El reportaje publicado por The New York Times el pasado 11 de febrero es revelador y a la vez muy preocupante: promotores de la nutrición y un funcionario público habrían sido espiados por un programa adquirido para ese fin (la intromisión en las comunicaciones privadas) por el gobierno federal.

El espionaje al parecer se hizo mientras Simón Barquera, director del área en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, dirigente de la Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo, presidente de la organización El Poder del Consumidor, impulsaban un mayor impuesto a las bebidas azucaradas, en el año 2016.

Para nadie es una sorpresa que el gobierno mexicano utiliza programas de espionaje, como el desarrollado por NSO Group, empresa de Israel dedicada a la distribución de armas cibernéticas, para detectar criminales y terroristas, pero con lo ocurrido a un funcionario público y dos activistas sociales, parece confirmarse el temor de lo que sucede en nuestro país: se espía no sólo a presuntos delincuentes, sino a cualquier ciudadano.

“Este es uno de los casos de abuso más descarados que hemos visto”, dijo a The New York Times el investigador sénior de Citizen Lab, John Scott-Railton. “Muestra una descomposición total de la supervisión sobre el gobierno en México y un fracaso total de la diligencia necesaria por parte de NSO Group”.

John declaró lo anterior porque, supuestamente, NSO Group sólo vende estos programas a gobiernos y hace un seguimiento pormenorizado de su uso para evitar abusos, como el que habría sucedido en México.

Se demuestre o no la participación del gobierno, estamos frente a un escándalo, que debe derivar en acciones legales en contra de quien realizó esta práctica ilegal o sin parámetros éticos.

Ayer, en una conferencia de prensa que ofreció El Poder del Consumidor se exigió una investigación seria, objetiva e imparcial sobre este caso. Ahí, Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que este es un ataque no sólo contra estos activistas, sino contra la sociedad por hacerse con recursos de la sociedad. Por ello presentarán una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Desde el año pasado, la misma Red, más conocida como R3D, advirtió en un detallado informe que la intervención de las comunicaciones y otras invasiones a la privacidad de los usuarios de servicios, como la telefonía celular, está “fuera de control”, más aún después de que la malograda Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ampliara las facultades a las autoridades para obtener información (metadatos) de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Dicha organización reveló que entre el 2013 y el 2015, autoridades federales y de los gobiernos estatales realizaron más de 41 mil solicitudes de acceso a datos que conservan las empresas de telefonía móvil de sus clientes, pero sólo el uno por ciento de estas solicitudes se hizo con autorización de un juez.

Otro dato revelador: entre el 2013 y el 2015 se realizaron más de tres mil solicitudes de autorización judicial para que la PGR y otros órganos de seguridad llevaran a cabo la intervención de comunicaciones privadas, pero en casi el 95 por ciento de los casos, estas solicitudes fueron autorizadas, sin obstáculos, por algún juez. Por cierto, uno de los gobiernos que más datos solicitó fue el de Veracruz, de Javier Duarte, ¿no le parece aterrador?

Lo más decepcionante es que estas y otras acciones de vigilancia no han tenido un impacto en el ejercicio de la justicia, es decir, el 90 por ciento de las personas que podrían haber sido vigiladas con fines de investigación penal, no han sido acusadas de algún delito ante un juez, por lo que en la mayoría de los casos no existía evidencia de que hubiesen participado en hechos delictivos.

En cambio, sí se estaría vigilando a activistas sociales y sin controles judiciales. De confirmarse la información, la ciudadanía se coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los abusos del poder gubernamental y la protección de intereses políticos o económicos.

RADIO: EL PODER DEL DINERO

La primera licitación de frecuencias de radio ha dejado un sabor agridulce. Es alentador que por primera vez se someta a un concurso transparente el otorgamiento de frecuencias de radio y que se haga después de más de dos décadas de no concesionarse ni una sola frecuencia de uso comercial. Sin embargo, el proceso de licitación (vía el Sistema Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas, construido por el IFT) tuvo fallas graves, que dejaron a algunos postores fuera del concurso, lo que probablemente derivará en acciones legales.

La otra mala noticia es que, desde las bases de licitación, se sabía que el que cumpliera los requisitos y prometiera más dinero se quedaría con las frecuencias. Al final del día, la licitación resultó en una subasta (supuestamente inconstitucional), en la que la entrega de proyectos de programación fue una obligación, pero no tuvo un peso importante en los resultados.

De acuerdo con un artículo publicado por la comisionada del IFT, Elena Estavillo (La Silla Rota, 13 de febrero 2017), el 85 por ciento de los participantes que presentaron ofertas son nuevos competidores en la localidad correspondiente, “con lo cual esperamos un impulso a la competencia, en beneficio de la pluralidad y el derecho a la información en todos esos lugares”.

También dijo que de las 257 frecuencias consideradas en la licitación (191 de FM y 66 de AM), un total de 177 (146 de FM y 31 de AM) son las que quedaron en disputa, con una participación alta de 421 interesados. Por el resto de las frecuencias no hubo interesados o bien quienes las solicitaron no cumplieron los requisitos o hubo restricciones a postores para proteger la competencia.

Hasta ayer al medio día continuaba el proceso de licitación de 14 frecuencias. Según el IFT, en promedio las ofertas más altas han registrado un aumento de 35 veces con respecto al valor mínimo de referencia, sumando más de mil 300 millones de pesos. Esto es una muestra del interés hacia la radio, pero también de cómo la licitación favoreció a los más acaudalados y a posibles especuladores.

VERSUS DISCRIMINACIÓN

Las periodistas Marion Reimers, Verónica Rodríguez y Jimena Sánchez, junto con la abogada Gisela Pérez, lanzaron este fin de semana el proyecto Versus, que busca combatir, particularmente, la discriminación de género en el periodismo deportivo.

Las tres periodistas han vivido en carne propia el acoso, el buleo, la discriminación y hasta las amenazas en las redes sociales por ejercer un periodismo que durante décadas ha sido (o casi) monopolizado por los hombres. Afirman que organizarán actividades de capacitación, de información y sensibilización en torno de la equidad de género y crear una “mayor conciencia social en el ámbito deportivo”.

Bienvenida esta iniciativa, cuyos detalles podrá conocer el sitio web www.versus.mx.

@telecomymedios

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