No voy a entrar en detalles sobre la nueva iniciativa de Reforma Electoral presentada por la Presidenta. Resulta tedioso repetir, una y otra vez, los mismos argumentos sobre el evidente intento de recortar la pluralidad y sobre la falaz argucia del ahorro para debilitar al sistema electoral construido durante los últimos 30 años. Se lo dejo a analistas acuciosos, como Javier Martín Reyes. Sin embargo, hay varios puntos que forman parte de la trayectoria institucional de la historia mexicana: el reflejo presidencialista que concibe a los presidentes municipales como pequeños autócratas locales, el desprecio a los ayuntamientos como espacios de deliberación plural, la pulsión centralista que desconfía de toda autonomía local y el empecinamiento en la no reelección, defendida como mecanismo democrático cuando es todo lo contrario: un mecanismo de control y disciplina autocrática sobre los cargos electos.

La iniciativa recoge todos esos rasgos con estulto empecinamiento. El rediseño de los ayuntamientos ofrece el ejemplo más burdo. La pretensión de fijar un tamaño uniforme para todos los municipios, sin distinguir entre realidades demográficas y sociales radicalmente distintas, responde a una intuición autoritaria conocida: mientras menos pluralidad exista en los órganos colegiados, más sencillo resulta gobernar sin contrapesos.

Reducir el número de regidores implica reducir voces y estrechar la representación. En un país territorialmente desigual, esa simplificación mutila el pluralismo. El cabildo deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una extensión dócil del Poder Ejecutivo Municipal. El Presidente Municipal se afirma como figura dominante, con menor necesidad de negociar y mayor margen para imponer.

Ese diseño reproduce, a escala local, la lógica del presidencialismo mexicano: concentración del poder, subordinación de los órganos colegiados y desconfianza hacia la deliberación. La reforma profundiza una inercia pertinaz.

La misma lógica aparece en la pretensión de imponer criterios homogéneos desde el centro para regular la vida institucional de estados y municipios. La fijación de topes presupuestales para los congresos locales, sin atender a las diferencias entre entidades, expresa una concepción centralista que confunde uniformidad con racionalidad. No hay diagnóstico ni justificación técnica. Hay voluntad de control.

La austeridad funciona como coartada. Bajo ese discurso se legitima un rediseño orientado a concentrar poder y a debilitar contrapesos. Reducir costos se convierte en argumento suficiente para reducir también la representación y la autonomía. El lenguaje moral de la austeridad encubre una operación política de mayor alcance.

La insistencia en la no reelección remite a la trayectoria institucional que se consolida tras la fundación del PNR en 1929. Ahí se fija una lógica persistente: desactivar el poder de los políticos locales mediante la rotación obligatoria y concentrar las carreras en el centro. La no reelección deja de ser un principio democrático y se convierte en un mecanismo de control. Nadie construye poder propio si su paso por el cargo es efímero y su futuro depende del jefe político en turno. Con el tiempo, esa regla se integra al catecismo cívico.

El punto crucial se encuentra en los incentivos que esa regla genera en el ámbito municipal. Mancur Olson lo formuló con claridad al distinguir entre quien tiene un horizonte largo y quien sabe que su paso por el poder será breve. El primero cuida, invierte y procura que el territorio prospere porque seguirá ahí. El segundo extrae, depreda y maximiza beneficios en el corto plazo.

La no reelección municipal produce ese segundo tipo de comportamiento. Un Presidente Municipal sin posibilidad de volver al cargo carece de incentivos para construir una relación duradera con sus gobernados o para invertir en políticas de largo plazo. Su horizonte se desplaza hacia el siguiente encargo, hacia la acumulación inmediata de recursos y lealtades, a recoger sus ganancias y largarse.

El resultado aparece con nitidez. La lógica de la depredación sustituye a la de la gestión. El cargo se convierte en botín temporal. Las decisiones se orientan al beneficio inmediato, al reparto clientelar y a la extracción de rentas. El vínculo con la ciudadanía se debilita de manera estructural.

La responsabilidad política deja de anclarse en la evaluación ciudadana y se traslada a las estructuras partidistas. El poder deja de responder hacia abajo y se reorienta hacia arriba. La disciplina sustituye a la representación.

Ese conjunto de decisiones produce un efecto acumulativo: ayuntamientos menos plurales, congresos locales constreñidos, autoridades municipales con incentivos para extraer en el corto plazo y un entramado institucional cada vez más favorable al ejercicio vertical del poder.

La historia mexicana confirma esa trayectoria. Los momentos de apertura han sido episodios breves dentro de un patrón de recentralización. El siglo XX consolidó un régimen en el que el Congreso y los gobiernos locales funcionaban como extensiones del Ejecutivo Federal.

La transición democrática introdujo contrapesos reales. La pluralidad legislativa, la autonomía electoral y la competencia ampliaron los márgenes de deliberación. Gobernar dejó de ser un acto unilateral y se convirtió en un proceso atravesado por acuerdos.

Esa complejidad resultó incómoda para una tradición política habituada a la verticalidad. La deliberación exige tiempo y reconocimiento del otro. La lógica autocrática prefiere rapidez, control y homogeneidad.

La iniciativa actual se ubica en ese eje. Refuerza los mecanismos que reducen la pluralidad, limita la autonomía local y fortalece los incentivos para la concentración del poder. Cada uno de sus componentes apunta en la misma dirección: disminuir los puntos de fricción donde el poder encuentra límites.

Los ayuntamientos plurales y los órganos colegiados con capacidad deliberativa aparecen entonces como obstáculos. Estorbos que dificultan la toma de decisiones unilaterales.

La historia mexicana revela una constante poco edificante. El cuerpo representativo ha sido percibido como una molestia. Las élites lo consideran incómodo; la sociedad lo mira con paciencia limitada. Cada intento por fortalecer la deliberación encuentra resistencias que buscan acotarla.

Esa desconfianza se enlaza con una propensión más profunda: la inclinación hacia formas de ejercicio del poder cercanas a la lógica monárquica. La figura del gobernante fuerte, capaz de decidir sin interferencias, conserva una legitimidad persistente.

El rediseño institucional propuesto encaja en esa tradición. Menos pluralidad, menos autonomía, menos incentivos para la rendición de cuentas local. Más control y más centralización.

Los estorbos a la autocracia tienen un nombre preciso: instituciones democráticas. Su función consiste en incomodar al poder, obligarlo a negociar y someterlo a reglas. Eliminarlos o debilitarlos empobrece la vida pública y amplía el margen de arbitrariedad.

La iniciativa continúa esa trayectoria con una coherencia notable. Cada uno de sus elementos reduce la densidad institucional de la democracia mexicana.

El poder busca deshacerse de aquello que lo obliga a justificarse. Y en México, con demasiada frecuencia, lo ha conseguido.