Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– México es ese país en el que el Presidente que vendió Ferrocarriles Nacionales de México a una empresa privada (Union Pacific) se puede ir sin problema a trabajar como ejecutivo a esa misma compañía, pocos meses después de haber dejado su cargo público.
O donde la Secretaria de Energía, quien adjudicó contratos millonarios a una compañía extranjera (Iberdrola), apareció al poco tiempo como integrante del Consejo de Administración de la misma. O donde un ex Gobernador del Banco de México (Banxico) pasó a presidir un banco en cuanto terminó su ejercicio público.
En política se conoce como “puerta giratoria” a esta práctica en la que los funcionarios van de las oficinas del gobierno a empresas privadas directamente relacionadas con su ejercicio como servidores públicos, y viceversa.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por su parte, le llama “intereses en conflicto” y, para evitarlos, en su artículo 9 ordena que los funcionarios se abstengan de trabajar para intereses privados vinculados a su trabajo como gobernantes “hasta un año después” de haber concluido sus funciones.
Esta medida, previene la ley, tiene el propósito de evitar que los funcionarios “aprovechen su influencia”, obtengan ventajas personales derivadas del poder que detentaban o usen en su beneficio la información o documentación a la que haya tenido acceso en su cargo y que no sea del dominio público.
Pero como en México las leyes rara vez se cumplen, los casos de políticos con “intereses en conflicto” y sin castigo abundan y, así como el ex Presidente que vendió los trenes se fue a trabajar como ejecutivo a la empresa beneficiada, hay decenas de ejemplos, y de todos los partidos: legisladores con negocios privados, como despachos de abogados o agencias de lobbying que terminan vendiendo servicios al mismo congreso para el que trabajan, o la llamada telebancada, compuesta de diputados vinculados a las empresas televisivas y sospechosos de operar a favor de sus intereses privados y no del interés público.
La lista es larga, tanto como la impunidad con la que se viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En esta lista, sin embargo, presentamos algunos de los casos que consideramos más escandalosos.
