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La guerra ilegal en Medio Oriente tiene como uno de varios efectos indeseados el rebrote de la inflación a nivel mundial. En días recientes, múltiples informes de bancos centrales, agencias de estadística, universidades y otras fuentes alternativas confirman el temor desatado desde los albores del conflicto armado: repuntan los precios al productor y al consumidor, espoleados en particular por los energéticos. En esencia, el cierre del Estrecho de Ormuz, con todo y el frágil cese al fuego, inflama el costo de los combustibles que mueven el transporte y el de los fertilizantes que nutren las cosechas. Y lo peor es que el choque (shock) apenas comienza.

Amén del repunte de la inflación de forma directa, mediante canales de transmisión que los economistas llaman “de primera ronda”, los precios de bienes y servicios aun no registran los efectos indirectos (o de “segunda ronda”). Por ejemplo, si suben los precios de los fertilizantes y del diésel que mueve los tractores y los vehículos de carga, existe un lapso natural de algunas semanas o meses, también llamado “rezago”, hasta que los alimentos mimetizan la subida. A su vez, esos precios finales más altos empujan a los comercios y restaurantes a subir el precio de las comidas procesadas y preparadas. En ese ir y venir ocurre un efecto dominó que, más temprano que tarde, forja la expectativa de precios generalizados alcistas. Al suceder esto, cuando las expectativas se desanclan, los contratos colectivos requieren una mayor revisión anual para preservar el poder adquisitivo salarial, las rentas de bienes inmuebles son reajustadas al alza, las colegiaturas de los colegios aumentan, y así sucesivamente hasta que la política interviene para cortar de tajo una escalada mayor de precios, no exento de sacrificios. A veces, el costo del caldo supera el de las albóndigas.

En un choque energético como el actual, los reflectores apuntan contra los bancos centrales, responsables de la política monetaria. En condiciones normales de precios alcistas movidos por una mayor demanda agregada, una política monetaria restrictiva, típicamente en la forma de tasas de interés más altas, es la respuesta esperada. Sin embargo, en una situación atípica como la guerra, la inflación repunta del otro lado de la ecuación: en la oferta. En el peor escenario, una subida de tasas podría sofocar la demanda sin lograr, en cambio, sanar el corazón del problema. En ese caso, consumidores y empresas no sólo padecerían los estragos de precios disparados, sino también resentirían un financiamiento más oneroso. En otras palabras, hipotecas, créditos a las empresas, préstamos de nómina y otros demandarían pagos periódicos más elevados para compensar el costo del dinero. Por si no bastara el lastre, la caída de la demanda, acentuada por la restricción monetaria mediante menor consumo e inversión, tendría como efecto indeseado añadido el derrumbe del empleo, la actividad económica y la recaudación. Cuando sobrerreaccionan, los bancos centrales pueden convertir un chubasco en tormenta.

Para muestra de las tensiones de política pública, hoy día el Banco de México carece de consenso al interior sobre el derrotero que ha de andar. La decisión del Banxico de recortar tasas de interés el 26 de marzo enfrentó la oposición de dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno. Según consta en las minutas de la reunión, la subgobernadora Galia Borja afirmó que el conflicto disparó los precios del petróleo y aumentó la volatilidad de los mercados financieros, mientras que el subgobernador Jonathan Heath agregó que la guerra crea “incertidumbre respecto a la inflación”. No obstante, la mayoría triunfó y un modesto recorte ocurrió, un tanto rezagado por la prudencia excesiva de un banco central que suele abrazar a pie juntillas la ortodoxia.

Como en choques energéticos anteriores, la política económica debate tensiones medulares: ¿Cuál es la vía menos costosa para abatir la inflación? ¿Es mejor la suavidad de la intervención gradual o la fuerza de un sólo golpe? La respuesta está más abierta hoy que ayer, pero México trazó en el pasado reciente un camino que amerita estudio. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), lanzado en mayo del 2022 por el Presidente López Obrador, fue un instrumento heterodoxo que respondió al último gran shock inflacionario. Se confabulaban (1) la demanda robusta frente a cadenas de suministro alteradas por la pandemia con (2) la invasión rusa a Ucrania, que disparó el precio de las materias primas. En ese momento, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) rozaba el 7.7 por ciento anual y el CPI de Estados Unidos, un equivalente próximo, tocaba 8.6 por ciento. Fue entonces cuando el Gobierno mexicano dio un giro de tuerca para domar las expectativas desancladas.

Mediante acciones modestas pero coordinadas, el Gobierno federal frenó el efecto dominó de la inflación en bienes y servicios puntuales. Entre ellas, incrementó el subsidio a las gasolinas, aumentó la producción de granos básicos, importó más fertilizantes, eliminó la cuota compensatoria a la importación de sulfato de amonio, congeló tarifas ferroviarias y peajes en carreteras públicas (de CAPUFE), exentó la carta porte en el transporte de bienes básicos e insumos, redujo tiempos en el despacho aduanal, aplicó aranceles cero a ciertas importaciones, constituyó una reserva estratégica de maíz, preservó precios de garantía, y fortaleció a Diconsa y Liconsa. A cambio, los adherentes al PACIC protegieron precios que representaron 49.1 por ciento del valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos en el medio rural y 38.6 por ciento en el medio urbano. Sin tratarse de un control de precios coercitivo ni mucho menos de una solución milagrosa, sí fue un remedio casero eficaz para contener la inflación, en sintonía con la política monetaria.

Hoy día, en un ambiente donde la economía mexicana crece poco y arrastra una persistente incertidumbre comercial, dejar la respuesta al choque energético en manos exclusivas del banco central sería costoso. Hoy como ayer, la coordinación de la política monetaria, fiscal y regulatoria es aconsejable para mantener a raya las expectativas. Si bien la naturaleza volátil del conflicto prescribe cautela y comprar cierto tiempo de estudio, también demanda visibilidad de ruta y liderazgo. Aunque el repertorio de acciones es limitado y el parque exiguo, el capital político presidencial es un activo que, como todos los demás activos, debe emplearse a fondo para lograr fines trazados, y no conservarse en una vitrina bajo un letrero de “no tocar”.