El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró la semana pasada que México atraviesa un periodo de avances acelerados y consensuados en el mundo del trabajo. “Hemos dado pasos agigantados en la materia laboral, lo he descrito anteriormente como un momento de la primavera de los derechos laborales”, afirmó en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas" transmitido por SinEmbargo al Aire. En ánimos de contextualizar la declaración, cabe repasar la hazaña que engloba para situar el momento en su justa dimensión.

El cambio de más hondo calado de los últimos siete años en materia laboral es el aumento del salario mínimo. En 1976, después de casi tres décadas de crecimiento gradual, el salario mínimo alcanzó un máximo histórico de 20.8 dólares por día a precios del 2025. El colapso que vino después sacudió al mundo laboral: tras una serie de crisis económicas, los gobiernos del PRI mantuvieron los salarios artificialmente bajos, congelando el salario mínimo diario en alrededor de 5.25 dólares (ajustado a precios corrientes) entre 1990 y 2017, a pesar de notables alzas en la productividad laboral. Esa tendencia giró por completo con la irrupción de Morena, que llevará el salario mínimo general a poco más de 17 dólares diarios en el 2026, enfilándose a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030 desde las dos que cubre hoy. En suma, esto que se sintetiza en un párrafo sacó a millones de la pobreza.

Por orden de importancia, el segundo viraje profundo es la recién aprobada reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas de manera gradual, a ritmo de dos horas semanales menos a partir del 2027. Replicando la receta del salario mínimo, el Gobierno emanado de Morena optó por la cautela para saldar un adeudo histórico. Ciertamente, una concesión fue el aumento de nueve a 12 horas en retribución doble por horas extra trabajadas de forma voluntaria. Sin embargo, en relación a las ocho horas de retribución ordinaria ganadas, los trabajadores salen como ganadores absolutos de la negociación. En la práctica, un empleado promedio comenzará a ver disminuida su jornada sabatina unas cuantas horas cada año hasta eliminarla por completo, o bien mantenerla con mucho mayor compensación. Por hora trabajada, la nueva Ley equivale a un sustancial aumento salarial que irá dimensionándose hacia finales del sexenio.

Pero la lista de reformas no termina allí. La Ley Federal del Trabajo fue modificada en 2019 para garantizar la democracia sindical y un nuevo sistema de justicia laboral. Otra reforma de 2021 prohibió la subcontratación de personal, con la cual millones de trabajadores fueron transferidos a la nómina de sus patrones reales, mejorando su antigüedad, acceso a prestaciones y, crucialmente, el monto de su Reparto de Utilidades (PTU) y sus bases de cotización para el IMSS e Infonavit. Una Ley aprobada en el 2023 elevó el mínimo de días de vacaciones pagadas de seis a 12 días laborables en el primer año de servicio, con lo que México abandonó el sótano mundial. En 2024 se aprobó la creación de un fideicomiso público que será financiado, en parte, con los recursos de las cuentas de Afores inactivas de trabajadores de 70 años o más con el objetivo de que quienes cotizaron bajo la Ley del IMSS de 1997 puedan jubilarse con el 100 por ciento de su último salario promedio (hasta un límite de 18 mil pesos mensuales). Por último, una Ley reconoce desde junio a los repartidores y conductores de plataformas digitales como trabajadores con derechos laborales. En suma, México promedia un gran cambio laboral al año.

El comparativo histórico de hace casi un siglo ayuda para sondar el calado transformista. La “primera primavera laboral” del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) sentó las bases del modelo moderno en el país. En este sexenio, el Gobierno impulsó una política salarial de crecimiento real para compensar la depresión económica de los años 30. Emergió el derecho de huelga, el arbitraje estatal y la nacionalización de industrias en favor de los trabajadores. También nació la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano. Por último, el programa de Reforma Agraria entregó 20 millones de hectáreas a los campesinos (principalmente bajo la figura del ejido) y organizó a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Como denominador común en esta “primera primavera laboral”, los sindicatos jugaron un rol más activo, sin por ello restar méritos a la vigente ola de reformas.

En una nota publicada para la revista Phenomenal World, el economista Luis Munguía escribe que “el equilibrio de poder entre el Gobierno y los factores de producción ha cambiado por diversas razones. En primer lugar, el rigor técnico de la nueva Conasami ha ayudado a descartar argumentos sin evidencia y tácticas de miedo del sector empresarial destinadas a mantener el salario mínimo… En segundo lugar, la clase trabajadora y los sindicatos han cobrado un impulso significativo, y la agenda laboral avanza a pasos agigantados. En tercer lugar, la voluntad política y el aumento de la confianza de un movimiento de izquierda en el Gobierno han sofocado los intereses de los productores”. En pocas palabras, Munguía atribuye un peso sustancial al cambio desde arriba a la Lenin, a partir de la conducción de Estado de un Gobierno como el de Morena. Lo que resulta obvio para algunos, no convence del todo a otros.

Existe un sector en la izquierda marxista que manifiesta inconformidad a partir de un supuesto equivocado. Por construcción, la llamada 4T no reivindica en solitario los intereses de la clase obrera. Para el movimiento, el sujeto histórico es el pueblo, no sólo los trabajadores. La implicación más directa es que las demandas de otros sectores sociales desaventajados, como los desempleados o los campesinos, son igual de legítimas. Sin que emerja por ello una desatención. En la práctica, los asalariados son escuchados como un segmento reivindicado; ganan una relevancia particular cuando el conflicto queda por acción u omisión reducido a un duelo redistributivo con los patrones, quienes podrían en el caso más reduccionista componer una oligarquía o, dicho de forma más elegante, engrosar las filas del poder económico.

Para muchos pueblos y muchas civilizaciones, la primavera simboliza el renacimiento y el despertar, el tiempo de la siembra, la esperanza y los nuevos comienzos, donde la energía reprimida del invierno retoma vitalidad. A la primavera le sigue el verano, estación de plenitud y expansión, donde la vida alcanza el auge. Tras un cúmulo de conquistas laborales innegables, el reto para los gobiernos de Morena es que la entrada de una nueva estación permita que los trabajadores cosechen con abundancia lo sembrado. Sólo la máxima luz del verano, periodo de crecimiento y acción, permitirá una defensa desde abajo, con trincheras bien cavadas para hacer frente al cambio de temporada. Pero regocijémonos, aunque sea un breve momento, en el baño estival de lo logrado. Y después, a seguir provisionando para el inexorable retorno del invierno, que el ciclo de la vida y los problemas del país castigan el apoltronamiento.

