Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– A casi un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera en el Festival Axe Ceremonia 2025 no se ha realizado la audiencia inicial del caso. La familia de Miguel y sus representantes legales acusan a la empresa Operadora Eclectic de estar detrás de la estrategia para retrasar el proceso penal con una serie de amparos, incluso sugirieron que la empresa se infiltró y, a través de la asesoría jurídica de la familia Giles Rivera, ha promovido recursos para deslindarse del proceso.
"Es indignante que una empresa intente controlar la asesoría jurídica de unas de las víctimas", expuso Edwin Alán Piñón, abogado de la familia de Miguel Ángel Rojas.
Los fotoperiodistas murieron el 5 de abril de 2025 por la caída de una grúa en el Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, cerca del área de baños, dispensadores de agua, frente al escenario principal y muy cerca de la carpa instalada para la prensa, es decir, se trataba de una zona transitada por cientos de personas. La grúa que cayó sobre Berenice, de 28 años, y Miguel, de 26, fue una de las tres descritas por el festival como “un punto de encuentro seguro”.
La Fiscalía capitalina ha imputado por este caso a la empresa Operadora Eclectic, la encargada de elaborar el Programa Especial de Protección Civil del festival y, por lo tanto, sabía que las grúas no estaban permitidas. La defensa legal de la familia de Miguel Rojas detalló que en ese programa de protección civil no estaban incluidas las grúas.
"Pese a que sabían las empresas que esas estructuras no estaban permitidas y que incluso esas grúas tenían un letrero de advertencia que se desplomaban por el aire, además estas estructuras no pueden estar en exteriores, pese a esto, se tomó la decisión deliberada de colocarlas", dijo el abogado Edwin Alan Piñon.
Las otras dos empresas que fueron imputadas por la Fiscalía capitalina en este caso son Agencia de los Socios, organizadora del festival, así como O.N Producciones Creativas, encargada de la producción y de gestionar la instalación de las grúas; ambas forman parte de Grupo ECO.
Operadora Eclectic ha presentado 15 de los aproximadamente 25 amparos registrados a casi un año de la muerte de Miguel y Berenice. En 13 de ellos la empresa se centra en impedir la audiencia inicial. A la par, los asesores jurídicos de la familia Giles, Fabián Alejandro Victoria y Gerardo Guzmán Jiménez, funcionario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México en el área de Control Presupuestal, han presentado escritos y amparos con los mismos argumentos y en fechas y horarios similares que la defensa de Operadora Eclectic.
La empresa es una filial de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, que recibió la concesión del Parque Bicentenario entre 2017 y 2018, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y con la que iniciaron los proyectos de eventos masivos en el lugar.
En mayo de 2025, el Gobierno federal le quitó la concesión a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP. Desde ese mes, Operadora Eclectic, encargada de administrar el parque, sostiene en los recursos legales que ha presentado que no es responsable de la muerte de los fotoperiodistas porque sólo rentó el parque para el festival. Para minimizar su responsabilidad, se describe como "facilitador y/o conserje del parque". Los abogados Fabián Victoria y Gerardo Guzmán, quienes dicen defender a la familia Giles, han mostrado una postura similar.
Oscar David Camerana, asesor de la familia de Miguel Rojas, puso como ejemplo que el 3 de septiembre de 2025 la defensa de Operadora Eclectic solicitó que se deje sin materia la audiencia inicial, el escrito ingresó a la carpeta de investigación a las 14:50 horas. Ese mismo día, con una diferencia de minutos, el abogado Fabián Victoria promovió un escrito con la misma petición para "dejar sin materia dicha audiencia inicial para todos los investigados", pero con el argumento de que aún están pendientes actos de investigación.
De igual forma, el 17 de junio de 2025 , Gerardo Guzmán presentó otro escrito donde resaltó que Operadora Eclectic "solo participa de manera indirecta dado que únicamente dio el uso temporal de las instalaciones del PARQUE BICENTENARIO, pero no participa en la organización". En el documento dijo que la empresa "no tuvo participación alguna en la planeación, limitándose a proporcionar el uso temporal de las instalaciones y servicios del Parque Bicentenario". Un mes después Fabián Victoria, presentó otro recurso donde reiteró la postura de Gerardo Guzmán y Operadora Eclectic.
"Es decir, además de que [Gerardo Guzmán] está representando intereses de una de las víctimas, y que coincidentemente sus argumentos y las temporalidades coinciden con las de una de las empresas imputadas, es también un servidor público en funciones. Nos parece muy preocupante y grave", mencionó esta tarde el defensor Oscar Camerana.
Por ello, la familia de Miguel Rojas pidió al Gobierno de la Ciudad de México y al Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, una postura y aclarar qué interés tienen las autoridades locales en que un servidor público esté llevando también la representación de las víctimas.
La defensora Tabata Salas resaltó en conferencia el 17 de marzo que otra muestra de que tanto los asesores de la familia Giles como Operadora Eclectic presentan amparos similares, y prácticamente al mismo tiempo, es que quedan registrados con números consecutivos.
