Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).— Ante el anuncio de que este jueves el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobaría modificaciones al uso de suelo de 11 predios, al amparo del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, representantes de organizaciones vecinales rechazaron que se avalen los cambios en aquellos casos que no cumplan con los requerimientos que marca la ley o que de facto ya modificaron su uso de suelo y que, por lo tanto, estarían violando la normatividad.

Además advirtieron sobre “un posible albazo” en la sesión del pleno de hoy, en la que podrían aprobarse más cambios que los 11 respecto a los que el Diputado Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, aseguró que procederían.

El temor podría no ser infundado si se considera que Hernández Mirón hizo referencia a 11 de 41 predios en los que se había solicitado un cambio de uso de suelo conforme al artículo 41.  Sin embargo, en la convocatoria para la sesión extraordinaria, a realizarse este día, hay un listado de 47 predios sobre los cuales la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura presentará dictámenes respecto a cambios de uso de suelo. Entre esos, figuran los 11 sobre los que se tiene certeza que serán aprobados.

Pero al ser un número mayor al dado por Hernández Mirón, los vecinos no tenían claridad sobre si los seis casos extra se aprobarían en la Comisión o no.

De cualquier modo, aún con dictámenes a favor o en contra por parte de la Comisión, las 47 solicitudes de modificaciones se someterán al Pleno de la Asamblea, de modo que podrían ser aprobadas aún si la Comisión las rechazó, o viceversa.

Los representantes de vecinos señalaron también que entre los casos que hoy se dictaminarán hay varios que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley, o que de plano la violan, pues hay predios que se usan conforme el uso de suelo que están solicitando, como oficinas, aun cuando éste no se ha autorizado.

Tal situación incluso motivó a organizaciones vecinales a presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por la violación al uso de suelo que se está haciendo en 11 casos. Los vecinos criticaron que esa irregularidad no haya sido impedimento para que los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura avalaran las modificaciones solicitadas.

El señalamiento fue más allá. Mayte de las Rivas, presidenta de la organización La Voz de Polanco, también criticó que el Comité Técnico que revisa las solicitudes de cambios de uso de suelo, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), haya aprobado esas 11 peticiones pese a que, en los hechos, operan como si tuvieran el uso de suelo respectivo.

“¿Cómo es posible que los integrantes del Comité [Técnico] de cambios de uso de suelo de Seduvi no se hayan dado cuenta que estas gentes que estaban pidiendo cambios de uso de suelo estaban cometiendo un acto delictivo?”, cuestionó.

“Y además que llegue aquí […] que la ciudadanía tenga que presentar denuncias penales cuando eso debería corresponder a los funcionarios, porque es su deber, tanto de los funcionarios ejecutivos , los que integran la Secretaría de Desarrollo Urbano, como del Legislativo, presentar las denuncias de hechos correspondientes”.

“Lo que llama la atención es que hayan llegado hasta esta comisión los expedientes de estos predios que violan los usos de suelo a que tienen derecho, y por tanto están cometiendo un delito”, expuso Susana Kanahuati, de Vecinos Unidos, que agrupa a su vez a varias organizaciones de vecinos. “Vemos una gran corrupción de las autoridades que llevan hasta este proceso para cerrar la pinza para legalizar lo ilegal”.

Enrique Pérez Cirera, vocero de la organización Suma Urbana Poniente, también se refirió al aval que dieron los legisladores a casos en donde hay violaciones a los usos de suelo.

“Simplemente es regularizar la irregularidad”, asentó, para luego llamar a que ni siquiera se aprueben los 11 casos a los que hizo referencia Hernández Mirón.

“¿Por qué van a aprobar lo que está irregular?”, cuestionó. “Debería ser cero aprobaciones y además de todo la derogación del artículo 41”, dijo Pérez Cirera.

Josefina MacGregor, de la asociación Suma Urbana -de la que forma parte Suma Urbana Poniente- agregó otra consideración: que entre los requisitos para aprobar una modificación al uso de suelo se debe acreditar que el cambio beneficia la movilidad, la infraestructura y el tejido social.

“Si analizas todos [los casos] precisamente tienen el efecto contrario. Son más bien especulación inmobiliaria para una plusvalía mayor de un predio, pero ninguno tiene un beneficio positivo en el tejido social o en la movilidad o la infraestructura”, expuso.