Una de las experiencias que tenemos como más ciertas es que actuamos libremente, que elegimos por nosotros mismos, que gozamos de lo que se conoce como libre albedrío. Esta experiencia es tan genuina que nos hace rechazar instintivamente la posibilidad de ser unos títeres movidos por otro. Nuestro yo se experimenta autónomo y cuando somos forzados a actuar en una dirección u otra, sentimos que esas acciones no nos pertenecen, que no fuimos nosotros sus autores y decimos que fuimos obligados a llevarlas a cabo contra nuestra voluntad. Nos sentimos libres, nos sabemos libres.

¿Dicha certeza será verdadera? (Recuérdese que esta columna es una invitación a pensar, y pensar es, precisamente, lo que hacemos cuando nos atrevemos a cuestionar, a poner en duda nuestras convicciones más firmes.) ¿Será cierto que somos libres? Veamos el problema de cerca: existe otra afirmación que goza de un muy amplio crédito. El hecho de que los seres humanos nos movemos por ideas, que actuamos por ideas. Lo que no significa que siempre seamos congruentes o que todos actúen como piensan; sin embargo, cuando alguien se aparta de las ideas que suscribe y actúa en una dirección contraria se justifica aduciendo otras ideas. Las ideas, en suma, son lo que siempre está detrás de nuestros actos. La pregunta es, entonces, ¿de dónde proceden las ideas que nos gobiernan?, ¿serán innatas acaso? No. Todo el mundo sabe que nacemos prácticamente como una tabula rasa, y que las ideas que terminan por anidar en nosotros son adquiridas a través de la educación, de la socialización; que las tomamos de películas, de redes sociales, de lecturas…, en síntesis, de otros: nuestras ideas nos vienen de lo que hemos escuchado de otros. Es el entorno que nos ha tocado el que nos imbuye las ideas que tenemos por nuestras y por las que actuamos como actuamos; o sea, por las ideas que tenemos es por lo que elegimos esto o aquello.

Pregunto entonces: ¿seremos libres si ese yo, que es quien decide esto o aquello, es un yo constituido por los otros y por las circunstancias que le han tocado? Pongamos un ejemplo para darle más tangibilidad a la pregunta: ¿cómo sería mi yo y que elegiría si en lugar de haber nacido en México en el siglo XX, con todo lo que esto implica, se me hubiera ocurrido venir al mundo en el siglo X en Noruega y mis padres hubieran sido vikingos?, ¿habría elegido esta mañana dedicarme a reflexionar sobre estas cuestiones metafísicas para cumplir con la entrega de esta videocolumna, o habría elegido seguir mi entrenamiento en el uso de la espada y el hacha para ganarme una muerte heroica y así aspirar a ser elegido por las valquirias para acceder al Valhalla y estar ahí listo para acompañar a mi dios Odín al Ragnarök o batalla final? Creo que la respuesta es obvia. Somos el producto de nuestro tiempo y de las coordenadas geográficas que nos tocaron; suscribimos las ideas de nuestra época y, ni siquiera todo lo que cada época encierra, pues solo tomamos una pequeña parte: aquella pequeñísima parte de nuestra época de la que hemos podido enterarnos y hemos hecho nuestra.

Mi yo, ese yo mismo que es con el que elijo y desde el que elijo, no es otra cosa que el resultado del azar. Estamos a favor o en contra, valoramos unas cosas y rechazamos otras, nos gustan ciertos alimentos y otros nos repugnan, alguien nos parece bello u horrible, por casualidad: por la casualidad que nos tocó: somos los títeres de las circunstancias.

Y en esta circunstancia, nuestro papel, el papel que representamos, es el de creernos libres, poseedores de un magnífico libre albedrío que nos permite elegir por nosotros mismos.

A propósito de la fuerza que tienen las ideas que uno admite como válidas, y que finalmente son las que nos hacen elegir y decidir nuestra vida, he contado muchas veces una experiencia que tuve la fortuna de vivir en Uruapan, la noche en la que conocí a la ultima heredera del volcán Paricutín. Era la nieta o la bisnieta del indígena purépecha en cuyo predio brotó el volcán, y ella me contó, cómo su antepasado estaba arando su terreno y descubrió, al hundir su azadón en la tierra, que había un material incandescente y que la tierra se abría por la pujanza de una fuerza que quería salir. Él pensó que era el diablo que luchaba por escapar de las profundidades del averno;  corrió al pueblo para avisar del peligro, y toda la comunidad volvió al predio armada con cubetas que contenían agua bendita para impedir que el diablo brincara a la superficie. Cuando llegaron los autobuses del ejército para evacuar el sitio, la comunidad (que nunca había visto autobuses) pensó que ya se habían salido los diablos y tuvieron que perseguirlos y subirlos a los autobuses; todos gritaban por las ventanillas como si estuvieran siendo deglutidos y una persona murió de infarto en el estribo del autobús. La pregunta que me hago desde entonces es: ¿dónde murió esa persona, en el estribo del autobús o en las fauces del diablo? Así de determinantes son las ideas que tenemos de las cosas, y desde esas ideas y por esas ideas actuamos. Que quede en el aire la pregunta inicial: ¿de veras, somos libres?

X @oscardelaborbol

El mismo 6 de diciembre en que Morena festejaba, convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, los siete años de “la llegada al poder”, el golpe de realidad fue en Michoacán. La nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se estrenó en el cargo con un comunicado con su primer caso de alto impacto ese mismo día, y actuó rápidamente emitiendo un comunicado no sólo en las redes de la FGR sino en las personales también, para informar de la apertura de una carpeta de investigación “contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.

Se trató, efectivamente, de un acto de terror en Coahuayana, Michoacán, en donde un grupo criminal detonó un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de la localidad. La onda expansiva de la camioneta cargada con explosivos fue de 300 metros, según revelaron especialistas. El saldo mortal fue de cinco personas, y los heridos suman 12. La primera reacción de la abogada a cargo de la FGR fue coordinar los esfuerzos locales y los de su oficina, a partir de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. Acopio y Tráfico de Armas, para la apertura y desarrollo de la carpeta de investigación.

