismos de elegibilidad de consejeros, independencia presupuestal, así como incorporar el servicio electoral profesional.

Y las juntas continuaron. Además de esa reunión, hubo otras en las que no fueron convocados el resto de los consejeros del IEDF por que generó desconfianza de parte de ellos hacia su líder.

Finalmente, la Reforma Electoral fue aprobada y INE lanzó la convocatoria para el proceso de selección y designación de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales (OPL) en julio pasado.

Talavera Flores de inmediato se inscribió e inició el proceso de selección. Los cargos a designar será Consejero Presidente que durará en su encargo 7 años, tres consejeros electorales que durarán en su encargo 6 años y tres consejeros electorales que durarán en su encargo 3 años.

El 2 de agosto se hizo el examen de conocimientos, que se aplicó en dos turnos. Diana Talavera lo hizo en el segundo turno, el vespertino.

Las 25 y los 25 aspirantes con la mejor puntuación pasaron a la siguiente ronda. La Consejera presidente del IEDF quedó en segundo lugar con 85 aciertos y obtuvo una calificación de 94.44, que sólo fue superada por Mariana Calderón Aramburu.

El pasado 23 de agosto fue la siguiente etapa que consistía en un ensayo presencial. Los participantes solo tuvieron un par de horas para realizarlo. Diana Talavera también pasó esta prueba.

Posteriormente fue la etapa de valoración curricular, en la que Diana Talavera no resultó seleccionada, sin embargo, solicitó por escrito a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales Locales del INE, en el plazo previsto por la ley, la revisión del resultado de su evaluación curricular.

Más de noventa participantes a nivel nacional también lo hicieron.

De la atención a esas solicitudes y de la revisión realizada fueron incorporadas a la Etapa de Entrevistas 35 personas, entre ellas, Diana y fue entrevistada al día siguiente, a las 10 de la mañana, por los consejeros Beatriz E. Galindo Centeno, Ciro Murayama Rendón y José R. Ruíz Saldaña.

Diana Talavera está lista para incorporarse, si es que queda. Su oposición en el pasado inmediato es, ahora, historia.

ADJUDICACIONES DIRECTAS

Diana Talavera tiene un año ocho meses como Consejera presidente y desde entonces una parte del Consejo ha manifestado una preocupación sobre el manejo de los recursos, especialmente con las licitaciones. Algunas de ellas, suficientes, han sido por adjudicaciones directas.

Noemí Luján Ponce, Consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, explica a SinEmbargo que actualmente “la ley prevé el 20 por ciento para adjudicaciones directas, esto sí se respeta. Pero hay muchas licitaciones o invitaciones restringidas que se declaran desiertas”.

Asegura que esto sucede cuando hay una mala política de comunicación y de contacto con los proveedores de servicios que se solicitan, o porque están mal diseñadas las bases o se ponen requisitos muy elevados o complicados de cumplir.

Todas las licitaciones del último trimestre fueron declaradas desiertas y como consecuencia “se procedió a invitación restringida o a adjudicación directa, según la etapa en la que se encuentre”, cuenta la Consejera. Las adjudicaciones directas tienen ventajas para ciertos tipos de servicios, pues en ocasiones se tiene a proveedores que garantizan calidad.

“Pero se presta a muchas otras cosas”, agrega.

El historial de la Consejera presidente dice que las adjudicaciones directas son su costumbre. Antes de ser Consejera presidente, se desempeñó como Secretaria Administrativa y/o Encargada de Despacho de la Secretaría Administrativa. Durante 2010 y de enero a mayo de 2011, de acuerdo con una solicitud de información, Diana Talavera suscribió diversos contratos:

Por adjudicación directa: 147

Por invitación restringida: 16

Por licitación pública nacional: 19

Por licitación pública internacional: 0

¿Por qué 147 adjudicaciones directas? Evidentemente, si 19 fueron por licitación pública, algo está fallando.

SinEmbargo pidió una entrevista con Diana Talavera, quien aclaró que las adjudicaciones directas realizadas durante el periodo en el que fue encargada de la Secretaría Administrativa se hicieron conforme a lo establecido en Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IEDF, que establecen los montos y condiciones de estas; y a solicitud de las áreas ejecutoras del gasto.

La Consejera presiente dijo que el Comité de Adquisiciones, está integrado por el Secretario Administrativo, los Directores Ejecutivos, el Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos y la Contraloría General del IEDF; y conoce, aprueba y autoriza las adjudicaciones directas o todas las adquisiciones que se realizan. Es importante señalar que el periodo en cuestión ya fue objeto de diversas auditorías por parte de Despachos especializados privados, de la Contraloría General y de la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa sin que se haya señalado algún incumplimiento de la norma.

