La práctica del cobro de “comisiones” de legisladores a ediles se ha vuelto a documentar, ahora en San Luis Potosí. La denuncia en contra de Enrique Flores Flores, ahora ex líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de ese estado, ya se presentó y está en manos  de la PGJ local.

En Panamá, Brasil y Guatemala, sus presidentes o ex presidentes han sido investigados, detenidos y encarcelados por corrupción.

En México, la práctica del presunto cobro de cuotas a presidentes municipales no ha pasado del escándalo.

Una muestra: En 2013 y 2014, los entonces coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, del PAN; Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, fueron señalados hace tres años por su presunta responsabilidad en el cobro de “moches” a alcaldes de Guanajuato y Sonora, a cambio de la entrega de recursos públicos. Hoy el panista apoya rumbo a 2018 al ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; el priista promueve la figura de gobiernos de coalición tras su renuncia a la dirigencia del partido y el perredista es Gobernador de Michoacán y aspira a ser presidente.

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Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– En Panamá, Brasil y Guatemala, países latinoamericanos, funcionarios y hasta Presidentes son investigados por corrupción. En México, brotan casos de “moches” solicitados por legisladores de partidos políticos que hasta la fecha no tuvieron mayor repercusión que el escándalo.

La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), documento con el que se determinan los recursos públicos que gastará el Gobierno federal, así como los que se repartirán a los gobiernos estatales y los que se distribuirán mediante fondos y partidas particulares.

En febrero del año pasado organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados con el fin de frenar el esquema que permitía “los moches” entre los diputados federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados.

El Poder Ejecutivo es el único con la facultad de definir el contenido de ese presupuesto de egresos. Pero en noviembre de 2015, documentaron los demandantes, los diputados federales excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros. Los recursos utilizados para la creación de esos nuevos fondos irregulares –con el fin de transferir el dinero a las entidades– provienen de recortes aprobados por los mismos diputados federales a programas en materia de salud y educación.

El juicio de amparo no procedió y el fenómeno continúa.

El ex Presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fue detenido ayer en Florida, Estados Unidos. Sobre él rondaba una alerta roja de la Policía Internacional (Interpol) solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, quien lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas a más de 200 opositores durante su mandato y por delitos contra la administración pública en “diferentes formas de peculado [desvío de dinero]”. Hoy ha comparecido ante la justicia donde se le informó del proceso de extradición y se le negó la libertad bajo fianza.

En Brasil, en un contexto de turbulencias económicas, la Policía Federal investiga al Presidente Michel Temer por acusaciones de corrupción, pertenecer a una asociación criminal y obstrucción a la justicia. Temer asumió la Presidencia en agosto pasado luego de que el Senado destituyó a Dilma Rousseff tras declararla culpable en un juicio político por maniobras para maquillar las cuentas públicas.

La Fiscalía de Guatemala, por su parte, solicitó tramitar el retiro de la inmunidad política al Presidente Jimmy Morales para poder investigarlo en torno al incendio de un hogar para menores, en el que murieron 41 menores de edad por intoxicación y quemaduras. El incidente ocurrió el 8 de marzo en el Hogar Virgen de la Asunción, un centro estatal de acogida a niños y adolescentes que sufrían abandono, abusos físicos y sexuales y discapacidad.

En ese mismo país, vecino sureño de México, su ex Presidente Otto Pérez Molina fue encarcelado por corrupción.

El diario Pulso San Luis reveló este lunes que diputados del Congreso estatal y miembros de la Auditoría Superior de San Luis Potosí extorsionan a Presidentes Municipales a cambio de borrarles posibles irregularidades en las observaciones a sus cuentas públicas. Hoy uno de los legisladores involucrados, Enrique Flores Flores, dejó el cargo como líder de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN). Mientras que el titular de la Auditoría Superior estatal, José de Jesús Martínez Loredo, aseguró que ningún Diputado “tiene injerencia” sobre la labor del órgano autónomo.

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no ha iniciado las averiguaciones.

LOS MOCHES DE VILLAREAL Y BELTRONES

Mientras en esas naciones de la región los altos mandos son investigados, en México solo desaparecen de la luz pública tras explotarles señalamientos en su contra o continúan su carrera política en otros cargos…

A finales de 2013 y principios de 2014, los entonces coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron señalados por su presunta responsabilidad en el cobro de “comisiones” a alcaldes de Guanajuato y Sonora, a cambio de la entrega de recursos públicos.

En un audio difundido en enero de ese año, Ismael Pérez Ordaz, en ese momento Alcalde de Celaya, Guanajuato, aseguró que en diciembre de 2012 diputados del PAN, liderados por Villareal, le exigieron el pago de una comisión del 35 por ciento a cambio de la asignación de recursos por 160 millones de pesos para pavimentaciones en su municipio como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

“Hay una cúpula. Ellos nos las patrocinaron [las pavimentaciones] con la consigna de que se los diéramos a una constructora que ellos nos iban a asignar y que la obra estuviera inflada un 35 por ciento para que pudiera ser solventado este asunto”, explicó el ex Edil Pérez Ordaz, de acuerdo a un audio publicado por Reforma. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASE) recomendó realizar denuncias penales y demandas civiles contra ex funcionarios de Celaya entre los que se encuentra ese Alcalde por presuntas irregularidades en el uso y destino de recursos públicos.

Luis Alberto Villarreal, Manlio Fabio Beltrones y Silvano Aureoles. Foto: Cuartoscuro

Gustavo Madero, presidente del PAN durante ese periodo, no se pronunció pese a peticiones del Gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez.

Un año después, en 2014, el panista Luis Villareal renunció a su cargo. No por las acusaciones de “pasar la charola”, sino tras la difusión de un video donde se le veía en una fiesta en Puerto Vallarta, Jalisco, bailando con dos mujeres en el marco de una asamblea legislativa. Posteriormente aclaró que el evento no se realizó con recursos públicos.