Justificaron en la FGR en el mismo comunicado, que ello, la investigación por Terrorismo, “derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del Municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio”. 

La Fiscal no estaba errada y actuó conforme a la Ley, no sólo con rapidez para atender el tema y coordinarse con las autoridades locales, sin que se lo solicitaran de Presidencia de la República, sino también en cuanto a la clasificación del delito. El Artículo 139 del Código Penal Federal establece pena de prisión de 15 a 40 años: “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

Lo sucedido aquel sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, cuando dos hombres trasladaron los explosivos a bordo de una camioneta Dodge Ram, Dakota, y fueron inmolados al detonar la carga explosiva (aún no definen las autoridades si por accidente, por la premeditada acción de un tercero, o desconociendo que los dos hombres seguían en la camioneta), fue un acto “intencional” contra “bienes públicos”, las instalaciones de la policía, “contra la integridad física, emocional o la vida de las personas”, se causó daño a la población, hubo cinco muertos y hay 12 heridos, hechos, en conjunto, que produjeron “alarma, temor, o terror en la población” y no sólo la de Michoacán, sino a otros sectores de la sociedad mexicana.

Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a cinco, que dejó 12 heridos, que dañó doce vehículos, incluidas dos camionetas blindadas, y que dejó daños en propiedades adyacentes a la comandancia de la Policía Comunitaria, no es un acto de terrorismo para el Secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, y por tanto de manera discreta pero muy evidente en el fondo, la FGR reculó y reclasificó el delito como delincuencia organizada.

Para Omar García Harfuch un acto de terrorismo debe incluir objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y no los encuentra en el caso de Coahuayana, Michoacán, sucedido el 6 de diciembre de 2025. Para él, y lo que impera ahora es su pensamiento, palabra e investigación, se trata de tráfico de armas. Así lo dijo textualmente en una conferencia matutina de la Presidenta de la República:

“Estos son delitos de tráfico de armas; por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”.

Complementó con lo que se supone deben ser resultados de una investigación y determinó no sólo a los actores de la explosión, sino el móvil: “una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otro grupo, que es Cárteles Unidos”. Justificó la forma de explosión de coche bomba en Michoacán, para deslindarlo del terrorismo internacional: “No fue un coche bomba que hayan dejado y que después hayan detonado. Hay un conductor y una persona adicional, ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”. Aún no puede explicar, dado que él y no la Fiscal es el vocero presidencial en materia de seguridad, y su excolaborador es el titular de la FEMDO, si el conductor del coche bomba y su acompañante murieron porque alguien detonó los explosivos de manera remota sin saber que los dos tripulantes aún estaban en la camioneta, o si los explosivos se detonaron antes de tiempo, descartando con ello el otro componente del coche bomba del terrorismo internacional, la inmolación del conductor. Es decir, que haya sido como haya sido dentro de las dos y únicas hipótesis de García Harfuch, la muerte de los dos tripulantes del coche bomba, en todo caso, fue por accidente.

La realidad, y ese golpe se dio en la celebración de los siete años de la llegada al poder de Morena, es que los cárteles de la droga han escalado su violencia al terrorismo. Causan terror con la utilización de drones para lanzar explosivos a una unidad de la FGE como sucedió en Tijuana, Baja California, o cuando una mina artesanal explotó y acabó con la vida de seis guardias nacionales en las fronteras entre Jalisco y Michoacán, y ahora con la del sábado en Coahuayana, Michoacán. Lo mismo sucedió cuando en una operación coordinada en agosto de 2022 en cinco de los siete municipios de Baja California, el narco incendió 24 vehículos, mayormente de carga y en carreteras de la entidad.

Y si se sostiene la información proporcionada por el Secretario de Seguridad, del móvil, del modus, de los protagonistas, a saber de él, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Unidos, pues bien harían en perseguirlos, aprehenderlos y procesarlos, porque de los actos para causar terror con coches bomba o drones lanza explosivos o minas artesanales, no hay detenidos, ni materiales ni intelectuales, lo cual le permite al narco seguir cometiendo atrocidades en perjuicio de la sociedad mexicana que ya sufre por otra escalada de violencia aunque, desde el gobierno federal no se no le nombre como lo que es: terrorismo.

Enrique Peña Nieto, el creador del Pacto por México que unificó al bloque conservador que ha sido derrotado de manera contundente en dos elecciones presidenciales seguidas, también regresa, pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien en el video desde Palenque sobre su más reciente libro agitó la vida pública del país, el último presidente priista, un hombre al que le da flojera leer, no entusiasma a nadie y hasta les da penita a sus aduladores y beneficiarios que durante su sexenio se les hinchaban las manos de tanto aplaudirle.

Si tan orgullosos están del México antes de 2018, el de “la República democrática y libre que se nos ha arrebatado”, como dice Enrique Krauze, los jefes políticos e ideólogos de la derecha, que ya son abiertamente ultraderecha, deberían reivindicar a Peña Nieto, cuyas reformas “de segunda generación” siguen elogiando y doliéndose de que hayan sido ajustadas o desaparecidas junto con sus instituciones, precisamente porque ellos las colonizaron y usaron como fuente de enriquecimiento personal y faccioso.

Pero ni el PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas celebra que Peña Nieto regrese a México después de siete años de establecerse en España y de viajar a todo lujo por el mundo con el producto del saqueo en su Gobierno. Se avergüenza de su militante distinguido, tanto como de Carlos Salinas, siendo estos tres personajes lo mismo en corrupción. Pero tampoco se congratula el PAN, cuyos expresidentes Gustavo Madero y Ricardo Anaya eran sus grupis confesos y cuyos senadores y diputados gozaron de sobornos y moches como política de Estado.

Los empresarios nacionales, que tanto adularon a Peña Nieto por sus reformas y los contratos multimillonarios que obtuvieron, tampoco festejan su regreso. Callan. Y los medios y periodistas que se beneficiaron de los más de 60 mil millones de pesos sólo de publicidad oficial —y a los que también se les hincharon las manos de tantos aplaudirle— no le hacen fiesta tampoco, como cuando se le rendían, zalameros, como invitados al Palacio Nacional y a Los Pinos.

