Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– En Veracruz, donde nueve periodistas han sido asesinados y apenas esta semana una reportera fue despedida por cuestionar al gobierno estatal, es además imposible saber cuánto dinero gasta la administración en pagar contratos de publicidad oficial a los diferentes medios de comunicación.
Lo mismo ocurre en Tamaulipas, donde la inactividad del estado ante las agresiones contra periodistas y empresas ha motivado un vacío informativo que no permite conocer ni aun el número de víctimas de la violencia.
Ambas entidades, consideradas de antemano “focos rojos” en el mapa de agresiones contra periodistas, aparecen hoy además en los últimos lugares de un índice sobre transparencia en gastos de publicidad oficial elaborado por el centro independiente de análisis e investigación Fundar, y por la oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19.
El indicador, que mide qué tanta información sobre contratos de publicidad oficial están dispuestos a proveer los gobiernos de las 32 entidades federativas, muestra también que, como Tamaulipas y Veracruz, al menos otras cuatro entidades –Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Tabasco- han declinado hasta la fecha presentar datos tan básicos como montos anuales ejercidos en la materia.
El reporte menciona que la cantidad de dinero público ejercido en medios de comunicación fue negada a los investigadores en una primera instancia incluso por parte del gobierno del Distrito Federal, el cual entregó los datos sólo después de la interposición de un recurso de revisión.
El estudio, denominado “El Costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, será presentado hoy por integrantes de las organizaciones citadas en una conferencia de prensa en la que se informó que, en general, 18 gobiernos, o “más la mitad de las entidades federativas violan el derecho de acceso a la información al no proporcionar datos suficientes sobre sus gastos en publicidad oficial”.
Otro hallazgo, explicó en entrevista Justine Dupuy –investigadora de Fundar y una de las autoras- es que sólo en 15 entidades federativas es posible conocer datos tan sustanciales como el nombre o la razón social de los medios de comunicación que reciben recursos oficiales por concepto de anuncios gubernamentales.
“Los medios de comunicación son un pilar de la democracia, ya que proveen información, permiten el debate y la pluralidad, y vigilan a los gobiernos. Transparentar los gastos en publicidad oficial permite, por tanto, transparentar la relación financiera que existe entre éstos y el Estado”, dijo Dupuy en entrevista.
“Esta relación influye directamente sobre las líneas editoriales de éstos, por lo que, al conocer cuánto recibe cada uno, los ciudadanos pueden evaluar el nivel de independencia de los medios que cada día los informan y ayudan a forjarse una opinión de sus gobiernos”, agregó.
El riesgo de censura que implica la opaca relación entre los medios y los gobiernos aparece también ampliamente descrito en el informe.
“La experiencia de trabajo (con fuentes documentales oficiales, entrevistas a profundidad, trabajo en grupos focales, análisis presupuestario, entre otras) nos ha permitido obtener la evidencia suficiente para afirmar que la asignación de la pauta publicitaria es por demás discrecional y arbitraria, y que es una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa”, dice el documento.
“Esta ilegalidad en la asignación conlleva a una violación constante del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información (…) y sirve de herramienta para chantajear a los medios y acallarlos. La famosa frase del presidente José López Portillo ilustra esta utilización perversa de la publicidad oficial: no te pago para que me pegues”, agrega el texto.
EDOMEX, MÁS TRANSPARENTE QUE EL DF
El documento explica que el indicador sobre transparencia asignó valores del uno al cinco a los diferentes gobiernos dependiendo de la cantidad de respuestas que entregaron a través de solicitudes de información.
Dichos instrumentos, agrega el reporte, solicitaron conocer montos de presupuestos anuales asignados al gasto en publicidad (de 2010 y 2011), desglose de gasto por tipo de medios, desglose por proveedores y, al final, un desagregado por tipo de campañas publicitarias.
El resultado fue que, sin necesidad de recursos de revisión, sólo dos estados –Colima y el Estado de México- respondieron a la totalidad de las preguntas, mientras que, en el otro extremo, ocho entidades declinaron entregar información alguna.
Es en este segundo grupo de gobiernos estatales –a los cuales el estudio asigna “cero” puntos- en el que se encuentran Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Federal.
El texto agrega que, también sin recurso de revisión, sólo siete entidades -Colima, el Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas- entregaron los nombres de las compañías periodísticas contratadas, datos que después fueron aportados por Baja California, Campeche, Morelos, Sinaloa, Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León y Puebla (15 en total).
“MIRA, YA TE PUBLICAMOS”
Además de la valoración cuantitativa sobre la transparencia con la que los gobiernos manejan los recursos asignados a la publicidad oficial, el informe presentado hoy incluye casos que ilustran el grado de connivencia que existe entre la prensa y los gobiernos de diferentes regiones del país.
“Los reporteros van, cubren la nota, la publican en su medio y luego van con el periódico o revista y le dicen: ‘mira ya te publicamos’, y esa es como la contraseña: ya saben que tienen que darle algo y aceptan desde 100 pesos, 200… lo que quieran darle”, dice un testimonio obtenido en Oaxaca y citado en la investigación.
“Es común tratar las entrevistas como partes de convenios de publicidad oficial. Es una práctica recurrente, que a través de los convenios que tienen con los medios de comunicación, el Gobierno pida espacios para fijar una postura o dar información o hacer anuncios”, agrega el mismo relato.
GASTO MILLONARIO
Otro dato que destacan los investigadores es la magnitud del gasto que los gobiernos destinan a los medios de comunicación, y que, de acuerdo con el documento, tan sólo en 2011 –y en 27 estados- fue de cuatro mil 518 millones de pesos.
“Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (dos mil 399 millones de pesos)”, indica la información difundida.
En el desglose del gasto por entidades, Nuevo León aparece como el estado que mayor cantidad de dinero destinó en 2011 a la publicidad oficial: 568.6 millones sólo ese año. Chihuahua, por su parte, se muestra como la entidad con el mayor aumento en este rubro: de 177.1 millones ejercidos en 2005, a 486.5 millones en 2011; es decir, un alza de 174 por ciento para el gasto en medios en siete años.
En total, agrega la tabla sobre el tema, el gobierno de Chihuahua ejerció dos mil 170 millones de pesos en publicidad oficial entre 2005 y 2011, cantidad sólo inferior a los dos mil 441 millones gastados por el gobierno del Distrito Federal en el mismo periodo.
“Estos recursos asignados sin reglas claras afectan el paisaje mediático de los estados e influyen directamente en uno de los factores elementales de la vida democrática del país: la libertad de prensa”, dice el documento.
