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La CNDH espera que la Cámara de Diputados actúe a través del respeto, protección, imparcialidad y garantía de los derechos humanos para los mexicanos al tomar las decisiones con respecto a la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena.
“Manifestamos nuestra solidaridad con las madres y padres de los 43 #Normalistas y nuestro compromiso para coadyuvar con el avance en las investigaciones del caso #Ayotzinapa hasta que haya justicia”, compartieron en Twitter, junto a un comunicado.
La CNDH comprobó que el personal de dos hospitales en Jalisco incurrió en omisiones, demora en diagnóstico y en el traslado del paciente que resultaron en la muerte de un recién nacido.
La agresión armada dirigida al reportero de Cajeme ocurrió en Sonora.
El IMSS refrendó su compromiso de “cooperar con los fines de la CNDH y procurar que la afectada y su núcleo familiar retomen, en la mayor medida posible, su proyecto de vida”.
Con motivo de lo anterior, se inició el expediente de queja CNDH/4/2019/5817/Q, y para documentar las violaciones a los Derechos Humanos se solicitó diversa información al IMSS cuya valoración lógico-jurídica es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones y Análisis de las Pruebas de la Recomendación.
La CNDH emitió un comunicado en el que señala que la directora de Radio Universidad, sus familiares y colaboradores no cuentan con cuentan con su seguridad física, integridad personal y emocional garantizadas, por lo que exhortó a las autoridades a que se les proporcione dicha protección.
El 2 de diciembre de 2020, la CNDH recibió un escrito en el que la persona que presentaba la queja refirió que, el 24 de noviembre de 2020, le informaron que la víctima había fallecido y su cuerpo se encontraba en Mexicali, Baja California, donde sucedieron los hechos, sin brindarle información referente a las circunstancias que causaron el deceso.
Además, expuso que la colaboración entre la Sedena y la Comisión de la Verdad está amparada en un plan de trabajo en el que se destacan las siguientes acciones:
La CNDH aseguró que de modo alguno pueden los militares tener “el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc.”
Además, resaltó que el ejercicio pleno de la libertad de expresión se ve dificultado porque las y los periodistas se enfrentan a agresiones de distintos tipos, que van desde amenazas, privación ilegal de la libertad, golpes, despojo de su equipo de trabajo, hasta la privación de la vida; de 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 153 periodistas, según datos de Artículo 19.
La Fiscalía acusó a las tres activistas de los delitos de robo agravado y daño a la propiedad en perjuicio de una conductora de un automóvil que fue agredida hace una semana.
En videoconferencia, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, indicó a medios que a Areli “N”, Karla “N” y Magda “N” les fue ordenado un juicio por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo (comercio de drogas ilícitas en pequeña escala).
Las ocupantes fueron detenidas el pasado 15 de abril luego de que se difundiera en redes sociales un video donde integrantes del colectivo agredieron a una conductora cuando circulaba por la calle de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Las mujeres habían tomado el edificio de la CNDH, en el centro histórico de Ciudad de México, desde el 4 de septiembre de 2020 como un reclamo de justicia para los múltiples casos de feminicidio y violencia de género en el país, donde matan a más de 10 mujeres al día.
Rosario Ibarra de Piedra fue fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos en México.