Tampoco los amantes de la mano dura se alegran del regreso a México de Peña Nieto, pese a que se volvió su referente cuando, el 3 y 4 de mayo de 2006 —hace casi 20 años— reprimió como Gobernador del Estado de México a los campesinos de San Salvador Atenco, cuyas mujeres fueron violadas, junto con la Policía Federal de Vicente Fox, en plena campaña presidencial. Esa misma política la aplicó como Presidente de la República en el desalojo violento de profesores del Zócalo, y en los asesinatos en Nochistlán, Oaxaca, para imponer la reforma educativa privatizadora del magnate Claudio X. González.

Tan irrelevante ha sido el regreso de Peña Nieto a México, dado a conocer por su biógrafo Mario Maldonado, autor de EPN: Confesiones desde el exilio, que hasta Televisa lo desdeña, pese a los negociazos que hizo con él desde que era Gobernador del Estado de México —incluida la boda con la actriz Angélica Rivera— y luego en un Presidencia de la República. Esta empresa mediática, que se acomodó a la Cuarta Transformación, hizo con él lo que con otras estrellas transitorias: Lo desechó.

Con Peña Nieto pasa lo que con Calderón y Salinas de Gortari: No pueden caminar por las calles de México sin ser repudiados. Ni con Vicente Fox pasa eso: Siendo una piltrafa moral, un traidor a la democracia, se le ve con lástima por su manifiesta decadencia.

No debería darle vergüenza a la derecha celebrar el regreso de Peña Nieto a México. Es corrupto, pero es su corrupto. Tampoco debería darle penita a todo el bloque conservador que Calderón, cómplice y amigo de éste desde el fraude de 2006, se coloque al frente a las movilizaciones contra Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. Es otro represor y ladrón, con todo y su narcotraficante Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos, pero es su represor y su ladrón. No está mal que también inviten a Carlos Salinas de Gortari, a quien nadie debe escatimar su papel de constructor del PRIAN desde el fraude de 1988.

Una gran oportunidad de marchar de manera unitaria es la manifestación del próximo domingo 14 de diciembre, convocada desde el anonimato por la “generación zeta”, donde seguramente volverá a emerger como el gran líder Ricardo Salinas Pliego, el magnate deudor quien, de materializarse su proyecto, sería el primer aspirante presidencial en la historia en definirse de ultraderecha. Una maravilla.

Finalizo: Si en las calles la izquierda grita que “es un honor estar con Obrador”, en referencia al expresidente que recién puso a circular su libro número 21, que a la derecha no le dé vergüenza gritar que “es un honor estar con Peña hoy”. ¿Dónde quedó ese grito insurgente de “Peña, bombón, te quiero en mi colchón”? ¡Ánimo!

Por: Anaid García Tobón

A lo largo de la historia, las fuentes de energía no se han sustituido unas por otras, sino que se han acumulado. Así lo explica Jean-Baptiste Fressoz en Sin transición. Una nueva historia de la energía. El autor señala que, pese a encontrarnos en una etapa que llamamos “transición energética”, la humanidad nunca había consumido tanto petróleo, gas, carbón, metales y madera como ahora.

En México ocurre una tendencia similar. De acuerdo con el colectivo Geocomunes, entre 2005 y 2019, aun con la instalación de 123 centrales de generación —principalmente eólicas y solares—, la producción eléctrica a partir de combustibles fósiles aumentó 30 por ciento. A ello se suma que la instalación de tecnologías orientadas al ahorro o generación de energía también genera impactos socioambientales relevantes: la eliminación de las plantas o cobertura vegetal, erosión por aplanamiento de suelos, cambios de uso de suelo y uso intensivo de minerales contaminantes.

Paradójicamente, a esta situación se suma que diversos proyectos extractivos asociados a la generación de energía renovable suelen ubicarse en territorios habitados por comunidades, lo que provoca desplazamientos, contaminación ambiental y afectaciones sociales. Esto ocurre a pesar de que las poblaciones asentadas en estos territorios son quienes menos emisiones generan y, en muchos casos, ni siquiera cuentan con acceso a energía eléctrica.

La reciente Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma que vivimos una auténtica crisis climática, resultado del acelerado aumento de la temperatura global debido a actividades humanas cuyos costos y responsabilidades son desiguales entre países. Este fenómeno amenaza de manera particular a las poblaciones más vulnerables.

México ya experimenta efectos notorios: mientras el promedio global aumenta alrededor de 2 °C por siglo, en nuestro país el incremento ha sido de 3.2 °C, según datos de la UNAM. Esto exige medidas inmediatas, coordinadas y con un enfoque de derechos humanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.

Para ello, es indispensable identificar las políticas, programas y mecanismos con los que el gobierno busca avanzar en esta agenda. Entre estos instrumentos se encuentran los fideicomisos, que permiten financiar acciones específicas y administrar de manera más eficiente los recursos destinados a la transición energética. Evaluar si estos instrumentos transparentan adecuadamente su estructura, funcionamiento y resultados es esencial para asegurar una supervisión ciudadana efectiva.

En este contexto, en la investigación Retos y oportunidades para una transición energética justa y transparente, desde Fundar analizamos la transparencia y la rendición de cuentas de dos instrumentos financieros clave para la transición energética en el país: el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) en esta encontramos que hay avances, pero también desafíos, que pueden poner en riesgo una transición energética justa.

De la calidad y la disponibilidad de la información depende la posibilidad de evaluar la utilidad, avances y desempeño de estos instrumentos, así como de ajustar sus reglas de operación para hacerlos más efectivos. También permite responder preguntas clave: ¿cuáles son las consecuencias del modelo energético actual?, ¿hasta qué punto las negociaciones climáticas internacionales han mejorado la vida de las personas?, ¿y cuál es la brecha entre el discurso y la voluntad política para construir una transición energética justa?

Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

En el sector petrolero se hace llamar Alex Rovirosa. Presumía sus conexiones con funcionarios y políticos. Supe de él antes de que se dijera empresario, antes de que constituyera compañías a su nombre: entonces era apoderado legal de empresas fachada creadas en Tabasco, Veracruz y Campeche.

Escribí de esas empresas en el libro El cártel negro que reveló redes de compañías fachada con las cuales, mediante contrataciones, se sacaban y saqueaban millonarios recursos de Pemex en los años del panismo.

