En años recientes la ultraderecha ha sostenido que está en una “batalla cultural”. Esta supuesta contienda sería por defender las ideas del conservadurismo tradicional, es decir, una idea de Nación que excluye por la apariencia física a los no-blancos y a los inmigrantes; la religión católica con su condena a la reproducción elegida y los géneros como preferencia; la fe en que existe un individuo autónomo que es responsable único de su destino en medio de toda una sociedad que hace cálculos de costo-beneficio hasta para decidir sobre sus relaciones amorosas; y por último, un estilo de vida basado en el consumo y el desperdicio. Así, la supuesta “batalla cultural” es una apología del viejo régimen con su racismo, pensamiento único, individualismo, y avaricia pero planteado con un lenguaje de rebeldía. Esta sería una más de sus contradicciones: plantear que la defensa de los más rancio de nuestra sociedad jerárquica, sumisa, y que admira al poderoso y desdeña al vulnerable, es una forma de novedad política que encarna el inconformismo. Esta ultraderecha se disfraza de moderna porque ve a la tecnología como un talismán mágico que resolverá todo, se abraza al comercio electrónico como signo de identidad personal, y plantea que la reducción del Estado es para acabar con la corrupción, que la privatización hasta de las calles y el agua es para desarrollar la innovación, que el fin de la Historia es para ya no hacer política porque las sociedades serán para siempre eternamente capitalistas y liberales, que primero hay que hacer crecer el pastel para luego empezar a pensar en repartirlo, que las desigualdades son buenas porque estimulan el esfuerzo de los que están hasta abajo, y que la soberanía nacional ya no existe porque cosas y dinero transitan libremente por las fronteras. Eso que hace cuarenta años se planteó como modernidad y pensamiento único, promovido desde las universidades, los medios masivos de comunicación, y las políticas públicas, ahora es el pasado abyecto de una sociedad que nunca llegó, no obstante que la mayoría se sacrificó, aguantó, y acabó por casi no poder comer, comprar una casa, o atender su propia salud. La ultraderecha plantea ese pasado como el último grito de la moda y piensa que con una disfraz de rebeldía, como tomar una motosierra, puede plantear el futuro. Ese quizás es su principal desventaja ahora, que sigue planteando futuros personales y no compartidos.

En este momento, hay dos polos de esa supuesta “batalla cultural” en América: el trumpismo, es decir MAGA con su vocero en Argentina, y el México de la 4T. Al plantear que es una contienda “cultural” lo que trata de evadir la ultraderecha es aceptar que es una disputa política entre ricos y pobres, no entre “libertarios” y “zurdos de mierda” o entre generaciones definidas, como los horóscopos, por su fecha de nacimiento, o entre gente que produce contra el Estado parásito. No. En realidad los ejes de esta confrontación no son sólo culturales o ideológicos sino de hacia quienes están dirigidas las políticas públicas y cómo esos grupos encuentran su representación política. Un ejemplo útil es contrastar a la Argentina de Javier Milei con el México de la 4T.

Veamos sus resultados. En el caso del gobierno de ultraderecha de Argentina, tenemos a un sólo sector económico beneficiado: las finanzas. Los que hace dinero del dinero, es decir, de especular con la avaricia ajena, son los ganones del régimen de Milei. La industria ha perdido casi 40 mil empleos, se han cerrado cerca de mil plantas de manufactura, la metalurgia tiene un impuesto de parte del Estado ---que Milei supuestamente iba a enterrar--- del 32 por ciento (el doble que en México), 33 por ciento de impuesto a la agricultura, y unas jubilaciones de 250 dólares al mes cuando unos jeans cuestan 150. El grupo social que sigue votando por Milei es el de los jóvenes de bajo nivel educativo a los que no llegan ninguno de los programas sociales, los desempleados, los policías y soldados, y los trabajadores independientes que no tienen ni seguridad social ni apoyos estatales. A estos corresponde la idea de la motosierra cuando lo que se plantea como futuro es destruir al Estado y que a los demás les vaya tan mal como a mí, es decir, que nadie tenga ayudas del gobierno para que aflore el mérito y el esfuerzo, para que nadie le deba nada a nadie. Es, pues, un electorado que se hizo de ultraderecha durante la pandemia cuyo confinamiento obligatorio vió como una restricción a su libertad y, de ahí, pasó a que era el gobierno el que se llevaba la riqueza que ellos producían. No el patrón capitalista. No los fondos buitres que ahogan a Argentina con sus tasas de interés impagables. No el FMI. El gobierno era el enemigo a descuartizar y sus beneficiarios fueron representados como vividores del dinero público. Pandemia y ultraderecha van de la mano. Hay una idea de contagio y de organismos ajenos invadiendo un cuerpo que no les corresponde. Dice Judith Butler sobre esto: “En ese contexto de “ansiedad “ y “temor “, el “género” se presenta como una fuerza destructiva, una influencia extranjera que se infiltra en el cuerpo político y desestabiliza la familia tradicional. De hecho, el género llega a presentar, o se vincula, con todo tipo de “infiltraciones” imaginadas en el cuerpo nacional: los inmigrantes, las importaciones, la alteración de la economía local por los efectos de la globalización”. Yo le agregaría la idea del contagio. Los pobres, los morenos, los indígenas, los gays, son capaces de difuminar sus características en el cuerpo social como una pandemia. Por supuesto es el ojo de quien los repele el que está ya contaminado de odio e inseguridades, pero la fobia a estos grupos la podemos ver incluso en la relación que la propia derecha hizo entre pobreza y delincuencia: sólo los pobres roban, sólo los morenos se van al crimen organizado. Los blancos y clase media jamás aceptarán que lavan dinero y compran facturas falsas y cocaína. También la comunidad LGBT y más es la única promiscua, es la única con enfermedades de transmisión sexual, es la única que aparatosamente nos impacta la inocente vista del paisaje. Hay un dicho entre los ultraderechistas que dice que ellos son superiores en todo a los demás, hasta en lo estético. ¿Qué quiere decir eso? La blanquitud como disposición mental hacia un imaginario europeo o norteamericano donde sólo hay blancos, lleva a la idea de los genes superiores: lo rubio, los ojos redondos, la nariz recta, los labios delgados. Esa misma blanquitud, es decir, la mente convencida por su opresor de que es inferior, lleva a amoldarse a los parámetros de lo bello global: todo lo que se asemeje a la estética indolora de unos audífonos blancos y tersos de Mac, Sydney Sweeney y sus jeans buenos, las curvas de los imposibles cuerpos de las películas.

La 4T de México es, en contraste con el argentino, un rescate del Estado mexicano. Sus principales beneficiarios son las familias que fueron orilladas a la pobreza por la contención de los salarios y el uso electoral de los programas sociales. La 4T aumenta el salario en 135 por ciento en siete años y despliega una gran cantidad del presupuesto del gobierno en ayudas directas, sean pensiones, becas, o empleos de reforestación, pero sin intermediarios para evitar que las dirigencias se queden con todos los recursos. Como en México los hogares tienen generalmente dos ingresos, uno formal y el otro informal, lamentablemente este último es de las mujeres de la casa, con ese doble componente, digo, es que aumentar los salarios y hacer de las ayudas gubernamentales derechos sociales en la Constitución, es que se saca de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos. La CEPAL ha dicho en estos días que, de cada cinco latinoamericanos que salieron de la pobreza en años recientes, tres son mexicanos. Se han revitalizado empresas del Estado como Pemex y Electricidad, pero también, al aumentar el consumo, benefició a los comerciantes y a los servicios. La industria de manufacturas será la siguiente en ser beneficiada por la 4T con el Plan México y los polos regionales de la relocalización de proximidad geográfica con Estados Unidos y Canadá.

