Leopoldo Maldonado
En dos semanas, el infierno, injusticia y muerte que ha ido gestándose durante décadas tuvo tres muestras dolorosas que se suman a miles que ocurren día a día.
La impunidad es funcional para el Estado mexicano.
Dos tendencias son las que alientan esta impunidad en los crímenes contra periodistas.
La idea detrás de la inatacabilidad es precisamente evitar que se prolongue indefinidamente el acceso a la información.
Internet ha sido un espacio con enorme potencial para el despliegue de libertades y derechos humanos.
De esta manera, como preocupante preámbulo, Artículo 19 expone de forma contundente que durante los tres primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han cometido 85 por ciento más de agresiones contra la prensa que el mismo periodo de Gobierno de Peña Nieto.
El internet y la información para todxs sigue siendo una promesa fallida.
A19 y Fundar reportan que, aun cuando durante 2021 se redujo el gasto en material de publicidad oficial en comparación con administraciones anteriores, ello no implicó una reversión en la asignación arbitraria con fines de control editorial.
Pese a la negación, los 33 asesinatos de periodistas durante la actual administración prueba que estamos en el periodo más violento contra la prensa.
El desenlace para Cuevas y Morán fue feliz, pero mucho tuvo que ver la presión mediática y la intervención de la Suprema Corte.
La CNDH está más preocupada por montarse en la “grilla” que en la defensa de las víctimas y los derechos humanos.
El siguiente paso es dar pasos concretos, la desesperación carcome a la prensa que está en la línea de fuego.
De los 6 periodistas asesinados en posible vínculo con su labor durante el 2022, cuatro ocurrieron en estados con nuevos gobiernos estatales.
El mundo igualitario, libre y prospero que prometió el liberalismo político y económico triunfante a partir de 1989 no llegó.
Las autoridades decidieron ponerse en el ojo público y deben entender que esa labor de interés público les somete a un intenso escrutinio.
El interés del Presidente en conocer los ingresos de periodistas con nombre y apellido es para atacarlos, no para plantear acciones que dignifiquen la labor de miles de colegas precarizados.