Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Organizaciones en favor de los derechos de las mujeres denunciaron severos retrocesos en la cobertura de salud sexual y reproductiva de las mexicanas y, además, el riesgo de que el futuro Plan Nacional de Desarrollo carezca de medidas para abatir la problemática.
En conferencia de prensa, representantes de la Coalición por la Salud de las Mujeres mencionaron, por ejemplo, que mientras el presupuesto total de la Federación para salud es de 121 mil millones de pesos en 2013, el destinado a la salud sexual y reproductiva –que se requiere para unos 45 millones de mujeres- es de apenas dos mil millones; es decir, de un 1.6 por ciento.
Otro dato indica que la cantidad de mujeres casadas o unidas que usan anticonceptivos casi se detuvo en los últimos 12 años, cuando la cobertura aumentó sólo un cuatro por ciento, mientras que en la década anterior este indicador había aumentado un 15 por ciento y otro tanto hace 20 años.
“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) estará listo en los últimos días de mayo y preocupa que las propuestas de la sociedad civil en materia de salud sexual y reproductiva no se incorporen”, indicaron las ponentes en el posicionamiento distribuido en la conferencia.
“A pesar de los avances, la salud sexual y reproductiva continúa siendo un reto pendiente. Su incorporación al PND, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, permitirá abonar al desarrollo nacional, toda vez que las mejoras en las condiciones de la salud reproductiva tienen consecuencias positivas sobre las mujeres, sus familias y las comunidades”, agregaron.
En la conferencia se cuestionó también el hecho de que casi dos tercios del presupuesto de salud se esté destinando sólo a la ampliación de afiliados al Seguro Popular; estrategia que, sin embargo, no prioriza gastos por enfermedades.
“El presupuesto de salud llega a las entidades federativas en grandes totales, y como no está etiquetado, el Ejecutivo estatal tiene la facultad, porque así es el sistema descentralizado, de disponer de esos recursos, sólo con obligaciones de rubros, como medicamentos, salarios, etcétera. Pero no dice ‘esto es para planificación familiar’, y no sólo de salud sexual, sino de otras programas específicos”, explicó Daniela Díaz, integrante del centro de análisis Fundar y encargada de la revisión presupuestaria para la Coalición.
“Así es el esquema de asignación; entonces, ese modelo lo que hace es que haya una serie de criterios, desde los ideológicos hasta los administrativos (que obstaculizan) en el uso de los recursos para la salud sexual”, agregó.
Las participantes explicaron que, como resultado de este esquema, y si bien las muertes maternas disminuyeron en México, la cantidad de mujeres que mueren en estas circunstancias en el Seguro Popular va en aumento.
Esto, explicó Lina Rosa Berrio, de la organización Kinal Antzetik, se debe a que la estrategia del Seguro Popular se ha enfocado sólo en aumentar la cobertura, no así no la calidad de los servicios prestados ni de la infraestructura hospitalaria.
Ante el panorama, la Coalición presentó ante el gobierno federal una serie de medidas destinadas a mejorar la cobertura de la salud sexual y reproductiva, empezando por “incluir en la política pública un enfoque basado en los derechos humanos y género, lo cual requiere desafiar la discriminación estructural que las mujeres enfrentan en diversos ámbitos”.
Otra propuesta es “establecer recursos financieros etiquetados y desarrollar una asignación progresiva del presupuesto para la política pública en salud en general y en salud sexual y reproductiva en particular”.
Martha Juárez, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, explicó por su parte que el panorama y diversas propuestas en la materia fueron planteados ante representantes del gobierno federal durante los dos meses anteriores en los que dependencias como el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud convocaron a las organizaciones a participar en el diseño del PND.
Pero al final de las mesas de trabajo, agregó, no quedó claro cómo integraría el gobierno las propuestas hechas por la sociedad civil.