Así, si contrastamos ambos resultados, tenemos que, más allá de la supuesta “batalla cultural”, lo que tenemos es a grupos beneficiados y otros perjudicados. En el caso Argentino los beneficiados con desregulaciones y exenciones de impuestos son los corporativos financieros, las especulaciones inmateriales e inmediatas del comercio electrónico y las apuestas de las casas de bolsa. En el de México, un entramado más complejo de los pobres y los comerciantes, el turismo, los industriales, sobre todo, inversionistas extranjeros. En Argentina se alienta la revancha de desprotegidos contra pobres organizados mientras se generan ganancias de deuda, criptomonedas ---de la que el propio Presidente es dueño--- y las casa de bolsa. En México se hace justicia con los derechos sociales y, de paso, se propicia el comercio interno. Así los resultados, sin batallas en el desierto.

Pero vayamos a ellas. Usando la ideología del pensamiento único, es decir, el del final de la Historia y, por tanto de la supremacía del neoliberalismo por sobre cualquier idea de sociedad futura, Milei casi desapareció instancias del gobierno vinculadas a su pueblo: Educación, Salud, Trabajo, Ciencia, Cultura, Desarrollo Social, Derechos Humanos, y de Género. Hay una santificación de los personal, su esfuerzo y mérito, contra un demonio que es lo colectivo, es decir, como si la mejora individual no fuera imposible sin una red social de apoyo. Lo que tenemos en la famosa “batalla cultural” no es algo material sino emotivo: miedo y odio hacia los derechos que yo no ejerzo. La gente de bien a la que nadie le ha regalado nada, es este principio de despolitización al que los argentinos llaman “mejorismo”. Los que reciben programas sociales son “vagos” que no trabajan, en la versión estigmatizante, o “manipulados” que viven engañados, en la versión victimizante. Quienes se identificaron con esa figura del emprendedor solitario que se rasca solo fueron los jóvenes argentinos que trabajan precarizados en plataformas como Rappi, los vendedores ambulantes, que se dicen autónomos en sus horarios y en sus ingresos. Son los combatientes de esa guerra contra el Estado. Que ---hay que decirlo--- no es una lucha contra la parte del Estado que domina y reprime, sino contra la que redistribuye la riqueza. De hecho, hablando del Estado son sus mecanismos democráticos los que molestan a la ultraderecha. Como escribe el filósofo francés, Étienne Balibar en un ensayo reciente sobre este tema: “Dado que el Estado y la Ley encargados de realizar la discriminación son vistos ellos mismos como unas autoridades frágiles, cuya legitimidad puede ser cuestionada o cuya soberanía se puede llegar a tambalear, la regla de la exclusión es permanentemente expuesta a usos perversos. Se ve en especial en las sociedades contemporáneas donde el racismo y la xenofobia no resultan tanto de conflictos de intereses reales entre comunidades cultural o históricamente extrañas, como de mecanismos de proyección de las angustias sociales de minorías y, cuando gana elecciones, de una mayoría de ultraderecha”. La regla de la exclusión es así un llamado que la ultraderecha le hace al Estado para que no permita, por ejemplo, que crucen las fronteras los migrantes sin papeles o que la policía haga algo cuando dos gays se besan en público o, ya en el colmo, cuando una mujer amamanta a su bebé en una plaza pública. Les encantaría que el Estado usara su fuerza para prohibir y excluir y, a veces, ellos mismos toman esa misión mesiánica en sus manos y ejercen la violencia.

Hay, por último, un rasgo de las “batallas culturales” a las que juega, como en un videojuego hecho de redes sociales, la ultraderecha mundial. Me refiero al del apartidismo. No somos de ningún partido, dicen los ultraderechistas porque, en su culto a la supuesta autodeterminación, su posición política debería provenir, no de una ideología, un programa, o incluso una demanda social, sino de su personalidad. Es una identidad sin representación posible. Sin mediación. Con mediación me refiero a la acción de relacionar, de dar sentido y significado, de crear puntos medios que fusionan extremos; hacer accesibles en el lenguaje, la imagen y el ritmo las abstracciones que de otro modo no estarían disponibles para nuestra percepción sensorial, como la “justicia” o el “valor” o la “soberanía”. Eso es lo que hacen los partidos políticos, sus dirigentes, sus concentraciones masivas. Median, es decir, relacionan nuestra vida personal con la idea de un comunidad, de una continuidad, del futuro compratido. De eso carece la ultraderecha con su discurso apartidista porque, para ella, también las organizaciones políticas, ideológicas, y hasta sindicales son contaminantes en el cuerpo sagrado de la sociedad civil, esa que no hace política sino sólo mejoras personales. Urgencia y proximidad serían sus valores y, por lo tanto ---ah, qué pena--- la política con sus procedimientos, consignas, mentiras y desmentidos, no logra encapsularse en tu personalidad del momento, en tu historia de Instagram o en tus videos de Tik Tok. Es una lástima porque, si la política fuera divertida, sería un espectáculo. Si fuera inmediata, sería un retuit. Y si fuera parte de ti, sería terapia. No política. Pero de ese odio a la organización partidista, tan indispensable para condensar demandas y aspiraciones de las sociedades, nace el vano espejismo de un muégano de personas que podrían expresarse sin necesidad de asistir organizados a un mitin o a una elección o a un reféredum. De ahí que, cuando se junta la izquierda, siempre digan que son acarreados. El apartidismo es anti-ciudadanía, anti-política, y anti-democracia. No hay tal cosa como política desde una red social. La política es la de la calle y casa por casa, nace del contacto entre un imaginario y la realidad material que son las personas, sus orígenes, su geografía, su familia y trabajos, sus miedos y esperanzas. Este odio a la mediación, al tiempo que requiere, lleva a la ultraderecha a confundir la franqueza, el literalismo, y la crudeza grosera e insultante con la autenticidad o la sinceridad. Las cosas como son, parece decirnos al urgirnos a decir “nuestra verdad”. En el discurso partidario ellos sólo pueden escuchar simulación, engaño, y ocultamiento de intereses que jamás logran adivinar si no es a partir de sus propios prejuicios. Porque ---hay que decirlo--- la ultraderecha no sabe lo que es la paciencia, la distancia, circunnavegar, distorsionar con imaginación y atención prolongada. Por eso creen que repetir mentiras las convierte en demostraciones de algo. Por eso no han podido tener un proyecto nacional que no sea alimentar el miedo y las inseguridades desde la pandemia. La ultraderecha no entiende que la mediación es crucial para imaginar diferentes marcos de valor, significado, representación y colectividad. Que la Patria es, sobre todo, imaginarla.

Hace unos días un joven intelectual orgánico del nuevo régimen, uno de los que suele buscar racionalizaciones relativamente elaboradas y se permite incluso cierto disenso, sin pasarse de la raya —como bien ha caracterizado Mariano Sánchez Talanquer a los ideólogos menos burdos del oficialismo—, salió con la novedad de que durante la oscura noche neoliberal (etapa que, según la nueva historia oficial, abarca sobre todo el periodo de democracia que vivió México en los primeros años del siglo XXI), se había fetichizado la autonomía, como si el diseño institucional fuera la panacea frente a las desviaciones humanas.