SUPUESTA BEJARANISTA

Durante el proceso de selección de los Consejeros Electorales de los OPL, el Instituto Nacional Electoral realizó un exhaustivo monitoreo en medios de comunicación. Una fuente reveló que se hará un veto a Diana Talavera Flores sustentado en dichas notas periodísticas.

Desde que Diana Talavera fue designada como presidenta del IEDF, se han publicado 228 artículos que “generan una percepción negativa en la opinión pública” sobre su gestión al frente del Instituto, de acuerdo con un análisis oficial al que SinEmbargo tuvo acceso. Al menos 58 la vinculan directamente con la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y/o al líder de dicho grupo, René Bejarano Martínez.

En 25 notas se habla del “abuso de poder que ejerció” dentro del instituto “al colocar personal de la corriente IDN en las plazas vacantes con el fin de pagar favores, violentando así el proceso de ingreso”. Uno de los temas más polémicos fue la designación de Luigi Paolo Cerda como encargado de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Descocentrados (UTALAOD), un personaje de confianza de Bejarano.

Apesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación resolvió el 13 de marzo de 2013 dejar sin efectos su nombramiento como Consejero por no cumplir con los requisitos, le fue imputable haber proporcionado información falsa.

A Talavera se le cuestiona la incorporación de Diana Gabriela Campos, Directora Jurídica, quien por motivos que aún no quedan claros perdió un amparo promovido por directores ejecutivos y titulares de unidad, por lo que el Instituto debió pagar aproximadamente tres millones de pesos, juicio en el que inicialmente la Consejera presidente había participado pero se desistió.

Hay acusaciones en su contra de “terror laboral por parte de los servidores públicos del servicio profesional electoral y por personal que ha manifestado recibir amenazas ya que si no hacen lo que ella les solicita, les exige la renuncia o los cambia de adscripción”, dice este mismo análisis.

Además, 120 notas hablan de “un protagonismo que aprovechó para una promoción de su persona y no de la institución, mucho menos de sus compañeros, entre ellos destaca un desayuno que tuvo con Lorenzo Córdova Vianelo, actual presidente del INE”.

También se le cuestiona que “no renunciará al dinero que le correspondería cobrar por su trayectoria de 15 años en el IEDF, en donde sólo un año con ocho meses fungió como Consejera presidente. Su último sueldo le permitirá obtener una cuantiosa cantidad, si concluye su cargo y no la designan nuevamente como consejera”.

RECOMENDACIONES DE LA CDHDF

La Quinta Visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Claudia Patricia Juan Pineda, emitió un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal el pasado 4 de agosto, porque una ex empleada no recibió una indemnización.

El 15 de enero de 2013, la ex trabajadora firmó un convenio donde terminó su relación laboral con el organismo y pactó un concepto de liquidación. A la mera hora, le fue negado.

En ese periodo, Bernardo Valle Monroy, secretario ejecutivo y representante legal del IEDF; Angélica Rosas Rodríguez, secretaria administrativa y José Rico Espinosa, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, firmaron a nombre y en representación del IEDF otros 15 convenios de terminación laboral.

Todos resultaron ilegales debido a su fundamentación jurídica. Esto ocasionó que el Comité Técnico del Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7 no aprobara el pago a esos trabajadores, por lo que dejaron de laborar en el IEDF y sin la liquidación pactada.

Dolores del Valle Espinosa trabajaba en el Instituto desde el 1 de febrero de 2011, adscrita al área de la presidencia del organismo, sin embargo, el 15 de enero del año pasado, cuando recién Diana Talavera tomó el cargo de Consejera presidente en el IEDF, firmó un convenio en el que acordó la terminación de su relación laboral y el Instituto estaba obligado a otorgarle un pago por concepto de liquidación.

De acuerdo con el expediente CDHDF/V/121/TLAL/13/D3530, los 15 trabajadores que concluyeron su relación laboral con el IEDF, entre ellos Del Valle Espinosa, no recibieron su indemnización por “contravenir las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral”.

El organismo defensor de derechos humanos local determinó que personal del Instituto signó convenios que llevaron al “incumplimiento de la normatividad vigente y la afectación a los derechos laborales y la seguridad jurídica de la peticionaria y de los demás trabajadores que los suscribieron”. Pidió que el titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos realizara gestiones para que los hechos “fueran debidamente investigados por la instancia correspondiente”, y se solicitó que se “adoptaran los mecanismos necesarios para evitar que se repitieran y se respetaran, en igualdad de circunstancias, los derechos laborales las y los trabajadores del Instituto”.

