El paquete de reformas aprobado en días recientes —incluyendo cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando militar y modificaciones legales que permiten vigilancia masiva— confirma lo que muchos advertimos desde hace años: en México, el régimen de excepción se normalizó. Hoy se legaliza y se perfecciona bajo el argumento de la “pacificación” y el “apoyo para el pueblo”.

Organizaciones civiles hemos advertido que las nuevas reformas en materia de telecomunicaciones, investigación, inteligencia, Guardia Nacional, población y desapariciones abren la puerta a una vigilancia sin contrapesos. El Estado podrá acceder a datos personales de las personas de manera irrestricta y sin criterios claros.

Pero este modelo no nace con estas reformas. Tiene raíces en la reforma penal de 2008, que representó un avance en temas básicos de garantías del debido proceso pero que, a la par, legalizó figuras como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio. Estas últimas se vendieron como herramientas “excepcionales” para enfrentar una amenaza inédita: el crimen organizado. Hoy son mecanismos ordinarios que conviven, de forma contradictoria, con un sistema de justicia que se pretendió garantista y que nunca llegó a buen puerto, en buena medida por fuertes omisiones —entre ellas, la falta de una reforma profunda a las fiscalías.

Ese régimen mixto, entre garantías y excepción, ha sido funcional para las autoridades. De un lado, se presume la adopción de un sistema penal acusatorio; del otro, se mantienen zonas grises donde la discrecionalidad y el uso político de la justicia florecen. Ni se acabó con la impunidad ni se construyó una justicia democrática. Las fiscalías siguen operando con lógicas opacas, sin rendición de cuentas ni capacidad real de investigación. No hay reforma judicial que resista mientras el modelo de persecución penal siga atado a intereses políticos.

A todo esto se suma la militarización incrementada hace 19 años, cuyo punto de no retorno fue la integración plena de la Guardia Nacional al Ejército. Ahora, con la apertura formal del sistema de inteligencia civil a las Fuerzas Armadas, el círculo se cierra: quien investiga, vigila y despliega la fuerza es un actor que no rinde cuentas ante instancias civiles. Se militariza no sólo la seguridad, sino el aparato mismo del Estado.

El discurso de la “pacificación” se convierte en una coartada para suprimir libertades, no para resolver conflictos ni proteger derechos. Antes fue la “mano dura” y la “guerra contra el narcotráfico”; ahora, bajo una narrativa de izquierda, el lenguaje cambia, pero el fondo se mantiene. Paradójicamente —y en contra de sus propios postulados— el actual Gobierno no sólo perpetúa el régimen de excepción: lo profundiza. Se trata de un modelo donde la vigilancia masiva y sin controles es legal, la censura es institucional y la concentración de poder se disfraza de eficacia y orden mediante el desmonte de órganos independientes y contrapesos: Poder Judicial, INAI, CONEVAL, IFT, etc.

Este modelo de gobernabilidad autoritaria goza de legitimidad política y social. Se le aplaude desde tribunas que alguna vez defendieron derechos. Se le celebra como una forma de protegernos de los peligros internos (crimen organizado y corrupción) y de los externos (Estados Unidos). Pero la seguridad construida desde la vulneración de derechos humanos no protege a nadie. Los regímenes de excepción no terminan bien cuando se les dota de carácter permanente. Sólo perpetúan el poder de quienes ya lo tienen todo… y quieren más. Y un día se volteará contra sus apologistas, contra quienes hoy justifican lo injustificable.

En el México de la “cuarta transformación”, se podrá vigilar sin control, detener y encarcelar sin sentencia firme, ocultar información pública y censurar de formas legalizadas e ilegales. No fue un golpe autoritario repentino, sino una acumulación progresiva de leyes y actos que normalizan lo inaceptable. Es, en suma, el sueño de la “derecha” materializado por la “izquierda”.

La débil democracia mexicana se ahoga entre discursos de orden, leyes de excepción y promesas vacías de seguridad y lucha contra la corrupción. Bajo este panorama, cuando queramos reclamar derechos, tal vez descubramos que ya no tengamos cómo ni a quién exigírselos.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ México debe explorar alternativas a EU