La tesis no es nueva, pero dicho por Carlos Pérez Ricart adquiere cierto lustre, que inmediatamente replican en redes sociales sus acólitos, esos que repiten la línea con la esperanza de que una beca o una dirección general los redima de sus mediocridades. El argumento es de una simpleza conmovedora: como el modelo de autonomía institucional no produjo por generación espontánea una república de jueces daneses, entonces debe ser desechado como un capricho tecnocrático, una máscara importada para encubrir los vicios de la clase política del pasado.

La idea de que las autonomías fueron una moda exótica impuesta por organismos multilaterales o despachos extranjeros resulta tan superficial como conveniente. En realidad, los órganos constitucionales autónomos fueron una creación jurídica y política mexicana, una respuesta coyuntural a la incapacidad del aparato estatal tradicional de operar con profesionalismo y con horizontes de largo plazo. No fueron un conjuro tecnocrático, sino una solución negociada ante la captura sistémica de las agencias gubernamentales que ha caracterizado a toda la historia mexicana y que ahora se está haciendo todo por revivir.

La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista, sistema de botín e incentivos de lealtad personal, ajenos a cualquier lógica de capacidad técnica o visión de largo plazo. Se diseñó como una arquitectura institucional para aislar funciones clave —estadística, transparencia, regulación, fiscalización, procuración de justicia— de la rebatiña política, derivada de la lucha partidista, una vez terminado el monopolio político que ahora los jóvenes turcos pretenden revivir. Su objetivo era resguardar decisiones estratégicas del apetito faccioso que todo lo quiere subordinar a la voluntad del supremo Poder Ejecutivo. Fue un primer paso para crear un Estado democrático como espacio de coaliciones entre fuerzas con visiones, programas e ideologías diversas, para dispuestas a aceptar mecanismos de arbitraje relativamente despersonalizados, propios de un orden social abierto.

Sólo algunos ingenuos siguen pensando que los órganos autónomos iban a estar integrados por ciudadanos arcangélicos, sin intereses propios y sin ideología. No dudo que entre los defensores del modelo de autonomías existan quienes aspiraran a esa bobería, caricaturizada en la crítica de Pérez Ricart y quienes con menos talento repiten sus lindezas. La idea de los órganos autónomos es tener mecanismos de Gobierno donde convivan diversas visiones y se tengan que construir acuerdos. El caso de la Fiscalía, distinto por la naturaleza personal del encargo, lo que se buscaba era la renovación y la profesionalización de la antigua Procuraduría, siempre usada como arma política durante los gobiernos del régimen del PRI, por lo que se estableció una designación donde la propuesta presidencial fuera avalada por una mayoría calificada que implicara una coalición.

Pero claro, es más cómodo atribuirle al modelo los fracasos de quienes lo sabotearon desde su origen. El caso paradigmático es el de la Fiscalía General de la República. Lo que ocurrió con Alejandro Gertz Manero no fue el colapso de la autonomía, sino la decisión política de convertirla en simulacro. Primero, cuando Enrique Peña Nieto quiso imponer a un incondicional (valido puse en mi colaboración de la semana pasada y el duende perverso de la corrección puso válido) para garantizarse impunidad. Después, cuando Andrés Manuel López Obrador eligió a un personaje siniestro, ajeno a toda idea de renovación institucional, para encabezar la nueva Fiscalía.

Gertz nunca creyó en la autonomía ni la implementó. Conservó la estructura vertical de la antigua Procuraduría, frenó la profesionalización del Ministerio Público y utilizó el cargo para sus vendettas personales. La autonomía, en sus manos, fue una simulación, un cascarón jurídico que ocultaba la continuidad de las peores prácticas del viejo régimen. Y sin embargo, en el curioso mundo de la apologética lopezobradorista, esto se presenta como evidencia de que el modelo nunca funcionó. Hay que tener esófago para comulgar con esas ruedas de molino.

Lo que los críticos de la autonomía omiten —convenientemente— es que su debilitamiento no ha traído mejores resultados, sino una recaptura sistemática del aparato estatal por parte del Ejecutivo. No se desmontaron por disfuncionales, sino por incómodas. Las vaciaron de presupuesto, les impusieron operadores obedientes, desplazaron a sus liderazgos y las convirtieron en escenografías institucionales: fachadas vacías que simulaban cumplir funciones que ya no ejercían. Finalmente, con el uso de una aplastante mayoría fraudulenta, las desaparecieron.

Ese cuento de la autonomía como fetiche no es más que coartada para la restauración autoritaria. Una narrativa elaborada con pretensiones teóricas para justificar el regreso al control vertical de todas las palancas del Estado. Se empieza desacreditando el modelo como disfuncional y se termina celebrando la concentración del poder como si fuera una forma superior de eficacia. Pero el verdadero fetiche está del otro lado: en la fantasía regresiva de que una voluntad unificada —encarnada en el líder y sus fieles— puede reemplazar al derecho, a la técnica y a la deliberación.

Estos jóvenes doctrinarios, tan contemporáneos en sus referencias y tan arcaicos en su fe, (me recuerdan mucho a los jóvenes que en 2014 irrumpieron con Podemos en la política española con una crítica ahistórica de lo que llamaron el “régimen de la transición” y acabaron en un ridículo estrepitoso) no creen en la democracia constitucional ni en el Estado de Derecho. Desprecian la pluralidad, aborrecen los contrapesos y desconfían de la deliberación como método para producir decisiones legítimas. Su modelo no es una república democrática, sino una fantasía de redención impuesta desde una supuesta racionalidad única, encarnación de la voluntad general, del pueblo bueno. Se asumen herederos de la autocracia ilustrada, aunque su versión local esté encarnada por Andrés Manuel López Obrador y su devota escudera, Claudia Sheinbaum. Dogmas sin luces, obediencia sin ilustración. Creen que ha bastado con la llegada del ungido para que todo funcione por magia moral. En su evangelio político, el pluralismo es estorbo, la técnica es sospechosa y el derecho es un simple instrumento de opresión. Por eso desprecian las reglas: porque creen tener la razón. Y con eso, les basta.

Pues ya no queda más que esperar a ver qué va hacer Trump, realmente. Me refiero, querido lector, a los amagos de invasión a Venezuela, pero también a Colombia y de paso a México que ha hecho el Presidente de Estados Unidos estos días. Ayer, el gobierno estadounidense, violando todas las leyes internacionales robó un barco petrolero venezolano lo que ha elevado la tensión entre los dos países. Es increíble la manera en que Trump viola ley, impunemente. Asesina tripulantes de lanchas, así, sencillamente, sin proceso judicial alguno, y ahora roba barcos petroleros. 

Su intervencionismo es realmente escandaloso en países latinoamericanos y parece que seguirá escalando la violencia contra Venezuela y los venezolanos, con tal de apropiarse de sus recursos. 

Por supuesto, la oposición desleal venezolana añora desde hace muchos años la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El malhadado premio Nobel de la Paz de este año a la política opositora María Corina Machado, una política abiertamente golpista, refuerza las agresiones estadounidenses al gobierno de Maduro. Y no estoy diciendo con esto que respaldo al gobierno de Venezuela y mucho menos la manera en que condujeron sus elecciones, sino que la intervención de Trump en Venezuela es del todo inaceptable. Mientras, el Presidente Nicolás Maduro anuncia que organiza ya la resistencia militar y ciudadana contra esa posible invasión militar con la que sueña la derecha latinoamericana tan proclive a los golpes de Estado.

