Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, analiza el brote de autodefensas como una oportunidad para atender la problemática indígena. Es básico reponer Acuerdos de San Andrés, dice.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Jaime Martínez Veloz se ve cansado. Ante la aparición de cada vez más grupos de autodefensa en diversos estados de la República, que involucran en varios casos a comunidades indígenas, no ha parado de viajar, sobre todo a Guerrero.

A mediados de enero pasado fue nombrado por el gobierno federal, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, tras haber sido invitado a conversar con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los primeros días de ese mes.

En ese primer encuentro, Martínez Veloz llevó al Secretario de Gobernación dos cuartillas, en donde anotó cinco puntos encaminados a reactivar el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y a “reponer el procedimiento legislativo de la iniciativa de ley que contiene los Acuerdos de San Andrés”. Subrayó también la idea de que se tenían que realizar acciones unilaterales, por parte del gobierno federal, para retomar el diálogo, porque “no hay puentes con el EZLN”.

Martínez Veloz, quien fuera dos veces miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), también planteó a Osorio Chong el terrible hecho de que 80% de la población indígena viva de condiciones de pobreza, en buena parte extrema y con crisis alimentaria.

El ex Diputado federal relata sus primeras acciones con voz pausada. En varios momentos de la entrevista da sorbos a su coca de dieta. Sus ojeras son profundas. Ha dormido poco en los últimos días. De hecho, nos canceló una vez la entrevista por un viaje urgente.

En Ayutla de los Libres, Guerrero, dialogó con la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que, erigida en policía comunitaria, había retenido a 54 personas bajo acusaciones de delincuencia organizada.

Fue allá, dice, tras esgrimir “los argumentos (de que se debía) primero entender qué es lo que había detrás de esto”.

Al pensar en sus viajes y en los agotadores diálogos con diversos grupos, le preguntamos que si su prioridad no ha variado: en enero llegó a Gobernación con ideas enfocadas al EZLN, y ahora surgen como hongos, los llamados grupos de autodefensa en varios estados de la República Mexicana, que lo mantienen doblemente ocupado.

Nos dice que los temas no son excluyentes, que en el asunto de los grupos de autodefensa o policías comunitarias, adquieren vigencia los Acuerdos de San Andrés que tienen que ver con todo el país, no exclusivamente con Chiapas:

“En la iniciativa original que elaboramos quienes pertenecimos a la Cocopa, se plantea la necesidad de establecer (coherencia) entre los sistemas normativos y el marco jurisdiccional del Estado mexicano. Entonces, hay un texto muy bien elaborado, en donde reconociendo la existencia de sistemas normativos en los pueblos indígenas, respetando los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, estos procedimientos podrán ser utilizados siempre y cuando sean convalidados por el Estado mexicano”.

–¿La idea es institucionalizar los grupos de autodefensa?

–Se tienen que ir generando los mecanismos que permitan, por un lado, resolver la emergencia y, por otro, meter en una dinámica institucional a todo este tipo de fenómenos tan complejos que se están presentando en el país.

En Guerrero hay un ejemplo muy significativo que tiene ya más de 17 años: se trata de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que son policías comunitarios con presencia en 15 municipios aproximadamente. Los policías son nombrados por la asamblea de cada comunidad, son gente que no recibe un salario y que hace una tarea social; la población les tiene confianza porque han sido nombrados por la propia asamblea.

En 17 años han tenido un mecanismo de interlocución con el gobierno del estado y no ha habido mayores problemas, han sido de alguna manera un garante de la estabilidad y la certidumbre de las comunidades.

Lo que se produjo a principios de este año, es que hubo un disparo de la criminalidad en algunas zonas del estado de Guerrero. La gente se organizó, detuvo a algunas personas que habían generado esta incertidumbre o habían participado en acciones delictivas. Sin embargo, ese hecho tuvo que ser reflexionado colectivamente, accedieron a entregar a las personas retenidas al Ministerio Público y hoy están en tránsito de formar una policía comunitaria, con las mismas características que la CRAC ha tenido en ese estado.