Sin embargo, la CDHDF denunció que José Rico Espinosa emitió únicamente una resolución favorable a Dolores del Valle Espinosa, pero omitió atender de manera total las solicitudes “relacionadas con las medidas que adoptó ese Instituto para investigar los hechos para garantiza los derechos laborales de las y los trabajadores y evitar que hechos similares se repitieran”.

Finalmente, la Quinta Visitadora general solicitó iniciar el procedimiento administrativo correspondiente a fin de que se determine la responsabilidad de los servidores públicos del IEDF que incidieron directa o indirectamente en los hechos, además de imponer las sanciones que correspondan a los implicados que hayan incurrido en responsabilidad administrativa por las o misiones y los actos descritos.

Hasta el momento el IEDF no ha notificado a la CDHDF el número de expediente donde inicie la investigación respecto a esta queja.

Y la pregunta más evidente es: ¿por qué los despidos?

DESPIDOS… Y CONTRATACIONES

Funcionarios del Instituto consultados por SinEmbargo indican que los despidos están justificados en una persona: Diana Talavera. Afirman que ha usado su puesto como Consejera presidente para colocar personal de su confianza en distintas áreas de la institución. Algunos de ellos, dicen, son gente de René Bejarano, un reconocible líder de la izquierda mexicana, famoso por los videos en los que se le ve aceptando dinero.

Antes, como presidenta de la Junta Administrativa, Talavera aprobó el Mecanismo Emergente para la ocupación de las plazas vacantes en el área administrativa… sin hacer concursos para transparentar su ingreso.

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (centro) elaboró el Mecanismo Emergente para que se contara con un instrumento que permitiera ocupar las vacantes con personal que acreditara contar con los conocimientos suficientes.

El recurso fue aprobado por la Junta Administrativa el 29 de junio de 2013 en la Décima Tercera Sesión Urgente, mediante el acuerdo JA079-13 con una vigencia del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre del mismo año. Sin embargo, en tres acuerdos más, JA102-13, JA115-13 y JA122-13, se amplió la aplicación durante noviembre y diciembre de 2013 así como en enero de 2014.

Hasta el momento han ingresado 47 personas en plazas vacantes del Instituto bajo la aprobación de la Junta Administrativa. Todas han contado con la aprobación la Consejera presidente, quien en su posición de ventaja “los ha colocado según su necesidad”.

Tanto la Secretaría Administrativa, como la Unidad del Centro de Formación y Desarrollo se beneficiaron con personal asignado por Diana al ocuparse 15 y 4 plazas, respectivamente. Esto sin contar con las áreas que se encuentran bajo el mando del Secretario Administrativo, nombrado de forma directa por la Consejera presidente, al igual que el Secretario de la Junta Administrativa.

“Diana, no respetando la normatividad, ha aprobado la contratación de personal. En su calidad de presidenta se ha ido apoderando de espacios estratégicos en diferentes áreas del Instituto. Sin respetar las reglas que rigen a los institutos electorales de incorporar a su personal a través de concursos abiertos como lo ha hecho el INE, que ahora están concursando para los consejeros locales”, dijo la fuente.

También aseguró que Talavera Flores “ha tejido una red que los consejeros del INE deberán revisar porque seguramente muchos de esos perfiles deben estar muy ligados a Bejarano”, acusó.

SinEmbargo tuvo acceso a una lista de 50 personas que ingresaron al Instituto de septiembre del año pasado a enero de 2014 y tres personas del interior del recinto confirmaron que 14 de ellos entraron por designación de Diana Talavera.

De acuerdo con el oficio JAINF10-14, Carlos López Lima, Subdirector de Patrimonio Institucional; Ulises Ocampo Uribe, Jefe de Departamento de Control Patrimonial; Alejandro de Jesús reyes Morales, Subdirector de Programación y Presupuesto; Eduardo Cirilo Gómez Cruz, Subdirector de Adquisiciones; Juan Carlos Palomeque Maya, Subdirector de Contabilidad; Adriana Alva Aguirre, Jefe de Departamento de Interacción y Control de Procedimientos y Ricardo Rodríguez Altamirano, Jefa de Departamento de Administración de Personal, ingresaron por medio de la aplicación del Mecanismo Emergente y que fueron señalados por las tres personas como “gente de Diana”.

En respuesta, Diana Talavera dijo que únicamente las plazas del Servicio Profesional Electoral del IEDF se ocupan exclusivamente por concurso. Al respecto, “en este poco más de un año y medio de mi gestión se han realizado para ocupar plazas vacantes del SPE dos concursos, uno de Promoción y movilidad horizontal, y otro Interno. Solamente a través de estos dos concursos se ocuparon plazas del SPE”.

