Nueva York.- Amnistía Internacional anunció hoy una “acción urgente” para que sus tres millones de integrantes contacten a las autoridades en México para exigir protección para Lydia Cacho, tras amenazas que la periodista recibió en su casa el domingo pasado.

En un comunicado, el grupo defensor de los derechos humanos indicó que la petición es para que el gobierno de México “garantice la seguridad de Cacho y le brinde una efectiva protección”.

De manera adicional, AI llamó a las autoridades a que inicien “una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y para que llevan a los responsables ante la justicia”.

Mientras trabajaba en su casa de la ciudad de Cancún, en el Caribe mexicano, Cacho recibió un llamada a través de su sistema de comunicación privado -que utiliza sólo en casos de emergencia-, en que la que la voz de un hombre la amenazó de muerte.

El organismo informó que Cacho ya ingresó una queja sobre el incidente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Recordó que la periodista comenzó a ser víctima de acoso y amenazas desde que en 2005 publicó un libro en que expuso una red de prostitución infantil operada, supuestamente, bajo la protección de funcionarios de los gobiernos estatales de Quintana Roo y Puebla.

Asimismo, la periodista fue detenida en 2006 y sometida a más amenazas y acosos, tras “un proceso legal irregular” en que los mencionados en su libro la acusaron de difamación.

ESTADO DEBE GARANTIZAR LABOR DE PERIODISTAS: COMISIÓN PERMANENTE

México.- Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunciaron porque el Estado mexicano garantice el desarrollo de la labor periodística, así como el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Los legisladores también se pronunciaron porque se inicien acciones inmediatas para frenar la escalada de violencia que se ha registrado en varias entidades del país contra los medios de comunicación y sus periodistas.

En la sesión de este miércoles, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, José Francisco Arroyo Vieyra, leyó el pronunciamiento que fue consensuado entre todas las fracciones parlamentarias.

El pronunciamiento, dijo, surge de diversas propuestas de puntos de acuerdo con el que se condenan los atentados registrados contra periódicos que se editan en Nuevo León.

En el documento se afirmó que “el Estado es y será el garante de la existencia de los espacios para que el flujo de información se enriquezca y crezca nuestra democracia”.

Se exigió una pronta y eficaz investigación para presentar ante la justicia a los responsables de estas incalificables agresiones.

Además demandaron que se garantice la seguridad física de quienes ejercen la libertad de prensa, “a quienes solidariamente les manifestamos nuestro respaldo”.

“En un Estado de derecho no se debe poner en duda que se salvaguarden y garanticen las condiciones para el desarrollo del ejercicio periodístico”, precisó el documento.

Por ello los legisladores “expresamos nuestra preocupación por los actos de violencia e intimidación hacia los periodistas y rechazamos toda acción que tenga por objeto intimidar o silenciar a quienes ejercen el noble ejercicio de la libertad de expresión”.

“Esta Comisión Permanente se solidariza con los periodistas que arriesgan sus vidas para informar al público; que los periódicos sean la vía para conocer la noticia no que en sí mismo sean noticia, menos de la página roja”, resaltó.

Al condenar enérgicamente los reprobables hechos ocurridos en el periódico El Norte, de Nuevo León, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente manifestó su solidaridad con este medio.

Asimismo, los diputados y senadores demandaron a los tres niveles de gobierno su pronta actuación y exigieron a las autoridades que coordinen sus esfuerzos y acciones expeditas para no permitir que sucedan este tipo de ataques.

Además, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que coordine sus esfuerzos y garantice acciones expeditas para no permitir que sucedan este tipo de ataques y se aplique la ley en contra de quien resulte responsable.

También se solicitó al Ejecutivo federal facilitar a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos de protección que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Lo anterior con el fin de garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en las instalaciones de los medios afectados.

Por su parte el diputado del PRI, Humberto Benítez Treviño, expuso que es inadmisible “que vivamos en un país secuestrado en varias entidades por la delincuencia organizada”.

Resaltó que el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprueba los actos de barbarie contra el diario Reforma y otros periódicos en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

A su vez el senador Leonel Godoy Rangel, del PRD, refirió que la ley ya cuenta con el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que precisa que debe ser el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la que lo encabece.

“Hoy estamos ante un caso que ha ocurrido cuatro veces, por lo que debería ponerse en práctica este mecanismo de protección a periodistas”, agregó.

En tanto el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que sin libertad de expresión ni derecho a la información “el camino es el de la barbarie y la anarquía”, y los hechos vividos en Nuevo León demuestran la debilidad institucional del Estado mexicano.

Es necesario que el Estado sea refundado en los próximos años y reconstruido desde su raíz, de lo contrario, mientras no exista igualdad social, económica y cultural “este tipo de hechos se van a presentar una y otra vez”, advirtió.

CDHDF URGE GARANTIZAR SEGURIDAD DE LA PERIODISTA LYDIA CACHO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urgió a las autoridades a “actuar de manera pronta y eficiente” y garantizar la seguridad de la periodista Lydia Cacho, quien fue amenazada el 29 de julio pasado.

En un comunicado, recordó que desde 2009 la también defensora de los derechos humanos ha sido víctima de amenazas y agresiones, por lo que desde esa fecha cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).

La periodista comenzó a recibir amenazas luego de publicar en 2005 el libro “Los demonios del Edén”, donde desenmascaró a una red de pornografía infantil, misma que presuntamente actuaba bajo el amparo de políticos y empresarios en Puebla y Quintana Roo.

En diciembre de 2006, Cacho Ribeiro fue detenida en este último estado y trasladada al primero, como consecuencia de las denuncias por difamación presentadas contra ella.

Tras condenar la más reciente amenaza de muerte contra la periodista, la CDHDF reiteró “como han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil, es obligación del Estado investigar las agresiones que ha sufrido la defensora”.

A esta exigencia se han sumado organismos internacionales como Article 19 y Amnistía Internacional, que llamaron al Estado mexicano a cumplir “cabal y efectivamente” con las medidas cautelares otorgadas a Lydia Cacho por la CIDH para brindarle seguridad.

-Con información de Notimex