El fin de semana pasado se dio a conocer el destino final del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo: fue encontrado degollado en un predio de Medellín.
Sus autores materiales: ex policías de esta localidad. Su autor intelectual: al parecer el mismo edil de este municipio: Omar Cruz Reyes.
Con la muerte de Sánchez Cerezo suman ya once los periodistas asesinados durante el sexenio de Javier Duarte, todos ellos ensombrencidos por la impunidad.
Los nombres que conforman este cementerio de periodistas son: Víctor Manuel Báez Chino, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna, Gabriel Huge, Regina Martínez, Yolanda Ordaz, Misael López Solana, Miguel Ángel López Velasco, Noel López Olguín, Gregorio Jiménez y ahora Moisés Sánchez Cerezo.
Por esta razón, en 2012, año en que fueron encontrados los cuerpos de cuatro periodistas en un canal de aguas negras, la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasificó a Veracruz como el estado más peligroso para el ejercicio periodístico.
Desde entonces, los crímenes contra la libertad de expresión se recrudecen.
Hay una sola forma de acabar con la impunidad en Veracruz, y es ésta: poner tras las rejas a los autores de los crímenes, someter a juicio al gobernador Javier Duarte y, la más importante, derivada de las dos anteriores, reparar el daño a los familiares de los periodistas asesinados.
Veracruz debe dejar de ser, ya, un estado sin Ley.
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