Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– El pasado 19 de marzo, cerca de 450 casas de la colonia Brisas del Lago en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fueron demolidas. Cientos de familias fueron desalojadas por la fuerza sin que las autoridades mostraran la documentación correspondiente. La razón, es que a pesar que los habitantes compraron esos terrenos desde hace décadas, hasta apenas surgió un presunto nuevo dueño; sin embargo, los pobladores acusan violación de derechos humanos y despojo, hechos en los que aseguran, están involucradas las autoridades y la iniciativa privada.
En diciembre de 2014 hubo un primer intento de desalojo. En aquel entonces la abogada Bárbara Castro Félix se presentó a la comunidad diciendo que era la representante legal de Banorte, empresa supuesta dueña del predio. Los habitantes contrataron su defensa e interpusieron un amparo; no obstante, nada impidió que la maquinaria entrara a demoler sus hogares.
“Nos empezaron a jalar y a pegarnos, hasta a los niños los jalaron. Nos tiraron todo, no dejaron que sacáramos nada, ni papeles. De hecho quemaron nuestras cosas, ahorita yo tengo unos papeles pero porque los tenía en la escuela. Cuando fue el desalojo querían subir nuestras cosas en camiones con logotipos de Eruviel Ávila pero como no los dejamos quemaron todo”, dijo Graciela Juárez Moreno en entrevista para SinEmbargo.
Luego que su casa, donde vivió por más de 10 años, fue destruida no le quedó más remedio que rentar. Graciela explicó que luego del primer intento de desalojo contrataron al abogado Inocente García Zavala, quien pidió en total mil 400 pesos por familia para llevar el caso, pero dadas las circunstancias algunos miembros de la comunidad –dijo– ya no cree que en verdad interpuso el amparo.
Todas las familias de brisas del lago estamos dolidos por el abuso de la autoridad. Al comenzar a quemar varias casas de los habitantes.
Posted by Leticia Ortega Ramirez on Miércoles, 25 de marzo de 2015
“Nos empezaron a agredir; a los niños a nosotras como mujeres, nos dijeron te sales. A mí hijo lo pasearon en una patrulla los ministeriales”, dijo Yolanda Ignacio, otra de las afectadas.
“A nosotros nos dieron un papel de compra venta y teníamos otros documentos pero como nos sacaron sin esperar… Nunca nos dieron un aviso, o sea, todo se quedó adentro. Tengo entendido que hay personas que sí sacaron sus papeles”, agregó.
Aquel 19 de marzo, decenas de elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, pertenecientes a los municipios de Romero Rubio, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli ingresaron el predio usando la fuerza y diciendo que el juicio había sido ganado en favor de “una persona” por tal motivo, los habitantes estaban cometiendo un delito al permanecer en la zona.
–Ahorita va a venir la persona [el abogado] a hablar con usted –le dijo una señora a un oficial minutos antes del desalojo.
–No. Nosotros vinimos a actuar –respondió.
El saldo fue el arresto de al menos 20 personas, decenas de personas golpeadas y la demolición de 450 viviendas. Un día después, los afectados acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli para denunciar los hechos. Además, increparon al juez que llevaba el caso, quien aseguró que él no había liberado ningún desalojo y menos una demolición.
A pesar que la abogada Bárbara Castro Felix, quien supuestamente es apoderada de Banorte, aseguró que Brisas del Lago –con código postal 54720- es un predio de un particular, el municipio de Cuautitlán Izcalli, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) tienen este lugar registrado como una localidad con asentamiento irregular, inclusive hay proyectos de escuelas, guarderías y hasta hace poco había una iglesia.
Los colonos aseguraron que los terrenos fueron comprados hace al menos 15 años a dos personas, una de ellas un ejidatario de la región quien hace poco falleció y otro de quien no se sabe su paradero.
Los pobladores acusan al agente del Ministerio Público, con sede en Barrientos, Tlanepantla, Héctor Miguel Juárez Hernández, y a la abogada Bárbara Castro Félix, quien en 2011 enfrentó cargos por traicionar a su defendido e incurrir en enriquecimiento indebido al obtener un excedente mayor al pactado como parte de sus honorarios profesionales, según consta en la sentencia judicial 1604/11, informó en aquel entonces el periódico La Jornada.
SinEmbargo intentó contactar a Castro Félix por medio de su despacho Castro y Pinillos, pero hasta la fecha de cierre no obtuvo respuesta.
Al momento los habitantes de Brisas del Lago se mantiene polarizados, algunos piensan que el abogado que lleva el caso “se vendió” y la otra parte asegura que el penalista Inocente García Zavala sí los está defendiendo pero el problema es la corrupción de los funcionarios.
Desde el pasado 20 de marzo, decenas de familias se han movilizado para que sean escuchados por el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y dé solución al caso y castigo a los responsables. No obstante no han tenido solución alguna. En tanto, la veintena de personas que fue detenida durante el desalojo ya fue liberada tras horas en el Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli.