Aunque algunas de esas empresas fueron inhabilitadas temporalmente por la Secretaría de la Función Pública, quienes las operaban quedaron impunes.

Algunos de ellos, como el propio Rovirosa, se fueron a vivir a Estados Unidos y a operar desde allá las empresas que constituyó a su nombre tanto en México como en Estados Unidos.

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: Mario Ávila Lizárraga, el panista a quien los Mouriño tenían como su empleado, y a quien los gobiernos panistas hicieron delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Campeche, y ocupó ese cargo de junio de 2002 a enero de 2009, es decir, en el Gobierno de Fox y los primeros tres años del de Calderón. Luego, fallidamente se le designó candidato a la gubernatura por el blanquiazul.

Tras perder las elecciones, se le asignó a uno de los puestos más relevantes de Pemex: subdirector en la subsidiraria Pemex Exploración y Producción, para controlar las contrataciones y licitaciones de la Coordinación de Servicios Marinos que es la más relevante para los trabajos y servicios costa afuera, los más costosos y codiciados porque son los que operan las contrataciones y adjudicaciones para arrendamientos y servicios en regiones marinas, de barcos y plataforma, y todos los servicios que para éstas se requieren.

En agosto pasado me referí en esta columna a la sociedad de Ávila y Rovirosa a partir de la acusaciones de las autoridades estadounidenses en contra de ambos, a quienes se les imputaron cargos por entregar sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para que se cerraran auditorías que las empresas de Rovirosa enfrentaban por irregularidades en sus contratos, y para obtener nuevas contrataciones por millones de dólares, tratos preferenciales y otros beneficios.

Según la acusación, los sobornos habrían sido operados por Ávila para que se favoreciera de diversas maneras los contratos de Rovirosa. Entre los sobornos solían entregar bolsos y relojes de lujo, además de efectivo.

Las autoridades estadounidenses les imputaron cargos de conspiración y prácticas corruptas, en el extranjero. Les señalaron de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Se trata de una Ley vigente en Estados Unidos que permite a las autoridades de ese país perseguir el soborno fuera de Estados Unidos, cuando en éste estén involucradas personas o empresas estadounidenses que tienen negocios en el extranjero, o personas que residen en Estados Unidos.

Me refiero nuevamente al caso, porque hace unos días, el 5 de diciembre un jurado federal en Houston declaró culpable a Rovirosa en tanto que las mismas acusaciones contra Mario Ávila están vigentes, y él se encuentra en condición de prófugo, según reiteraron las autoridades estadounidenses al informar de la condena del jurado contra Rovirosa.

Al argumentar el caso contra Rovirosa y Ávila, el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia dijo que “el soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”.

Sobre la resolución del jurado contra el imputado Rovirosa, el agente especial a cargo por parte del FBI, Douglas Williams, dijo: “Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, como demuestra el veredicto de hoy, su plan no sólo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.

Y Jeffrey D. Pittano, el agente especial de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) que indagó también el caso, expresó que la condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del Gobierno mexicano [de Pemex] en beneficio propio y de las empresas asociadas con él.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Rovirosa, residente permanente de los Estados Unidos, avecindado en Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para retener contratos y para obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.

La evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Ávila Lizarraga, residente también en Texas, pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y la subsidiaria Exploración y Producción a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex. Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

El jurado condenó a Rovirosa por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, y será un Juez de un tribunal federal quien determinará la sentencia.

En el boletín que dieron a conocer para informar sobre la condena de Rovirosa, el 5 de diciembre, las autoridades estadounidenses reiteraron que “el cómplice de Rovirosa, Mario Ávila, está prófugo”, y que las agencias estadounidenses como el FBI están investigando el caso.

Así que, la justicia estadounidense podría alcanzar al panista, por más que busque lavarse la cara mediante entrevistas con sus medios de comunicación “amigos”, como ha hecho en meses recientes.

Como detallé en la columna titulada “El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo”, de la documentación del caso se desprende que Ávila Lizárraga era el encargado de negociar, gestionar y operar los sobornos en el mecanismo en que participaron por lo menos otros tres co-conspiradores: un asistente de Ávila, y dos familiares y empleados de Rovirosa.

Ávila operaba sus conexiones de corrupción desde los años en que él mismo llegó como directivo a Pemex en el Gobierno calderonista, y desde que fungió como directivo en la petrolera se involucró en fraudes y escandalosos quebrantos, como los generados por las contrataciones con Oceanografía, contrataciones plagadas de irregularidades por las que incluso Ávila fue inhabilitado.

Respecto a este caso de los sobornos, en agosto pasado, la Secretaría de Buen Gobierno informó durante la conferencia en Palacio Nacional que el caso está bajo investigación también por parte de las autoridades mexicanas.

También que ninguno de los funcionarios involucrados está ya en Pemex, y se están realizando nuevamente las autorías a los contratos.

Respecto al caso en que se condenó ya Rovirosa –y que en semanas próximas se conocerá su sentencia–, si prosigue el juicio contra el hoy prófugo Mario Ávila, como parece que ocurrirá, sería el segundo exfuncionario del panismo que se vería ante un jurado estadounidense; el primero fue Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública actualmente preso en ese país al determinarse su culpabilidad en los delitos de narcotráfico, por su pertenencia a una organización criminal, y otros delitos.

La mayoría de los estrategas geopolíticos del mundo piensan que la globalización profunda va a dar lugar al establecimiento de un mundo multipolar. En términos comerciales, esto va a significar - y ya está significando - que las naciones aumentarán su carga arancelaria de acuerdo a su propio interés.

Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación se conciba como una fortaleza cerrada al comercio mundial. Más bien, la globalización continuará pero a un ritmo más pausado y afectada por núcleos protegidos aquí y allá.

De alguna manera, esto se refleja en lo que parece será la política comercial de México en los años por venir. Como sabemos México es, hoy por hoy, el país con mayor número de tratados de libre comercio sobre la faz de la tierra. Al mismo tiempo, el Gobierno actual está a punto de reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación con el fin de aumentar tarifas arancelarias a una serie de productos que se importan de países sin tratado de libre comercio con nuestro país.

Con esto se pretende, al menos en la retórica oficialista, fortalecer la industria nacional, así como aumentar el contenido regional de lo que se consideran sectores estratégicos.