"Esto refuerza la idea de que no estamos ante recursos dispersos, sino ante una estrategia articulada que busca incidir indirectamente en el avance del proceso porque, a un año, continuamos sin responsables", expuso.
El abogado Edwin Piñón recordó que en la Ciudad de México "representar dos intereses al mismo tiempo en un litigio, que son intereses contrapuestos, es un delito", y dijo que ya informaron a la Fiscalía capitalina sobre esta incongruencia. En el artículo 139 del Código Penal de la ciudad es donde se plantean sanciones de seis meses hasta cuatro años de privación de la libertad, y la prohibición de ejercer abogacía, para quien “asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos”.
Otro de los argumentos de la defensa de la familia Giles para retrasar el proceso es la necesidad de imputar a Ocesa y a la empresa de seguridad privada del festival, Servicios de Seguridad Privada Lobo, pero los abogados de la familia de Miguel afirman que el proceso penal ya puede avanzar con las tres empresas imputadas hasta el momento.
El abogado Edwin Piñón aseguró que no están en contra de que se investigue y sancione a Ocesa si hay pruebas de su responsabilidad en el caso, pero alerta que con la estrategia de esperar a que la empresa sea imputada sólo está retrasando el inicio del proceso penal. Además, dijo que en los recursos que los defensores de la familia Giles han presentado en contra de Ocesa no se entregan datos necesarios para avanzar en el caso, como el segundo apellido de trabajadores a los que piden entrevistar.
“Hemos visto una estrategia únicamente para dilatar el proceso penal. Les pongo un ejemplo: están solicitando que se recaben testimonios de trabajadores de Ocesa pero nos llama la atención que no incluyen ni siquiera nombres completos. Por ejemplo, Juanito Pérez, entonces le piden a la fiscalía que recabe el testimonio de Juanito Pérez, pero, ¿cuál es el nombre completo, dónde vive? ‘No sé, tú búscalo’. Frente a ese tipo de actos dilatorios sí nos hemos opuesto, no protegiendo a ninguna empresa, sino diciendo que eso no nos va a llevar a nada […] Bajo es lógica de no ubicar a Juanito Pérez nos podría llevar a una investigación infinita”.
La audiencia inicial estaba prevista para realizarse el 6 de marzo, pero se pospuso porque siguen sin resolverse recursos legales.
Al igual que Operadora Eclectic, Agencia de los Socios y O.N Producciones Creativas, hasta el momento han sido imputadas ocho personas, una de ellas, María del Pilar, es señalada como la Oficial encargada de Protección Civil del evento. Otras personas imputadas son accionistas, apoderados legales, administradores y operadores. Dos de ellas están relacionadas con Operadora Eclectic –identificadas en la carpeta de investigación con los nombres Eduardo "N" y Marcos "N"–, otras dos con la Agencia de los Socios –María "N" y Martín "N"–, y tres más están vinculadas a O.N Producciones Creativas –Nathalie "N", Rodrigo "N" y Pedro "N"–.
¿Qué exige la familia de Miguel Rojas?
Diana Rojas y Graciela Hernández, hermana y la mamá de Miguel, anunciaron hoy que, además de sanciones a los responsables, impulsarán ante el Congreso de la Ciudad de México la creación de la "Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico", inspirada en la memoria de Miguel y otros periodistas que han perdido la vida trabajando.
"Hoy muchas personas trabajan en condiciones precarias, con muchos riesgos que no deberían existir. Ir a tomar fotos a un concierto no debería ser una labor heroica. Deberían tener condiciones dignas y seguras para poder laborar, y también los asistentes deberían estar seguros en estos lugares donde muchos vamos a divertirnos. Intentamos que este camino sea coherente con lo que él hubiera hecho si otra víctima hubiera sido en lugar de él. Nuestro propósito sigue siendo claro. Que este caso marque un precedente, que se lleve ante un juez y que las empresas que tengan que responder se sujeten a condiciones que protejan la seguridad, no solamente de los artistas, si no de cualquier trabajador, colaborador o asistente", planteó Diana Rojas.
La joven recordó que Miguel acudió al Festival Axe Ceremonia entusiasmado y junto a Berenice Giles. "Él fue en compañía de a quien llamaba su 'sensei': Berenice. Era su amiga, su compañera, y nunca imaginamos que ese día su pasión le costaría la vida a los dos".
Lamentó que en el último año se han dado cuenta "que hay poderes económicos de las empresas que, en lugar de ayudarnos a esclarecer lo que pasó ese día, han impedido de todas las formas posibles frenar el proceso y evitar que se lleve ante un juez a las personas que son responsables".
En entrevista, Oscar David Camerana expuso explicó que están convocando a la sociedad civil para discutir una propuesta de reforma que incluya cambios a la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México y la ley que regula espectáculos públicos, así como una reforma en la Ley Federal del Trabajo para incluir el trabajo periodístico en un capítulo especial, como ya existe para el sector de restaurantes y hoteles.