Y es que es imposible darle ni tantita legitimidad a las agresiones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, querido lector. Esencialmente porque a Donald Trump no le preocupa ni la democracia, ni la libertad, ni la justicia y muchísimo menos los derechos humanos de los venezolanos. Es un político preocupado en hacer dinero y aprovecharse, robar, a quien pueda. Su asociación criminal con Israel para cometer el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial en contra de los palestinos de Gaza; su interés en apoderarse de su territorio y de los recursos de Ucrania; sus intenciones de despojar a Dinamarca de su territorio, lo pintan de cuerpo entero. 

Donald Trump es un déspota que no respeta las leyes, ni los tratados, ni las instituciones internacionales, ni la vida de los ciudadanos de otros países. Basta con recordar cómo celebró en su visita a Israel el asesinato masivo de niños y niñas cuando felicitó a los israelíes por saber usar sus armas. Es un sátrapa que usa el supuesto combate al narcotráfico para intervenir ilegal e ilegítimamente en países que le interesan y apoderarse de sus recursos. Así, designa a presidentes como narcotraficantes y llama “narcogobiernos” a gobiernos como el de la Presidenta Sheinbaum, para preparar el terreno para alguna intervención militar o para sojuzgarlos y conseguir tratos ventajosos en negociaciones.

Hasta ahora, la agresión contra México no ha escalado, y la Presidenta Sheinbaum ha podido contener sus amenazas. Pero esto bien puede cambiar en cualquier momento, porque las decisiones de Trump obedecen más a sus necesidades de política interna, que externa. Que su gobierno nos use como su piñata no es nada nuevo y habrá que ver si no le es rentable hacer una demostración de fuerza contra “narcotraficantes” en México, aun cuando la Presidenta le haya entregado casi todo lo que desea para apaciguarlo; la detención masiva de migrantes antes de su llegada a la frontera norte, el uso de la Guardia Nacional como policía fronteriza, el envío de múltiples capos detenidos, etc. 

A Donald Trump aún le quedan años en el poder, querido lector, y hay que decir que ha sido plenamente consistente en dar los pasos requeridos por su agenda intervencionista, desde el principio de su presidencia. Al convertir a los cárteles de la droga en organizaciones terroristas enemigas de Estados Unidos para poder llevar a cabo agresiones militares fuera de su territorio, habilitó la posibilidad de un ataque contra México. Ya no es el bravucón de su primera presidencia, es infinitamente más peligroso porque es un asesino capaz de matar a personas en la más completa impunidad, fuera de su país, y frente al resto del mundo. Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto de los gobiernos de países latinoamericanos que han sido señalados como cómplices de organizaciones criminales y si la Presidenta Sheinbaum tiene o no que tomar medidas preventivas más radicales, más allá del discurso de la soberanía nacional. Lo sabremos muy pronto, querido lector. 

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró la semana pasada que México atraviesa un periodo de avances acelerados y consensuados en el mundo del trabajo. “Hemos dado pasos agigantados en la materia laboral, lo he descrito anteriormente como un momento de la primavera de los derechos laborales”, afirmó en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas" transmitido por SinEmbargo al Aire. En ánimos de contextualizar la declaración, cabe repasar la hazaña que engloba para situar el momento en su justa dimensión.

El cambio de más hondo calado de los últimos siete años en materia laboral es el aumento del salario mínimo. En 1976, después de casi tres décadas de crecimiento gradual, el salario mínimo alcanzó un máximo histórico de 20.8 dólares por día a precios del 2025. El colapso que vino después sacudió al mundo laboral: tras una serie de crisis económicas, los gobiernos del PRI mantuvieron los salarios artificialmente bajos, congelando el salario mínimo diario en alrededor de 5.25 dólares (ajustado a precios corrientes) entre 1990 y 2017, a pesar de notables alzas en la productividad laboral. Esa tendencia giró por completo con la irrupción de Morena, que llevará el salario mínimo general a poco más de 17 dólares diarios en el 2026, enfilándose a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030 desde las dos que cubre hoy. En suma, esto que se sintetiza en un párrafo sacó a millones de la pobreza.

Por orden de importancia, el segundo viraje profundo es la recién aprobada reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas de manera gradual, a ritmo de dos horas semanales menos a partir del 2027. Replicando la receta del salario mínimo, el Gobierno emanado de Morena optó por la cautela para saldar un adeudo histórico. Ciertamente, una concesión fue el aumento de nueve a 12 horas en retribución doble por horas extra trabajadas de forma voluntaria. Sin embargo, en relación a las ocho horas de retribución ordinaria ganadas, los trabajadores salen como ganadores absolutos de la negociación. En la práctica, un empleado promedio comenzará a ver disminuida su jornada sabatina unas cuantas horas cada año hasta eliminarla por completo, o bien mantenerla con mucho mayor compensación. Por hora trabajada, la nueva Ley equivale a un sustancial aumento salarial que irá dimensionándose hacia finales del sexenio.

Pero la lista de reformas no termina allí. La Ley Federal del Trabajo fue modificada en 2019 para garantizar la democracia sindical y un nuevo sistema de justicia laboral. Otra reforma de 2021 prohibió la subcontratación de personal, con la cual millones de trabajadores fueron transferidos a la nómina de sus patrones reales, mejorando su antigüedad, acceso a prestaciones y, crucialmente, el monto de su Reparto de Utilidades (PTU) y sus bases de cotización para el IMSS e Infonavit. Una Ley aprobada en el 2023 elevó el mínimo de días de vacaciones pagadas de seis a 12 días laborables en el primer año de servicio, con lo que México abandonó el sótano mundial. En 2024 se aprobó la creación de un fideicomiso público que será financiado, en parte, con los recursos de las cuentas de Afores inactivas de trabajadores de 70 años o más con el objetivo de que quienes cotizaron bajo la Ley del IMSS de 1997 puedan jubilarse con el 100 por ciento de su último salario promedio (hasta un límite de 18 mil pesos mensuales). Por último, una Ley reconoce desde junio a los repartidores y conductores de plataformas digitales como trabajadores con derechos laborales. En suma, México promedia un gran cambio laboral al año.

El comparativo histórico de hace casi un siglo ayuda para sondar el calado transformista. La “primera primavera laboral” del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) sentó las bases del modelo moderno en el país. En este sexenio, el Gobierno impulsó una política salarial de crecimiento real para compensar la depresión económica de los años 30. Emergió el derecho de huelga, el arbitraje estatal y la nacionalización de industrias en favor de los trabajadores. También nació la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano. Por último, el programa de Reforma Agraria entregó 20 millones de hectáreas a los campesinos (principalmente bajo la figura del ejido) y organizó a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Como denominador común en esta “primera primavera laboral”, los sindicatos jugaron un rol más activo, sin por ello restar méritos a la vigente ola de reformas.