Los nombramientos de los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidad los aprueba el Consejo General del IEDF previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF y en el Reglamento Interno del IEDF. Talavera Flores dijo que durante su gestión, “el Consejo General aprobó por unanimidad los nombramientos de los Titulares de las Unidades Técnicas de Asuntos Jurídicos, de Comunicación Social y del Centro de Formación y Desarrollo. Las propuestas fueron resultado del consenso de todos los Consejeros”.

También aclaró que el nombramiento del Secretario Administrativo, de acuerdo al artículo 58 del Código, es una atribución del Consejero Presidente.

Además, la plazas vacantes que se ocuparon en la rama administrativa “fueron a través del Mecanismo Emergente aprobado por la Junta Administrativa”. El órgano aprobó por unanimidad todos los nombramientos, que son propuestos por los propios Titulares de las áreas que tienen vacantes. Y previamente a ponerlos a consideración de la Junta Administrativa se corrobora el cumplimiento de los requisitos y perfiles por parte de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

“Es importante también mencionar que los Consejeros Electorales opinan y observan todos los acuerdos e informes que se discuten en la Junta Administrativa”, dijo.

En el caso de los Consejeros Electorales los nombramientos del personal que trabaja en sus oficinas se realiza directamente ante la Secretaria Administrativa. Y el Estatuto del SPE y demás personal que labore en el IEDF, no establece para la contratación de este personal concurso alguno ya que son plazas de libre designación, de acuerdo al artículo 121 del mismo.

Finalmente, el Contralor General, del Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, del Secretario Ejecutivo, del Secretario Administrativo, de los Directores Ejecutivos y de los Titulares de Unidad Técnica el artículo 121 del Estatuto establece la autorización de manera directa de la incorporación de personal de libre designación en sus respectivas áreas, sin que medie concurso alguno.

 

 

 

TALAVERA Y SU VENGANZA

El 24 de marzo, la Consejera Noemí Lujan publicó una carta en la que anunciaba su retiro en las reuniones de trabajo de la mesa de consejeros debido al “papel que han jugado este tipo de reuniones en la vida institucional” del IEDF.

En el documento explicó que las reuniones “no están establecidas en nuestra normatividad”. Sin embargo, “constituyen un espacio fundamental para la consolidación del carácter colegiado de los órganos de dirección del Instituto”.

La Consejera denunció que en las reuniones de trabajo destacaba la ausencia del secretario ejecutivo. “A pesar de nuestra insistencia en la necesidad de contar con la participación del Lic. Bernardo Valle para que se convierta en el secretario de las reuniones y le dé seguimiento a los acuerdos, la presidenta ha insistido en excluirlo”.

“El trato que le ha dado al secretario, quien ha pasado sesiones enteras fuera de la sala esperando a ser llamado, me parece ignominioso no solo para la persona sino par su investidura institucional”, denunció.

Luján Ponce también dijo que “el estilo de gestión de la presidencia ha estado marcado por una clara política de exclusión de la relación del resto de consejeras y consejeros de las actividades y eventos en los que participa el Instituto. Ha sido una práctica sistemática el ocultamente y la presentación extemporánea de la información de actividades de las que nos hemos enterado por la prensa o por integrantes de otras instituciones que han manifestado su molestia por nuestra falta de participación”.

Luego de un mes de hacer el anuncio, Noemí Luna y Bernardo Valle se reintegraron a las juntas.

Luján Ponce asegura que el Consejo del Instituto se ha caracterizado por ser discreto en sus conflictos internos. Sin embargo, sí los ha habido y unos muy graves.

“Los consejeros hemos sido prudentes porque sabemos que las divisiones en el interior pueden repercutir en contra del Instituto. Todos hemos optado por tener una actitud mesurada, por manifestar las críticas en privado y sí ha habido muchas críticas a la gestión de la presidencia”, expresa.

A pesar de ello, la Consejera Noemí también explica que desde que Diana Talavera asumió el cargo de Consejera presidente, su actitud fue sorpresiva. “Llegó desde hace 15 años a la institución, pero ha tenido una mala conducción. Un presidente debe ser un coordinador de las labores del Consejo, debe ser un promotor de los acuerdos, una persona con la que se pueda negociar y lo que se mostró desde el principio fue que no había ninguna disposición para el acuerdo”.

Dice que desde el día que tomó posesión, “observamos que no había una disposición para tomar acuerdos. Ella tenía pretensiones de proponer a personas en distintos puestos que ni le competían porque no preside comisiones y eso dificultó la toma de acuerdos”.

