Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Activistas, organizaciones nacionales e internacionales, familiares y colegas del gremio periodístico pidieron en innumerables ocasiones que el trabajo de Gregorio Jiménez de la Cruz formara parte de la investigación de su homicidio, sin embargo, fue hasta ayer –casi cuatro meses después– que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa aceptó la hipótesis de que lo habían secuestrado y asesinado por su labor como reportero.

“Por un lado está el tema de la revancha o venganza de esta señora y copulativamente a que se deba a la exhibición que se hizo en medios de comunicación por parte de Goyo como parte de su trabajo periodístico. Es una posibilidad, no se descarta”, dijo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.

Tras el secuestro de Jiménez de la Torre –el pasado 5 de febrero–, y posterior localización del cuerpo del periodista en una fosa de Las Choapas, las línea de investigación no se centraba en su trabajo como móvil.

El gobierno veracruzano dijo que había sido un “conflicto personal entre vecinos”. Después se supo que Goyo –como era llamado comúnmente por sus compañeros– investigaba el levantamiento del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ernesto Ruiz Guillén, quien fue encontrado muerto junto al periodista.

Reporteros Sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19, entre otras organizaciones no gubernamentales exigían que no se descartara ningún hecho en las líneas de investigación, entre ellas, que Gregorio Jiménez, era periodista.

Ante la presión de la sociedad y de activistas, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció 10 días después dos cambios en su gabinete: primero, el del Procurador General de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa , y  el de la vocera, Georgina Domínguez Colío, quien en varias ocasiones fue señalada por acosar a los periodistas.

Con estas acciones, la administración del Gobernador trató de calmar los ánimos de organizaciones encargadas de defender la libertad de expresión y los derechos humanos, sin embargo, sirvió para que presionaran más a las autoridades estatales y reconocieran finalmente que el asesinato de Gregorio Jiménez fue por su labor como periodista.

Periodistas, representantes de la opinión pública y sociedad civil seguían demandando de manera enérgica que no se descartara la profesión de Jiménez de la Cruz, como móvil de su homicidio.

El 11 de febrero la PGJE informó que el periodista había sido asesinado por una “venganza personal” planeada por su vecina Teresa de Jesús Hernández Cruz, quien era la dueña del bar donde Gregorio Jiménez realizaba la investigación del confinamiento de los migrantes, y con esas declaraciones la Procuraduría intentó dar el “carpetazo” final al caso de “Goyo”, por lo que organizaciones se manifestaron nuevamente para que las autoridades retomaran el caso como un atentado contra la libertad de expresión.

El 14 de febrero, los detenidos por el secuestro y asesinato Jiménez de la Cruz negaron su participación en los hechos y denunciaron ante los medios de comunicación locales que fueron objeto de presiones, amenazas y tortura para firmar su confesión.

ACTIVISTAS INSISTEN

El pasado 5 de febrero, Gregorio Jiménez de la Cruz salió temprano de su hogar para llevar a su hija a la escuela, cuando volvió, un grupo de hombres desconocidos lo increpó en la puerta de su casa y lo subieron a una camioneta. Nuca más se le volvió a ver con vida.

Tras 24 horas desde su desaparición, sus compañeros periodistas salieron a las calles de Villa de Allende, en Coatzacoalcos, Veracruz, para protestar y exigir al Gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, que diera la orden a los cuerpos de seguridad e iniciaran la investigación del paradero de “Goyo”.

Periodistas, amigos y familiares de Goyo comenzaron un intenso movimiento para localizarlo y rápidamente la noticia corrió por los medios locales y nacionales. La consigna “ lo queremos vivo” de inmediato se posicionó como el tema que puso en jaque la administración de Duarte Ochoa, tras las denuncias de la sociedad y especialistas que ubicaban al estado como agresor de la libertad de expresión, luego de que Veracruz registrara el mayor número de periodistas muertos desde el año 2000.

Gregorio Jiménez investigaba el levantamiento de Ernesto Ruiz Guillén, líder laCTM, quien había desaparecido desde el 18 de enero tras haber sostenido una reunión con otros líderes sindicales. El periodista que trabajaba pera el diario NotiSur seguía las pistas del secuestro del representante de la CTM, además de realizar la investigación del supuesto confinamiento de migrantes que permanecían en un bar cerca de la zona de Valle de Allende.

