Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– En un paso más hacia una efectiva rendición de cuentas a nivel municipal, el pleno del Senado de la República aprobó elevar a rango constitucional que los integrantes de los ayuntamientos serán sujetos responsables en caso de “manejo” y “aplicación” indebido de recursos federales, entre ellos prebendas, corrupción o el “moche” entre legisladores, presidentes municipales y contratistas, en la asignación y gasto de recursos públicos.

De esta forma, presidentes municipales, síndicos y regidores de los 2 mil 440 municipios en el país quedarán sujetos a dos regímenes de responsabilidad: el federal y también el previsto en las constituciones de los estados.

“Sólo así lograremos combatir el lamentable fenómeno que se presenta en algunos ayuntamientos, en los que los servidores públicos se creen, no solamente dueños del municipio; se creen gente omnipotentes y abusan del poder en detrimento de la ciudadanía, y lo más grave también, de la Hacienda pública”, aseguró el Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El hecho de que esta reforma hubiera estado “congelada” durante ocho años [fue presentada en 2009] y hoy se rescatara en el Senado, genera suspicacias sobre los motivos reales por los cuales fue aprobada.

Para Óscar Arredondo Pico, investigador de Presupuestos y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Análisis, Fundar, el asunto pudiera tener una dedicatoria a los ex servidores públicos que han generado miles de millones de pesos en deuda pública o para aquellos que se han beneficiado personalmente de los fondos públicos, mediante los “moches”.

“Puede ser una reforma que tenga una dedicatoria, posiblemente hay por allí identificados algunos ex presidentes municipales o miembros de los ayuntamientos de municipios que podrían estar involucrados, por ejemplo, con la deuda pública de los municipios, que es una deuda considerable y que no sabemos cuáles han sido las sanciones que se les han aplicado”, expuso el investigador.

La reforma implica incorporar en el Artículo 108 constitucional a los integrantes de los ayuntamientos, junto con gobernadores estatales, diputados locales y miembros de los Consejos de la Judicatura locales como sujetos responsables “por violaciones a esta Constitución, y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”.

Para los senadores, el cambio aprobado pareciera simple, pero encierra en realidad un avance en la búsqueda de mecanismos específicos que permitan mejorar la eficiencia del ejercicio presupuestal de los ayuntamientos en México.

“Sin lugar a dudas, es una de las medidas y acciones que se siguen promoviendo para el ejercicio transparente, evitar el desvío de los recursos públicos”, afirmó el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez.

Los municipios son la institución más cercana a los ciudadanos, anualmente reciben miles de millones de pesos de recursos federales mediante fondos especiales y participaciones que se entregan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), mediante programas sociales y fondos específicos para seguridad, pavimentación, recuperación de espacios públicos, y pago de sueldos.

Actualmente, los estados y municipios ejecutan de manera conjunta de manera conjunta 57 por ciento del presupuesto público. Los dos principales canales de transferencias de recursos son las participaciones del Ramo 28 y las aportaciones del Ramo 33.

Las aportaciones del Ramo 33 vienen etiquetadas en diversos fondos: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamundf), entre los más importantes. Estos recursos son federales, por lo que pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

NO BASTA: EXPERTOS

El investigador de Fundar, Óscar Arredondo, consideró que no es suficiente convertir a los alcaldes, síndicos y regidores en sujetos responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales, en un momento en que la sociedad mexicana exige mayor transparencia y rendición de cuentas a su clase gobernante.

Incluso mencionó que esta reforma podría ser innecesaria, porque en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativos de los Servidores Públicos se atribuye responsabilidad a “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”, por lo que no es indispensable que la Constitución especifique quiénes son y cuál es su cargo público.

Para el experto en presupuestos y políticas públicas, es más importante fortalecer los mecanismos de control a la gestión de servidores públicos municipales, así como mejorar el sistema de sanciones en el país.

“Hay un grave problema en el país en cuanto al régimen de sanciones y el régimen resarcitorio del daño patrimonial o del daño que se le cause al estado mediante la corrupción o los malos manejos e irregularidades, porque todo el esquema de sanciones está verdaderamente desfragmentado”, afirmó Óscar Arredondo.

Actualmente el sistema es demasiado deficiente para establecer sanciones reales a servidores y ex funcionarios que incurran en casos de corrupción. Cuando la ASF detecta alguna irregularidad, pasa el pliego de observaciones a los órganos estatales de control los cuales establecen las sanciones.

En muchos casos las sanciones sólo van desde amonestaciones hasta la inhabilitación. Cuando se llega a comprobar algún ilícito, generalmente el servidor público podrá no pisar la cárcel gracias al pago de una fianza, ya que estos delitos no son considerados graves.

“Hay municipios que han pedido miles de millones de pesos en deuda pública y los municipios están en la miseria, no hay obras de infraestructura, hay irregularidades y los servidores públicos gozan de impunidad”, aseveró el experto.

En otros casos los ex servidores públicos son “premiados” con alguna curul o escalo en las cámaras del Congreso o simplemente gozan de competa impunidad.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 (IPC 2013), una medición internacional, México se ubica en la posición 106 de 177 países. Muy bajo incluso en comparación con otros países de América Latina; por ejemplo, Uruguay ocupó la posición 19 y Chile la posición 22.

INCORPORAR SUBEJERCICIOS

Los legisladores admitieron que no es suficiente establecer una nueva responsabilidad para los integrantes de los ayuntamientos, sino que los Congresos estatales deben incorporar en las leyes locales mayores mecanismos de control y rendición de cuentas en el gasto del dinero de todos los mexicanos.

“Toda vez de que la legislación vigente corresponde al Presidente municipal, no solamente la representación jurídica del ayuntamiento, sino el ejercicio pleno de las facultades en el manejo de los recursos públicos municipales, ya sean propios o derivados de las participaciones estatales o federales”, afirmó el Senador Alejandro Encinas.

El Senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, explicó que otro flagelo que deberá incorporarse al catálogo de rendición de cuentas es el subejercicio de gobiernos municipales, es decir, cuando no se gastan los recursos presupuestados para los programas y obras para los que fueron etiquetados.

“Es de verdad un insulto, cuando no un crimen, que haya subejercicios de gobiernos municipales, afirmó el legislador por Chiapas.

Robledo puso como su ejemplo su propia entidad. En el caso del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), que fue de 50 mil millones de pesos en números redondos en el 2013. De estos, sólo Chiapas recibió 10 mil millones (cerca del 18 por ciento del fondo).

No obstante, según citó el Senador Robledo casi 3 mil 500 millones de pesos no fue ejercido o gastado por parte de los presidentes municipales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“El subejercicio debería ser sancionado cuando no se ejercen los recursos de manera responsable, ya sea por ineptitud, por falta de capacidad o simplemente porque no hay incentivos ni forma de involucrarse en la asignación de recursos para obra municipal de carácter social, a el compadre, el amigo, el hermano, o cualquier otro agente de la corrupción”, sostuvo el Senador Zoé Robledo.

Esta reforma fue aprobada en el Senado por unanimidad con 97 votos a favor, lo que significa que contó con el respaldo de todos los partidos políticos y, por ser reforma constitucional, se envió a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación.