México

ONGs preguntan si vale la pena dar más puerto a empresarios y matar un ecosistema en Veracruz

13/04/2017 - 8:30 pm

Será el Poder Judicial de la Federación el que determine si el proyecto en el puerto veracruzano vulneró o no el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano, luego de que en diciembre pasado se presentó una demanda en contra de la obra. Organizaciones alertaron que el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz destruye los servicios ecosistémicos del arrecife: la producción de oxígeno, de recursos pesqueros y turísticos; la seguridad de la biodiversidad; así como la protección contra marejadas y huracanes. Y por el contrario, destacaron, sólo beneficia “a cierto grupos empresariales”.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Gracias a las acciones de la sociedad civil organizada se logró poner en el escrutinio judicial el proyecto de la ampliación del Puerto de Veracruz, que las organizaciones ambientalistas y habitantes de la región consideran violenta el derecho al medio ambiente sano.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró o no el derecho al medio ambiente sano.

Habitantes de la región, asesorados por el Cemda, presentaron una demanda de amparo a inicios de diciembre del año pasado, que fue admitida el 29 de marzo. En entrevista para SinEmbargo, Francisco Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del Cemda, explicó que el Juzgado Quinto se había negado a aceptar dicho documento alegando falta de interés legítimo de los demandantes, no obstante, el Segundo Tribunal Colegiado resolvió en febrero.

“El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible”, señaló el centro ambientalista, a través de un comunicado.

Martínez Esponda aclaró que hasta el momento no existe ningún impedimento legal para frenar las construcciones que ya se llevan a cabo. Agregó que para el proyecto, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en al menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin considerar todos los impactos acumulativos.

“Este proyecto, desde nuestro punto de vista, no puede ir y por lo tanto debe reformularse. Por dos temas: los impactos que tiene sobre los arrecifes, concretamente sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV); el segundo, por la fragmentación del proyecto, es decir, la autoridad ha expedido alrededor de 14 autorizaciones de impacto ambiental sobre el proyecto y por tanto no sabemos cuáles son los impactos acumulativos del mismo y eso es una violación a la Ley”, acusó.

El ambientalista puntualizó que la MIA omitió exteriorizar la presencia de un arrecife de coral no emergido, grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto.

Alertó que la afectación tomaría dirección hacia los servicios que ofrece el sistema arrecifal veracruzano, muchos de ellos de carácter ambiental. Esto significa que el proyecto afectará la protección ante las tormentas, la provisión de alimento, la recreación y el esparcimiento, e incluso contra la identidad de los veracruzanos. “Estos servicios ambientales están puestos en riesgo, toda vez que no se hizo bajo el estándar que la ley provee”, indicó.

Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, destacó que”no puede ser posible que la ampliación del puerto pase a violar los derechos de las personas, en este caso, el derecho a un medio ambiente sano. Lo hace porque destruye los servicios ecosistémicos que entrega el arrecife, las bondades que ofrece sin pedir nada a cambio”.

Entre los servicios ecosistémicos que se verían comprometidos con la ampliación del puerto, el activista incluyó la producción de oxígeno, de recursos pesqueros y turísticos; la seguridad de la biodiversidad; así como la protección contra marejadas y huracanes.

“La gente pierde una bondad de la naturaleza que es totalmente democrática, por un recurso que sólo beneficia a ciertos grupos empresariales, a ciertos segmentos”, comentó.

Cemda recordó que para proteger el derecho al medio ambiente sano se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. “En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo”, se lee en el comunicado.

Al respecto, Martínez Esponda señaló: “La manera en que las autoridades protegen y respetan nuestro derecho a un medio ambiente sano, es cumpliendo y llevando a buen término el tema de las áreas naturales protegidas y el tema de la evaluación de impacto ambiental”.

Por ello, hizo un llamado a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. Y a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que “suspenda voluntariamente” los trabajos hasta que quede resuelto el tema ambiental, y a los veracruzanos a que se “apropien y cuiden” el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Finalmente, urgió al Poder Judicial de la Federación a realizar el escrutinio del proyecto, bajo el estándar más alto de protección del derecho al medio ambiente sano.

Rivas comentó a Cemda que “la aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y sobre los servicios ecosistémicos que brinda”.

 

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