En una nota publicada para la revista Phenomenal World, el economista Luis Munguía escribe que “el equilibrio de poder entre el Gobierno y los factores de producción ha cambiado por diversas razones. En primer lugar, el rigor técnico de la nueva Conasami ha ayudado a descartar argumentos sin evidencia y tácticas de miedo del sector empresarial destinadas a mantener el salario mínimo… En segundo lugar, la clase trabajadora y los sindicatos han cobrado un impulso significativo, y la agenda laboral avanza a pasos agigantados. En tercer lugar, la voluntad política y el aumento de la confianza de un movimiento de izquierda en el Gobierno han sofocado los intereses de los productores”. En pocas palabras, Munguía atribuye un peso sustancial al cambio desde arriba a la Lenin, a partir de la conducción de Estado de un Gobierno como el de Morena. Lo que resulta obvio para algunos, no convence del todo a otros.

Existe un sector en la izquierda marxista que manifiesta inconformidad a partir de un supuesto equivocado. Por construcción, la llamada 4T no reivindica en solitario los intereses de la clase obrera. Para el movimiento, el sujeto histórico es el pueblo, no sólo los trabajadores. La implicación más directa es que las demandas de otros sectores sociales desaventajados, como los desempleados o los campesinos, son igual de legítimas. Sin que emerja por ello una desatención. En la práctica, los asalariados son escuchados como un segmento reivindicado; ganan una relevancia particular cuando el conflicto queda por acción u omisión reducido a un duelo redistributivo con los patrones, quienes podrían en el caso más reduccionista componer una oligarquía o, dicho de forma más elegante, engrosar las filas del poder económico.

Para muchos pueblos y muchas civilizaciones, la primavera simboliza el renacimiento y el despertar, el tiempo de la siembra, la esperanza y los nuevos comienzos, donde la energía reprimida del invierno retoma vitalidad. A la primavera le sigue el verano, estación de plenitud y expansión, donde la vida alcanza el auge. Tras un cúmulo de conquistas laborales innegables, el reto para los gobiernos de Morena es que la entrada de una nueva estación permita que los trabajadores cosechen con abundancia lo sembrado. Sólo la máxima luz del verano, periodo de crecimiento y acción, permitirá una defensa desde abajo, con trincheras bien cavadas para hacer frente al cambio de temporada. Pero regocijémonos, aunque sea un breve momento, en el baño estival de lo logrado. Y después, a seguir provisionando para el inexorable retorno del invierno, que el ciclo de la vida y los problemas del país castigan el apoltronamiento.

Una de las experiencias que tenemos como más ciertas es que actuamos libremente, que elegimos por nosotros mismos, que gozamos de lo que se conoce como libre albedrío. Esta experiencia es tan genuina que nos hace rechazar instintivamente la posibilidad de ser unos títeres movidos por otro. Nuestro yo se experimenta autónomo y cuando somos forzados a actuar en una dirección u otra, sentimos que esas acciones no nos pertenecen, que no fuimos nosotros sus autores y decimos que fuimos obligados a llevarlas a cabo contra nuestra voluntad. Nos sentimos libres, nos sabemos libres.

¿Dicha certeza será verdadera? (Recuérdese que esta columna es una invitación a pensar, y pensar es, precisamente, lo que hacemos cuando nos atrevemos a cuestionar, a poner en duda nuestras convicciones más firmes.) ¿Será cierto que somos libres? Veamos el problema de cerca: existe otra afirmación que goza de un muy amplio crédito. El hecho de que los seres humanos nos movemos por ideas, que actuamos por ideas. Lo que no significa que siempre seamos congruentes o que todos actúen como piensan; sin embargo, cuando alguien se aparta de las ideas que suscribe y actúa en una dirección contraria se justifica aduciendo otras ideas. Las ideas, en suma, son lo que siempre está detrás de nuestros actos. La pregunta es, entonces, ¿de dónde proceden las ideas que nos gobiernan?, ¿serán innatas acaso? No. Todo el mundo sabe que nacemos prácticamente como una tabula rasa, y que las ideas que terminan por anidar en nosotros son adquiridas a través de la educación, de la socialización; que las tomamos de películas, de redes sociales, de lecturas…, en síntesis, de otros: nuestras ideas nos vienen de lo que hemos escuchado de otros. Es el entorno que nos ha tocado el que nos imbuye las ideas que tenemos por nuestras y por las que actuamos como actuamos; o sea, por las ideas que tenemos es por lo que elegimos esto o aquello.

Pregunto entonces: ¿seremos libres si ese yo, que es quien decide esto o aquello, es un yo constituido por los otros y por las circunstancias que le han tocado? Pongamos un ejemplo para darle más tangibilidad a la pregunta: ¿cómo sería mi yo y que elegiría si en lugar de haber nacido en México en el siglo XX, con todo lo que esto implica, se me hubiera ocurrido venir al mundo en el siglo X en Noruega y mis padres hubieran sido vikingos?, ¿habría elegido esta mañana dedicarme a reflexionar sobre estas cuestiones metafísicas para cumplir con la entrega de esta videocolumna, o habría elegido seguir mi entrenamiento en el uso de la espada y el hacha para ganarme una muerte heroica y así aspirar a ser elegido por las valquirias para acceder al Valhalla y estar ahí listo para acompañar a mi dios Odín al Ragnarök o batalla final? Creo que la respuesta es obvia. Somos el producto de nuestro tiempo y de las coordenadas geográficas que nos tocaron; suscribimos las ideas de nuestra época y, ni siquiera todo lo que cada época encierra, pues solo tomamos una pequeña parte: aquella pequeñísima parte de nuestra época de la que hemos podido enterarnos y hemos hecho nuestra.

Mi yo, ese yo mismo que es con el que elijo y desde el que elijo, no es otra cosa que el resultado del azar. Estamos a favor o en contra, valoramos unas cosas y rechazamos otras, nos gustan ciertos alimentos y otros nos repugnan, alguien nos parece bello u horrible, por casualidad: por la casualidad que nos tocó: somos los títeres de las circunstancias.

Y en esta circunstancia, nuestro papel, el papel que representamos, es el de creernos libres, poseedores de un magnífico libre albedrío que nos permite elegir por nosotros mismos.

A propósito de la fuerza que tienen las ideas que uno admite como válidas, y que finalmente son las que nos hacen elegir y decidir nuestra vida, he contado muchas veces una experiencia que tuve la fortuna de vivir en Uruapan, la noche en la que conocí a la ultima heredera del volcán Paricutín. Era la nieta o la bisnieta del indígena purépecha en cuyo predio brotó el volcán, y ella me contó, cómo su antepasado estaba arando su terreno y descubrió, al hundir su azadón en la tierra, que había un material incandescente y que la tierra se abría por la pujanza de una fuerza que quería salir. Él pensó que era el diablo que luchaba por escapar de las profundidades del averno;  corrió al pueblo para avisar del peligro, y toda la comunidad volvió al predio armada con cubetas que contenían agua bendita para impedir que el diablo brincara a la superficie. Cuando llegaron los autobuses del ejército para evacuar el sitio, la comunidad (que nunca había visto autobuses) pensó que ya se habían salido los diablos y tuvieron que perseguirlos y subirlos a los autobuses; todos gritaban por las ventanillas como si estuvieran siendo deglutidos y una persona murió de infarto en el estribo del autobús. La pregunta que me hago desde entonces es: ¿dónde murió esa persona, en el estribo del autobús o en las fauces del diablo? Así de determinantes son las ideas que tenemos de las cosas, y desde esas ideas y por esas ideas actuamos. Que quede en el aire la pregunta inicial: ¿de veras, somos libres?

