La Secretaria de Educación Pública (SEP), a través de Mario Delgado, planteó finalizar las clases más de un mes antes de lo previsto originalmente, debido al Mundial de fútbol. Sin embargo, en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Conaedu, la SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026, preservando los 185 días efectivos de clase.

De acuerdo con el Gobierno, la medida buscaba reducir el tráfico en ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) durante los días de partido para evitar el colapso vial. También se argumentaba que el adelanto protege a los estudiantes de las temperaturas extremas previstas para junio y julio.

Aunque es una buena noticia que la idea original se haya clausurado, hay que decir que se necesitó de la intervención de especialistas y padres de familia, quienes advirtieron que recortar casi 40 días de clases profundizaría el vacío de aprendizaje tras la pandemia y que habría una carga desproporcionada para madres trabajadoras y hogares monoparentales que no hubieran tenido dónde dejar a sus hijos durante ese periodo. Cuestionaron igualmente el carácter centralista de la medida, pues cancelar clases en todo el país parecía un despropósito si los partidos sólo se realizarán en tres ciudades.

En lo particular estuve de acuerdo con los críticos de la medida, pues el Gobierno parecía haber puesto los intereses de los educandos en el último lugar. Y esto es lo que me parecía más importante a considerar en este debate.

Hay que entender que la idea original de cancelar las clases era parte de la aplicación por parte de las dos últimas administraciones de una política educativa que descree del valor de la excelencia, la calidad y las destrezas que se requieren en los nuevos modelos de producción que se están imponiendo en el mercado de trabajo. Esto aplica también, por cierto, también en lo que incumbe al impulso de las artes y las ciencias.

Todo esto tiene antecedentes. En 2019, el Gobierno federal en turno liquidó sin mayor ceremonia al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo autónomo dedicado a asegurar que la educación que se imparte en nuestro país sea competitiva. El INEE fue sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), organismo que tras acertadas críticas por deficiencias técnicas y de representatividad enfrentó su extinción oficial a principios del 2025. Tras su desaparición, las funciones de evaluación, diagnóstico y formación docente fueron transferidas a una unidad administrativa dentro de la SEP, eliminando así su independencia institucional.

Debido a que no hay mecanismos de regulación y evaluación del desempeño por algún organismo externo y autónomo no podríamos ser optimistas respecto a lo que hará la SEP en favor de la excelencia educativa en nuestro país.

Hay que ser claro: el desempeño del oficialismo en este rubro ha dejado mucho que desear, pues los niños y jóvenes no reciben la instrucción y educación necesaria para competir en el mundo de la cuarta revolución industrial. Tampoco la reciben para ser ciudadanos ejemplares, artistas competentes o científicos profundos o innovadores.

Las palabras del exprimer Ministro británico, Tony Blair siguen siendo válidas: “Pregúntenme mis tres prioridades para el gobierno y les diré: educación, educación, educación”.