–¿No se pierde el legítimo ejercicio de la seguridad por parte del Estado?

–El Estado somos todos. Claro que no, porque son complementarios, no son excluyentes, o sea cuando hay delitos de carácter grave, la propia policía comunitaria entrega al ministerio público a las personas que incurren en un delito. Ahora, hay algunos delitos que las propias comunidades han venido resolviendo al interior de las mismas, en el sentido de que los castigos o la reeducación acerca de esos delitos se da en la propia comunidad, con tareas propias de la comunidad. Eso lo han hecho muchos pueblos incluso sin tener una policía comunitaria.

–Se habla de que se pueden convertirse en grupos paramilitares, al servicio del crimen organizado o de otros intereses…

–Para que fueran grupos paramilitares, el Ejército tendría que estar, o sea los militares tendrían que estar ofreciendo preparación militar, que no es el caso. Lo que yo he visto en la CRAC es que el armamento que usan no es del Ejército: son rifles calibre 22, fundamentalmente. Traen uniforme, están al servicio de la comunidad.

Es tan grave minimizar las cosas como satanizarlas. Hay que ubicarlas en su justa dimensión.

Sin embargo yo no puedo decir que todos los grupos tengan la misma pretensión, el mismo origen, el  mismo propósito, las mismas causas…

Yo digo hay que hacer una reflexión, hay que enfrentar el problema con toda su complejidad en el terreno constitucional legal y en el terreno social, en el terreno de la equidad, de la igualdad. Se tienen que generar mejores condiciones de vida al interior de las comunidades indígenas. Yo creo que es una oportunidad para que entendamos que el fenómeno tan complejo de pueblos indígenas está ahí presente y que en lugar de satanizarlo, reflexionemos qué vamos a hacer como país ante un tema de esta naturaleza.

EL EZLN

La oficina del arquitecto Martínez Veloz está decorada con artesanías. Bordados multicolores alegran repisas y algunas paredes. En un muro yace colgada la reproducción de una imagen de Emiliano Zapata, capturada por Agustín Casasola.

–¿Para qué retomar el diálogo con el EZLN?, ¿tiene en verdad una peligrosidad militar real?

–Más que lo militar, es la validez y la legitimidad de las causas que dieron origen al conflicto y que todavía están ahí presentes, que no han sido acordadas, que no han sido subsanadas por una relación más democrática entre el Estado y los pueblos indígenas. Más allá de las armas, la importancia es que existe un desajuste en la relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios, y eso se tiene que abordar. Si no se hace ahora, se va a hacer dentro de cinco años ó 10, estoy convencido. Naturalmente, después va a costar más.

–Dicen que usted es amigo de Marcos, ¿es cierto?

–No, Marcos es una persona a la que yo respeto mucho, admiro; sus acciones son congruentes con lo que postula. Aspira a construir una nueva sociedad, más democrática, con mejores condiciones de vida y yo coincido con eso. Nunca he tenido un desencuentro con el EZLN, entiendo que porque estuve en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en la construcción de los mismos. Entiendo su proceso y sé que en este momento, la parte sustantiva, la parte importante, la que tiene que realizar las acciones necesarias para ir regenerando las condiciones que nos permitan continuar el diálogo son el gobierno federal y el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el comisionado, en unos días se conformará nuevamente la Cocopa, que según la ley se integraría por dos diputados y dos senadores de cada partido político, un representante del gobierno de Chiapas y un representante del Congreso de ese estado.

–Doce años de gobiernos federales panistas y no pasó nada con el EZLN, regresa el PRI y se reactiva el asunto…

–Creo que hay una cuestión que mucha gente suponía, incluso en el gobierno existía la creencia de que el EZLN era una organización prácticamente agotada, le habían apostado al desgaste y bueno, yo sabía que esto no era así… Ellos en el tiempo han logrado permanecer y fortalecerse.