Nadie que esté poniendo atención podría soslayar el hecho de que el anuncio de esta reforma ocurrió poco después de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a Palacio Nacional. Indudablemente hubo presión estadounidense para realizar la reforma que, seamos sinceros, va dirigida principalmente en contra de China, aunque muchos otros países - sobre todo de la región asiática - también serán afectados.

La Ley proyecta el aumento de tarifas arancelarias, en diversos porcentajes, de una gran variedad de productos en 17 sectores industriales. Hay que decir que, debido a un proceso de diálogo y concertación con representaciones patronales y empresas en particular, ocurrido en el Congreso mexicano, la carga arancelaria originalmente planeada, se logró disminuir en todos los casos.

Esto, sin duda, fue un acierto. Si se hubieran mantenido los aumentos propuestos esto hubiera tenido efectos muy negativos en la economía mexicana. Esto no quiere decir que dichos efectos no vayan a ocurrir, aunque en un grado menor. En primer lugar, el aumento de aranceles podría significar un incremento en la tasa de inflación, lo que afectaría los bolsillos de los mexicanos. En segundo lugar, las empresas - sobre todo las pequeñas y medianas - que dependen de insumos importados verán aumentar sus costos, lo que puede reflejarse en una menor competitividad de los productos que exportan. Un tercer efecto negativo es la posibilidad de que las naciones afectadas busquen acciones de represalias contra nuestro país, como podrían ser la imposición de barreras a las exportaciones mexicanas.

Por otro lado, aunque es cierto que habrá un incremento de los ingresos del Gobierno, derivado del aumento de aranceles a la importación, lo cierto es que la industria mexicana podría tardar mucho tiempo en sustituir con producción doméstica el abastecimiento de los productos y servicios que ya no vendrán a México. Esto es así porque habrá un tiempo de adaptación que no sabemos cuánto tardará para entrenar a la mano de obra, obtener la tecnología indispensable para la nueva producción y establecer nuevos incentivos fiscales. Dicho esto, lo anterior podría significar una gran oportunidad para la reindustrialización de nuestro país.

Al tiempo que México se adapta a los nuevos tiempos, debemos de ser claros acerca de los costos que habrá que pagar aún si se abren nuevas oportunidades para la industria nacional. Para que estas sean aprovechadas a cabalidad se necesitará de una gran estrategia en la que participen todos los sectores productivos de manera concertada. Quizás ha llegado el momento de desplegar una gran política industrial que lleve a México a ser parte de la Cuarta Revolución Industrial por venir. México tiene todo para lograrlo.

En seguridad, el tiempo marca prioridades, define rutas de acción institucional y determina el alcance de una respuesta. Cuando un incidente ocurre, la secuencia de minutos posteriores puede traducirse en eficacia o rezago.

Por ello, la Ciudad de México transita hacia modelos donde el tiempo es un componente estratégico, un recurso que puede administrarse mejor a partir de la coordinación, uso inteligente de la tecnología y articulación entre instituciones.

Esta visión se expresa en dos convenios clave del C5, uno con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otro con la Comisión de Búsqueda de Personas local. Ambos parten de una premisa fundamental: la seguridad no depende solamente de la reacción, sino de la sincronía. La ciudad, bajo la estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asume la necesidad de fortalecer la manera como se comparte información, acelera procesos internos y hace del videomonitoreo una herramienta con capacidad operativa inmediata.

La criminología ambiental enfatiza en ventanas temporales concretas donde suelen ocurrir los delitos, e intervenciones bien coordinadas pueden ser determinantes. En el caso del robo de vehículos, por ejemplo, la pronta activación de protocolos aumenta la probabilidad de recuperación.

El acercamiento entre el C5 y la Fiscalía, concretado con la asertividad de la Fiscal Bertha Alcalde Luján, ayuda a fortalecer esas capacidades a partir de un seguimiento puntual de las cámaras de videovigilancia y el uso de arcos detectores de placas. Esto permite reconstruir trayectorias, identificar patrones y generar información útil para la investigación sin tiempos muertos ni duplicidad de esfuerzos.

La coordinación también redefine el proceso de búsqueda de personas. Las familias suelen enfrentar incertidumbre en las primeras horas, en las cuales es importante la actuación coordinada entre instituciones. Las “golden hours” señalan la conveniencia de actuar con prontitud. El convenio entre el C5 y la Comisión de Búsqueda fortalece justamente esa prontitud institucional: activa de manera más rápida el análisis de cámaras, genera líneas de investigación coordinadas y permite que la tecnología contribuya a disminuir tiempos de espera para las familias.

Una evolución organizativa evidenciada desde la Ciudad de México. Un proceso donde cada institución conserva su autonomía, pero incrementa su capacidad de trabajar de manera complementaria. La tecnología deja de ser un agregado y se integra en el flujo natural de la procuración de justicia y la búsqueda humanitaria.

El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de personas son parte de una mejor administración de la información y articulación de las capacidades.

¿Qué tan de izquierda es la 4T? La pregunta no es para los núcleos de oposición porque la respuesta se distorsiona. Ricardo Salinas Pliego, el nuevo Claudio X. González, rebajaría el diálogo a una frase escatológica que no es siquiera de él: “Zurdos de mierda”, diría. Jesús Zambrano compararía la matanza de estudiantes de 1968 con alguna fuga de agua en alguna Alcaldía gobernada por Morena. Enrique Krauze diría que Porfirio Díaz fue un niño de pecho frente a las atrocidades que supuestamente ha cometido la supuesta dictadura de Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay manera de esperar de los opositores un análisis limpio a partir de la pregunta; sólo vómito, palabras llenas de hiel y baba.

Pero la pregunta está allí, sigue allí. Quizás a la misma 4T no le interese responderla porque no tiene esa necesidad, sobre todo después del extraordinario apoyo popular mostrado en la concentración del sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La pregunta fuerza un análisis riguroso de eventos recientes y personajes que son parte de la coalición gobernante. Se complica para la misma 4T preguntarse qué tan de izquierda realmente es. Los políticos suelen transformar el pragmatismo en una concha gigantesca (y muy personal), en México y en el mundo.

