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Al poniente de Chilpancingo, Guerrero, el conductor de un taxi fue asesinado y quemado a bordo de su unidad; con este hecho suman tres ataques perpetrados contra el transporte público en la entidad durante los últimos tres días.
La Secretaría Luisa María Alcalde aseveró que el Gobierno de México presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones graves al Derecho Internacional.
El Presidente López Obrador abordó el tema luego de que se le preguntara por la petición que envió Morena al Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que se vele por la integridad de su 40 aspirantes en Guanajuato, entidad donde el pasado 1 de abril asesinaron a Gisela Gaytán, su candidata a la Alcaldía de Celaya.
Los cruces irregulares de ciudadanos haitianos a través de la frontera terrestre con México cayeron drásticamente ante el incremento de los que llegaron con un permiso condicionado de dos años que les permite trabajar.
La violencia contra los políticos es generalizada en México. El fin de semana, el Alcalde de Churumuco, un poblado del vecino estado de Michoacán, fue asesinado en una taquería de Morelia, capital del estado. Tras el arranque de la campaña electoral federal en marzo fueron asesinados al menos cuatro aspirantes y candidatos alcaldes en los estados de Puebla, Chiapas, Guerrero y Jalisco.
El Presidente dijo que uno de los enfrentamiento fue entre la Guardia Nacional (GN) y civiles armados, el cual dejó un saldo de cinco personas muertas en el municipio de La Concordia, ubicado en Chiapas.
El mandatario mexicano ha sido un crítico constante de la falta de resultados en materia de seguridad en Guanajuato, un fenómeno que ha atribuido a la permanencia del Fiscal Carlos Zamarripa. “Nosotros siempre hemos sostenido que lo de Guanajuato es muy extraño porque hay bastante violencia, muchos homicidios”, comentó hoy.
Hasta el momento, el taxista, pareja de la presunta secuestradora Ana Rosa “N”, y el hijo mayor de la señora, han sido vinculados a proceso por el delito de feminicidio en agravio de la niña Camila.
Los políticos de las pequeñas comunidades se han convertido en el blanco predilecto de las organizaciones delictivas mexicanas, según investigaciones desarrolladas por centros de estudios, especialistas y activistas.
El viernes pasado, el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala dio a conocer que la niña Camila, secuestrada y asesinada en el estado de Guerrero, murió por estrangulamiento.
Hace cuatro años, el menor de edad explicó que había decidido dejar a su mascota en el albergue de animales por la falta de comida en su hogar y porque su padre le pegaba.
La iglesia católica mexicana cuestionó cuántas muertes, injusticias y linchamientos faltan para que la sociedad se dé cuenta de que se está destruyendo a sí misma, luego del feminicidio de Camila y el linchamiento de los presuntos responsables.
Los escáneres se introducirán en ciertas estaciones después de un período de espera legal de 90 días, dijo el Alcalde Eric Adams.
El Gobierno de Guerrero dijo que “derivado de los hechos registrados la tarde de este jueves en el municipio de Taxco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Sedena y Guardia Nacional lograron asegurar a los presuntos agresores” de Camila, “quienes se pondrán a disposición de las autoridades correspondientes”. En un comunicado, aseguró que “no hay, ni habrá impunidad ante estos hechos, en donde lamentablemente perdió la vida una menor”, y que “se castigará con todo el peso de la Ley a los responsables”.
Agentes de la Policía de Investigación llevarán a cabo la investigación del caso y cuentan ya con líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que hasta el mes de agosto de 2023, en lo que iba de la actual administración, se habían asegurado dos mil 803 artefactos explosivos artesanales en 22 entidades, erróneamente conocidos como minas terrestres, los cuales no explotaron.