Bruselas, 22 sep (EFE).- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) se apoyado hoy reforzar la legislación europea antitortura mediante la inclusión de un veto a la promoción de las exportaciones de productos que puedan servir para torturar o ejecutar.
Los diputados han pedido ampliar la prohibición e incluir en la misma servicios como, por ejemplo, la publicidad en exposiciones o en catálogos por internet, así como en el ámbito de las finanzas, el transporte y los seguros, según un comunicado de la Eurocámara.
La comisión del PE ha apoyado una actualización de las normas vigentes para permitir controles más estrictos y tener un nivel similar en toda Europa, sin crear demasiadas trabas burocráticas o restricciones, añade la nota.
También han pedido prohibir el tránsito a través de la UE de bienes prohibidos.
La normativa, apoyada por 34 votos, con ninguno en contra y cuatro abstenciones, “será una pieza en un amplio puzzle legislativo que debería asegurar a Europa ser un fuerte actor global que lidere valores como el respeto de los derechos humanos universales”, según la ponente del informe, la liberal holandesa Marietje Schaake.
Además, han instado a la Comisión Europea a que establezca un sistema de información y revisión periódica, que deberá ser coordinado por un “grupo antitortura” formado por un representante de cada Estado comunitario.
Otra de las novedades es la inclusión de una cláusula que permitirá la rápida imposición de requisitos de autorización adicionales cuando se tenga información de que los productos en cuestión pueden ser usados para infligir la pena capital o la tortura.
Por otra parte, la comisión del PE ha eliminado hoy a Santo Tomé y Príncipe y a Madagascar del anexo de “países seguros” a los que las exportaciones de sustancias médicas controladas no requieren autorización, porque no han ratificado la convención internacional para la abolición de la pena de muerte.
Al tiempo, han añadido a esa lista a Gabón, que ratificó ese tratado en 2007.
El pleno del PE votará estos cambios el próximo noviembre y los diputados empezarán entonces a negociar con el Consejo (los países de la UE) para acordar el texto final de la ley.