Recientemente, por un evento vergonzoso y a la vez aleccionador, me encontré haciéndome esa pregunta. Como es de conocimiento público, Evelyn Salgado, la Gobernadora de Guerrero, le organizó un homenaje al asesino Rubén Figueroa Figueroa, uno de los verdugos más crueles de la izquierda, un torturador cruel y sanguinario capaz de tomar bebés de guerrilleros como rehenes y apuntales con su pistola en la cabeza. Su crío, Rubén Figueroa Alcocer, es otro matón y también ha recibido los reconocimientos de la mandataria guerrerense; es un tipo vinculado a la represión de campesinos y en particular, a la matanza de Aguas Blancas, por la que tuvo que pedir licencia. Pero la Gobernadora Salgado convive con él en eventos y seguramente lo seguirá haciendo, incluso en público, porque no se ha retractado del homenaje que le rindió a un opresor que encendería la ira de cualquiera que se sintiera de izquierda, y porque sus líderes en Morena no le reclamaron nada.

Esto último es importante. Es el núcleo de la discusión si es que queremos respondernos la pregunta de qué tan de izquierda es la 4T. Si alguien asesina a mi hermano carnal –y esto es completamente hipotético–, lo reconoce con desfachatez y además queda impune, ¿soy yo capaz de rendirle un homenaje al homicida? Si es mi hermano el agraviado, yo soy el agraviado, ¿qué no?; si es agraviada su descendencia, yo soy el agraviado, también, ¿no? ¿Cómo podría yo sentarme junto a la familia del asesino de mi hermano para dedicarle palabras aduladoras? A menos de que yo sea un insensible que raya en la imbecilidad, no veo cómo podría yo homenajear al asesino de mi hermano carnal.

Ahora, si el hijo del asesino de mi hermano es también un asesino y torturador, ¿cómo podría yo sentarme junto a un asesino y torturador cuyo padre, otro asesino y torturador, mató a mi hermano?

El 2 de diciembre de 1974, uno de los iconos de la izquierda internacional, el maestro Lucio Cabañas Barrientos, fue asesinado por una combinación de fuerzas federales y locales que lo persiguieron y que se atrevieron a torturar a comunidades enteras (y no se diga a la familia directa) que lo protegían en su clandestinidad. Durante la persecución, Figueroa Figueroa violó a la última pareja de Lucio, Isabel Ayala, mientras estaba detenida. Así lo cuenta Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero; así lo contó la misma Isabel, quien resultó embarazada producto de esa violación.

La represión militar y política contra los movimientos sociales llevaron a Lucio Cabañas a renunciar a la vida pública y se fue a la clandestinidad. Fundó el Partido de los Pobres mientras su familia era conducida al Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, donde la tuvieron 18 meses. No es una suposición, no son siquiera los dichos de los sobrevivientes: la misma Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero lo dice así en su informe final de 2014, donde documenta violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y asesinatos durante la “guerra sucia”, en la que Figueroa Figueroa fue una pistola humeante. Y él, y su hijo que todavía vive, se han ufanado siempre de ser pistola humeante.

Cualquiera de nosotros, seres humanos, nos sentiremos agraviados por las atrocidades cometidas contra Isabel Ayala, Lucio Cabañas y la hija de ambos, Micaela Cabañas Ayala, a quien el asesino Figueroa Figueroa puso una pistola en la cabeza cuando era una bebé para que la esposa del profesor declarara dónde estaba. Asesino, violador, torturador: eso era ese personaje y ese es su legado hasta ahora, aún muerto.

Y cualquiera de nosotros que se sienta un ciudadano progresista tiene que sentirse doblemente enojado y doblemente agraviado con ese, ¿cómo decirle?, marrano que fue Gobernador de Guerrero. Piense como Micaela: ¿qué sentiría usted si le dijeran que siendo una bebé la tuvieron en el Campo Militar Número Uno, y que su madre quedó embarazada después de haber sido violada por el asesino de su padre, un profesor que dedicó su vida a los más pobres, un maestro que fue perseguido y luego ejecutado y su cuerpo expuesto como un trofeo? ¿Qué sentiría usted si fuera esa niña Micaela, indígena de la sierra de Guerrero, sin oportunidades y con los sueños rotos por un marrano al servicio del Estado? ¿Cómo se sentiría usted?

Bueno, ahora debemos preguntarnos quién es Evelyn Salgado, de dónde salió, a quién respeta si se sienta junto a un asesino y torturador para rendirle homenaje al padre, que también es un asesino y torturador. Debemos preguntarnos quién es Evelyn Salgado que es capaz de ignorar los 50 años del asesinato del profesor Lucio Cabañas y en cambio se rinde frente a la memoria nefasta de Rubén Figueroa Figueroa.

Obvio nunca consideraré a Evelyn Salgado de izquierda porque hace todavía más dolorosas sus decisiones soberanas. Pregunto quién es ella como para ignorar la historia reciente de México, y no en términos izquierda-derecha, sino por su propio papel en los intentos del viejo régimen corrupto, asesino y represor para mantenerse vigente; qué rol juega ella dentro de las élites guerrerenses que siguen detentando el poder e idolatran a la gente que torturó a los líderes de izquierda durante décadas y los asesinó, y los encarceló, y les cortó todas las vías civiles hasta volverlos parias sociales.

Pero resulta que Evelyn Salgado llegó al poder por la 4T. Y entonces me pregunto, con la mayor sinceridad posible y con ganas de encontrar realmente respuestas: ¿Qué tan de izquierda es la 4T si permite que la Gobernadora de Guerrero aplaste la memoria de un líder social icónico para la izquierda en el mundo, al tiempo que rinde homenaje a un represor de ultraderecha?

Lo más cercano a lo que Andrés Manuel López Obrador postula desde hace más de 30 años es Lucio, quien 40 años antes que AMLO enarbolaba una bandera que decía: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Nunca se les olvide que fundó el Partido de los Pobres; que luchó contra los medios de comunicación porque, dijo, son “instrumentos de control burgueses”; que denunciaba cómo las élites se habían apoderado del modelo económico en su propio beneficio y cómo, por medio de caciques locales y enemigos del ejido, controlaban a los más necesitados. Lucio combatió a Luis Echeverría como lo combatieron Heberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra, Valentín Campa y otros muchos más que con su lucha facilitaron el cambio democrático en 2018 y que, aunque duela decirlo, llevaron también al poder a Evelyn Salgado.

