El cierre del año resulta jugoso para muchos diputados que se auto asignan sendos aguinaldos, bonos y montos de nombres eufemísticos para llenar sus bolsillos de dinero público. Normalmente los acuerdos económicos que realizan se hacen a puerta cerrada entre coordinadores de bancadas y las bolsas de recursos que se entregan son distribuidas discrecionalmente entre sus integrantes.

Los diputados serán acreedores a más de 500 mil pesos entre aguinaldo, dieta y el bono. En cambio, los ciudadanos que generamos sus ingresos públicos, tenemos que afrontar las consecuencias de la crisis económica sostenida en buena medida por el mismo gobierno federal que es señalado por actos de corrupción. Un gobierno que no pone límites a los atracos de los gobernadores y que tolera que los legisladores incluyan su bono en el paquete de presupuesto de egresos de la federación.

Entre los montos privilegiados que se han otorgado para premiar su actividad legislativa está el ‘bono secreto’ por 150 mil pesos adicionales a las prestaciones de ley anunciado por la Junta de Coordinación Política.

Gandallas y canallas, diría mi abuela. Pues sí, los presupuestos de rubros prioritarios para el desarrollo del país se reducen a destajo a la par que los legisladores inflan las bolsas para repartirse la billetiza. Su bono de premiación “por asistencia legislativa” suma un costo para el erario de 75 millones de pesos.

Aplauso a los que renunciaron a este gandallismo

No podemos pasar por alto a quienes, en esta ocasión, han decidido hacer la diferencia: Ver en este reparto insultante una oportunidad para mostrar que son sensibles a las condiciones críticas por las que atraviesa la economía del país y para diferenciarse de quienes ven en los cargos públicos una fuente de enriquecimiento por abuso de poder legalizado.

Gastamos tinta, saliva y frustración para señalar sus abusos. Lo justo es reconocer ahora a los que renunciaron a dicho bono. Son menos de la quinta parte de los 500 diputados y la mayoría son bancadas de izquierda. El colorido de los 82 diputados que se negaron a recibir el bono luce así: todos los diputados de MORENA sin excepción, la bancada completa de Movimiento Ciudadano y la del Panal. Además de unos cuantos diputados del PRI: Ivonne Ortega, Fernando Moctezuma, Pedro Luis Noble, Alfredo Bejos, Gloria Hernández, Erika Rodríguez, César Camacho y Guadalupe Chávez. Entre los que renunciaron al bono, están también Acosta Naranjo y Xavier Nava del grupo Galileos del PRD, así como los panistas Eloisa Talavera y Federico Döring y Agustín Basave del PRD. Además, Manuel Clouthier, diputado independiente.

¿Qué colores tiene la mayoría de los entusiasmados receptores del bono?

La amplia mayoría que abrió los brazos al bono, pertenecen a las bancadas del PRI junto con sus socios del Verde, a la de Acción Nacional y del PRD.

Con lo ávidos que estamos de políticos que renuncien a los abusos, el grupo de los no tan gandallas merece que tengamos presente su decisión. Será pertinente darle seguimiento al dinero que han decidido no aceptar, ya que por procedimiento administrativo se regresa a la bolsa de la bancada y de ahí comúnmente se reparte. Algunos decidieron destinarlo a alguna fundación, otros no han decidido cuál será su destino.

Para que estas decisiones se repliquen y muevan incluso a aquellos que deciden pasar por alto la indignación de sus representados, es necesario que la sociedad presione y evidencie a quienes siguen haciendo de su responsabilidad al servicio público un ejercicio de excesos para su privado servicio.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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