Los indicios encontrados y mostrados por las madres buscadoras mexicanas en el rancho Izaguirre de Teuchitlán el pasado 5 de marzo resonaron hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un hecho sin precedentes, el jueves 3 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU determinó en su sesión en Ginebra dictar medidas cautelares para preservar los indicios encontrados por familiares buscadores en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, y al considerar que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y sistemáticas decidió solicitar información al Estado mexicano y abrió la puerta para que la crisis por desaparición de personas pudiera ser expuesta en una Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este es un hecho inédito, pues sería la primera ocasión que un país integrante de la ONU sea sometido a escrutinio por una crisis humanitaria debido a las desapariciones forzadas, me confirmó el experto en derechos humanos internacionales José Antonio Guevara. Y añadió que la medida del CED abre la puerta para que la crisis por desaparición de personas que existe en México sea expuesta por todos los integrantes de la ONU y de confirmar esta crisis, podría incluso designar una comisión internacional para atender las desapariciones en el país, como ya lo hizo para indagar las desapariciones forzadas en Siria. Vale la pena recordar que la comisión internacional para Siria es encabezada por Karla Quintana, experta mexicana quien fue titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, durante el primer trienio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. En su sesión del 3 de abril, su presidente Olivier de Frouville dijo que en México existe una “situación preocupante” por lo que se decidió aplicar tres procedimientos: 1) una acción urgente, 2) una comunicación individual al Estado mexicano, y 3) invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El mencionado artículo 34 de la Convención señala: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Al menos preliminarmente, el presidente del CED estimó que sí existe una situación “sistemática y generalizada” de desapariciones en México. Así lo dijo Olivier de Frouville: “recibió el comité informaciones que en su opinión contienen informaciones fundamentadas que indican que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Así, conforme al artículo 34, el Comité decidió,  solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación a esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte”.

La decisión del CED ya generó reacciones en México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó la decisión de invocar el artículo 34 de la Convención como “extremo”: “El #ComitéCED de la ONU anuncia hoy apertura del procedimiento del #Artículo34 de la Convención. Este procedimiento, el más extremo con que cuenta el Comité, se activa ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país. Es la primera vez que se activa”.

Al mismo tiempo, el CED reconoció en particular la gravedad de los hechos encontrados en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a petición de las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Tras conocer los hechos, el Comité solicitó al Gobierno mexicano llevar a cabo las siguientes acciones urgentes:

- Resguardar el predio del Rancho Izaguirre y realizar actuaciones de búsqueda e investigación asegurando la participación de los familiares.

- Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el predio, en pleno respeto de la cadena de custodia.

- Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas.

- Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas.

Con seguridad, la decisión del CED de invocar el artículo 34 que abre la posibilidad de que la crisis por desaparición de personas en México sea analizada en la Asamblea General de la ONU, se basó no sólo en los hechos recientes revelados en los hallazgos del centro de entrenamiento y de exterminio del rancho en Teuchitlán, Jalisco, sino también de los análisis anteriores que ya había realizado en nuestro país.

El 12 abril de 2022 el CED emitió el “Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención” en donde analiza el contexto de las desapariciones forzadas en México y señaló que es “el paradigma del crimen perfecto” debido a la impunidad casi absoluta para combatir este delito en el país. “Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 por ciento y el 6 por ciento, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.

Luego del análisis, el CED emitió en ese informe de abril de 2022 diez recomendaciones para incorporar a la política contra las desapariciones forzadas en México: 1) Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; 2) Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; 3) Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; 4) Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; 5) Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; 6) Atender la crisis forense; 7) Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; 8) Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; 9) Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones; y 10) Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones.  

A la luz de lo que ocurrió en los tres años siguientes, un aumento sistemático y masivo de desapariciones, se puede concluir que el Estado mexicano (el Gobierno de la Cuarta Transformación y todos los gobiernos estatales) hizo caso omiso de las recomendaciones del CED. Y ahora la consecuencia es que la ONU examinará a escala ampliada la crisis por desapariciones que existen en el país. 

Las determinaciones del CED, de la mayor importancia, no hacen sino confirmar internacionalmente lo que la sociedad mexicana sabemos desde hace años: que en el país hay una crisis humanitaria de grandes proporciones expresada por los altos índices de homicidios intencionales, desapariciones forzadas y por particulares y hechos atroces como las fosas clandestinas y el desmembramiento o disolución de cuerpos. Ya sea por incompetencia o por complicidad, el Estado mexicano no ha podido o ha querido detener esta crisis, por eso es indispensable la colaboración internacional para detener esta barbarie. 

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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