“Los diputados deberían rechazar los dictámenes que mañana se presenten”, consideró.

DENUNCIAN POR VIOLAR EL USO DE SUELO

El pasado 16 de junio, vecinos de distintas partes de la capital se manifestaron afuera de la ALDF para protestar contra la posible aprobación de cambios de uso de suelo al amparo del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, el cual permite a cualquier persona solicitar a la Seduvi modificaciones en la vocación del suelo de un predio. Los vecinos habían sido alertados de que el jueves 18, en sesión extraordinaria, se aprobaría una cincuentena de modificaciones, aunque desconocían cuáles eran esos predios.

Los vecinos expresaron desde entonces su rechazo a dicho artículo, al señalar que su laxitud ha favorecido cambios de uso de suelo desproporcionados a las vocaciones de suelo de distintas partes de la ciudad y ha beneficiado, principalmente, a las empresas inmobiliarias.

Después se supo que se trataba de 41 solicitudes para modificar los usos de suelo y en días pasados el Diputado Hernández Mirón realizó recorridos por los predios en cuestión. Los medios de comunicación que acompañaron esos recorridos dieron cuenta de que varios de los inmuebles sobre los que se solicitaban cambios no respetaban los usos de suelo vigentes, sino que operaban como si ya tuvieran el uso que apenas estaba en trámite.

Por estos hechos, los representantes de 63 organizaciones vecinales de distintas partes de la ciudad presentaron una denuncia ante la PGJDF por la presunta violación del uso de suelo, conforme al artículo 343 Bis del Código Penal del Distrito Federal.

De acuerdo con dicho artículo, es sancionable el cambio ilegal del uso de suelo de áreas naturales protegidas o de valor ambiental, de suelo de conservación, barrancas, áreas verdes en suelo urbano y cambios de un uso a otro previstos en los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal y los programas de desarrollo urbano aplicables.

De las Rivas dijo que la denuncia se presentó contra quien resulte responsable, que en este caso, explicó, serían los promoventes de un uso diferente al autorizado, ya fueran sus propietarios o los poseedores de los predios en cuesto.

No obstante, adelantó que también planean presentar una denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal para que se investigue a los funcionarios que permitieron que el proceso de cambios de uso de suelo avanzara pese a las irregularidades.

Y es que de acuerdo con lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano, el procedimiento para solicitar un cambio de uso de suelo al amparo del artículo 41 consiste en presentar la solicitud ante la Seduvi y simultáneamente comunicar del interés del cambio a los vecinos del predio en cuestión únicamente mediante una manta colocada en éste.

Los vecinos del predio tienen 15 días hábiles para presentar su opinión por escrito ante la Seduvi sobre el cambio. La dependencia envía tanto la solicitud del cambio como las opiniones de los vecinos al Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano para su dictamen. Dicho comité es presidido por la Seduvi y está integrado por 11 representantes de distintas dependencias públicas y un representante ciudadano.

Una vez que la solicitud del cambio llega al Comité Técnico, éste tiene 10 días hábiles para decidir si se autoriza o no la modificación de uso de suelo. Si el cambio procede, la Seduvi elabora el proyecto de modificación. Pero existe la posibilidad de que si el Comité Técnico no emite su dictamen en el plazo previsto de 10 días, se considerará como que fue positivo y avaló el cambio.

La Seduvi remite el proyecto de modificación al Jefe de Gobierno en un plazo máximo de cinco días a partir de que el Comité Técnico emitió su dictamen o de que venció el tiempo para que lo hiciera.

El Jefe de Gobierno somete a consideración de la ALDF la modificación y queda en manos de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana dictaminar el cambio y llevarlo al pleno de la Asamblea para su aprobación.

Es decir que para que los proyectos de modificaciones llegaran a la ALDF tuvieron que pasar tanto por la Seduvi como por la Jefatura de Gobierno.

De los 11 predios respecto a los cuales se interpuso la denuncia por operar con un uso de suelo distinto al autorizado, algunos tienen un uso de suelo habitacional pero funcionan como oficinas.

Se trata de los inmuebles ubicados en Bosques de Ciruelos 155, en Bosques de las Lomas, y Campos Elíseos 82, en Polanco, ambos en la Miguel Hidalgo. También el predio de Rebsamen 333, colonia Narvarte, en Benito Juárez.