X @oscardelaborbol

El mismo 6 de diciembre en que Morena festejaba, convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, los siete años de “la llegada al poder”, el golpe de realidad fue en Michoacán. La nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se estrenó en el cargo con un comunicado con su primer caso de alto impacto ese mismo día, y actuó rápidamente emitiendo un comunicado no sólo en las redes de la FGR sino en las personales también, para informar de la apertura de una carpeta de investigación “contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.

Se trató, efectivamente, de un acto de terror en Coahuayana, Michoacán, en donde un grupo criminal detonó un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de la localidad. La onda expansiva de la camioneta cargada con explosivos fue de 300 metros, según revelaron especialistas. El saldo mortal fue de cinco personas, y los heridos suman 12. La primera reacción de la abogada a cargo de la FGR fue coordinar los esfuerzos locales y los de su oficina, a partir de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Michoacán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. Acopio y Tráfico de Armas, para la apertura y desarrollo de la carpeta de investigación.

Justificaron en la FGR en el mismo comunicado, que ello, la investigación por Terrorismo, “derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del Municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio”. 

La Fiscal no estaba errada y actuó conforme a la Ley, no sólo con rapidez para atender el tema y coordinarse con las autoridades locales, sin que se lo solicitaran de Presidencia de la República, sino también en cuanto a la clasificación del delito. El Artículo 139 del Código Penal Federal establece pena de prisión de 15 a 40 años: “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

Lo sucedido aquel sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, cuando dos hombres trasladaron los explosivos a bordo de una camioneta Dodge Ram, Dakota, y fueron inmolados al detonar la carga explosiva (aún no definen las autoridades si por accidente, por la premeditada acción de un tercero, o desconociendo que los dos hombres seguían en la camioneta), fue un acto “intencional” contra “bienes públicos”, las instalaciones de la policía, “contra la integridad física, emocional o la vida de las personas”, se causó daño a la población, hubo cinco muertos y hay 12 heridos, hechos, en conjunto, que produjeron “alarma, temor, o terror en la población” y no sólo la de Michoacán, sino a otros sectores de la sociedad mexicana.

Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a cinco, que dejó 12 heridos, que dañó doce vehículos, incluidas dos camionetas blindadas, y que dejó daños en propiedades adyacentes a la comandancia de la Policía Comunitaria, no es un acto de terrorismo para el Secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, y por tanto de manera discreta pero muy evidente en el fondo, la FGR reculó y reclasificó el delito como delincuencia organizada.

Para Omar García Harfuch un acto de terrorismo debe incluir objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y no los encuentra en el caso de Coahuayana, Michoacán, sucedido el 6 de diciembre de 2025. Para él, y lo que impera ahora es su pensamiento, palabra e investigación, se trata de tráfico de armas. Así lo dijo textualmente en una conferencia matutina de la Presidenta de la República:

“Estos son delitos de tráfico de armas; por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”.

Complementó con lo que se supone deben ser resultados de una investigación y determinó no sólo a los actores de la explosión, sino el móvil: “una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otro grupo, que es Cárteles Unidos”. Justificó la forma de explosión de coche bomba en Michoacán, para deslindarlo del terrorismo internacional: “No fue un coche bomba que hayan dejado y que después hayan detonado. Hay un conductor y una persona adicional, ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”. Aún no puede explicar, dado que él y no la Fiscal es el vocero presidencial en materia de seguridad, y su excolaborador es el titular de la FEMDO, si el conductor del coche bomba y su acompañante murieron porque alguien detonó los explosivos de manera remota sin saber que los dos tripulantes aún estaban en la camioneta, o si los explosivos se detonaron antes de tiempo, descartando con ello el otro componente del coche bomba del terrorismo internacional, la inmolación del conductor. Es decir, que haya sido como haya sido dentro de las dos y únicas hipótesis de García Harfuch, la muerte de los dos tripulantes del coche bomba, en todo caso, fue por accidente.

La realidad, y ese golpe se dio en la celebración de los siete años de la llegada al poder de Morena, es que los cárteles de la droga han escalado su violencia al terrorismo. Causan terror con la utilización de drones para lanzar explosivos a una unidad de la FGE como sucedió en Tijuana, Baja California, o cuando una mina artesanal explotó y acabó con la vida de seis guardias nacionales en las fronteras entre Jalisco y Michoacán, y ahora con la del sábado en Coahuayana, Michoacán. Lo mismo sucedió cuando en una operación coordinada en agosto de 2022 en cinco de los siete municipios de Baja California, el narco incendió 24 vehículos, mayormente de carga y en carreteras de la entidad.

Y si se sostiene la información proporcionada por el Secretario de Seguridad, del móvil, del modus, de los protagonistas, a saber de él, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Unidos, pues bien harían en perseguirlos, aprehenderlos y procesarlos, porque de los actos para causar terror con coches bomba o drones lanza explosivos o minas artesanales, no hay detenidos, ni materiales ni intelectuales, lo cual le permite al narco seguir cometiendo atrocidades en perjuicio de la sociedad mexicana que ya sufre por otra escalada de violencia aunque, desde el gobierno federal no se no le nombre como lo que es: terrorismo.

Enrique Peña Nieto, el creador del Pacto por México que unificó al bloque conservador que ha sido derrotado de manera contundente en dos elecciones presidenciales seguidas, también regresa, pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien en el video desde Palenque sobre su más reciente libro agitó la vida pública del país, el último presidente priista, un hombre al que le da flojera leer, no entusiasma a nadie y hasta les da penita a sus aduladores y beneficiarios que durante su sexenio se les hinchaban las manos de tanto aplaudirle.

Si tan orgullosos están del México antes de 2018, el de “la República democrática y libre que se nos ha arrebatado”, como dice Enrique Krauze, los jefes políticos e ideólogos de la derecha, que ya son abiertamente ultraderecha, deberían reivindicar a Peña Nieto, cuyas reformas “de segunda generación” siguen elogiando y doliéndose de que hayan sido ajustadas o desaparecidas junto con sus instituciones, precisamente porque ellos las colonizaron y usaron como fuente de enriquecimiento personal y faccioso.

Pero ni el PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas celebra que Peña Nieto regrese a México después de siete años de establecerse en España y de viajar a todo lujo por el mundo con el producto del saqueo en su Gobierno. Se avergüenza de su militante distinguido, tanto como de Carlos Salinas, siendo estos tres personajes lo mismo en corrupción. Pero tampoco se congratula el PAN, cuyos expresidentes Gustavo Madero y Ricardo Anaya eran sus grupis confesos y cuyos senadores y diputados gozaron de sobornos y moches como política de Estado.

Los empresarios nacionales, que tanto adularon a Peña Nieto por sus reformas y los contratos multimillonarios que obtuvieron, tampoco festejan su regreso. Callan. Y los medios y periodistas que se beneficiaron de los más de 60 mil millones de pesos sólo de publicidad oficial —y a los que también se les hincharon las manos de tantos aplaudirle— no le hacen fiesta tampoco, como cuando se le rendían, zalameros, como invitados al Palacio Nacional y a Los Pinos.

Tampoco los amantes de la mano dura se alegran del regreso a México de Peña Nieto, pese a que se volvió su referente cuando, el 3 y 4 de mayo de 2006 —hace casi 20 años— reprimió como Gobernador del Estado de México a los campesinos de San Salvador Atenco, cuyas mujeres fueron violadas, junto con la Policía Federal de Vicente Fox, en plena campaña presidencial. Esa misma política la aplicó como Presidente de la República en el desalojo violento de profesores del Zócalo, y en los asesinatos en Nochistlán, Oaxaca, para imponer la reforma educativa privatizadora del magnate Claudio X. González.