La Procuraduría General de la República abrió una investigación en su contra. En abril de 2015, Villarreal mostró un documento en el que la PGR señalaba que “no se encontró ningún elemento constitutivo de delito alguno en su contra”.

Hoy en su cuenta de Twitter no hay rastro alguno de su pasado político. Se le ha visto muy cercano al ex Gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien aspira a ser uno de los candidatos a la Presidencia en 2018.

BELTRONES, SALPICADO

En marzo de 2014 una investigación del diario guanajuatense AM reveló, de acuerdo con testimonios de legisladores y autoridades de Guanajuato, que el priista Manlio Fabio Beltrones, entonces coordinador parlamentario, también estaba involucrado con el cobro de moches a cambio de fondos federales para obras públicas realizadas por empresas afines al político.

Luis Fernández Berras, colaborador de Beltrones, era el principal promotor, coordinador y cobrador de moches a alcaldes priistas. En Celaya las comisiones irregulares las cobraron los empresarios sonorenses Humberto Vázquez Campo, Marcel Alan Quintal Abril y José Virgilio Cabral Luque, vinculados con las firmas beneficiadas Urepeche, Berro Concretos, Estructuras y Servicios Esmeralda y Payconss del Noroeste. Los tres amigos, originarios de Sonora al igual que Beltrones, siempre se identificaron como enviados de Villarreal y Manlio, de acuerdo con AM.

Entre los Alcaldes extorsionados figuraron Pedro Flores Moreno, de San Ignacio Río Muerto, municipio al sureste de Sonora y el Alcalde de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz. La red de empresas constructoras recibió por tres años contratos de obra pública por 500 millones de pesos en diez municipios de Sonora. Todos los contratos correspondían a obras ejecutadas con recursos federales.

Ante la investigación periodística, Manlio Fabio Beltrones publicó una carta donde lo negaba y el Alcalde panista de Celaya Ismael Pérez Ordaz –también involucrado en el caso de moches de Luis Villareal– dijo que solo eran “meras especulaciones” y que no conocía al priista.

“Es absolutamente falso que un servidor esté ‘involucrado en el cobro de comisiones por gestión de fondos federales’ de ningún tipo, en ningún municipio de Guanajuato y de ninguna entidad del país. No compete a los legisladores determinar el ejercicio de los presupuestos Presupuesto anual que propone el Ejecutivo. No conozco al Alcalde de Celaya, que no es de mi partido, ni a ningún otro funcionario de ese Ayuntamiento, por lo que ignoro cuáles son las fuentes y las intenciones de la falta información que se publica”, escribió.

Después, en noviembre de 2015, surgió otro audio. Como presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Bárbara Botello exigió reformas legales para que los alcaldes pudieran obtener recursos federales mediante procesos transparentes y con reglas claras que evitaran el manejo discrecional por parte de los legisladores. Aunque Botello nunca hizo alusión directa a Villarreal y a Beltrones, en la filtración se le escucha preocupada porque Beltrones, quien llegaría a la presidencia del partido tricolor, pudiera estar molesto por sus declaraciones.

Manlio Fabio Beltrones ha sido Gobernador de Sonora, Diputado, Senador y coordinador parlamentario en ambas Cámaras. Su cargo como dirigente del Partido Revolucionario Institucional sería de 2015 a 2019, pero el 20 de junio del año pasado presentó su renuncia tras la pérdida del partido tricolor en siete gubernaturas, entre ellas, Quintana Roo, Veracruz, Durango y Tamaulipas.

El escándalo mediático quedó atrás. Actualmente Beltrones se dedica a promover los gobiernos de coalición y en marzo, durante la celebración de los 88 años del PRI, recibió de manos del Presidente Enrique Peña Nieto la medalla “Plutarco Elías Calles” al mérito revolucionario.

El sábado pasado, Manlio Fabio Beltrones comía “delicioso” con su esposa y amigos en un restaurante con toque español en la Ciudad de México.

… Y EL AHORA GOBERNADOR DE MICHOACÁN TAMBIÉN

El mismo día que se destapó el caso de los moches del priista Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el coordinador parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, también recibía una “mochada” por aprobarle a los ayuntamientos y a los gobiernos estatales partidas presupuestales para obras.

“En esto tiene que haber una investigación a fondo, pero no sólo de los diputados del PAN, que fue lo primero que se ventiló. Lo mismo han hecho coordinadores del PRI y, me duele decirlo, del PRD”, dijo López Obrador a reporteros en Tecomán, Colima, aquel marzo de 2014.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre qué instancia podría investigar el caso, López Obrador manifestó no creer en ningún organismo.

“Los responsables de combatir la corrupción son ellos mismos. Es como pedirle al ladrón que le castigue a otro ladrón. Es muy difícil”, comentó. “Cómo va el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a investigar al priista Manlio Fabio Beltrones, si Manlio Fabio fue jefe de Murillo. Son lo mismo”, remató.

Pese a ello, en 2015 el perredista Silvano Aureoles arrancó su campaña para gobernar, como lo hace actualmente, el estado de Michoacán, epicentro de conflictos entre grupos del crimen organizado.

Francisco Gallo, delegado estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), acusó el cobro de moches de un 10 por ciento por cada contrato asignado por parte del narcotráfico. Aureoles, como candidato, se comprometió a eliminarlos.

Ya como Gobernador de Michoacán, en diciembre de 2016, Silvano Aureoles Conejo aseguró que su administración no ofrecerá “moches” a los 40 diputados locales, para que aprueben la reestructuración de la deuda pública estatal por 11 mil millones de pesos.

Hoy aspira a convertirse en Presidente de México.