Posteriormente también se dio a conocer por medios locales que Jiménez de la Cruz investigaba los casos de secuestros de menores y extorsiones en Villa de Allende.

Durante varios días compañeros y colegas del periodista de la nota roja se manifestaron en las calles de Veracruz y en las del Distrito Federal para exigir a Duarte Ochoa la pronta aparición del periodista.

Seis días después de aquel día en que Gregorio dejó a su hija en la escuela y fue “levantado”, autoridades hallaron su cadáver en una fosa clandestina de la comunidad de Las Choapas, junto al cuerpo de Ernesto Ruiz Guillén.

Sin embargo, días después del descubrimiento del cuerpo del periodista, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) dijo que realizaría las investigaciones pertinentes para esclarecer sus asesinato.

“TAL VEZ” FUE POR SU TRABAJO

A más de 100 días de su asesinato, ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz dijo que en el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, se cuenta con las hipótesis de su homicidio fue por la cobertura periodística que realizó sobre las actividades ilícitas de los seis detenidos y por “la revancha o venganza” de la dueña del bar “El Mamey”, su vecina.

Sin embargo, después de que se diera a conocer la detención de los presuntos implicados en el asesinato de Goyo Jiménez, los supuestos responsables sostuvieron la versión de que fueron torturados para confesar su homicidio.

El 13 de febrero cuando fueron presentados ante el Juez Tercero de Primero Instancia Coatzacoalcos, Uriel Domínguez Colío –hermano de la ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colío– negaron su participación en los hechos e incluso denunciaron que fueron agredidos por las autoridades.

De acuerdo con un diario local antes de presentarse ante el juez, los presuntos responsables plantearon frente a los medios de comunicación que fueron objeto de intimidaciones, presiones para firmar la declaración de su supuesta confesión.

Durante la conferencia que realizó ayer, el Procurador Luis Ángel Bravo Contreras dijo: “Por un lado está el tema de la revancha o venganza de esta señora y copulativamente a que se deba a la exhibición que se hizo en medios de comunicación por parte de Goyo como parte de su trabajo periodístico. Es una posibilidad, no se descarta”.

Bravo Contreras detalló que la “publicitación” que el periodista hizo de dos de los secuestros que cometieron los seis criminales consignados puedan ser la causa de su asesinato y secuestro en febrero pasado. Tampoco descartó que las rencillas personales con su vecina, y su trabajo periodístico estén ligados, sostuvo por segunda vez el titular de la PGJE.

El funcionario expuso que al momento de la detención de los supuestos implicados se revisaron sus teléfonos celulares, donde supuestamente “se obtuvo material fotográfico que relaciona a los detenidos con la comisión de los delitos por los cuales están procesados: el secuestro agravado del periodista; de una menor de edad, y dos más”.

Sin embargo, cuando los acusados se presentaron a declarar en la rejilla de prácticas del juzgado Tercero de Primera Instancia, sus declaraciones no coincidieron con las versiones de la PGJE, pues en la declaración inicial que les fue leída ninguno de ellos quiso ratificarla, además de que Teresa de Jesús Hernández negó haber pagado 20 mil pesos por el homicidio de Goyo.

“Entre ‘El Maní’ y ‘El Babidi’ bajaron bajaron al periodista y entre todos nos introdujimos como unos 20 metros al interior. Decidimos cavar un hoyo como de metro y medio de profundidad y como de poco más de un metro de ancho. Tardamos como 40 minutos en hacer el hoyo.

(…) Agarran el cuerpo y lo ponen boca arriba y le quitan la playera que traía, siendo una de color blanco. Posteriormente me incliné de lado izquierdo y le hice un corte en el cuello mientras que el periodista empezó a gritar que lo perdonara. Movimos el cuerpo dándole la espalda para seguirle cortando con la daga”, según parte de lo asentado en la primera la declaración de José Luis Márquez Hernández, “El Pony”, uno de los supuestos responsables del asesinato de Gregorio Jiménez.