Apenas la semana pasada el gobierno de Enrique Peña Nieto pasó uno de sus momentos más álgidos al ser señalado internacionalmente por buscar censurar Internet a través de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, curiosamente, promovidas por el Senador Javier Lozano Alarcón, un panista ex priista.

A través de distintas etiquetas, los intentos del gobierno por censurar la red, en aras de la seguridad nacional, se convirtieron en trending topic a nivel mundial. También se organizó una protesta por parte de jóvenes universitarios, quienes fueron reprendidos por la policía capitalina, así como una cadena humana-marcha-mitin organizada por el Senador panista Javier Corral Jurado y el líder moral de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, evento en el que, por cierto, Lozano se llevó la rechifla más larga.

Ahora, organizaciones civiles alertan sobre un nuevo intento de ejercer la censura y la represión, está vez, tratando de controlar las manifestaciones a través de una ley que, tentativamente, se discutirá hoy en el Senado.

Se trata de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, que tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual contempla temas como la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales.

En 2011, el artículo 29 constitucional fue modificado con un sentido de protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la Reforma Política, publicada el pasado 10 de febrero de 2014, se volvió a modificar este artículo.

De concretarse la aprobación, el gobierno de Peña Nieto estaría en línea con los de estados como Quintana Roo, comandado por el priista Roberto Borge Angulo, quien a través de su La Ley de Ordenamiento Social, pretendió restringir y controlar las manifestaciones en el estado.

Y ni hablar del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (PCM) que, sin haber pasado por un proceso legislativo, fue expedido y publicado el 25 de marzo del año pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; la llamada “Ley Mancera” establece que para disolver manifestaciones sociales la policía capitalina –con autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”.

Artículo 19, Fundar, la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, entre otras, ya empezaron a denunciar este nuevo intento por apagar la voz ciudadana. La cuestión es que un gobierno que esta divorciado de sus gobernados, simple y sencillamente no los escucha y este no es el primer intento que se ha visto en 14 meses de la administración de Peña Nieto para tratar de minimizar las expresiones ciudadanas.

En cualquier democracia avanzada, la crítica ciudadana es un elemento que se toma en cuenta, pero en el caso de México, tal parece que ni la alternancia ha llevado a que el sistema político madure y entienda que una nación se construye con todas las voces.

En lugar de entenderlo, tal pareciera que la administración de Peña Nieto quiere poner en práctica aquella vieja máxima de un célebre priista: “Yo ni los veo ni los oigo”.

Redacción/SinEmbargo

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