Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– La detención y consignación de José Manuel Mireles Valverde, figura emblemática de las autodefensas de Michoacán, es un mensaje de advertencia de lo que les puede pasar a quienes sean críticos con el gobierno federal y demuestra que, en lugar de combatir efectivamente la delincuencia en la entidad, las autoridades optan por acallar las voces disidentes, consideraron el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, el político priista Jaime Rodríguez Calderón y el académico y abogado Jaime Cárdenas Gracia, quienes formaron parte, junto con el doctor Mireles, del Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas.

“Si alguno abre la boca podemos ir a la cárcel. Es lo que el gobierno trata de decirle a la gente, que el que diga algo puede ir a la cárcel”, dijo Rodríguez Calderón, ex Alcalde de García, Nuevo León, quien participó como “autodefensa contra la cobardía y la complicidad de las autoridades”, en el evento realizado el pasado 28 de mayo en la Ciudad de México. El objetivo del encuentro fue reivindicar la  autodefensa como un derecho ciudadano y demostrar que no está necesariamente vinculado con el uso de la violencia.

“El gobierno está asustado, el gobierno tiene problemas para resolver problemas en Michoacán y está tratando de generar resultados con una imposición de la autoridad, aplastando a las voces discordantes, cuando debe aplastar a la delincuencia y a los delincuentes”, agregó.

Mireles “es un preso político”, expresó Cárdenas Gracia, especialista en Derecho y ex Diputado federal por Partido del Trabajo (PT). “Está preso por haber criticado al gobierno, por haber retado al gobierno, entonces en este país no se vale retar ni criticar al gobierno, tiene uno que ser dócil y someterse a la autoridad a toda costa, aunque esté en peligro su vida y la vida de sus familiares. Eso no importa. El mensaje es ese: reta al gobierno y verás cómo buscaremos algo para procesarte”, advirtió.

Para el padre Solalinde Guerra, quien se expresa a favor de la defensa ciudadana, pero no apoya las acciones armadas, el mensaje del gobierno federal va dirigido también a los defensores de derechos humanos, como él.

“Es un mensaje, es una advertencia también para nosotros. Y le van a buscar en la forma que sea, la trampa que sea, no es la primera vez. A mí me han tratado de criminalizar de muchas maneras y todas viniendo del gobierno federal”, alertó.

ACUSACIONES DUDOSAS

El pasado 27 de junio Mireles Valverde fue detenido en el poblado La Mira, en el municipio michoacano de Lázaro Cárdenas, en un operativo conjunto entre el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia locales. Junto con el líder de las autodefensas fueron detenidas 82 personas más.

Este lunes, en conferencia de prensa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el operativo se hizo a partir de una denuncia ciudadana sobre la presencia de “un grupo de personas fuertemente armadas”.

Mireles Valverde fue detenido junto con sus tres escoltas mientras comía en un restaurante llamado “El Pollo Feliz”, de acuerdo con lo que su abogada, Talía Vázquez Alatorre, ha declarado a la prensa, a partir de lo que el propio médico le dijo.

La abogada asegura que Mireles Valverde no estaba armado, pero según Castillo Cervantes “cada uno de ellos portaba un arma de fuego larga y un arma de fuego corta de uso exclusivo del Ejército”.

El Comisionado especial para Michoacán también afirmó que en la camioneta de Mireles Valverde había ocho armas largas y seis cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, cuatro bolsas con mariguana y una más con cocaína y 30 mil pesos.

Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó al médico y sus tres escoltas, a quienes acusa de presuntamente portar drogas y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En entrevistas por separado con SinEmbargo, Cárdenas Gracia, Solalinde Guerra y Rodríguez Calderón cuestionaron la veracidad de estas imputaciones.

El ex legislador dijo que no hay plena certeza sobre si Mireles Valverde estaba armado al momento de su arresto y considera sospechosa la acusación de posesión de drogas.

“No creo que sea un narcotraficante porque se ha distinguido por lo contrario, ni creo que consuma drogas. A mí me parece eso muy sospechoso”, expresó. “Da la impresión de que se trata de pruebas que sembraron las propias Fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para preparar la consignación, como finalmente lo hicieron”.

Solalinde Guerra, fundador y director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, fue contundente: “Me queda claro que el gobierno miente y que es imposible creerle esa mentira. Todos sabemos muy bien que el doctor Mireles es una persona que lucha, que está defendiendo verdaderamente los intereses de la gente”.

“El doctor Mireles no es tan tonto, sabía que lo estaban persiguiendo, que lo querían agarrar en algo.  No iba a ser tan tonto de traer esas cosas. Él ni estaba en ese punto, ni va a estar trayendo drogas; pero eso lo hemos visto siempre, por eso no nos extraña, siempre el proceder del gobierno ha sido así”, agregó.

Para el sacerdote, las imputaciones penales contra Mireles Valverde tienen la intención de dañar su prestigio.

“Es demoler su autoridad moral, la autoridad moral que el gobierno no tiene”, consideró. “Estamos viendo un gobierno que no tiene autoridad moral, que no escucha a la gente, que no tiene intención de cambiar las cosas sino de simular. Porque es un gobierno simulador lo que le queda es hacer todas estas cosas que está haciendo”, dijo en referencia a la aprehensión del líder de las autodefensas.

“El Bronco”, como es apodado Rodríguez Calderón, también espetó que “la autoridad está mintiendo” y la consecuencia de ello es que está ganándose la desconfianza de los ciudadanos.

