Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso del derrame de tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi concluyó en un primer informe de trabajo que Grupo México expuso y sigue exponiendo al peligro a la población afectada por ocultar información. Según sus estimaciones, el accidente dejó daños por 5 mi millones de pesos; aseguran que no cabe la menor duda de que la empresa incurrió en delitos en materia ambiental y fue “inescrupulosa, irresponsable e indolente”.
También recomienda cerrar la mina porque se desconoce cuál es el destino que le da a los tóxicos que desecha.
La comisión, integrada por representantes de distintos partidos políticos, concluyó que Grupo México cuenta con un historial negativo y de impunidad por no proteger la salud de sus trabajadores al cerrarles centros hospitalarios [como es el caso del Hospital Ronquillo], no respetar sus derechos laborales, no contratar personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones.
La comisión concluye que la compañía se condujo con falsedad desde un primer momento, ya que, señalaron, a pesar de tener conocimiento del derrame se abstuvo de dar aviso oportunamente a las autoridades correspondientes durante varios días, lo que permitió que la contaminación de las aguas subsistiera para posteriormente señalar que el incidente había sido causado por el exceso de lluvia, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); esto evidenció “su indolencia ante la magnitud del problema, por lo que expusieron y sigue exponiendo al peligro a la población afectada, sin caber la menor duda de que la empresa minera incurrió en delitos en materia ambiental”.
CANCELAR LA CONCESIÓN
La Comisión detalla, en su primer informa de trabajo que entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que derivado de la visita a la zona afectada, detectó diversas irregularidades por parte de Grupo México, “ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre”, señala el documento.
Y precisa que “el tubo que se refiere roto y del cual emanaba la sustancia derramada no ha sido arreglado, mismo que, junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta, que no se construyó constituyen una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una mina de esta naturaleza”.
Detalla que ante la “magnitud de este derrame” en las inmediaciones del Río Sonora se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además “la arena que se retiraba del afluente se estaba llevando a espacio a cielo abierto junto a la minera Buena Vista del Cobre en Cananea”.
Ante ello, los legisladores consideran que la mina no debe estar en operación, pues identificaron que no se tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos.
De acuerdo a la información que recabaron es indispensable evaluar la suspensión de actividades de la mina, hasta en tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el resarcimiento del daño al medioambiente y la indemnización a toda la población afectada. La Comisión advierte que seguirá investigando y recabando informes de las diferentes dependencias, “para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir en su caso a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.
Y solicita a las autoridades federales una “sanción ejemplar”, penal, civil y administrativa en contra de Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables.
“Debe dejarse en claro que las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado Mexicano no deben pasarse por alto, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta, y en su caso, para dotar al Estado del fundamento legal que se requiera y hacer efectivas sus capacidades reguladoras y sancionadoras, llevando a cabo las reformas necesarias a la legislación ambiental, minera y de aguas para garantizar la completa reparación de los daños”, señala el documento.
La Comisión indica que ante la gravedad del daño, es trascendental que el Gobierno Federal integre un grupo multidisciplinario que evalúe los daños en la zona, en la cual se incluya a las secretarías de Desarrollo Social y Agricultura. Destaca que es urgente que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, entre otros, incluyendo la afectación a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazo y en general, todos los daños causados a los habitantes de los municipios afectados.
Los legisladores clasificaron en dos etapas la evaluación de los daños: la primera, consiste en determinar las consecuencias biofísicas del derrame; la segunda, en determinar las pérdidas económicas asociadas a las consecuencias biofísicas.
La comisión llegó a 22 conclusiones y diez recomendaciones; dentro de éstas últimas, señala: “El estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses. La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V. lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”.
Recomienda la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son: salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad.
