La Presidenta envió ayer, por fin, a la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma Electoral que modifica once artículos constitucionales y altera varios componentes del sistema político mexicano. Ya estaban cantadas las propuestas reducción del financiamiento público a los partidos, de cambios en los tiempos oficiales de radio y televisión, de nuevas reglas de fiscalización financiera en tiempo real y la incorporación de mecanismos tecnológicos para consultas populares. 

El cambio institucional más llamativo, aunque haya muchos otros preocupantes, aparece en la integración del Congreso: se mantiene el tamaño de la Cámara de Diputados, pero se modifica la forma de asignar parte de sus curules y, sobre todo, se elimina la lista nacional de representación proporcional para el Senado. Con esa decisión, la Cámara Alta pasaría de 128 a 96 integrantes.

La iniciativa también redefine el mecanismo de asignación de diputaciones de representación proporcional: cien se otorgarían a candidatos de mayoría relativa que no ganaron su distrito pero obtuvieron los porcentajes más altos dentro de su partido —los llamados “mejores perdedores”— y las cien restantes se distribuirían en listas regionales en cinco circunscripciones. La fórmula no es nueva en México. Entre 1964 y 1976 los llamados diputados de partido se asignaban precisamente con un mecanismo semejante, diseñado para permitir la presencia controlada de la oposición en un sistema dominado por el PRI. En el Senado, en cambio, desaparece el mecanismo compensatorio de la lista de representación proporcional. El resultado previsible es un Congreso con mayores distorsiones en la representación y con barreras más altas para los partidos pequeños o emergentes.

El mayor cambio respecto al Power Point que circuló la semana pasada aparece en un detalle que, paradójicamente, resulta positivo: desapareció la pretensión de introducir listas abiertas en la elección proporcional. En teoría, el voto preferencial permite a los electores influir en el orden de las candidaturas y reduce el control de las cúpulas partidistas sobre las listas. Sin embargo,la experiencia comparada aconseja cautela. En contextos con clientelismo territorial fuerte o con presencia del crimen organizado, las listas abiertas facilitan el control del voto. Un operador político puede exigir que los electores marquen a un candidato específico y luego verificar si el acuerdo se cumplió. El secreto del voto pierde eficacia. Italia ofrece ejemplos claros desde los años noventa: en regiones con fuerte presencia de la mafia, el voto preferencial alimentó redes de compra de votos y corrupción electoral. En México, donde conviven operadores clientelares bien aceitados y organizaciones criminales con creciente interés en capturar decisiones públicas, las listas abiertas habrían sido un mecanismo ideal para monitorear el voto.

Pero uno de los problemas más serios de la iniciativa aparece en otro lado: el Senado. La reforma elimina los 32 escaños de representación proporcional en la Cámara Alta y deja intacta la estructura territorial de la elección. Con ello desaparece el único mecanismo que compensaba la sobrerrepresentación derivada del sistema federal.

El Senado mexicano es, en la jerga de la sociología institucionalista, un caso de isomorfismo institucional mimético. En castellano corriente: somos copiones. Se copió el modelo estadounidense de segunda cámara federal sin demasiada reflexión sobre su lógica democrática ni sobre su pertinencia para la realidad mexicana.

Robert A. Dahl explicó con detalle el origen problemático del Senado. Dos rasgos centrales del Senado estadounidense —la representación igualitaria de los estados y, originalmente, la elección indirecta por las legislaturas estatales— no nacieron de una teoría muy democrática. Fueron el resultado de una negociación política en la Convención de Filadelfia de 1787. Los estados pequeños se negaban a aceptar una Constitución que los subordinara a la mayoría demográfica. La igualdad estatal en el Senado fue, en palabras de Dahl, un hard bargain: una transacción política necesaria para cerrar el pacto constitucional.

En los sistemas federales, concluyó Dahl, la segunda cámara existe sobre todo para sobrerrepresentar unidades territoriales pequeñas y actuar como barrera frente a la regla de mayoría nacional. Esa sobrerrepresentación rara vez protegió a minorías vulnerables; con frecuencia sirvió para sostener vetos de minorías territoriales organizadas.

La historia mexicana del Senado confirma una lógica parecida. Apareció en la Constitución de 1824 como copia del modelo estadounidense. La Constitución liberal de 1857 lo eliminó y apostó por un Congreso unicameral. La experiencia no resultó particularmente feliz. Bajo ese arreglo, Sebastián Lerdo de Tejada sostenía que “la legislatura lo es todo y el Ejecutivo carece de autoridad adecuada”. Dividir el Congreso permitiría transformar a la legislatura de una convención radical en un cuerpo deliberativo.

Lerdo impulsó entonces la restauración del Senado. Fue la única reforma que logró rescatar en 1873 del paquete que Juárez había intentado promover en 1867. Con un colegislador de integración paritaria se buscaba moderar la impulsividad del Congreso y evitar que legislara contra el Ejecutivo. El Senado funcionaría, en los hechos, como una cámara del Presidente.

Ralph Roeder lo describió con precisión:

“De las contravenidas reformas constitucionales, atribuidas todas a su inspiración, Lerdo salvó una, la creación de un Senado; el proyecto fue adoptado, después de cinco años de reflexión, por un congreso en el que Lerdo también tenía asegurada su mayoría complaciente, y la Cámara Alta […] le sirvió de guante de seda y mano de gato para deshacerse de los gobernadores de su desagrado”.

El siglo XX no mejoró demasiado su reputación democrática. Vicente Lombardo Toledano criticó reiteradamente su existencia. En 1966, durante la primera legislatura con diputados de oposición incorporados mediante la fórmula de mejores perdedores, lo dijo sin rodeos: “Yo propondría que se suprima definitivamente. Es la forma de darle el aire para siempre”.

Durante décadas el Senado fue un armatoste de retórica presidencialista. La pluralidad real no apareció hasta 1988 con la llegada de los senadores del Frente Democrático Nacional y, en particular, con la presencia incómoda de Porfirio Muñoz Ledo.

Las reformas posteriores intentaron abrir la cámara. Primero surgió la figura de la primera minoría; después, en 1996, la lista nacional de representación proporcional. El Senado comenzó entonces a reflejar mejor la pluralidad del electorado.

La iniciativa enviada hoy camina en sentido inverso. La eliminación de la representación proporcional reduce el espacio institucional para las minorías políticas y aumenta la probabilidad de mayorías sobrerrepresentadas.

Otra reforma sería imaginable. Un Senado organizado en 32 circunscripciones de cuatro senadores cada una, asignados mediante una fórmula proporcional de cocientes, mantendría el carácter federal de la cámara y ampliaría la representación política.

La reforma propuesta prefiere lo contrario: reducir pluralidad para simplificar el tablero político y facilitarle, aún más, la sobrerrepresentación a Morena y hacer superfluos a sus aliados menores, el PT y el Verde. El Senado mexicano nació como una copia institucional y durante décadas funcionó como cámara presidencial. La nueva reforma pretende añadir otro capítulo a esa historia.