Hoy se escucha con mayor fuerza su voz o incluso hasta su propio silencio. Cuando marchan en silencio 40 mil indígenas organizados, reclamando estrictamente que se cumpla con lo pactado, pues es un reclamo muy fuerte. Como país, no podemos vivir a espaldas de nuestros pueblos, no debemos, porque si no creo que las expresiones cada día pueden ser más difíciles para el país.

¿O a poco cree que la gente se va a organizar para hacer una policía comunitaria de motu proprio porque está muy gustosa de hacerlo? Lo hace por necesidad.

El comisionado también expresó al Secretario de Gobernación la necesidad de estimular acciones para liberar a presos que han estado ligados a la causa zapatista y cuyos procesos han sido cuestionados, como es el caso de Francisco Sántiz y del profesor Alberto Patishtán.

Francisco Sántiz, base de apoyo del EZLN, fue liberado el 25 de enero pasado, tras haber permanecido dos años en la cárcel, acusado de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del Ejército.

Con respecto a Alberto PatisHtán, acusado de homicidio y sentenciado a 60 años de prisión, Martínez Veloz dice que ya se han concertado entrevistas con magistrados de la Corte, “para que la Corte reasuma la competencia y poder estar en condiciones de establecer un procedimiento justo para él”.

–¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?

–La diferencia es que la Comisión es la encargada de aplicar los recursos que autoriza el Congreso de la Unión para las comunidades y pueblos indígenas. Nosotros no ejercemos recursos para inversión, estamos en el plano de la interlocución política.

Una de mis tareas fundamentales es construir las interlocuciones con grupos, pueblos, comunidades y personalidades, que nos permitan establecer condiciones diferentes, tanto en la incorporación de derechos pendientes que hay en materia indígena en la Constitución y en las leyes reglamentarias, como el diseño de políticas públicas y de instituciones que estén acordes con la realidad que demandan los pueblos indígenas.

En el caso de Ayutla de los libres (zona muy pobre, con altos índices de mortandad infantil y materna) por ejemplo, estamos empezando a construir el método, el procedimiento para un trabajo más a fondo, donde sean las propias organizaciones las que determinen la orientación de las políticas públicas. Ahí van a ir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Junto con el gobierno del estado y el municipal, van a aplicar los programas que están dentro de su ámbito y competencia. Nos estamos conjuntando los tres órdenes de gobierno.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, no tiene presupuesto propio, depende de la Secretaría de Gobernación y cuenta con tres áreas.

“Pero creo que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para articular esfuerzos interinstitucionales en beneficio de las comunidades”, dice el comisionado.

–¿Qué hacer con la pobreza indígena?

–El problema indígena se ha agudizado en los últimos 10 años. Hay un boom de megaproyectos mineros, eólicos y de otro tipo (que involucran territorio indígena) La pregunta es si podemos hacer coincidir este tipo de proyectos con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y las posibilidades de su desarrollo. Esa es la gran pregunta.

Por ejemplo, de 2000 a 2010, el Estado mexicano entregó en concesión a las empresas mineras (en su mayoría extranjeras) 56 millones de hectáreas, la mayor parte en terreno de los pueblos indígenas. En ese lapso se extrajeron 420 toneladas de oro, con métodos de extracción depredadores.

México es el único país del mundo donde las empresas mineras no dejan regalías a las comunidades y a los municipios. De 2005 a 2010, el valor de la producción minera fue de 552 mil millones de pesos y sólo dejaron de impuesto al país 6 mil 500 millones de pesos, el equivalente al 1.18 por ciento. O sea, la minería no le deja impuestos a nuestro país.

Tenemos, por un lado, comunidades inmensamente pobres con territorios inmensamente ricos. Creo que el papel del Estado mexicano es contribuir a cerrar esa brecha.