La Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya sobre la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche, denunció graves violaciones durante el proceso de consulta y acusa a las autoridades responsables de su organización por no garantizar las condiciones de seguridad para las comunidades y por permitir la presencia de grupos cercanos a Monsanto en las mesas de diálogo. Por lo anterior, la Misión asegura que la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada, ordenada por la SCJN, peligra, y urge a las autoridades se apeguen “a los parámetros de buena fe, consulta libre, informada y culturalmente adecuada”.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Las organizaciones integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya sobre la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche, señalaron diversas irregularidades en el proceso por parte de las autoridades responsables de la organización de la consulta, que vulneran los derechos de las comunidades mayas.
Por medio de un comunicado, las organizaciones reprobaron la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), puesto que en su tercer reporte señalan, entre otras irregularidades, la presencia de personas ajenas a las comunidades “que llegaron a las reuniones previas a la consulta en autos de empresas vinculadas con Monsanto”.
En ese sentido, Mo explica que Monsanto, que “tiene un claro interés económico en presionar la aprobación del proyecto”, debe mantenerse completamente alejada del proceso de consulta. “El rol que ha mostrado es inaceptable y es contrario a los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos establecidos por la ONU”, detalla.
Asimismo, la Misión informó que en la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos”, llevada a cabo los días 30 de junio y 1 de julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo en Campeche, “se detectaron graves irregularidades que han violentado los principios establecidos por la SCJN, generando desconfianza, división social, un ambiente hostil en las comunidades involucradas y restando validez al proceso”.
Durante la sesión de Hopelchén, detalla el documento, horas antes al inicio de la reunión, la sede del encuentro estaba ocupada por alrededor de cien agricultores y productores a favor de la siembra de soya genéticamente modificada, lo que impidió el acceso a representantes de la mayoría de las comunidades que debían ser consultadas por falta de cupo, violentando así su derecho a la consulta.
Al respecto, las organizaciones aseguran que ante estas circunstancias, las autoridades optaron por realizar dos reuniones en espacios paralelos a pesar de la solicitud de los representantes indígenas comunitarios, quienes pedían se les entregara el plan de trabajo y se suspendiera la sesión por no haber las condiciones mínimas de seguridad y respeto para llevarla al cabo.
“Este acto generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes”, se lee en el comunicado.
Asimismo, MO explica que en la sesión ocupada por simpatizantes a la siembra de soya genéticamente modificada, en su mayoría ajenos a las comunidades, se presionó a las autoridades a firmar un acta que permitiera la siembra de soya de manera inmediata y que incluso amenazaron con cerrar las puertas e impedir la salida de las personas hasta lograr sus objetivos.
Durante esa sesión, las organizaciones expusieron que había agricultores que ya estaban sembrando soya genéticamente modificada en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, que de comprobarse, se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN.
Por otro lado, en la segunda sala, representantes de 31 comunidades, la Secretaria Ejecutiva de la Cibiogem y el delegado federal de la CDI dialogaron de manera respetuosa. Los representantes mayas reiteraron su disposición al diálogo y su interés en ser tomados en consideración en la consulta, para de ese modo, llegar a acuerdos en beneficio de todos. Por ello, los asistentes acordaron continuar con la fase de acuerdos previos hasta el próximo 15 de octubre.
Según MO, las irregularidades mencionadas “evidencian que los principios mandatados por la sentencia de la SCJN fueron vulnerados por las dependencias responsables del proceso y por Monsanto. Dichas dependencias no aseguraron condiciones de seguridad para la realización de la reunión, permitiendo que terceros ajenos a la consulta intervinieran en este proceso y coaccionaran a las comunidades”.
De igual modo, las organizaciones denunciaron que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada que ordena la SCJN, situación por la que urgen a las autoridades “a conducirse con pleno apego a los principios de buena fe, consulta libre e informada y culturalmente adecuada, establecidos por la SCJN y los instrumentos internacionales”.
