Los aumentos abruptos de precio en las gasolinas, llamados “gasolinazos”, suelen ser detonantes de revuelta social. En México, Enrique Peña Nieto pagó cara la promesa incumplida de precios bajos a cambio de una reforma energética controversial. En Francia, un aumento a los impuestos de las gasolinas detonó el movimiento de los “chalecos amarillos” de 2018 y 2019. En años más recientes, una ola de protestas sacudió tanto a Sri Lanka, cuando los precios de los combustibles escalaron 90 por ciento entre enero y mayo de 2022, como a su vecino Bangladesh, tras un alza de 50 por ciento en junio de 2022. Ahora, en este 2026 que tiene como trasfondo la guerra, el enojo popular podría estallar en lugares inesperados si Ormuz no retorna a la plena normalidad y los precios de las gasolinas quedan estacionados en niveles prohibitivos para los hogares pobres.

El petróleo sigue siendo la fuente dominante de energía en las canastas de consumo de los hogares. En países africanos de bajo ingreso, llenar un tanque de gasolina puede absorber todo el ingreso de las familias de un mes; en América Latina, un hogar promedio en México, Brasil, Argentina y Chile destina un 5 de su presupuesto mensual al llenado de tanque. Amén de que los gasolinazos afectan directamente los costos de transporte, en algunos casos elevan de forma indirecta los precios de otros bienes y servicios. En particular, el contagio crece cuando aumenta el costo del diésel, insumo clave en el campo, el transporte de pasajeros y la construcción.

Un mitigante de los gasolinazos son los gobiernos. Las intervenciones estatales explican las brechas de precios entre países. El precio de un litro de gasolina a mediados de marzo costaba 3 centavos de dólar en Irán y Venezuela, un dólar en Bolivia y Japón, casi un dólar y medio en Corea y México, dos dólares en España y Suecia, y hasta 4 dólares en Hong Kong. Típicamente, los subsidios son mayores y la regulación más estricta en los países en desarrollo donde las redes de protección social son frágiles. En general, los países más ricos tienen precios más altos, mientras que los países más pobres y los productores y exportadores de petróleo tienen precios significativamente más bajos. Una excepción notable es Estados Unidos, una economía desarrollada con precios bajos de gasolina que apenas rebasa el dólar por litro, a pesar del 30 por ciento de alza reciente en solo dos semanas.

Todas las naciones tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero imponen tributos y otorgan subsidios distintos. Como resultado, el precio minorista de la gasolina varía. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio en California duplica el costo en los estados agrícolas cercanos a las refinerías de Texas o la frontera con Canadá. En México, el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que grava las gasolinas permite amortiguar choques internacionales. Cuando los precios del crudo aumentan, como sucede ahora mismo, Pemex exporta a mejor precio. Si México no fuera productor de petróleo y refinador de gasolinas, subsidiar sería más oneroso para las finanzas públicas. Como resultado de la intervención, el precio de la gasolina Magna permaneció sin mayores cambios en la primera mitad de marzo, cuando aumentó entre 30 y 40 por ciento en países como Nigeria y Vietnam.

Los gasolinazos suelen ser caprichosos en términos de la respuesta social subsecuente. Por ejemplo, Indonesia aumentó los precios de la gasolina en un 30 por ciento en 2015, sin mayor protesta. Egipto, presionado por unas finanzas públicas deterioradas en parte por los subsidios a las gasolinas, aumentó al cuádruple los precios entre noviembre 2016 y julio 2019, sin una revuelta acompañante. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2023) encontró que la inconformidad social que incitan o no los gasolinazos está condicionada por el ambiente macroeconómico prevaleciente, el tamaño del gasto social y la fortaleza del entramado institucional. En particular, los autores encuentran evidencia de que el impacto de un gasolinazo crece cuando (1) hay un bajón económico o el país tiene inestabilidad cambiaria, (2) el gasto social del gobierno es bajo, sobre todo en educación y salud, y (3) la desigualdad de ingreso es mayor, la corrupción rampante y las instituciones débiles. En general, las personas protestan más cuando perciben una situación injusta y se manifiestan con más frecuencia en países de ingreso bajo, donde la gasolina acapara más ingreso de los hogares.

La guerra a Irán desató angustia en los gobiernos del mundo entero. Las naciones avanzadas respondieron con la liberación de reservas estratégicas. Estados Unidos, exportador neto de energéticos pero importador de combustibles, autorizó el flete de barcos extranjeros entre sus puertos. Alemania, aquejado por las críticas de los consumidores, aprobó una legislación que limita el aumento de precio en las gasolineras a una vez por día, en las tardes, e impone nuevas multas. China impidió la exportación de combustibles con el fin de prevenir el desabasto en el mercado interno. Vietnam, desprovisto de una extracción significativa, pidió socorro a Corea y Japón, que a su vez padecen estrechez de reservas. En general, la intervención estatal, el agotamiento de inventarios y la incertidumbre sobre la duración de la guerra sofocan, de momento, la revuelta social.

A reserva de lo que el futuro inmediato depare, es posible extraer lecciones preliminares en este marzo de guerra. En primer lugar, la apuesta de China por energías renovables respaldadas por baterías industriales ya genera derramas sustanciales, como el impulso de las armadoras de automóviles eléctricos, el desarrollo tecnológico exportable y la menor dependencia del petróleo estadounidense, ruso y medioriental. En segundo, los subsidios a las gasolinas protegen de corto plazo a los más pobres cuando no hay redes de protección robustas, pero son costosos en el largo plazo y pueden retrasar la expansión de programas sociales o posponer una reforma tributaria progresiva. Por último, pero no menos importante, la guerra a Irán demuestra que la soberanía energética no es simple y llana retórica; va al corazón de la lucha antiimperialista y redistributiva del Sur Global. No hace falta un estallido social que ponga de relieve la fragilidad de los hogares y las naciones más pobres para actuar con audacia mientras Trump rocía de gasolina al mundo que arde en llamas.