Otros, también habitacionales, funcionan como restaurantes. Son los casos de Río Cazones 96, colonia Paseo de Churubusco, y Colima 166, colonia Roma.

En Saratoga 602, colonia Portales también de uso habitacional, se pide cambiar para permitir un salón de fiestas infantiles. Actualmente ese es el uso que se da.

En Filipinas 1013, colonia Portales, se pretende cambiar de habitacional a oficinas, aunque actualmente opera una bodega. Ambos están en la Benito Juárez.

En Gustavo A. Madero, está el caso de Calzada Vallejo 1034, colonia Industrial Vallejo, donde el uso de suelo es industrial,  opera una agencia automotriz y se busca cambiar a uso habitacional para vivienda de interés social.

En la misma delegación, en Avenida de los 100 metros 59, colonia Nuevo Vallejo, se busca pasar de uso habitacional a un restaurante, que es lo que actualmente existe ahí.

En Calzada del Hueso 661, colonia Tenorios, en Tlalpan, hay una agencia automotriz aunque el suelo es habitacional. Se busca cambiar el uso de suelo para legalizarlo. También en Tlalpan, en Huehuetan 309, colonia Colinas del Ajusco, opera un centro educativo, aunque el uso de suelo es habitacional.

El otro caso es el de Avenida Universidad 1200 y Mayorazgo 130, colonia Xoco, en Benito Juárez, donde se pretere construir el proyecto Ciudad Progresiva, que contempla la construcción de siete edificios, entre ellos un rascacielos de 267 metros de altura, conocido como Torre Mitikah.

De las Rivas dijo que los 11 predios en cuestión violan el uso de suelo que tienen permitido “y por eso son constitutivos de delito”.

“Lo que estamos tratando de hacer es evidenciar cómo la autoridad funciona por intereses que la ciudadanía no comprende, porque tratar de cambiar usos de suelo de personas que están cometiendo un delito de verdad que ya es el colmo”, dijo la abogada y presidenta de La Voz de Polanco.

VECINOS TEMEN “ALBAZO”

Pérez Cirera dijo que hay preocupación ante la posibilidad de que mañana en la sesión del Pleno los legisladores puedan dar un albazo a los vecinos, con la aprobación de más cambios de los que 11 que Hernández Mirón aseguró que se aprobarían.

Ante esta posibilidad, los distintos grupos de vecinos prevén asistir mañana a la sesión del Pleno para decir a los legisladores que rechacen aquellos proyectos que no cumplen con todos los requerimientos, así como para atestiguar en qué sentido votarán.

“Los Diputados que voten mañana tienen muchísimos elementos para poder decir si las solicitudes cumplen o no” con los requerimientos necesarios, expresó MacGregor.

Kanahuati dijo que también habría que estar pendiente de lo que ocurriría en caso de que hoy no se dictaminen las 47 solicitudes, ya que podrían aprobarse por el principio de afirmativa ficta [decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, bastando para ello conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente]. Por los tiempos procesales, si ese fuera el caso, le correspondería asumir el costo político de esa aprobación, que se hace en automático, a la próxima legislatura, cuya mayoría estará en manos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Según la ley, la Comisión tiene un plazo máximo de 20 días hábiles –contados a partir de que recibió la modificación– para dictaminarla. El pleno tiene un plazo similar contado a partir de que reciba el dictamen de la Comisión.

Si el pleno de la ALDF hace observaciones a la modificación, la debe regresar al Jefe de Gobierno en los tres días hábiles siguientes a partir de cuando se aprueben esas observaciones. El Jefe de Gobierno, a su vez, le informa a la Seduvi para que haga las adecuaciones necesarias en un plazo de días hábiles, tras lo cual la devuelve al Jefe de Gobierno y éste a la ALDF. Esta vez la Asamblea tiene hasta 20 días para resolver la aprobación del cambio.

Pero si la Asamblea no notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se considera que la modificación fue aprobada por afirmativa ficta; igualmente, si una vez hechas las observaciones, la ALDF no resuelve la aprobación en el plazo final de 20 días, se toma como aprobada por el mismo principio.

“Hay que tener mucho cuidado que los que dictaminen todos se vayan en negativo, rechazados, si no los rechazan se continúa el proceso”, advirtió Kanahuati.