Feliz, en su retiro madrileño, el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez es ajeno a los horrores que dejó en Jalisco, una entidad agobiada por el crimen organizado, al que el exmandatario jamás se atrevió a tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Pero los ecos de los reclamos y los lamentos de quienes padecen las penurias cotidianas de la inseguridad, los secuestros, las desapariciones de familiares y amigos, y el miedo, el profundo miedo de la impotencia, deben provocar un zumbido permanente en los oídos del exmandatario, que soberbio, sordo, insensible, durante seis años negó los horrores provocados por los criminales que son dueños de facto de algunas regiones de la entidad.

En contraste con las estridencias, la soberbia y el protagonismo que caracterizó durante décadas la gestión pública del  Cardenal y ahora Arzobispo Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, el actual responsable de la diócesis tapatía, el también cardenal José Francisco Robles Ortega, se ha caracterizado por su mesura y prudencia, por lo que es muy relevante la declaración que hizo el reciente domingo 6 de abril del 2025, cuando afirmó que en muchos pueblos de Jalisco quienes mandan son los jefes de plaza y no la autoridad formal que representan los presidentes municipales.

“No es el Presidente Municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza", alertó el Prelado en conferencia de prensa. "Es el jefe de la plaza el que le dice al párroco: 'Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué horas quiere que toque la banda?'. Es el jefe de la plaza el que lleva el control de algo que correspondería a las autoridades municipales”, reiteró el padre José Francisco.

Aunque Robles Ortega suavizó sus declaraciones al afirmar que en municipios de Jalisco el crimen organizado no cobra derecho de piso en el marco de la celebración de las fiestas patronales, ni los párrocos deben solicitar permiso al jefe de plaza para poder llevar a cabo dichas festividades, integrantes del crimen organizado utilizan estos eventos para instalar centros de venta de bebidas alcohólicas y hacer negocio a costa de los feligreses.

"En todas las fiestas patronales, el grupo [delictivo] que está posicionado en el municipio pone un centro de bebidas, de cervezas, de música estridente todo el día ahí en la puerta del atrio. Ellos lo controlan y ellos hacen su negocio con la gente que va de buena fe a celebrar al santo o a celebrar a Cristo, a celebrar a la Virgen", explicó el cardenal Robles Ortega.

No es la primera ocasión que el cardenal Robles Ortega denuncia la fragilidad de la seguridad y los riesgos para la vida que representa la impune presencia del crimen organizado en los caminos de Jalisco.

Los periódicos de Guadalajara publicaron el lunes 27 de junio del 2022 las declaraciones del cardenal Robles Ortega quien reveló que la semana anterior había visitado la región norte de Jalisco, colindante con Zacatecas, y que había sido detenido, en dos ocasiones, en retenes de la delincuencia organizada.

"Fui detenido por retenes, y obvio que son retenes del crimen organizado y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica y qué hace (...) lo que yo digo es por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga […] No es la primera vez que pasa y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, con armas largas", lamentó el Cardenal José Francisco.

Además, comentó que el 23 de junio del 2022 ocurrió algo similar al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló. Relató el cardenal que su colega se dirigía a visitar comunidades pertenecientes a la Diócesis, ubicadas en Huejuquilla, también en el norte de Jalisco y fue detenido en un retén criminal en su paso por Jalisco.

En esa ocasión el Cardenal Robles Ortega sí reconoció que en algunas zonas del norte de Jalisco, para realizar las fiestas patronales, los sacerdotes deben tener autorización de “la plaza” y darle parte del dinero obtenido en el festejo a los criminales.

El entonces Gobernador Enrique Alfaro Ramírez negó que en las carreteras de Jalisco hubiese retenes del crimen organizado y le reprochó al Cardenal José Francisco Robles Ortega que hubiese hecho su denuncia a medios de comunicación, en lugar de formalizar su querella ante la autoridad correspondiente.

“El día de ayer el Secretario general de Gobierno (Juan Enrique Ibarra Pedroza) se comunicó con el señor Cardenal a quien le tenemos un profundo respeto. Nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento. El día de hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad, federales, estatales y municipales, y no hay ni un sólo punto en el que haya algún tipo de retén", afirmó el entonces mandatario Enrique Alfaro.

Frente a estas calamidades, el actual Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, del mismo partido que Alfaro Ramírez, Movimiento Ciudadano, pidió a los sacerdotes que hagan sus denuncias a la autoridad, aunque sea de forma anónima, y aseguró que su Gobierno está dispuesto a atenderlas. 