Tan irrelevante ha sido el regreso de Peña Nieto a México, dado a conocer por su biógrafo Mario Maldonado, autor de EPN: Confesiones desde el exilio, que hasta Televisa lo desdeña, pese a los negociazos que hizo con él desde que era Gobernador del Estado de México —incluida la boda con la actriz Angélica Rivera— y luego en un Presidencia de la República. Esta empresa mediática, que se acomodó a la Cuarta Transformación, hizo con él lo que con otras estrellas transitorias: Lo desechó.

Con Peña Nieto pasa lo que con Calderón y Salinas de Gortari: No pueden caminar por las calles de México sin ser repudiados. Ni con Vicente Fox pasa eso: Siendo una piltrafa moral, un traidor a la democracia, se le ve con lástima por su manifiesta decadencia.

No debería darle vergüenza a la derecha celebrar el regreso de Peña Nieto a México. Es corrupto, pero es su corrupto. Tampoco debería darle penita a todo el bloque conservador que Calderón, cómplice y amigo de éste desde el fraude de 2006, se coloque al frente a las movilizaciones contra Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. Es otro represor y ladrón, con todo y su narcotraficante Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos, pero es su represor y su ladrón. No está mal que también inviten a Carlos Salinas de Gortari, a quien nadie debe escatimar su papel de constructor del PRIAN desde el fraude de 1988.

Una gran oportunidad de marchar de manera unitaria es la manifestación del próximo domingo 14 de diciembre, convocada desde el anonimato por la “generación zeta”, donde seguramente volverá a emerger como el gran líder Ricardo Salinas Pliego, el magnate deudor quien, de materializarse su proyecto, sería el primer aspirante presidencial en la historia en definirse de ultraderecha. Una maravilla.

Finalizo: Si en las calles la izquierda grita que “es un honor estar con Obrador”, en referencia al expresidente que recién puso a circular su libro número 21, que a la derecha no le dé vergüenza gritar que “es un honor estar con Peña hoy”. ¿Dónde quedó ese grito insurgente de “Peña, bombón, te quiero en mi colchón”? ¡Ánimo!

Por: Anaid García Tobón

A lo largo de la historia, las fuentes de energía no se han sustituido unas por otras, sino que se han acumulado. Así lo explica Jean-Baptiste Fressoz en Sin transición. Una nueva historia de la energía. El autor señala que, pese a encontrarnos en una etapa que llamamos “transición energética”, la humanidad nunca había consumido tanto petróleo, gas, carbón, metales y madera como ahora.

En México ocurre una tendencia similar. De acuerdo con el colectivo Geocomunes, entre 2005 y 2019, aun con la instalación de 123 centrales de generación —principalmente eólicas y solares—, la producción eléctrica a partir de combustibles fósiles aumentó 30 por ciento. A ello se suma que la instalación de tecnologías orientadas al ahorro o generación de energía también genera impactos socioambientales relevantes: la eliminación de las plantas o cobertura vegetal, erosión por aplanamiento de suelos, cambios de uso de suelo y uso intensivo de minerales contaminantes.

Paradójicamente, a esta situación se suma que diversos proyectos extractivos asociados a la generación de energía renovable suelen ubicarse en territorios habitados por comunidades, lo que provoca desplazamientos, contaminación ambiental y afectaciones sociales. Esto ocurre a pesar de que las poblaciones asentadas en estos territorios son quienes menos emisiones generan y, en muchos casos, ni siquiera cuentan con acceso a energía eléctrica.

La reciente Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma que vivimos una auténtica crisis climática, resultado del acelerado aumento de la temperatura global debido a actividades humanas cuyos costos y responsabilidades son desiguales entre países. Este fenómeno amenaza de manera particular a las poblaciones más vulnerables.

México ya experimenta efectos notorios: mientras el promedio global aumenta alrededor de 2 °C por siglo, en nuestro país el incremento ha sido de 3.2 °C, según datos de la UNAM. Esto exige medidas inmediatas, coordinadas y con un enfoque de derechos humanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.

Para ello, es indispensable identificar las políticas, programas y mecanismos con los que el gobierno busca avanzar en esta agenda. Entre estos instrumentos se encuentran los fideicomisos, que permiten financiar acciones específicas y administrar de manera más eficiente los recursos destinados a la transición energética. Evaluar si estos instrumentos transparentan adecuadamente su estructura, funcionamiento y resultados es esencial para asegurar una supervisión ciudadana efectiva.

En este contexto, en la investigación Retos y oportunidades para una transición energética justa y transparente, desde Fundar analizamos la transparencia y la rendición de cuentas de dos instrumentos financieros clave para la transición energética en el país: el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) en esta encontramos que hay avances, pero también desafíos, que pueden poner en riesgo una transición energética justa.

De la calidad y la disponibilidad de la información depende la posibilidad de evaluar la utilidad, avances y desempeño de estos instrumentos, así como de ajustar sus reglas de operación para hacerlos más efectivos. También permite responder preguntas clave: ¿cuáles son las consecuencias del modelo energético actual?, ¿hasta qué punto las negociaciones climáticas internacionales han mejorado la vida de las personas?, ¿y cuál es la brecha entre el discurso y la voluntad política para construir una transición energética justa?

Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

En el sector petrolero se hace llamar Alex Rovirosa. Presumía sus conexiones con funcionarios y políticos. Supe de él antes de que se dijera empresario, antes de que constituyera compañías a su nombre: entonces era apoderado legal de empresas fachada creadas en Tabasco, Veracruz y Campeche.

Escribí de esas empresas en el libro El cártel negro que reveló redes de compañías fachada con las cuales, mediante contrataciones, se sacaban y saqueaban millonarios recursos de Pemex en los años del panismo.

Aunque algunas de esas empresas fueron inhabilitadas temporalmente por la Secretaría de la Función Pública, quienes las operaban quedaron impunes.

Algunos de ellos, como el propio Rovirosa, se fueron a vivir a Estados Unidos y a operar desde allá las empresas que constituyó a su nombre tanto en México como en Estados Unidos.

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: Mario Ávila Lizárraga, el panista a quien los Mouriño tenían como su empleado, y a quien los gobiernos panistas hicieron delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Campeche, y ocupó ese cargo de junio de 2002 a enero de 2009, es decir, en el Gobierno de Fox y los primeros tres años del de Calderón. Luego, fallidamente se le designó candidato a la gubernatura por el blanquiazul.

Tras perder las elecciones, se le asignó a uno de los puestos más relevantes de Pemex: subdirector en la subsidiraria Pemex Exploración y Producción, para controlar las contrataciones y licitaciones de la Coordinación de Servicios Marinos que es la más relevante para los trabajos y servicios costa afuera, los más costosos y codiciados porque son los que operan las contrataciones y adjudicaciones para arrendamientos y servicios en regiones marinas, de barcos y plataforma, y todos los servicios que para éstas se requieren.

En agosto pasado me referí en esta columna a la sociedad de Ávila y Rovirosa a partir de la acusaciones de las autoridades estadounidenses en contra de ambos, a quienes se les imputaron cargos por entregar sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para que se cerraran auditorías que las empresas de Rovirosa enfrentaban por irregularidades en sus contratos, y para obtener nuevas contrataciones por millones de dólares, tratos preferenciales y otros beneficios.

