Las preguntas de fondo en él affaire Rocha Moya no es si este Gobernador es culpable de lo que acusa en la Fiscalía del Distrito sur de Nueva York, si no, si la élite política morenista tolera la percepción de que han apoyado y siguen apoyando a las organizaciones del narco en distintos estados de la República.

Vamos, si continuara el sistema de relaciones que se han construido a lo largo de décadas entre la política y el crimen organizado y si la Presidenta Sheinbaum está dispuesta a poner fin a esta relación perversa o deja pasar el tiempo para buscar que todo siga igual, como si fuera una mala anécdota.

Y en contrapartida, habría que ver si las autoridades estadounidenses sólo utilizan el affaire Rocha para seguir presionando a la administración morenista o es parte de una estrategia mayor destinada a romper la relación entre política y crimen organizado, dónde no habría espacio para dar un paso atrás.

Este juego de estrategias pudiera significar que en el mediano plazo EU presione para que México no siga siendo parte del T-MEC por sus presuntos vínculos con el narco bajo el argumento de que una democracia no puede tener vínculos comerciales con una autocracia mafiosa.

Y en el supuesto que se supere este obstáculo asimétrico, exigiría una suerte de cláusula antinarco, como la llamada cláusula democrática, que, como sabemos, orienta las políticas públicas de los 27 países que integran la Unión Europea y exige cumplir a pie juntillas los principios de libertad, igualdad, fraternidad y complementariedad para garantizar prosperidad progresiva en sus sociedades.

Entonces, la manera en que termine el affaire Rocha Moya podría ser determinante en relaciones futuras entre ambos países.

Si la Presidenta Sheinbaum procesa el caso como un asunto de Estado como parece pedir Rocha Moya en su tuit del miércoles pasado cuando manifiesta que las autoridades de Estados Unidos al haber girado órdenes de aprehensión con fines de extradición contra los dirigentes de la llamada Cuarta Transformación y señala que con este mismo acto amenaza a la soberanía establecida en el artículo 40 de la Constitución Política mexicana.

Ergo, la solicitud estadounidense estaría siendo utilizada para derribar un proyecto político alternativo al que sostiene la administración Trump y eso, para la presidenta Sheinbaum y Rocha Moya es político cuanto significa una flagrante intervención en los asuntos internos de México.

Rocha habla al oído de la Presidenta Sheinbaum quien sostiene una narrativa soberanista y una, y otra vez, esgrime la tesis de “colaboración no sumisión” y que “la política mexicana, la dictan los mexicanos; como la política estadounidense, la dictan los estadounidenses”.

Sólo que en el reclamo del fiscal no se está hablando de esta tesis indiscutible, republicana, sino de la persecución de un delito transnacional contemplado en las leyes de ambos países y el tratado de extradición vigente.

Incluso, vale la pena recordar que durante la administración de la Presidenta Sheinbaum han sido trasladados ipso facto más de 100 narcos mexicanos a prisiones norteamericanas violentando su derecho a ser juzgados por delitos cometidos en México.

Rubén Rocha y los otros nueve sinaloenses tuvieron o tienen responsabilidades institucionales y supuestamente desde esas posiciones de poder habrían ayudado a los negocios del narco a través de protección o facilidades para hacer sus enjuagues ilegales en perjuicio de los intereses de México y de los Estados Unidos.

Es cuando a la Presidenta Sheinbaum se le pide “cabeza fría” y que ponga por delante los intereses del país, no los de una camarilla mafiosa en el manejo de este asunto sin precedente histórico pese al flujo de drogas desde 1914 cuando se proscribió la heroína como lo narra el sociólogo Luis Astorga en su libro emblemático: Drogas sin fronteras.

La decisión no es nada fácil. Para empezar, hay un problema de carácter ideológico y político. La Presidenta Sheinbaum tiene compromisos con el alicaído progresismo internacional, como lo suscribió en su visita reciente a Barcelona, y una ruptura con la cúpula del morenismo le vendría mal por eso necesita mantener el sentido de cuerpo.

Y aun cuando transigiera por razones pragmáticas, sabe que entregar a Rocha Moya y al resto de sinaloenses a las autoridades judiciales a Estados Unidos significa que sería considerada traidora por el morenismo nervioso, cómo se le vio el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, cuando el panista Ricardo Anaya, rompiendo presuntamente las reglas parlamentarias, intentó fallidamente abrir la discusión sobre esta exigencia estadounidense.

Entonces, vale aquello de que cualquier decisión que se tome en Palacio Nacional, con o sin la anuencia de López Obrador, tendrá unos costos políticos. Si la Presidenta Sheinbaum decide continuar con la contención de la crisis aun cuando Estados Unidos aporte pruebas significará una tensión adicional en las relaciones bilaterales complicadas con el inicio de las negociaciones sobre el T-MEC, pero, igual o peor, sí una vez aportándose las pruebas decide por razones de estabilidad económica y política liberar las órdenes de aprehensión a través de la FGR.

Ulises Lara, vocero institucional de la FGR, dice a posteriori que la Fiscalía inició su propia investigación para lo que sea necesario en el marco de una soberanía que actúa reaccionando ante la iniciativa de las autoridades estadounidenses.

Rocha Moya, en tanto, juega sus pocas cartas, bajo esa máxima de asesor que pregona cuando toma una decisión importante y sabe que tendrá consecuencias, es decir, formula escenarios y posibles desenlaces ¿acaso no sucedió con los acontecimientos trágicos del 25 de julio de 2024 en Culiacán?

Se anticipa a los problemas que podrían derivar y en su foro interno, sabe que la Presidenta Sheinbaum tiene márgenes estrechos para operar y por eso cobra relevancia que en el tuit mencionado se hable de un golpe contra la Cuarta Transformación. Ergo, todos estamos donde mismo, si caigo, caemos, todos.

En definitiva, no se descarta su separación del cargo de Gobernador y el eventual nombramiento de un Gobernador sustituto que difícilmente puede ser un o una rochista. Aunque, no imposible, por eso se habla que el sustituto podría ser Julio Berdegué, el Secretario de Agricultura que tendría cuatro tareas que cumplir: protección, interlocución, gobernabilidad y continuidad.

Los rochistas, ya perdieron y sospecho que también la Senadora Imelda Castro que no es a quien necesita la etapa posrochista.