Las presiones del crimen organizado sobre los párrocos no son denuncia nueva y forman parte del catálogo de abusos que los delincuentes cometen en Jalisco. El jueves 30 de junio del 2022, en declaraciones publicadas por el periódico Mural, el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, el sacerdote Antonio Gutiérrez Montaño, reconoció que en Jalisco ni las parroquias se salvan del cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. Aunque no precisó dónde: “No quiero dar pista de dónde se da, por la seguridad de los mismos sacerdotes", dijo.

Gutiérrez Montaño lamentó que se tenga que llegar a estos acuerdos, el pago de piso, con los grupos criminales para tener "seguridad", ya que son ilegales: “Se ha llegado a un acuerdo que legalmente no es lo ideal, sin embargo, por un bien superior, que es la vida de los sacerdotes y la vida de muchos integrantes de la comunidad, sí se da y se ha llegado a estos acuerdos”.

La preocupación del Cardenal Robles Ortega por la presencia del crimen organizado, que lastima y abusa de la sociedad, ha sido manifiesta desde hace por lo menos dos décadas. El 3 de junio del 2005, en el penúltimo año de Gobierno del panista Vicente Fox Quesada, firmado en Monterrey, Nuevo León, la agencia católica de información Zenit, publicó un pronunciamiento de los obispos de la Región Pastoral Noreste de la República Mexicana, intitulado “Narcotráfico y Violencia Social”. 

Advertía el despacho informativo del 2005 que en años recientes los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como la región de la huasteca de San Luis Potosí, habían sufrido una oleada de violencia, producto del “reacomodo” de las bandas de narcotraficantes y el aumento del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Los Obispos de la Región Noreste de México describían ya, desde hace 20 años, un panorama desolador un mal que desde entonces agobia a los mexicanos: “Como parte que somos de la sociedad, compartimos con los demás habitantes de estos pueblos y ciudades el ambiente de tensión, de inseguridad, de temor y desconfianza que provocan las acciones violentas. Nos referimos a las cada vez más frecuentes ejecuciones de civiles, de autoridades, de ex funcionarios públicos y de periodistas; además, ‘levantones’, secuestros, irrupciones en domicilios particulares o lugares públicos”.

Hacían un severo reproche a la complicidad y corrupción de autoridades: “Lamentamos que en las calles de nuestras ciudades, en los ejidos y pequeñas poblaciones se acrecienten los espacios que sirven a lo que se conoce como el ‘narcomenudeo’, sean tienditas o domicilios particulares. También es deplorable que, sea por necesidad, por ignorancia o por ambición de dinero, siga incrementándose el número de personas que se prestan al tráfico de estupefacientes, y lo más grave es que algunas autoridades se hagan cómplices para que tanto el tráfico, como la distribución se realicen impunemente”.

Reconocían desde entonces los obispos católicos, como ahora lo han reconocido y reclamado los dos gobiernos del proyecto de la Cuarta Transformación, que la violencia no era la respuesta para combatir y extirpar el mal, pues había y hay otras causas profundas: “En esta lucha contra el narcotráfico reconocemos también, que la conversión debe llegar a tocar las estructuras de desigualdad social y de exclusión que son de por sí, estructuras violentas, que propician desempleo, bajos salarios, discriminación, migración forzada y niveles inhumanos de vida. Todo esto hace vulnerables a muchas personas ante las propuestas de los negocios ilícitos”.

Los obispos hacían un exhorto a las autoridades: “La misión de la autoridad es proteger a la sociedad de este mal, que es un problema de seguridad pública y de salud social. También es necesario que se instrumenten procedimientos que den seguridad a quienes denuncian estos ilícitos. Las autoridades han de tener en cuenta que una de las raíces de este problema, que a ellas les toca solucionar, es la desigualdad social, que niega oportunidades de desarrollo a la mayor parte de la población, y la coloca en la tentación de enajenarse en las adicciones y encontrar una fuente de trabajo en el crimen organizado”.

También planteaban un reclamo a empresarios y banqueros, que sucumben con facilidad a los pecados de la avaricia y la hipocresía, porque comen santos y expulsan demonios: “Los exhortamos para que renuncien a toda tentación de lavado de dinero y no separen las exigencias éticas de la administración económica, pues el dinero proveniente del narco, es un dinero manchado y carga con la responsabilidad de la enfermedad y la muerte de miles y miles de hombres y mujeres”.

El documento lo firmaban 11 obispos, entre otros, el entonces arzobispo de Monterrey, José Francisco Robles Ortega; Raúl Vera López, Obispo de Saltillo; Ricardo Watty Urquidi, Obispo de Nuevo Laredo; Luis Dibildox Martínez, Obispo de Tampico; Roberto O. Balmori Cinta, Obispo de Ciudad Valles y Faustino Armendáriz Jiménez, Obispo de Matamoros.

Jalisco sufre los horrores de la inseguridad, de los abusos, de la impunidad, y por lo menos hasta ahora, su calvario parece no tener fin. 

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

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