Según la acusación, los sobornos habrían sido operados por Ávila para que se favoreciera de diversas maneras los contratos de Rovirosa. Entre los sobornos solían entregar bolsos y relojes de lujo, además de efectivo.

Las autoridades estadounidenses les imputaron cargos de conspiración y prácticas corruptas, en el extranjero. Les señalaron de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Se trata de una Ley vigente en Estados Unidos que permite a las autoridades de ese país perseguir el soborno fuera de Estados Unidos, cuando en éste estén involucradas personas o empresas estadounidenses que tienen negocios en el extranjero, o personas que residen en Estados Unidos.

Me refiero nuevamente al caso, porque hace unos días, el 5 de diciembre un jurado federal en Houston declaró culpable a Rovirosa en tanto que las mismas acusaciones contra Mario Ávila están vigentes, y él se encuentra en condición de prófugo, según reiteraron las autoridades estadounidenses al informar de la condena del jurado contra Rovirosa.

Al argumentar el caso contra Rovirosa y Ávila, el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia dijo que “el soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”.

Sobre la resolución del jurado contra el imputado Rovirosa, el agente especial a cargo por parte del FBI, Douglas Williams, dijo: “Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, como demuestra el veredicto de hoy, su plan no sólo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.

Y Jeffrey D. Pittano, el agente especial de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) que indagó también el caso, expresó que la condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del Gobierno mexicano [de Pemex] en beneficio propio y de las empresas asociadas con él.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Rovirosa, residente permanente de los Estados Unidos, avecindado en Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para retener contratos y para obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.

La evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Ávila Lizarraga, residente también en Texas, pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y la subsidiaria Exploración y Producción a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex. Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

El jurado condenó a Rovirosa por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, y será un Juez de un tribunal federal quien determinará la sentencia.

En el boletín que dieron a conocer para informar sobre la condena de Rovirosa, el 5 de diciembre, las autoridades estadounidenses reiteraron que “el cómplice de Rovirosa, Mario Ávila, está prófugo”, y que las agencias estadounidenses como el FBI están investigando el caso.

Así que, la justicia estadounidense podría alcanzar al panista, por más que busque lavarse la cara mediante entrevistas con sus medios de comunicación “amigos”, como ha hecho en meses recientes.

Como detallé en la columna titulada “El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo”, de la documentación del caso se desprende que Ávila Lizárraga era el encargado de negociar, gestionar y operar los sobornos en el mecanismo en que participaron por lo menos otros tres co-conspiradores: un asistente de Ávila, y dos familiares y empleados de Rovirosa.

Ávila operaba sus conexiones de corrupción desde los años en que él mismo llegó como directivo a Pemex en el Gobierno calderonista, y desde que fungió como directivo en la petrolera se involucró en fraudes y escandalosos quebrantos, como los generados por las contrataciones con Oceanografía, contrataciones plagadas de irregularidades por las que incluso Ávila fue inhabilitado.

Respecto a este caso de los sobornos, en agosto pasado, la Secretaría de Buen Gobierno informó durante la conferencia en Palacio Nacional que el caso está bajo investigación también por parte de las autoridades mexicanas.

También que ninguno de los funcionarios involucrados está ya en Pemex, y se están realizando nuevamente las autorías a los contratos.

Respecto al caso en que se condenó ya Rovirosa –y que en semanas próximas se conocerá su sentencia–, si prosigue el juicio contra el hoy prófugo Mario Ávila, como parece que ocurrirá, sería el segundo exfuncionario del panismo que se vería ante un jurado estadounidense; el primero fue Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública actualmente preso en ese país al determinarse su culpabilidad en los delitos de narcotráfico, por su pertenencia a una organización criminal, y otros delitos.

La mayoría de los estrategas geopolíticos del mundo piensan que la globalización profunda va a dar lugar al establecimiento de un mundo multipolar. En términos comerciales, esto va a significar - y ya está significando - que las naciones aumentarán su carga arancelaria de acuerdo a su propio interés.

Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación se conciba como una fortaleza cerrada al comercio mundial. Más bien, la globalización continuará pero a un ritmo más pausado y afectada por núcleos protegidos aquí y allá.

De alguna manera, esto se refleja en lo que parece será la política comercial de México en los años por venir. Como sabemos México es, hoy por hoy, el país con mayor número de tratados de libre comercio sobre la faz de la tierra. Al mismo tiempo, el Gobierno actual está a punto de reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación con el fin de aumentar tarifas arancelarias a una serie de productos que se importan de países sin tratado de libre comercio con nuestro país.

Con esto se pretende, al menos en la retórica oficialista, fortalecer la industria nacional, así como aumentar el contenido regional de lo que se consideran sectores estratégicos.

Nadie que esté poniendo atención podría soslayar el hecho de que el anuncio de esta reforma ocurrió poco después de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a Palacio Nacional. Indudablemente hubo presión estadounidense para realizar la reforma que, seamos sinceros, va dirigida principalmente en contra de China, aunque muchos otros países - sobre todo de la región asiática - también serán afectados.

La Ley proyecta el aumento de tarifas arancelarias, en diversos porcentajes, de una gran variedad de productos en 17 sectores industriales. Hay que decir que, debido a un proceso de diálogo y concertación con representaciones patronales y empresas en particular, ocurrido en el Congreso mexicano, la carga arancelaria originalmente planeada, se logró disminuir en todos los casos.

Esto, sin duda, fue un acierto. Si se hubieran mantenido los aumentos propuestos esto hubiera tenido efectos muy negativos en la economía mexicana. Esto no quiere decir que dichos efectos no vayan a ocurrir, aunque en un grado menor. En primer lugar, el aumento de aranceles podría significar un incremento en la tasa de inflación, lo que afectaría los bolsillos de los mexicanos. En segundo lugar, las empresas - sobre todo las pequeñas y medianas - que dependen de insumos importados verán aumentar sus costos, lo que puede reflejarse en una menor competitividad de los productos que exportan. Un tercer efecto negativo es la posibilidad de que las naciones afectadas busquen acciones de represalias contra nuestro país, como podrían ser la imposición de barreras a las exportaciones mexicanas.

Por otro lado, aunque es cierto que habrá un incremento de los ingresos del Gobierno, derivado del aumento de aranceles a la importación, lo cierto es que la industria mexicana podría tardar mucho tiempo en sustituir con producción doméstica el abastecimiento de los productos y servicios que ya no vendrán a México. Esto es así porque habrá un tiempo de adaptación que no sabemos cuánto tardará para entrenar a la mano de obra, obtener la tecnología indispensable para la nueva producción y establecer nuevos incentivos fiscales. Dicho esto, lo anterior podría significar una gran oportunidad para la reindustrialización de nuestro país.

Al tiempo que México se adapta a los nuevos tiempos, debemos de ser claros acerca de los costos que habrá que pagar aún si se abren nuevas oportunidades para la industria nacional. Para que estas sean aprovechadas a cabalidad se necesitará de una gran estrategia en la que participen todos los sectores productivos de manera concertada. Quizás ha llegado el momento de desplegar una gran política industrial que lleve a México a ser parte de la Cuarta Revolución Industrial por venir. México tiene todo para lograrlo.