El ex Alcalde priista planteó que la detención de Mireles Valverde es un asunto político, antes que de impartición de justicia.

“Es un tema político de demostrar que Mireles es un hombre que no está haciendo las cosas bien”, dijo. Sin embargo, agregó, “Mireles es un hombre que está resistiendo. la boca de Mireles es la boca de todos los mexicanos”.

JUSTICIA SELECTIVA

Cárdenas Gracia cuestionó que el argumento de la portación de armas exclusivas del Ejército haya sido usado sólo en contra de Mireles Valverde y sus acompañantes y no se haga efectiva para el resto de autodefensas armadas, quienes también estarían contraviniendo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El pasado 14 de abril, los gobiernos federal y de Michoacán y los líderes de las autodefensas en 20 municipios de esa entidad acordaron el registro de las armas utilizadas por las defensas comunitarias y se fijó el 10 de mayo como fecha límite para hacerlo.

Para el 9 de mayo, el Comisionado Castillo Cervantes informaba que los autodefensas habían registrado 6 mil 442 armas, de las cuales 4 mil 497 eran de uso exclusivo del Ejército y mil 945 eran de calibres permitidos.

Cárdenas Gracia, quien es experto en Derecho constitucional, explicó que el acuerdo que motivó el registro de armas es “inconstitucional e ilegal”, dado que no puede estar por encima de lo que estipula la ley en la materia.

“Si el Comisionado Castillo y las autoridades involucradas en el caso quieren hacer respetar la ley y tienen un compromiso con la ley entonces deben detener al “Papá Pitufo” [Estanislao Beltrán], deben detener a “El Americano” [Luis Antonio Torres] y a todos los que están ahí porque todos ellos en algún momento portaron armas de uso exclusivo del Ejército, y ese acuerdo político que suscribieron no puede estar por encima de la ley”, dijo.

Consideró además que hay un uso político y discriminatorio del sistema de procuración de justicia en contra de Mireles Valverde y las personas que fueron detenidas con él, pues la ley se aplica con un doble rasero, en función de la relación de las autodefensas con el gobierno federal.

En el mismo sentido se expresó Solalinde Guerra, quien planteó que el gobierno federal justifica la detención de Mireles Valverde argumentando el cumplimiento de la ley, cuando no ha actuado así para detener a narcotraficantes y miembros del crimen organizado.

“Le van a buscar ante la opinión pública para tratar de demostrar que ellos son personas buenas, personas que aman el Derecho, que están del lado de la ley, y que pues tuvieron que cumplir con la ley porque era su obligación, cuando no lo hicieron cuando todo el estado estaba en manos de narcotraficantes y del crimen organizado. Cuando les conviene sí, cuando les conviene no”, expresó.

El mismo cuestionamiento hizo Rodríguez Calderón. “¿Cómo fue capaz el hoy Comisionado de ir a detener a Mireles y no es capaz de ir a detener a miles de delincuentes?”, se pregunta.

Al final, los tres entrevistados apuntaron hacia lo que consideran una contradicción en cómo el gobierno combate la delincuencia en Michoacán: que Mireles Valverde esté preso mientras que Servando Gómez, “La Tuta”, considerado el líder del cártel de Los Caballeros Templarios, siga sin ser arrestado.

MICHOACÁN NO ES CASO AISLADO

Rodríguez Calderón, político de carrera, opinó que el gobierno federal ha fallado en su estrategia para combatir la delincuencia en Michoacán, pues ha detenido tan sólo a seis capos del narcotráfico, y consideró que debe reorientar su actuación.

El primer paso hacia un nuevo viraje, dijo, tendría que ser una reconsideración por parte del Presidente Enrique Peña Nieto sobre el trabajo del comisionado Castillo en la entidad y la posibilidad de regresar esa responsabilidad al Gobernador de Michoacán, para que sea él quien reconcilie los intereses de la sociedad en el estado y combata la delincuencia.

Cuestionado sobre la factibilidad de lograr una reconciliación con la sociedad tras la detención de una figura emblemática como Mireles Valverde, respondió:

“El Gobernador debe convencer al Presidente que más que tener a Mireles en la cárcel lo que tiene que combatir es la pobreza y la delincuencia en la zona”.

Una opinión similar es la que ofrece el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, quien dijo a SinEmbargo que las autoridades federales deben resolver las causas estructurales de la violencia no sólo en esa entidad, sino en todo el país.

El pasado 28 de mayo se realizó el Primer Encuentro de Autodefensas Ciudadanas en la Ciudad de México, con la intención de crear conciencia de que el problema de inseguridad público no es exclusivo de Michoacán y que la reivindicación de la autodefensa es un derecho ciudadano y no está necesariamente vinculado con el uso de la violencia.

El Obispo Vera López, quien también participó en ese encuentro como “autodefensa de víctimas de la violencia”, recordó el objetivo de ese encuentro  al expresar que el caso de Michoacán no es un caso aislado.

“Arreglar Michoacán lleva consigo arreglar la estructura pútrida que tenemos dentro del país, que tenemos dentro de la función pública”, dijo.

“La estructura que realmente genera ahí el crimen organizado no la están resolviendo. ¿Por qué tienen ahora que apuntar sus armas hacia las personas que hace unas semanas estaban diciendo que iban a entrar a ser parte de toda la limpieza de Michoacán?”, cuestionó el sacerdote.