Vivimos las consecuencias de un gobierno con logros escasos y ante una situación así es imposible que los gobernantes tengan el apoyo de la sociedad por más dinero invertido en publicidad gubernamental, en medios de comunicación y periodistas, así como en el uso de los llamados tiempos oficiales en radio y televisión.

La movilización generada en los últimos días es producto del gasolinazo, pero también del hartazgo y del enojo acumulado, de la decepción por un presidente y un gobierno que prometieron mucho en desarrollo económico y empleo, seguridad y abatimiento de la corrupción, luego de las reformas estructurales, pero que en la práctica ha demostrado, justo, lo contrario.

Por eso, la estrategia de comunicación del gobierno federal ha fallado por una sencilla razón: han predominado las verdades a medias, los 43 estudiantes desaparecidos, el “fueron los federales”, la “casa blanca”, el “ya me cansé”, el “joder a México”, los Duarte, el sometimiento a Trump, los asesinatos de periodistas y el espionaje, “el qué hubieran hecho ustedes”, por encima de las políticas públicas exitosas y el bienestar de la población.

Años atrás, en la era del partido único, las crisis políticas, la corrupción y la ineficiencia gubernamental eran ocultadas o de alguna manera matizadas o subestimadas periodísticamente por los medios de comunicación afines al poder. Hoy es imposible hacerlo. Las redes sociales y los medios digitales independientes son ahora una opción para acceder a otra versión de los hechos y a poner al descubierto las mentiras de los gobernantes, ante una ciudadanía con una mayor cultura política y de participación social.

Frente a estos contrapesos informativos y de gestión efectiva de las leyes a favor de la transparencia, el gobierno ha actuado con torpeza. Como antaño, recurre al dinero en publicidad gubernamental para contrarrestar la pésima imagen creada, pero se olvida que las preferencias políticas de la sociedad cambiaron, que el consumo de medios también y que los liderazgos de opinión no son los mismos a los que teníamos en la era de Jacobo Zabludovsky. Pero insisten una y otra vez en la estrategia de la propaganda, sustentada en el dispendio de recursos del erario público y no a la toma de decisiones de gobierno acertadas, basadas en la honestidad.

No sólo eso. Desde alguna oficina contratada por grupos políticos cercanos al gobierno se busca modificar las tendencias de opinión en Twitter y Facebook, se crean ejércitos de trolls y bots para disminuir las críticas al presidente Peña Nieto y su gobierno y se incentiva la autocensura. Sin embargo, la estrategia también ha sido en general fallida porque los fracasos gubernamentales han pesado más que las percepciones creadas con cuentas automatizadas o “paleros” pagados para defender a los gobernantes y atacar a los críticos.

En cuanto al gasolinazo, se ha demostrado cómo la difusión de rumores y hechos vandálicos fueron creados artificialmente. Por ejemplo, como informó Sin Embargo, el sitio Lo Que Sigue, que analiza el comportamiento de las redes digitales e internet, dio a conocer la existencia de casi 500 cuentas que hacían el llamado para saquear tiendas de autoservicio. Parte de información luego sería corroborada por la policía cibernética.

Paralelamente, hubo innumerables falsas alarmas en WhatsApp y se recomendaba a las familias no salir de sus casas. Estas acciones de desinformación y rumor son utilizadas para inhibir las movilizaciones sociales. Así lo han dicho expertos en los últimos días. Es una técnica muy explotada, muy conocida por la ciudadanía, que en este caso se reforzó con saqueos, que sí ocurrieron, y otras actividades de protesta reales.

El doctor Raúl Trejo Delarbre (La Crónica, 8 de enero 2017) afirma que la suposición de que eso incidentes (los saqueos) fueron ocasionados desde el gobierno “resulta absurda”. “Por torpe que sea –continúa-, la administración de Peña Nieto no avivaría el fuego con más gasolina, dicho sea metafórica pero también textualmente. Pero las bandas que azuzaban sin duda tienen vínculos con grupos que al propiciar confusión y miedo buscan consecuencias políticas”.

Esperamos que pronto sepamos quién estuvo detrás de los saqueos, pero también de quienes los fomentaron en las redes digitales.

No obstante el ruido mediático de dichas acciones, el objetivo de generar temor también fracasó. Las acciones de protesta social continuaron y se intensificaron una vez que el presidente Peña Nieto habló y reiterara que se trata de una decisión dolorosa, pero en la que no hay marcha atrás. La comunicación y el discurso gubernamental fallaron otra vez porque se impuso una decisión, quizás en efecto necesaria, pero que evidenció las promesas incumplidas del gobierno y, más grave aún, las contradicciones en el diseño de la política pública energética.

Peña Nieto no convencerá sobre el necesario incremento del precio de los combustibles por más mensajes o campañas de información que se difundan en medios y redes sociales porque, independientemente del enojo social acumulado, habrá una afectación directa en el bolsillo de las ciudadanas y los ciudadanos. No hay que ser un economista para anticipar un alza en el precio de productos y servicios, que dañarán más la situación económica de las familias. Frente al discurso, lo real es que la comida y el traslado a las escuelas o al lugar de trabajo costarán más.

La crisis política conlleva, pues, a la crisis comunicacional. Estas crisis generan vacíos que son aprovechados para generar desestabilización política o incrementarla. Aquí es donde entran las noticias falsas, los rumores, el incentivo político del miedo, generado dentro o fuera de las estructuras gubernamentales o de quienes ejercen el poder. Muchos ciudadanos e incluso algunos medios “acreditados” cayeron en la trampa y retransmitieron acríticamente dichos contenidos en los últimos días. Pésima señal. La desinformación justifica al autoritarismo y la violencia, y debilita la democracia y la paz. No dejemos que quienes desean transitar hacia este camino logren su objetivo.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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