Si la 4T se siente de izquierda, debería actuar como izquierda. No me explico por qué le tiene tanto miedo a ser de izquierda y a reclamar que sean de izquierda aquellos a los que entrega porciones de poder. El discurso de izquierda es el que llena los zócalos a la 4T en cada convocatoria. A la 4T le encanta decirse de izquierda para llenar las plazas. ¿Por qué tiene tanto miedo, entonces, a deshacerse de los que no son de izquierda? ¿Por qué cobija a gente como Evelyn Salgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Pedro Haces, Ricardo Gallardo o Adrián Rubalcava, entre tantos muchos? ¿Por qué los encumbra, cuando abiertamente son cualquier cosa, menos izquierda? ¿Por qué el miedo de la 4T a ser realmente de izquierda?

AMLO dijo en marzo de 2023: “Hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el Gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías”.

Cuántas ganas de escuchar a López Obrador, otra vez, con la plaza llena.

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Siempre tuve una enorme fascinación por Lucio Cabañas. Desde que era un jovencito. Lucio, directo y honesto. Lucio, el que deja todo por los pobres. Se necesitaba ser Lucio para romper el cerco que le impuso su nacimiento en las sierras de Guerrero: indígena, pobre, con tremenda vocación social. Maestro. Y con la rabia suficiente para encender la sangre y para levantar el puño y maldecir.

Cuando un grupo de jóvenes de Chihuahua fue a verlo para pedirle un consejo y sugerirle un frente nacional, con esa misma candidez y con esa misma contundencia los bautizo como “Los Guajiros”. Guajiros, como sinónimo de “inocentes”, de “ingenuos”. Mi amigo Francisco Javier Pizarro era casi adolescente entonces. Yo era muy joven cuando Pizarro me lo contó con la misma candidez. Lucio se reía de ellos, de tan ingenuos. Lo que pensaba Lucio era en ganar su pequeña batalla, en su sierra, con el puñado que lo acompañaba. Y después pensar en ir más lejos.

Porque Lucio no tomó las armas por gusto: le cerraron las puertas y lo persiguieron hasta mandarlo a la clandestinidad. En cambio los Figueroa torturaron y mataron por gusto; porque tenían el poder y tenían las respuestas a tanta miseria e injusticia. Pero esas respuestas pasaban sobre su propia riqueza; sobre sus propios latifundios.

Pobres Diego Lucero Martínez, Avelina Gallegos y tantos que murieron tan jóvenes, en manos de un Estado represor que no les ofreció alternativas. Pobre Lucio, pobre Isabel, pobre Genaro Vázquez Rojas. Pobres. La única razón por la que celebro que no estén vivos es por, imagínense, la decepción que seguro se llevarían al saber que la izquierda finalmente se hizo del Gobierno en Guerrero, y que el primer homenaje fue al asesino y torturador Rubén Figueroa Figueroa. Asesino, violador y torturador de jóvenes. Con cuánta tristeza tendríamos que contarles, si volvieran, sobre las Evelyn y los Adán Augusto. Con cuánta desilusión y vergüenza, pero más vergüenza.

La reciente designación de José Medina Mora Icaza como candidato de unidad para presidir el Consejo Coordinador Empresarial a partir de este diciembre representa más que un cambio al frente de la cúpula privada. Es una ocasión para reflexionar, renovar compromisos y construir un canal efectivo entre el sector productivo y las urgencias reales del país.

Medina Mora no es una figura desconocida para muchos de nosotros. Fue presidente de Coparmex hasta hace un año, defendió la autonomía institucional y promovió una agenda de competitividad centrada en las MiPyMEs. Pero su nombramiento en el CCE representa una transición clave: de liderar en la representación empresarial interna, a asumir la voz de casi todo el sector privado nacional ante un contexto complejo, marcado por incertidumbres económicas, demandas sociales y la urgencia de restablecer la certeza para incrementar la inversión.

Este relevo ofrece una ventana de oportunidad –no un cheque en blanco–: la posibilidad de articular las voces fragmentadas del empresariado, recuperar la credibilidad institucional y promover una agenda que equilibre lo empresarial con lo social, lo productivo con lo humano. Pero para que esa oportunidad se concrete, se requiere visión, humildad y sentido de Estado.

Hoy México necesita un empresariado que no sólo pida incentivos fiscales o regímenes especiales, sino que asuma su responsabilidad social como generador de empleos dignos, como motor de desarrollo regional, como pilar de estabilidad. Un empresariado que reconozca que la prosperidad no se mide sólo en cifras de crecimiento o utilidades, sino en bienestar compartido, formalidad real y equidad.

El nuevo liderazgo del CCE puede —y debe— encabezar esta visión. Debe reivindicar el valor de las MiPyMEs, cuyo peso en empleo y tejido social conocemos de primera mano. Debe insistir en una agenda de formalización, en capacitación, en innovación, en financiamiento accesible y en políticas que permitan a quienes arriesgan y crean prosperidad hacerlo con seguridad, con certidumbre, con reglas claras.

Pero también debe servir para reconstruir confianza en las instituciones: en su capacidad para garantizar Estado de Derecho, certidumbre jurídica, transparencia y colaboración público-privada. En un momento en que reformas, incertidumbres y tensiones han erosionado parte del capital institucional del país, el liderazgo del CCE exige coherencia, responsabilidad y compromiso con el bien común.

Para Coparmex —y para quienes creemos en un México productivo, justo y moderno— este cambio de estafeta es motivo de esperanza, pero también de exigencia. Esperanza porque confiamos en que se puede retomar el rumbo de la inclusión, del crecimiento real, del diálogo. Exigencia porque no aceptamos improvisaciones, tibiezas ni agendas cortoplacistas.

En tiempos de desafíos económicos, sociales y globales, la unidad del sector privado debe ser más que retórica: debe ser acción concreta. Que la llegada de José Medina Mora al CCE no sea sólo un acto protocolario, sino el inicio de un nuevo pacto de responsabilidad empresarial con nuestros colaboradores, con nuestra gente, con México.

El país no necesita más titulares: necesita liderazgo tangible, resultados reales y una visión compartida. Tenemos esa responsabilidad histórica.

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