También acusa que Talavera Flores tiene una actitud de venganza. “Trae rencillas personales acumuladas en 15 años y aprovechó la la presidencia para ejercer desde esa posición de poder, sobre todo en el área administrativa, sus venganzas”.

Al inicio de su mandato, explica, Diana visitó a todos los consejeros en sus oficinas a proponer a titulares de la dependencia y comentó la remoción de una funcionaria, Blanca Martínez, junto con otros funcionarios que no presentaron un examen de evaluación de desempeño, porque eran tiempos de procesos electorales, y ella decidió removerlos como una venganza.

La Consejera también explica que con el paso del tiempo se fueron enterando de “una toma de decisiones” por parte de la junta administrativa, a la que no pertenecen los consejeros.

“Hacen reuniones urgentes fundamentales para mover personal dentro del Instituto o para destituir funcionarios”, dice.

Precisamente en una de esas juntas se acordó la destitución de Banca Martinez y el resto de los funcionarios. La mayoría de ellos tenían más de 15 años trabajando y recurrieron al Tribunal Electoral. El juicio continúa hasta el momento.

Luján dice que Talavera ha impuesto distintos funcionarios que responden sólo a ella, y con quienes está relacionada.

“Eso es exclusivo de la presidencia y de la junta administrativa, en donde está el Secretario Administrativo, que es una designación directa de presidencia y están los directivos ejecutivos. La relación que hay entre la presidencia y un director ejecutivo es de jerarquía en la que se han tomado decisiones con las que no estamos de acuerdo los demás consejeros. Pero nosotros no tenemos un voto ahí”, explica.

Respecto a los recursos, Noemí Luján asegura que “todos los consejeros tenemos responsabilidad”, pero ésta se reduce al no ser presidentes del organismo porque “no tenemos injerencia en la toma de decisiones sobre el manejo de éstos”.

La Consejera asegura que ella junto con sus compañeros ha solicitado una auditoría externa, que ya está aprobada. Pero “probablemente se lleve a cabo cuando ya no estemos. Nosotros como funcionarios públicos somos responsables de las decisiones que tomamos hasta cinco años después. Entonces, pues ya se verá qué es lo que pasó en la administración de la consejera Diana”.

CAITS, SEGURIDAD PRIVADA

En la carta emitida en marzo pasado por la Consejera Noemí Luna, también mencionó la decisión que adoptó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IEDF el 1 de marzo de 2013, en el que se determinó que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien ofreció por mas de 10 años su servido para vigilar la institución, dejara de prestar ese servicio y en su lugar fuera contratada la empresa CAITS Seguridad Privada, S.A. de C.V. empresa de reciente creación que tiene un convenio con la Policía del Estado de México.

La decisión se determinó en la Primera Sesión Urgente que se dio el 27 de febrero del año pasado.

Bajo el acuerdo AU-01-03-2013, la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, realizó la contratación de la empresa “para el servicio de vigilancia en el Instituto Electoral del Distrito Federal, por el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2013, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, como caso de excepción a la Licitación Pública por un monto de $6,561,308.00, incluido el Impuesto al Valor Agregado”.

De acuerdo con los lineamientos del Instituto, una adjudicación directa se da cuando “peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal, como consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes”.

La justificación para que se eligiera a CAITS fue que “se corren los riesgos inherentes a los procedimientos licitatorios (convocatoria, licitación, inconformes, etc.), mismos que podrían provocar pérdidas de tiempo e invertir de nueva cuenta algunos de los riesgos antes referidos, y no contar con el servicio de vigilancia, se pondría en riesgo la seguridad e integridad del personal y de las instalaciones del Instituto, teniendo que contratar de forma emergente a algún proveedor que provocaría perdidas o costos adicionales importantes para el instituto”.

Una investigación del periódico Reporte Índigo en julio del año pasado, la empresa sólo tenía una antigüedad de cuatro meses cuando fue elegida, pues fue creada el 1 de agosto del 2012.

El contrato establece que la empresa debió hacer uso de unidades caninas para reducir el riesgo de utilizar armas de fuego, sin embargo, tras un recorrido por el inmueble, los elementos de seguridad no portaban armas ni chalecos, tampoco se observó a algún perro ni en el Instituto ni en los 40 consejos distritales que también fueron vigilados por CAITS.

Finalmente, al término del contrato, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal regresó a vigilar las instalaciones del Instituto.

Diana Talavera aseguró que la contratación de la empresa de seguridad CAITS, se hizo pues los servicios de la Policía Auxiliar se incrementaron en un 30 por ciento y el presupuesto del IEDF había sido ajustado a la baja en un 22 por ciento por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La consejera concluyó resalando que el Instituto así como ella, “están comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía”.